El acuerdo petrolero de Venezuela otorga a Estados Unidos el control del 20% de las reservas probadas del país caribeño. Donald Trump anunció este sábado la firma del que define como el mayor pacto petrolero de la historia: control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles. El movimiento rediseña el mapa del crudo en plena guerra de Irán y coloca a las petroleras internacionales en una posición incierta.
Las cifras del mayor acuerdo petrolero de la historia
El anuncio difundido por el presidente en sus redes sociales sostiene que Washington ha obtenido esa participación sin coste alguno para el contribuyente estadounidense. La operación, presentada junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla la colaboración del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a través de una asociación con el sector privado.
Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo, por encima de Arabia Saudí, con más de 300.000 millones de barriles, alrededor del 17% del suministro mundial. El control anunciado sobre 65.000 millones duplicaría las reservas certificadas actuales de Estados Unidos, estimadas en unos 38.000 millones de barriles.
Rodríguez cifró la inversión privada asociada en más de 100.000 millones de dólares y una recaudación tributaria para Caracas de 209.000 millones de dólares, equivalentes a unos 86.000 millones y 180.000 millones de euros, respectivamente, según el comunicado de la Presidencia venezolana. El plan abarca 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles.
Marco Rubio celebró el acuerdo como ‘una gran victoria’ para la política exterior de Estados Unidos y subrayó que traerá ‘casi 100.000 millones de dólares en inversión privada’ y miles de empleos bien remunerados. El secretario de Estado insistió en que la operación asegura reservas estables y petróleo de bajo coste en el hemisferio.
El pacto coincide, además, con un giro estratégico del nuevo Ejecutivo interino. Caracas estudia retirarse de la OPEP, lo que supondría la primera salida de uno de sus miembros fundadores. La medida, aún en fase de estudio, subraya el acercamiento de Venezuela a Washington y al capital privado internacional.
El control de reservas no equivale a producción inmediata: la infraestructura venezolana exige una década de inversión antes de mover el mercado.
La promesa de gasolina barata choca con la logística
Trump ha vinculado el pacto a una reducción sustancial del precio de los carburantes a largo plazo. La gasolina regular en Estados Unidos marcó el jueves 4,09 dólares por galón, más de un tercio por encima del nivel previo al inicio del conflicto con Irán. El presidente tiene previsto reunirse el 1 de septiembre con directivos de las principales petroleras, según Bloomberg.
La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos se encuentra alrededor del 41% de su capacidad, el nivel más bajo en más de cuatro décadas. Esa urgencia explica, en parte, la apuesta por un país que hoy apenas produce el 1% del crudo mundial pese a atesorar reservas cartografiadas y conocidas.
Los analistas citados por Bloomberg advierten de que podrían ser necesarios más de diez años para restablecer la producción hasta los aproximadamente tres millones de barriles diarios que Venezuela bombeaba antes del colapso. Las empresas tendrán que lidiar con infraestructura deteriorada, suministro eléctrico inestable y pasivos ambientales heredados.
Chevron ya mantiene conversaciones para ampliar su presencia con la incorporación de dos nuevos yacimientos, mientras se estudian arrendamientos de hasta 100 años. Este mismo mes, SLB y Hunt Oil firmaron contratos con el Gobierno venezolano, según las mismas fuentes.
El pacto, además, depende de una estabilidad política no garantizada. No está claro que un futuro presidente estadounidense mantenga el respaldo, ni cómo resistiría una convulsión política en Caracas. Los precedentes de control extranjero sobre recursos ajenos son escasos y, por lo general, conflictivos.
Delcy Rodríguez defendió que el acuerdo impulsará el crecimiento económico y avanzará hacia la ‘consolidación de una potencia energética productora’. Sobre el papel, una victoria para ambos gobiernos. La letra pequeña, pendiente.
El anuncio vale tanto como la capacidad de Washington para sostenerlo en un entorno político y logístico ajeno a su control.
El tablero de Repsol y el suministro español
El acuerdo sacude también el tablero corporativo ibérico. Repsol es una de las compañías con intereses históricos en Venezuela y mantiene acuerdos de canje de crudo ligados a la deuda de PDVSA. La entrada de un control mayoritario estadounidense sobre una quinta parte de las reservas altera el equilibrio entre los operadores privados y el Estado venezolano.
Para España, el riesgo directo se concentra en la seguridad jurídica de esos acuerdos y en la competencia por el crudo pesado. La cesta de importación española se ha diversificado en la última década, lo que reduce la exposición teórica al petróleo venezolano, pero no elimina el efecto de precios en un mercado globalizado.
A diferencia de otras cuencas, las reservas venezolanas ya están cartografiadas. Eso reduce la incertidumbre geológica, pero no la política ni la operativa. La rentabilidad de los contratos dependerá de garantías de repatriación de capital, de la estabilidad fiscal y de la capacidad de la red eléctrica para sostener bombas y terminales.
El movimiento de Trump traslada al hemisferio occidental una lógica de control de recursos que recuerda a episodios del siglo XX, con la diferencia de que hoy la producción venezolana es marginal. El riesgo evidente es que el anuncio genere expectativas de oferta inmediata que la infraestructura no puede respaldar.
Los próximos hitos serán la reunión del presidente con las petroleras, prevista para el 1 de septiembre, y la concreción de los contratos de Chevron. Estos movimientos mostrarán si el pacto es una victoria estructural o una pieza de narrativa política en un año de precios altos.
