La crisis en el corazón de Indra ha dado un giro inesperado. Manuel de la Rocha, el hombre fuerte de Moncloa en asuntos económicos, ha salido al paso de las acusaciones con un mensaje tan tajante como inusual: «Jamás he amenazado a nadie». La frase, difundida este martes, busca acallar los rumores de presiones desde el Gobierno hacia Ángel Escribano, el socio fundador de la compañía de defensa que da nombre al grupo, y llega justo cuando la SEPI intenta explicar por qué tardó un año en bloquear la fusión entre Indra y el propio Escribano.
La polémica lleva semanas encendiendo el consejo de administración de la tecnológica. La salida de Escribano del accionariado, tras el veto público de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, había sido interpretada por algunos como la culminación de un proceso de desgaste orquestado desde el entorno del Palacio de la Moncloa. Hoy, sin embargo, la versión oficial se ha desplegado en varios medios para dibujar un escenario muy distinto.
De la Rocha, que ostenta el cargo de director de la Oficina Económica de Moncloa, ha querido desmarcarse de cualquier papel de «fontanero» político. «Yo no soy fontanero de ninguna cloaca», ha llegado a afirmar, en alusión a las críticas que le señalan como el presunto intermediario que habría presionado a Escribano para que aceptara la paralización de la operación. Además, ha insistido en otro punto: nunca ha nombrado ni cesado a ningún directivo de ninguna empresa, una sentencia que busca cortar de raíz las especulaciones sobre injerencias en la gestión de Indra.
Mientras tanto, la SEPI ha ofrecido su propia versión de los hechos. Según fuentes del holding público, el proceso de análisis de la fusión —que habría convertido a Escribano en un socio de referencia dentro de Indra— se prolongó durante doce meses por estrictos motivos de prudencia financiera y encaje estratégico. No hubo, aseguran, ningún cambio de postura sobrevenido ni presiones externas: simplemente la operación no encajaba en los parámetros de riesgo que la entidad pública maneja para su participada.
Sin embargo, en el consejo de Indra no todos compran esa explicación. La salida abrupta de Escribano ha dejado cicatrices profundas entre los accionistas y ha reavivado el debate sobre la autonomía de la compañía frente al poder político.
La cronología tiene un punto oscuro que no se ha aclarado del todo: si la SEPI necesitaba tanto tiempo para evaluar la conveniencia de la fusión, ¿por qué el bloqueo se comunicó justo cuando el principal directivo de Indra, Ignacio Mataix, estaba a punto de someter a votación su plan estratégico? La pregunta sobrevuela los despachos de la tecnológica como un rumor difícil de apagar.
El caso trasciende lo industrial y se instala en la delicada frontera entre el accionista público y el Gobierno, con la autonomía de Indra como rehén.
La sintonía entre el equipo de De la Rocha y la SEPI ha sido puesta bajo la lupa por analistas y oposición. En privado, algunos consejeros de Indra admiten que la imagen de descoordinación daña a la empresa, pero ninguno se atreve a romper filas públicamente mientras el ruido mediático no amaine.
Desde el punto de vista industrial, la negativa a la fusión tiene implicaciones que van más allá de un simple veto. La compañía de Escribano es un proveedor clave de sistemas de armamento para las Fuerzas Armadas, y su alejamiento podría complicar algunos programas en los que Indra está inmerso. De ahí que el cierre abrupto de esa puerta llame aún más la atención.
El asunto tiene aristas que exigen un análisis pausado. Por un lado, la SEPI está obligada a velar por la rentabilidad de su participación del 18,6% en Indra y a evitar conflictos de interés con otros socios. Por otro, la mera percepción de que la Moncloa pudo haber influido en una decisión empresarial mancha de lleno el cuadro de mandos de la cotizada, que este año aspira a consolidar su giro hacia el negocio de defensa.
En mi opinión, la contundencia de De la Rocha, que ha roto su habitual perfil técnico para utilizar palabras inusualmente gruesas, demuestra que el ruido en torno a Indra ya incomoda al propio presidente del Gobierno. Y una incomodidad así rara vez se queda en una simple rueda de desmentidos. Cuando el próximo septiembre se reúna la junta general, será el momento de comprobar cuántos accionistas independientes compran la versión oficial y cuántos empiezan a exigir un blindaje estatutario que impida que estas tormentas vuelvan a poner a Indra al borde de una crisis reputacional.
