Ryanair vuelve al foco de los reguladores. La Competition and Markets Authority (CMA) del Reino Unido ha abierto una investigación formal contra la aerolínea irlandesa por una práctica que genera rechazo entre los pasajeros: cobrar a los padres para sentarse al lado de sus hijos menores de 12 años.
La tasa disfrazada de reserva: hasta 27 euros por familia en un viaje de ida y vuelta
Según los términos y condiciones de Ryanair, al menos un adulto debe ocupar un asiento junto a los niños de entre 2 y 11 años. Para garantizarlo, la compañía obliga a ese adulto a pagar una tarifa de reserva de asiento que oscila entre 4,50 y 13,50 euros por trayecto. De esta forma, un único progenitor que vuele con sus dos hijos en un viaje de ida y vuelta abona hasta 27 euros extra. Los niños, ciertamente, pueden seleccionar asiento gratis si lo hacen pegados al adulto, pero solo si este ya ha pagado por elegir el suyo.
La CMA considera que este sistema podría constituir una cláusula abusiva, ya que traslada al consumidor un coste que, en la práctica, la aerolínea impone para cumplir con su propia política de seguridad. Hayley Fletcher, directora sénior de protección del consumidor de la CMA, ha declarado que el expediente examinará si las condiciones contractuales colocan a los clientes en una situación de desventaja injusta. Otras aerolíneas —entre ellas varias que operan en el mismo segmento de bajo coste— asignan asientos contiguos para familias de manera gratuita.
La aerolínea irlandesa ha defendido su política argumentando que “cumple plenamente con todas las leyes y normativas pertinentes”. Sin embargo, los datos que maneja el regulador indican que la mayoría de los padres se ve obligada a pagar la tarifa para poder volar con sus hijos sin incertidumbre. El desembolso adicional se convierte así en un recargo obligatorio encubierto.
Ryanair ha convertido el derecho de un menor a viajar junto a su tutor en un extra por el que hay que pagar. Y el regulador británico quiere saber si esa conversión es legal.
La defensa de Ryanair: argumentos políticos y la sombra del ‘drip pricing’
La respuesta de Ryanair ha sido contundente. La compañía califica la investigación de “infundada” y tacha la actuación de la CMA de “intento fallido del Gobierno de Starmer de fingir que se preocupa por los consumidores”. En su versión, la tarifa por asiento reservado es voluntaria para los adultos, mientras que los niños pueden sentarse junto a ellos sin coste adicional alguno. Pero la letra pequeña de sus condiciones revela que el adulto está obligado a sentarse con el menor, de modo que la reserva de asiento deja de ser opcional.
El regulador también analiza si la tarifa se aplica mediante drip pricing, es decir, si se va sumando durante el proceso de compra sin que el precio total quede claro desde el primer momento. Esta práctica fue expresamente prohibida en 2024. La CMA recuerda que las cláusulas abusivas no son vinculantes y que dispone de nuevas competencias para imponer multas y exigir reembolsos a las empresas que las utilicen.
Fletcher insiste: “Nuestra investigación analizará el enfoque de Ryanair respecto a las reservas de asientos familiares y cómo se presenta el coste a los consumidores. Durante el último año hemos instado a las empresas a mostrar el precio total por adelantado; las que no lo hagan se enfrentan a la posibilidad muy real de que la CMA emprenda acciones contra ellas”.
Qué puede pasar en España: el regulador británico marca el camino
La investigación se circunscribe, por ahora, al mercado británico. Pero el modelo de negocio de Ryanair es idéntico en las rutas que opera en España, donde transporta a decenas de millones de pasajeros al año. Las condiciones generales que examina la CMA son prácticamente calcadas a las que aplica en aeropuertos españoles, lo que convierte el expediente en un posible precedente.
La legislación española de defensa de los consumidores también considera nulas las cláusulas que causen un desequilibrio importante entre los derechos de las partes. Si la CMA concluye que hay abuso, organizaciones como la OCU podrían impulsar acciones colectivas en España. No sería la primera vez que las aerolíneas de bajo coste se enfrentan a sanciones por cargos que los tribunales consideran accesorios forzosos: los recargos por el equipaje de mano y la selección de asiento ya han sido objeto de multas millonarias en varios Estados miembros de la UE.
La cuestión de fondo va más allá de unos pocos euros. La industria del bajo coste ha construido su rentabilidad sobre la desagregación de servicios que antes iban incluidos en el billete. Pero cuando esa estrategia roza la protección del menor y la seguridad en cabina, los reguladores empiezan a trazar líneas rojas. La CMA aún no ha alcanzado ninguna conclusión, pero el simple hecho de que haya abierto expediente —con sus poderes ampliados para sancionar— es una advertencia para todas las aerolíneas que operan en Europa. Ryanair tendrá que decidir si defiende a ultranza un ingreso auxiliar que le reporta millones o si ajusta sus condiciones antes de que una sentencia siente jurisprudencia.
