La declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo ha puesto la lupa sobre el mayor contrato de Renfe. El comisionista, clave en el caso mascarillas, afirmó que el megacontrato de 2.445 millones de euros adjudicado en 2021 para renovar los Cercanías fue utilizado para financiar ilegalmente al PSOE. Sus palabras, aunque sin pruebas documentales aportadas en sede judicial, extienden la sombra de la sospecha sobre una operación considerada estratégica para el transporte público.
El megacontrato que sacudió al sector
Renfe anunció aquella licitación como «la mayor adjudicación de trenes de Cercanías en la historia de la compañía». En total, se trataba de 211 unidades, repartidas entre Alstom y Stadler. La primera se hizo con el lote más grande: 152 trenes por 1.447 millones. La segunda, 59 trenes por 998 millones, contrato que luego se amplió hasta los 1.306 millones por 79 unidades. Las primeras circulaciones están previstas para finales del verano, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El proceso, sin embargo, no estuvo exento de polémica. CAF y Talgo fueron descalificadas por defectos en la oferta técnica, lo que dejó a las dos multinacionales como únicos actores. Un escenario que ahora, bajo las acusaciones de Aldama, adquiere nueva luz.
Stadler, en el punto de mira
Aldama declaró que supo del contrato a través de Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif. Según su relato, ella le dijo: «Hay un contrato muy gordo y que nos interesemos por él. Y lo de siempre, hay que financiar al partido». A partir de ahí, el empresario aseguró que acudió con Koldo García a reunirse en varias ocasiones con Íñigo Parra, presidente de Stadler Rail Valencia, aunque matizó que «al final no quería ni vernos».
La firma suiza, con fábrica en Albuixech (Valencia), niega rotundamente el pago de comisiones. «Stadler nunca ha pagado comisiones a cambio de contratos y negamos haberlas pagado por este», ha afirmado la compañía. Sin embargo, la sola insinuación daña la imagen de un grupo que en 2015 compró Vossloh para entrar en el mercado español, anticipando la ola de inversiones en media distancia.
La sombra de la corrupción, aunque sea en forma de insinuaciones, basta para erosionar la confianza en las adjudicaciones públicas.
Análisis: la credibilidad de lo público en juego
El caso desborda el ámbito judicial para instalarse en un problema de reputación institucional. Renfe es el operador ferroviario de referencia, y sus concursos están sometidos a rigurosos controles. Que un comisionista que ya ha sido condenado por el caso mascarillas vincule un contrato estratégico con financiación partidaria daña por igual al operador, al ministerio y a las empresas adjudicatarias, hayan o no cometido irregularidades.
Cabe recordar que el contrato de los Cercanías se firmó durante la pandemia, en un contexto de urgencia y fuerte inversión pública europea. Las acusaciones de Aldama, basadas únicamente en su palabra, no significan una condena. Pero el daño reputacional ya está hecho. Stadler y Renfe se ven arrastradas a un escándalo político que puede condicionar futuras adjudicaciones y su relación con la opinión pública.
El mercado ferroviario español es competitivo y todos los actores conocen la importancia de un marco limpio. Las acusaciones, de demostrarse falsas, serían un revés para la credibilidad del sistema de adjudicación público. De ser ciertas, el golpe sería mayor. La próxima comparecencia de Aldama y las investigaciones derivadas de sus afirmaciones marcarán el desenlace.
