Cuerpo y Aagesen reunieron este lunes a los principales operadores gasistas y petroleros del país. La cita, convocada con urgencia, pone sobre la mesa un plan anticrisis que el Gobierno prorrogó hasta el 30 de junio y que ahora busca evaluar, con la mirada puesta en la escalada bélica en Irán. Según ha confirmado el Ministerio para la Transición Ecológica, el encuentro contó con los consejeros delegados de Enagás y Exolum, además de representantes de las patronales AICE y Sedigas.
Una cumbre estratégica ante el impacto de la guerra
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, encabezaron la reunión. El formato fue de seguimiento sectorial: se analizó cómo están funcionando las medidas del Plan de Respuesta, activado el 20 de marzo, y se discutió abiertamente la posibilidad de prolongarlo más allá de la fecha de caducidad. «Se está monitorizando minuto a minuto la evolución del conflicto», trasladó el Ejecutivo a los asistentes.
En las próximas semanas, Cuerpo repetirá la fórmula con otros sectores especialmente expuestos a la volatilidad energética. El miércoles se sentará con el sector agroalimentario junto al ministro Luis Planas, y después lo hará con la industria, en una reunión copresidida por Jordi Hereu. El Gobierno lleva ya varias rondas con agentes sociales, transporte, logística y distribución.
El punto de partida no es cómodo. La guerra de Irán, con los precios del crudo disparados y el gas tensionado, puede restar casi un punto de PIB en un escenario severo. De ahí que Moncloa quiera amarrar el consenso sectorial antes de decidir si prorroga, adapta o reescribe el plan.
El Plan de Respuesta: impacto directo sobre la inflación
Las cuentas que maneja el Ministerio de Economía apuntan a que las medidas anticrisis están moderando la tasa interanual del IPC general en casi un punto porcentual. El efecto más visible está en los carburantes: los precios en el surtidor han contenido las subidas que el Brent, por encima de los 95 dólares, hubiera trasladado de forma mecánica. Aagesen ha defendido que el plan «está cumpliendo su objetivo de amortiguar el shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo».
Los operadores gasistas y petroleros expresaron su visión técnica durante el encuentro. Enagás trasladó que las reservas estratégicas se mantienen por encima del 85%, aunque alertó de que un corte prolongado en el Estrecho de Ormuz tensionaría los contratos de GNL. Exolum, por su parte, detalló que la logística de distribución no ha sufrido disrupciones significativas, pero necesita certidumbre regulatoria para planificar el segundo semestre.
La patronal gasista (Sedigas) y la de operadores petrolíferos (AICE) coincidieron en pedir una señal clara: si el plan decae el 30 de junio, la industria teme un rebote de precios que devuelva la inflación a tasas cercanas al 4%. El Gobierno, de momento, no ha desvelado su decisión, aunque fuentes presentes en la sala apuntan a que la prórroga es «casi segura».
La prórroga del plan se da por hecha en los despachos, pero su letra pequeña se negocia con los sectores esta misma semana.
El otro pilar que Moncloa defiende con insistencia es el llamado «escudo renovable»: la apuesta decidida por la electrificación y las energías limpias como dique de contención frente a la volatilidad de los mercados fósiles. España, con más del 52% de generación eléctrica de origen renovable en lo que va de año, está mejor posicionada que la mayoría de socios europeos. Pero ese escudo es estructural, no coyuntural; no amortigua la factura de este verano.
Análisis: prórroga política, escudo real
Hay que reconocerlo: el Plan de Respuesta está funcionando en lo inmediato. Un punto menos de inflación en plena crisis del petróleo es un logro que pocas economías pueden exhibir. Pero sostenerlo sine die tiene costes. Las cuentas públicas absorberán la factura de las bonificaciones a los carburantes y los avales al gas, cifras que el Ejecutivo no ha detallado pero que superan los 6.500 millones de euros desde marzo.
La prórroga parece inevitable a corto plazo: ningún gobierno quiere retirar el paraguas con el Brent coqueteando con los 100 dólares. Sin embargo, la pregunta que flota en los pasillos del Ministerio es hasta cuándo se puede mantener sin empezar a hablar de impuestos extraordinarios o ajustes en otras partidas. La propia Aagesen ha dejado caer en privado que el plan debe «evolucionar hacia medidas más focalizadas».
Los gasistas, por su parte, insisten en que la certidumbre regulatoria es clave para no encarecer la financiación de las infraestructuras pendientes. Si el plan se prorroga con cambios cada tres meses, las compañías retrasarán decisiones de inversión. Es una patata caliente para el Gobierno, que necesita que la transición ecológica siga rodando mientras apaga fuegos inflacionistas.
La ronda de reuniones que arrancó ayer es, en el fondo, el test de estrés definitivo. Si el agroalimentario y la industria piden más oxígeno —y todo apunta a que lo harán—, Cuerpo tendrá que elegir entre un plan generalista que contente a todos o uno quirúrgico que deje heridas. La negociación se juega en los próximos quince días. Y, como casi siempre en energía, el tiempo se mide en barriles.
