El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) votará el próximo 8 de julio su dictamen sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz. La decisión, que llega tras meses de informes técnicos y presiones políticas, podría permitir que los dos reactores sigan operando hasta junio de 2030, tres años más de lo previsto en el actual calendario de cierre.
El dictamen inminente y las razones técnicas para mantener Almaraz abierta
Las tres propietarias de la central —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron formalmente la extensión de la licencia de explotación hasta 2030, el máximo que contempla la normativa española en cada renovación. El CSN ha terminado de analizar la documentación y el pleno de sus cinco miembros recibió el informe final hace unos días. El sector espera una decisión favorable, avalada por argumentos sólidos en materia de seguridad.
Uno de los más contundentes es que las centrales hermanas de Almaraz en Estados Unidos, de idéntico diseño, operan ya con licencias para 80 años y se prevé que lleguen incluso a los 100. Desde el punto de vista técnico, no hay ningún impedimento objetivo que desaconseje seguir funcionando hasta 2030. De hecho, en 2020 el propio CSN podría haber autorizado una prórroga más larga, pero no lo hizo porque estaba vigente el protocolo de cierre acordado con el Gobierno, que fijaba el apagado del reactor 1 en octubre de 2027 y del reactor 2 un año después.
Ahora, sin embargo, el escenario es otro. La crisis energética de 2022 y la necesidad de garantizar suministro han obligado a repensar calendarios. La seguridad de Almaraz está fuera de duda, y el dictamen del CSN lo refrendará casi con toda probabilidad. Si finalmente se aprueba la prórroga, Almaraz seguirá aportando casi 2.100 MW de potencia al sistema eléctrico nacional, cerca del 7% de la generación total.
El Gobierno, los costes y el calendario que aprieta
Una vez que el CSN emita su opinión, la pelota pasará al Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno tendrá dos meses para decidir si acepta o no la prolongación. Hasta ahora, el Ejecutivo ha mantenido un discurso ambiguo. Por un lado, nunca ha ocultado su voluntad de cerrar las nucleares, en muchos casos por razones ideológicas; por otro, ha ido introduciendo matices y ha planteado tres líneas rojas que, de cumplirse, permitirían mantener abierta Almaraz.
Esas condiciones son: que no suba el coste de la energía para los ciudadanos, que el CSN certifique la seguridad de las instalaciones y que se garantice la seguridad de suministro al conjunto del sistema. Paradójicamente, varias voces del sector señalan que cerrar Almaraz sí incrementaría el precio de la electricidad, porque habría que recurrir a ciclos combinados de gas para cubrir la falta de generación base. Un estudio reciente apunta a que, de haberse apagado la central durante la crisis del gas, el pool eléctrico se habría encarecido hasta 47 euros por megavatio hora adicionales.
Los plazos también ponen presión. Las propietarias de Almaraz tienen de tope el 30 de octubre para solicitar el cierre del reactor 1. Si no hay una decisión en firme, el proceso administrativo empieza igualmente. Por eso el CSN ha acelerado los trámites: julio es el mes hábil antes del parón de agosto, y se baraja como fecha límite el pleno del 22 de julio, aunque todo apunta a que el dictamen llegará el día 8. El Gobierno se pronunciaría entre septiembre y octubre.
La prórroga de Almaraz no es un simple trámite técnico: es una decisión que condiciona el precio de la luz, la estabilidad del sistema eléctrico y el camino de España hacia la descarbonización.
Análisis: el dilema entre seguridad de suministro y transición energética
Lo que está en juego en Almaraz va más allá de la vida de una central. Si el Gobierno acepta la recomendación del CSN, estará reconociendo implícitamente que el calendario de cierre nuclear acordado en 2019 no se sostiene sobre los datos actuales. En cambio, si lo rechaza, lanzará un mensaje de coherencia con su programa electoral, pero deberá explicar cómo sustituirá la generación firme de los dos reactores sin encarecer la factura ni disparar las emisiones de CO₂.
La realidad es tozuda. España depende aún del gas en horas punta y, aunque las renovables avanzan a buen ritmo, el almacenamiento a gran escala todavía no compensa la intermitencia. Almaraz produce electricidad de forma estable las 24 horas, los 365 días del año. Sacarla del mix obligaría a recurrir más al gas, y eso, en un contexto de precios del TTF todavía volátiles, se traduce en un riesgo inflacionista para los hogares y las industrias.
Países como Bélgica o Reino Unido han dado marcha atrás en sus planes de cierre nuclear al comprobar que el carbón y el gas volvían a la carga. Alemania, tras apagar sus tres últimas centrales en 2023, ha tenido que importar electricidad de Francia, mayoritariamente nuclear. La lección es clara: la transición energética necesita plazos realistas, y forzar el apagado de nucleares seguras es caro y poco práctico desde el punto de vista climático.
En el caso español, el protocolo de cierre se firmó sin que existiera una alternativa madura de almacenamiento. Desde entonces, el despliegue de baterías y bombeos ha sido más lento de lo previsto, y el Gobierno ha tenido que retrasar otros cierres —como el de las térmicas de carbón— por motivos de seguridad de suministro. Extender Almaraz tres años sería una decisión incómoda para la narrativa del Gobierno, pero coherente con los datos.
En mi opinión, la prórroga hasta 2030 no resuelve el debate de fondo, pero compra tiempo. Permitiría testar hasta qué punto las redes, el almacenamiento y la nueva demanda de la electrificación pueden absorber el hueco nuclear. Si en 2030 seguimos sin una alternativa firme, el dilema volverá a plantearse. Y quizá entonces no quede ni Almaraz ni tiempo para improvisar.
