El agujero de Sareb supera ya los 20.000 millones de euros. La cifra, recogida por ABC a partir de la Cuenta General del Estado de 2025, confirma que la liquidación del banco malo será bastante más costosa de lo previsto para las arcas públicas. No es una pérdida contable cualquiera: es el resultado de deshacerse de activos tóxicos por debajo de su precio de adquisición y, sobre todo, de transferir viviendas al Estado sin contraprestación.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria nació en 2012 para liberar a las cajas de ahorro de los activos tóxicos de la crisis del ladrillo. Nació con una deuda avalada por el Estado de 50.700 millones de euros y con la misión de vender esa cartera para recuperar el máximo posible. Trece años después, la propia entidad asume que no lo conseguirá; el calendario de liquidación se ha ido cargando y, además, el Gobierno le ha cambiado la función.
Las cifras que explican el agujero de 20.585 millones
El Ministerio de Hacienda ha elevado la provisión para cubrir el deterioro patrimonial de Sareb hasta 20.585 millones de euros, un 25% más que los 16.464 millones reconocidos en 2024. Es el dato que aparece en la Cuenta General del Estado de 2025 y supone el mayor reconocimiento explícito del agujero que el Estado, como avalista de la deuda, tendrá que asumir. La previsión inicial de la sociedad, en 2024, apuntaba a una pérdida no recuperable de unos 15.000 millones.
El salto coincide con la transferencia a Casa 47, la antigua Sepes, de más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos. El coste de la operación se estimó en primer término en 5.900 millones de euros, pero la fórmula elegida la ha encarecido de facto: se trata de una donación a la Administración General del Estado, que cede después la gestión de los pisos a la nueva empresa pública de vivienda. No hay contraprestación económica para Sareb.
La deuda senior de Sareb se situaba al cierre de 2025 en cerca de 28.000 millones de euros, con una deuda viva de 27.790 millones. La sociedad ha cancelado 22.991 millones desde su nacimiento, un 45,3% del total, pero el ritmo se ha frenado: en 2025 ingresó 1.391 millones por venta de activos inmobiliarios, frente a los 2.407 millones de 2024. Desde principios de ese año, el Gobierno ordenó a Sareb paralizar la comercialización de sus viviendas.
Por qué la transferencia a Casa 47 cambia el final del banco malo
La fórmula escogida libera de coste a Casa 47 y concentra todo el perjuicio patrimonial en las cuentas de Sareb, que arrastra una cartera saturada de activos poco atractivos y adquiridos a precios superiores a los que el mercado ofrecía. Mientras la entidad siga activa, mantendrá el repago de deuda y costeará la inversión necesaria para preparar las viviendas que deben traspasarse. Además, conservará una estrategia de desinversión orientada a la venta ordenada del resto de activos, que representa alrededor de la mitad del valor de su cartera, cifrado en 15.303 millones de euros.
El Estado ha convertido el saneamiento financiero en política de vivienda, pero la factura la paga la propia Sareb.
De momento, el ritmo de entrega es lento. En 2025, Sareb solo traspasó a Casa 47 201 viviendas por 30 millones de euros y 385 suelos por 331 millones. No hay una fecha orientativa de finalización del proceso, porque buena parte de los activos están ocupados o en mal estado. La recuperación judicial de la posesión, reconoce la propia Sareb, se alarga por los plazos de los juzgados.
Hay que recordar que Eurostat obligó en marzo de 2021 a integrar a Sareb en las cuentas del Estado, al considerar que el riesgo financiero recaía de manera abrumadora sobre el sector público. Aquel ajuste obligó a asumir 35.000 millones de euros de deuda y 7.000 millones de déficit en un solo ejercicio. Desde entonces, las pérdidas anuales de Sareb y sus desfases patrimoniales golpean de forma directa las cuentas públicas, lo que condiciona de forma sustancial su proceso de liquidación.
Lectura: un agujero heredado que se agranda con la política de vivienda
La historia de Sareb sirve para entender que los balances públicos no siempre se leen como los privados. La entidad no nació para ganar dinero, sino para sanear de golpe a unas cajas de ahorro que habían financiado un modelo agotado. Que haya amortizado casi la mitad de la deuda antes de tiempo es un mérito relativo; que el Estado haya decidido después utilizar su cartera para la nueva política de vivienda complica cualquier lectura financiera convencional.
Me cuesta separar las dos almas de la operación. Por un lado, entregar 40.000 viviendas a un ente público puede tener sentido si se gestionan bien los alquileres sociales y se evita el deterioro de los activos. Por otro, la decisión se toma sin consignar un precio real, en un balance que ya estaba tocado por la crisis. El resultado es un agujero que se reconoce ahora en las cuentas del Estado, pero que en parte es una renuncia a recuperar deuda avalada por el contribuyente.
El riesgo no es tanto el cierre formal de Sareb, previsto para noviembre de 2027, sino la actividad que seguirá viva después. Los pleitos por ocupaciones, la adecuación de viviendas y las ventas pendientes obligarán a mantener estructuras de gestión durante años. Y ahí es donde la factura puede crecer por debajo del radar, con menos titulares y más costes operativos. La incógnita no es si Sareb cerrará; es cuánto costará cada año después de su liquidación.
