La Comisión Europea ha publicado el Semestre Europeo en el que analiza y coordina las políticas económicas de cada Estado miembro y formula recomendaciones a los países. En este sentido, Bruselas ha sido contundente con España: el sistema energético español sigue lastrando problemas que condicionan su potencial renovable, como es el caso de las limitaciones de la red, la lenta administración y burocracia, la insuficiente capacidad de almacenamiento y una fiscalidad más permisiva con el gas.
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Según indica la Comisión Europea, aunque España se ha consolidado en los últimos años como uno de los países europeos con mayor crecimiento en energías renovables, Bruselas considera que este avance no es suficiente por sí solo para garantizar una transición energética eficaz. Por ello, el organismo comunitario señala que el desafío ya no consiste únicamente en aumentar la capacidad de generación eléctrica mediante parques solares o eólicos, sino en asegurar que toda esa energía pueda incorporarse de manera eficiente al sistema y llegar a consumidores, empresas e industrias.
En este sentido, desde la Comisión Europea realiza un lisado de recomendaciones a España para que mejore su situación energética, donde uno de los aspectos que más preocupa al organismo comunitario es la situación de la red eléctrica.
De hecho, según apunta Bruselas, la expansión de las renovables en España ha sido muy rápida durante los últimos años, pero las infraestructuras encargadas de transportar y distribuir la electricidad no han evolucionado al mismo ritmo. Una situación que está dando pie a auténticos cuellos de botella que dificultan la conexión de nuevos proyectos y limitan la capacidad de aprovechar toda la energía producida. Por ello, para la Comisión resulta imprescindible acelerar las inversiones en redes y modernizar unas infraestructuras que serán fundamentales para el futuro energético del país.
A esta cuestión se suma la complejidad administrativa que continúa afectando al desarrollo de proyectos energéticos, por el que empresas y promotores se enfrentan con frecuencia a procedimientos largos y a la intervención de distintas administraciones, lo que retrasa la puesta en marcha de nuevas instalaciones. Por ello, desde Bruselas consideran que la simplificación de estos trámites debe convertirse en una prioridad para evitar que la burocracia termine frenando inversiones estratégicas para la descarbonización de la economía, que es a ojos del organismo prioritario una prioridad.
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Por otro lado, otro de los puntos señalados por la Comisión Europea es la necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento energético. En este sentido, el organismo comunitario insiste en que el fuerte crecimiento de la generación renovable hace cada vez más necesario disponer de sistemas capaces de guardar la energía producida en momentos de elevada generación para utilizarla cuando la demanda sea mayor o las condiciones meteorológicas sean menos favorables. Por lo que, sin este respaldo, parte de la electricidad renovable puede desaprovecharse, reduciendo la eficiencia global del sistema, una situación que ya ocurre en España a través de los conocidos curtailments o vertidos energéticos.
A esto se le suma la dependencia del gas natural , ya que aunque las energías renovables hayan ganado peso en el mix energético español, determinadas necesidades técnicas del sistema siguen requiriendo el funcionamiento de centrales de gas para garantizar la estabilidad del suministro. Por ello, desde la Comisión Europea consideran que esta situación pone de manifiesto la necesidad de acelerar el desarrollo de tecnologías alternativas que permitan reducir progresivamente el papel de los combustibles fósiles en el sistema energético.
Y en cuanto al ámbito económico, Bruselas llama la atención sobre el tratamiento fiscal de las distintas fuentes energéticas. Según las observaciones recogidas en el Semestre Europeo, la estructura actual puede dificultar la electrificación de sectores clave al no favorecer suficientemente el uso de la electricidad frente a otras fuentes energéticas, por ello, para la Comisión, avanzar hacia una economía más limpia requiere que los incentivos fiscales estén alineados con los objetivos climáticos y energéticos fijados por la Unión Europea.
Las recomendaciones también ponen el foco en la electrificación de la industria, el transporte y los hogares. La sustitución progresiva de tecnologías basadas en combustibles fósiles por soluciones eléctricas se considera uno de los pilares fundamentales para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Sin embargo, este proceso exige una red más robusta, una mayor disponibilidad de energía renovable y una planificación que permita responder al aumento de la demanda eléctrica previsto para los próximos años.
En definitiva, el mensaje trasladado por la Comisión Europea es claro: España dispone de un enorme potencial para liderar la transición energética en Europa, pero todavía debe resolver importantes desafíos estructurales para aprovechar plenamente esa ventaja. .
