Más de cuatro millones de hogares en España reciben cada mes un descuento directo en su factura de la luz gracias al bono social eléctrico, una ayuda que en 2026 mantiene su vigencia con umbrales de renta actualizados por cuarto año consecutivo. Repsol, a través de su área de comercialización de referencia, ha publicado una guía detallada con todos los requisitos, categorías y pasos para solicitar esta protección social que puede rebajar el recibo hasta un 42,5% para los consumidores vulnerables y hasta el 57,5% para los vulnerables severos. La medida no es nueva, pero cada año conviene repasar quién tiene derecho y cómo se tramita, porque los límites del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) cambian y muchas familias que en 2025 quedaban fuera podrían ahora acceder.
El bono social eléctrico no lo conceden todas las compañías, sino que se gestiona exclusivamente a través de las comercializadoras de referencia —las de tarifa PVPC— y está pensado para los hogares con menos recursos. Según la normativa vigente publicada en el portal de la CNMC, el descuento se aplica sobre el término de energía hasta un límite máximo de consumo bonificado, que varía según la composición familiar (desde 1.587 kWh/año para una persona sola hasta 4.761 kWh/año para familias numerosas).
Los umbrales de renta para el bono social en 2026: quién es considerado vulnerable
El primer filtro es la renta. Para 2026, el IPREM anual en 14 pagas se sitúa en 8.400 euros, y los límites que determinan la vulnerabilidad se expresan como múltiplos de ese indicador. Si la unidad familiar no supera determinadas cifras, se es consumidor vulnerable; si los ingresos conjuntos son la mitad de esos umbrales, se pasa a la categoría de vulnerable severo.
Para un adulto solo, el límite de renta anual que no debe superarse es de 1,5 veces el IPREM, es decir, 12.600 euros. Si vive con otra persona (sin menores a cargo), el umbral sube a 1,8 veces el IPREM (15.120 euros). Cuando en el hogar hay un menor, el tope se eleva a 2,5 veces (21.000 euros), y si hay dos o más menores, se dispara hasta 3,5 veces el IPREM (29.400 euros). Para familias numerosas, los multiplicadores son aún más altos, lo que refleja una verdadera sensibilidad a los gastos adicionales de una casa con más miembros.
La mecánica para los vulnerables severos es simple: los límites se dividen entre dos. Un adulto solo, por ejemplo, se considerará severo si sus ingresos anuales no superan los 6.300 euros; un hogar con dos menores pasará a esa categoría si ingresa menos de 14.700 euros al año. Estas cifras son la puerta de entrada a descuentos más generosos y a una protección frente al corte de suministro.
Los umbrales de renta se actualizan cada año, pero la foto de 2026 demuestra que el bono social sigue siendo una ayuda de ingresos bajos, no para clases medias.
Familias numerosas, monoparentales, pensionistas y otras situaciones que abren la puerta al descuento
Además del criterio económico, la norma contempla situaciones familiares o personales que incrementan los límites de renta o, directamente, dan acceso prioritario. Las familias numerosas —con tres o más hijos a cargo— y las familias monoparentales —un solo adulto con hijos— son las más destacadas, porque el coste de la vida en esos hogares es estructuralmente más elevado y el legislador lo ha entendido así.
Los pensionistas también figuran de forma expresa. No se les concede el bono automáticamente, pero si perciben una pensión mínima y su renta se sitúa por debajo de 1,5 veces el IPREM (o el multiplicador que corresponda según convivientes), pueden acceder como cualquier otro consumidor. Aquí se cruza la vulnerabilidad energética con la brecha de pensiones: muchos jubilados con ingresos modestos siguen excluidos porque su pensión, aunque ajustada, supera por poco el umbral.
Otros colectivos con protección adicional son los hogares con algún miembro con discapacidad igual o superior al 33%, personas en situación de dependencia (grado II o III), víctimas de violencia de género o terrorismo, y perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En estos casos, el cumplimiento del requisito de renta puede ser más flexible, e incluso se accede directamente a la categoría de vulnerable severo si la situación está acreditada ante los servicios sociales.
Cómo solicitar el bono social de la luz: trámite paso a paso con comercializadoras de referencia
El procedimiento no se hace en una oficina ni a través de una web gubernamental: hay que dirigirse a una de las comercializadoras de referencia (COR). Estas son las empresas obligadas a ofrecer la tarifa regulada PVPC y a gestionar el bono. Entre ellas están las filiales de referencia de los grandes grupos energéticos (Repsol Comercializadora de Referencia, Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización de Último Recurso, etc.) y otras comercializadoras independientes.
El solicitante debe ser el titular del contrato de luz de la vivienda habitual. Es decir, la póliza ha de estar a su nombre. Y ese contrato tiene que estar acogido al PVPC, no a una tarifa del mercado libre. Si el hogar tiene contratada una tarifa fija o indexada con una comercializadora libre, primero deberá volver a la tarifa regulada, lo que puede demorar el proceso entre 15 y 20 días.
Los pasos prácticos, según la guía de Repsol, son: primero, reunir la documentación que acredite las rentas y la composición familiar (declaración de la renta, certificado de empadronamiento, libro de familia, certificado de discapacidad, etc.); segundo, contactar con la comercializadora de referencia por teléfono, correo electrónico o a través de su área de clientes y solicitar la adhesión al bono social; tercero, esperar la resolución, que puede tardar unos días hábiles. Si se concede, el descuento aparecerá en la siguiente factura como ‘Descuento Social Regulado’.
La renovación se debe hacer cada dos años, aunque si el derecho deriva de ser familia numerosa, se mantiene mientras esté en vigor el título. Conviene anotar la fecha de revisión para no quedarse sin la ayuda de repente.
El bono social eléctrico se renueva cada dos años; olvidar ese trámite es una de las causas más frecuentes de pérdida del descuento.
Análisis: La letra pequeña del bono social que aún deja fuera a miles de hogares
A pesar de las sucesivas ampliaciones, el bono social sigue teniendo grietas. La más evidente: los límites de renta, aunque indexados al IPREM, no capturan a esa franja de hogares con ingresos medios-bajos que, sin ser pobres según las tablas, dedican más del 15% de su presupuesto a energía. En 2026, una pareja con un hijo y una renta conjunta de 22.000 euros se quedará fuera, aunque en ciudades con alquileres altos la factura eléctrica representa un porcentaje muy notable de sus gastos mensuales. La rigidez de los umbrales, que no tienen en cuenta la renta neta disponible después del alquiler o la hipoteca, excluye a perfiles que en la práctica son vulnerables aunque los números agregados digan otra cosa.
Tampoco ayuda la exigencia de estar en el PVPC. Muchas familias que ahora mismo pagarían menos con una tarifa regulada contrataron hace tiempo ofertas del mercado libre y no han dado el paso de volver al regulado, a menudo por desconocimiento. La transición necesita un trámite activo, y en los meses de espera —con una tarifa probablemente más cara— se acumulan recibos altos que el bono no alivia. La administración y las comercializadoras deberían automatizar esa migración cuando se detecta que un hogar cumple los criterios de renta, pero de momento no existe ese cruce de datos.
Por último, el límite de consumo bonificado penaliza a quienes, por razones inevitables (equipos médicos, teletrabajo, viviendas mal aisladas), superan el umbral. El exceso se paga al precio PVPC sin descuento, de modo que el ahorro final puede ser menor del esperado. Y aunque los descuentos nominales parezcan altos —42,5% o 57,5%—, el impacto real sobre una factura media de 60 euros mensuales se traduce en 20-25 euros de ahorro, algo relevante pero insuficiente para sacar a un hogar de la pobreza energética si el resto de gastos aprietan.
Este año, con los precios de la electricidad más estables que en los picos de 2022, el bono social pierde algo de protagonismo mediático, pero su función es más importante que nunca como colchón permanente. La pregunta abierta es si, en un contexto de electrificación acelerada, se atreverá el Gobierno a ampliarlo hacia capas medias o a vincularlo a ingresos netos reales. La respuesta, probablemente, no llegue hasta la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevista para finales de 2026.
