4La potencia contratada de más: pagar por una electricidad que nunca usas
El término de potencia es el gasto más silencioso de la factura de la luz: se paga todos los meses, se consuma o no un solo kilovatio, solo por tener disponible una capacidad contratada. Y esa capacidad suele estar sobredimensionada. Según la CNMC, entre seis y siete de cada diez hogares españoles tienen contratada más potencia de la que realmente usan, con un exceso medio de unos 1,1 kW que cuesta al conjunto de los consumidores domésticos cerca de 1.000 millones de euros al año. Peor aún: el 22% de las viviendas ni siquiera sabe cuánta potencia tiene, según el último Panel de Hogares del regulador. Desde enero de 2025, cada kilovatio contratado cuesta unos 14 euros al mes, de modo que el término fijo absorbe entre el 30% y el 50% de un recibo medio de 80 o 100 euros: antes de encender nada, entre 25 y 50 euros ya están comprometidos. Apagar luces o consumir menos no lo reduce, porque es un coste fijo que permanece intacto aunque la casa esté vacía semanas enteras; por eso se cuela en la cuenta corriente sin que nadie repare en él.
Detectarlo no exige grandes conocimientos: desde 2021, la factura muestra la potencia máxima demandada en cada periodo. Si el pico del último año ha quedado muy por debajo de lo contratado y nunca han saltado los plomos ni siquiera con varios electrodomésticos funcionando a la vez, hay margen para bajar. Cada kilovatio recortado puede traducirse en un ahorro de entre 50 y 100 euros anuales, y el trámite cuesta unos 11 euros de derechos de distribuidora, así que se amortiza desde el primer mes. Desde 2018 el ajuste puede hacerse en tramos de 0,1 kW y desde 2021 cabe contratar dos potencias distintas, una para horas punta y otra para valle. Eso sí, hay que afinar con criterio: desde abril de 2025 superar la potencia se cobra automáticamente como exceso, con recargos que en horas punta superan los 2,95 euros por kW, de modo que quedarse corto también tiene coste. Ajustar la potencia es de las pocas gestiones que no obligan a renunciar a nada y que puede devolver entre 60 y 200 euros al año a la cuenta corriente.
