He analizado el borrador filtrado de la European Product Act, la futura ley con la que la Comisión Europea quiere frenar las importaciones chinas ilegales en el mercado único.
El texto no menciona explícitamente a China, pero llega después de meses de presión por el crecimiento de los envíos de bajo valor desde plataformas como Temu o Shein. En 2025, el déficit comercial de la UE con Pekín se acercó a 1.000 millones de euros diarios, una cifra que Bruselas considera insostenible. En mayo, la Comisión multó a Temu con 200 millones de euros por fallos en la seguridad de juguetes y cargadores, y mantiene abierta una investigación sobre Shein por productos ilegales.
Las claves del borrador: pasaporte digital y responsabilidad de los marketplaces
El proyecto legislativo, que se publicará el 6 de octubre, introduce tres ejes: un operador económico siempre responsable dentro de la UE, la verificación del Digital Product Passport y una nueva tasa de vigilancia de mercado.
- Responsabilidad permanente en la UE: cada producto vendido en línea debe contar con un operador económico establecido en la Unión, ya sea importador o representante autorizado del fabricante. Así se impide que un vendedor extracomunitario eluda los controles operando directamente frente al consumidor europeo.
- Pasaporte digital obligatorio: los marketplaces tendrán que verificar que cada producto dispone de un Digital Product Passport con la identidad del artículo y su conformidad. Si no lo verifican, asumirán las obligaciones del representante autorizado.
- Retirada inmediata y prevención de reaparición: al recibir una notificación, la plataforma deberá retirar el producto y evitar que vuelva a aparecer. El incumplimiento la convierte en responsable legal.
- Tasa de vigilancia de mercado: los importadores pagarán una tarifa proporcional al coste estimado de supervisar los productos procedentes de terceros países. Será menor para la carga a granel que para los paquetes individuales enviados directamente al consumidor; el cálculo exacto queda pendiente de legislación secundaria.
Esa tasa se suma a la handling fee aduanera prevista en la reforma paralela del código aduanero. La recaudación reducirá la carga presupuestaria de la vigilancia, que hasta ahora recae en los Estados.
El borrador admite que «persisten debilidades significativas en la identificación y retirada del mercado único de productos no conformes vendidos en línea o importados de terceros países». Esa es la razón central de la centralización.
La centralización que cambia el equilibrio de poder en la vigilancia europea
Lo que veo en este proyecto es un movimiento estructural, no un simple endurecimiento aduanero. La Comisión Europea podrá investigar y sancionar directamente cuando un producto no conforme afecte a al menos dos tercios de los Estados miembros y ninguna autoridad nacional haya abierto una investigación tras ser notificada. Las competencias incluyen medidas correctivas, retiradas, restricciones y sanciones temporales sobre operadores o marketplaces.
El precedente es relevante: la vigilancia de productos ha sido históricamente una competencia nacional. Cederla a Bruselas, aunque sea de forma condicionada, responde a la fragmentación que las plataformas globales explotan para evitar sanciones. Los vendedores pueden mover su identidad dentro de la Unión o hacia terceros países; el nuevo mecanismo intenta cerrar ese hueco.
En mi lectura, la Comisión utiliza la seguridad del producto como palanca para armonizar de facto la vigilancia sin armonizar formalmente la política industrial. El resultado es un modelo híbrido: Bruselas asume las sanciones, pero los Estados conservan las buenas practicas de control en frontera. Eso reduce la fragmentación sin eliminar del todo la soberanía nacional.
No obstante, el borrador deja dos interrogantes. Primero, el cálculo de la tasa sigue sin definirse, lo que introduce incertidumbre para los importadores europeos. Segundo, la activación del poder central solo funciona si dos tercios de los Estados miembros resultan afectados, un umbral alto que podría retrasar la intervención. La próxima fecha a vigilar es el 6 de octubre, cuando se publique el texto y comience el pulso con el Parlamento Europeo y el Consejo.
🌍 El impacto en España y Europa
El impacto directo de esta norma en el Euríbor y en las hipotecas variables es prácticamente nulo: no altera los tipos de interés ni la política monetaria. Sin embargo, si la ley consigue frenar una parte de los productos importados de bajo coste, podría restar presión inflacionista en la eurozona y, a medio plazo, dar margen al BCE para una senda más suave.
- Hipotecas: sin efecto inmediato en el Euríbor; el canal es indirecto y pasa por los precios de los bienes importados.
- Consumidores: los compradores españoles de plataformas como Temu o Shein pueden encontrar menos ofertas, pero con más garantías de seguridad.
- Empresas: las pymes que importan de China deberán asumir un representante autorizado y, probablemente, la nueva tasa, lo que encarece sus costes de entrada.
- Fabricantes españoles: se benefician de una competencia más equilibrada frente a los productos no conformes que hoy esquivan controles.
En conjunto, la propuesta refuerza la deriva proteccionista de la UE, coordinada con la reforma aduanera. Para el tejido exportador español, la norma no es un arancel, pero cambia la arquitectura de responsabilidad: quien quiera vender en Europa deberá tener a un responsable europeo localizable.
