EE.UU. y Venezuela negocian un acuerdo por el petróleo: 17 yacimientos, incluido el Orinoco, para asegurar el suministro

El esquema de arrendamiento petrolero carece hoy de encaje legal en Venezuela y podría abrir litigios constitucionales, mientras Washington busca contener los precios de la gasolina antes de las elecciones de noviembre.

EE.UU. y Venezuela negocian un acuerdo para asegurar a Washington acceso a largo plazo a 17 yacimientos petroleros venezolanos, incluida la Faja Petrolífera del Orinoco. He analizado el alcance del pacto y lo que me llama la atención es el mecanismo legal que se estudia: un arrendamiento de áreas petroleras que la legislación venezolana no contempla.

Según fuentes consultadas por Reuters, el acuerdo podría firmarse y hacerse público en los próximos días. La estructura permitiría al Gobierno estadounidense asegurar un grupo de campos para que los desarrollen compañías estadounidenses, con suministro garantizado para Estados Unidos. Una de esas fuentes lo resume con claridad: las conversaciones son reales y se discuten al más alto nivel de ambos gobiernos.

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“This is real and being discussed at the highest levels of the US and Venezuelan governments.” — Fuente consultada por Reuters

La Casa Blanca remite las preguntas al Departamento de Energía. Ni el Ministerio de Petróleo venezolano, ni PDVSA ni el Departamento de Energía respondieron a las solicitudes de comentarios. La ministra venezolana de Petróleo, Paula Henao, tampoco pudo ser localizada.

Desde que Estados Unidos capturó y apartó del poder a Nicolás Maduro en enero, Washington ha intentado estabilizar el flujo de crudo venezolano hacia sus refinerías. Al mismo tiempo promueve inversión estadounidense en una industria deteriorada.

Los términos del acuerdo y las cifras sobre la mesa

La lista de campos en negociación que ha revisado Reuters combina áreas nuevas de la Faja del Orinoco con bloques maduros del lago de Maracaibo. Algunos están operados por una pequeña firma china cuyo contrato se firmó durante la administración de Maduro. No es un detalle menor: introduce un tercer actor en la ecuación.

  • 17 yacimientos en total, entre áreas nuevas y maduras.
  • 1,25 millones de barriles diarios es la producción actual de Venezuela, un nivel muy por debajo de su capacidad histórica.
  • Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero su industria estatal arrastra años de abandono y corrupción.

En paralelo, Caracas está considerando abandonar la OPEP, según Bloomberg, mientras estrecha sus lazos con Washington. Venezuela, miembro fundador del grupo desde 1960, lleva años sin cumplir sus cuotas debido al deterioro de PDVSA.

Lo que implica para el mercado global de crudo

El obstáculo legal es lo más relevante. La regulación de hidrocarburos venezolana no incluye arrendamientos de áreas petroleras. La constitución reserva al Estado las actividades medulares del sector. La reforma legislativa reciente permite operar mediante empresas mixtas y contratos de producción compartida, pero no entrega reservas a productores extranjeros. Por eso, cualquier contrato de este tipo puede plantear cuestiones constitucionales y abrir litigios.

La Casa Blanca tiene incentivos claros. Quiere crudo barato para sus refinerías y, sobre todo, contener los precios de la gasolina antes de las elecciones legislativas de noviembre. También busca reponer la Reserva Estratégica de Petróleo, que se vació parcialmente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y, de nuevo, tras el estallido de la guerra contra Irán en febrero. Las restricciones de financiación y el mantenimiento pendiente han limitado hasta ahora la reconstrucción de existencias.

Lo que veo aquí es una negociación con lógica de corto plazo electoral y una arquitectura de largo plazo sin base jurídica clara. Eso introduce un riesgo de ejecución que el mercado aún no está descontando. Washington ha criticado históricamente a la OPEP por su influencia sobre los precios, lo que añade otra capa de tensión a un pacto con un socio fundador del cártel.

🌍 El impacto en España y Europa

El impacto directo en España es limitado, pero no irrelevante. Si el acuerdo amplía la oferta de crudo pesado y modera los precios globales, la inflación energética europea perdería presión.

  • Para el consumidor español, un Brent más contenido reduciría el coste de los carburantes y los costes logísticos.
  • Para las empresas exportadoras, especialmente las industrias intensivas en transporte, el canal sería un alivio de costes, aunque indirecto.
  • Para el BCE, un descenso de la energía facilitaría la convergencia hacia el objetivo de inflación sin endurecer el crédito.

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