La inversión en centros de datos españoles se fuga a Portugal por la regulación

SpainDC estima un impacto de hasta 60.300 millones de euros si el real decreto sale adelante sin cambios. Portugal e Italia se perfilan como destinos alternativos para los proyectos que hoy dudan ante la exigencia de renovables.

El sector español de los centros de datos avisa de una fuga de inversión hacia Portugal por la regulación. El borrador de real decreto del Ministerio para la Transformación Digital amenaza con expulsar proyectos que suman miles de millones.

Claves de la operación

  • Fuga de inversión estimada en hasta 60.300 millones. SpainDC calcula el menoscabo económico en una horquilla de 53.600 a 60.300 millones si el texto sale adelante sin cambios.
  • Portugal figura como principal destino alternativo. Las empresas consultadas citan su acceso a energía, precios y seguridad regulatoria frente a la incertidumbre española.
  • La norma exige un 80% renovable hora a hora. Los proyectos con más de un gigavatio temen que la exigencia sea inasumible y dañe su viabilidad.

Un borrador que enciende las alarmas

El cierre del plazo de consulta pública del real decreto, que se tramitará por la vía administrativa de urgencia, expira esta semana. Las empresas con una potencia de acceso igual o superior a un gigavatio temen que las nuevas exigencias hagan inviable su expansión.

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La futura norma obligará a acreditar un consumo renovable del 80% hora a hora, en lugar de computarse con alcance anual. También exigirá una correlación entre cada megavatio consumido y otro verde en los 18 meses previos. Son requisitos que, en el mejor de los casos, elevan la remuneración del suministro a la que tendrá que hacer frente el promotor.

SpainDC calcula un menoscabo económico de entre 53.600 y 60.300 millones de euros. La inversión acumulada entre 2026 y 2030 alcanzaría los 67.000 millones, y un escenario restrictivo podría recortarla entre un 80% y un 90%.

Las fuentes del mercado consultadas por El Economista aseguran que la futura regulación va a repeler la inversión si no se produce un cambio radical. Toda la gente que se planteaba invertir en España cambiará de opinión sobre la marcha y se dirigirá hacia otros países europeos’, recalcan.

La patronal denuncia además un grave problema de especulación con puntos de energía. Los compradores de suelo con potencia concedida bloquean el pool y distorsionan los proyectos serios. En palabras de Emilio Díaz, presidente de SpainDC, las reglas pueden cambiar, pero si lo hacen de forma estructural con plazos de seis meses se plantea un problema muy serio de de seguridad jurídica y proporcionalidad.

La seguridad jurídica se ha convertido en la verdadera moneda de cambio de la inversión en infraestructura digital.

Portugal, el gran beneficiado de la incertidumbre

Portugal se perfila como el principal destino de las inversiones que hoy dudan en España. Dispone de acceso a la energía, precios competitivos, buenas conexiones y una ubicación atlántica atractiva. Italia, Francia y Polonia también esperan captar proyectos rebotados, aunque en menor medida.

La mayoría de los promotores consultados cree que la ventaja competitiva se desplazará en cuestión de meses. El Gobierno se muestra dispuesto a negociar con el sector en el marco del 40 Encuentro de la Economía Digital de Ametic en Santander. Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital rebajan la tensión y abren la puerta a un acuerdo razonable.

Cosas que pasan en 2026.

El peaje de la inseguridad regulatoria

España ya construyó una posición relevante en infraestructura digital. Cellnex se convirtió en el mayor operador europeo de torres y Telefónica preside uno de los mayores grupos de telecomunicaciones. Esa ventaja puede diluirse si el marco energético introduce rigideces que los rivales del sur no aplican.

El riesgo no es solo regulatorio. La dependencia de un consumo renovable hora a hora exige contratos de compraventa de energía a largo plazo y una flexibilidad que no todos los proyectos pueden acreditar. La banca y los fondos de infraestructura ya descuentan mayor prima de riesgo para financiar centros españoles.

La consulta pública no resolverá todas las tensiones, pero funcionará como primera señal. La redacción final del real decreto, a la vuelta del verano, será la prueba de si el Gobierno prioriza la seguridad jurídica o mantiene un endurecimiento que beneficie a Portugal. En esta redacción seguiremos atentos a la letra pequeña.


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