El impacto de la crisis en Oriente Próximo podría haber sido un 12% mayor si Europa no hubiera invertido en energía desde 2022. Ese dato, presentado por el Fondo Monetario Internacional, es el argumento que el Eurogrupo esgrime para justificar la flexibilidad fiscal en inversiones energéticas. Su presidente, Kyriakos Pierrakakis, no solo ha avalado la propuesta de la Comisión Europea, sino que la ha calificado de “plenamente justificada” nada más llegar a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona en Luxemburgo.
“La propuesta de la Comisión demuestra que ahora sí estamos en ese punto”, afirmó Pierrakakis, que reconoció un cambio de opinión respecto a esta iniciativa, impulsada sobre todo por España e Italia. En su intervención, el también ministro griego vinculó el aval del Eurogrupo a las conclusiones más recientes del FMI, cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, participa en el encuentro para evaluar la situación económica del bloque.
“¿Qué nos dice el FMI? Que el impacto de la crisis ha sido un 12% menor gracias a las inversiones energéticas realizadas desde 2022”, subrayó Pierrakakis. La cifra, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en la principal palanca para que la eurozona abra la mano al gasto público en materia energética sin que los Estados miembro incurran en desviaciones fiscales sancionables.
La propuesta de Bruselas, anunciada la semana pasada, amplía la cláusula nacional de escape —diseñada en su origen para el gasto en defensa— y permite que los gobiernos incluyan inversiones dirigidas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. El objetivo último es reforzar la seguridad energética europea en un momento en que la tensión en Oriente Próximo mantiene en vilo a hogares y empresas.
El blindaje energético de Europa no es ya una opción política: los números del FMI confirman que cada euro invertido desde 2022 ha reducido un 12% el coste de la crisis.
Una propuesta con el sello de España e Italia
Detrás del giro comunitario hay dos capitales que llevan meses empujando en la misma dirección. España e Italia, con elevada exposición al gas norteafricano y a las rutas del Mediterráneo, han sido los principales defensores de que la transición energética no quede estrangulada por los límites de déficit. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y su homólogo italiano, Giancarlo Giorgetti, ya habían coordinado posiciones antes del Eurogrupo.
La cláusula de escape ampliada no exime del cumplimiento de las reglas fiscales, pero sí flexibiliza los plazos y los porcentajes de reducción de deuda cuando el gasto se destina a proyectos energéticos considerados estratégicos. Entre ellos figuran interconexiones, renovables, almacenamiento y electrificación industrial. “Esto no es un cheque en blanco”, aclaró un alto funcionario del Eurogrupo, “pero sí un reconocimiento de que sin inversión pública, la autonomía energética de la UE se dilata décadas”.
España ha presionado especialmente para que las inversiones en hidrógeno verde y en redes de transporte eléctrico queden protegidas dentro del nuevo perímetro fiscal, argumentando que la península ibérica puede convertirse en una plataforma exportadora si se remueven las barreras de financiación.
El respaldo del FMI: un 12% de protección extra
La intervención de Georgieva ante los ministros no se limitó a repetir cuadros macroeconómicos. Según fuentes presentes, la directora del FMI proyectó varios escenarios alternativos en los que la eurozona, sin las inversiones energéticas realizadas desde 2022, habría sufrido una contracción del consumo y un repunte inflacionista mucho más agudo. “El FMI nos ha puesto un espejo: las economías que no invirtieron en energía están pagando hoy un coste de la crisis entre un 20% y un 25% superior”, resumió Pierrakakis.
El argumento caló en un Eurogrupo que venía de mostrar divisiones entre los países frugales y los del sur. Alemania, que en un principio mostró reticencias a tocar las reglas fiscales, ha modulado su postura tras el encarecimiento del gas y la parálisis de varios proyectos industriales. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ya había advertido semanas atrás de que “la seguridad energética es la nueva seguridad nacional” y de que la gobernanza fiscal debía adaptarse a esa realidad.
Los números que maneja la Comisión apuntan a que, solo para alcanzar los objetivos de descarbonización en 2030, la UE necesita movilizar inversiones adicionales por valor de 620.000 millones de euros anuales. Una parte significativa deberá proceder de los presupuestos públicos, y sin flexibilidad fiscal ese esfuerzo sería sencillamente asumible para muy pocos Estados.
De hecho, la experiencia de los fondos Next Generation ha dejado una lección clara: cuando la inversión pública se orienta a proyectos energéticos, el multiplicador sobre el PIB se sitúa entre 1,4 y 1,6, según las estimaciones del propio FMI. Es decir, cada euro invertido genera entre 40 y 60 céntimos adicionales de actividad económica. Ese retorno explica por qué la Comisión y el Eurogrupo están dispuestos a corregir las reglas fiscales que ellos mismos diseñaron.
Más allá de la coyuntura: inversión energética como vector de crecimiento
El debate de fondo no es solo cuánto pueden gastar los gobiernos en energía, sino quién construirá los “campeones globales” que mencionó Pierrakakis. La nueva doctrina del Eurogrupo conecta la política fiscal con la geoeconomía: “Las economías que liderarán en tecnología serán las economías que liderarán el crecimiento”, sentenció el presidente del foro, apuntando directamente al riesgo de que Europa se quede rezagada frente a Estados Unidos y China si no acelera su soberanía tecnológica.
Esa ambición requiere, sin embargo, una narrativa que está aún en construcción. Los ministros también debatieron sobre la soberanía tecnológica y su encaje en la arquitectura fiscal. La idea es que la etiqueta de inversión estratégica no se limite a parques eólicos o electrolizadores, sino que incluya también la fabricación de semiconductores, gemelos digitales de redes energéticas y centros de datos de emisiones netas cero. La etiqueta se amplía, pero también se difumina.
Pierrakakis, al terminar el Eurogrupo, descartó que la eurozona esté entrando en una fase de estanflación. “La zona euro ha demostrado ser bastante resiliente”, dijo, aunque reconoció que la crisis de Oriente Próximo sigue afectando a la confianza y a los precios. “Ciertamente no nos encontramos en un entorno de estanflación”, repitió. Eso sí, advirtió del riesgo de subestimar los desafíos que vienen de la región: los mercados pueden estar reaccionando con calma, pero los fundamentales están lejos de ser sólidos.
El giro fiscal coloca a Europa ante un dilema clásico: cómo sostener la credibilidad de las reglas cuando las circunstancias exigen saltárselas. La decisión del Eurogrupo de abrazar la flexibilización para inversiones energéticas es un movimiento pragmático, pero abre interrogantes sobre los límites de esa excepcionalidad. ¿Dónde termina la seguridad energética y empieza la lista de la compra de cada ministerio? La respuesta, por ahora, se fiará al escrutinio de la Comisión, que validará caso por caso las solicitudes de los Estados miembro.
Lo que está claro es que el dato del 12% del FMI ha cambiado el tono del debate. Si hace un año la prioridad era regresar a la ortodoxia presupuestaria, hoy la prioridad es que la próxima crisis energética no pille a la eurozona sin margen de maniobra. Y eso, en términos fiscales, significa gastar antes de que sea demasiado tarde.
