Telefónica ha solicitado a la justicia estadounidense la ejecución del laudo arbitral por 430 millones de euros que el Ciadi dictó contra Colombia por la expropiación de su filial de telecomunicaciones.
Asesorada por el despacho White & Case, la compañía presentó el pasado 2 de junio la solicitud ante el tribunal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., según fuentes cercanas al proceso. La estrategia de acudir a los tribunales de Estados Unidos, donde tiene su sede el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), busca presionar a Colombia para que cumpla con el laudo.
El Ciadi falló en 2024 a favor de Telefónica, condenando al Estado colombiano a pagar 380 millones de dólares (326 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios, más intereses y costas judiciales, lo que eleva la deuda total por encima de los 500 millones de dólares (430 millones de euros).
La estrategia de Telefónica para forzar el pago
Colombia, defendida por el despacho Wordstone Dispute Resolution, ha intentado retrasar el pago. En enero logró una suspensión de la ejecución, pero fue levantada al no presentar la garantía bancaria exigida. Además, ha solicitado la anulación del laudo, y esta misma semana se celebró una vista en París sobre esa petición, sin que aún se conozca la decisión.
Fuentes del mercado señalan que la decisión de Telefónica de acudir a la justicia estadounidense es un paso lógico y habitual en este tipo de litigios internacionales, ya que el Ciadi tiene su sede en Washington y el país norteamericano dispone de mecanismos para ejecutar embargos contra bienes soberanos.
La pelea jurídica de Telefónica no solo es por los 430 millones de dólares; pone a prueba la capacidad de los laudos del Ciadi para forzar a un Estado al cumplimiento.
Origen del conflicto: una concesión de tres décadas
Este enfrentamiento legal tiene su origen en una concesión de telefonía móvil firmada en 1994 entre la filial colombiana de Telefónica, ColTel, y el Gobierno de Colombia, que incluía una cláusula de reversión de activos al finalizar el contrato. Sin embargo, una ley de 1998 suprimió esa cláusula, lo que generó un conflicto cuando Colombia renovó el permiso de espectro radioeléctrico pero intentó aplicarla de forma retroactiva, poniendo sobre la mesa la la nueva normativa.
La disputa escaló cuando Colombia inició un arbitraje en 2016 ante la Cámara de Comercio de Bogotá, exigiendo la reversión de todos los activos y una indemnización. ColTel, entonces participada en un 67,5% por Telefónica y en un 32,5% por el propio Estado colombiano, pagó 380 millones de dólares para cumplir con ese laudo arbitral doméstico.
Telefónica reaccionó llevando el caso ante el Ciadi, argumentando que la aplicación retroactiva de la cláusula de reversión constituía una expropiación indirecta y solicitando la devolución de esos 380 millones de dólares. El tribunal de arbitraje, dependiente del Banco Mundial, le dio la razón por unanimidad en 2024, señalando que Colombia había violado el trato justo y equitativo previsto en el tratado bilateral de inversión con España.
El fallo del Ciadi y la postura colombiana
El laudo del Ciadi obliga a Colombia a pagar más de 500 millones de dólares, pero el Gobierno colombiano mantiene su oposición. La vista celebrada en París esta misma semana para estudiar la anulación del laudo añade una nueva incertidumbre.
Qué está en juego para Telefónica y el sector
El importe en disputa, 430 millones de euros, representa alrededor del 1,5% de la facturación anual de Telefónica, pero el caso trasciende el impacto financiero inmediato. Demostrar que un laudo del Ciadi es efectivo frente a un Estado refuerza la seguridad jurídica de las inversiones de las telecos españolas en América Latina, un mercado clave para grupos como Telefónica, Indra o Cellnex.
En el pasado, otras compañías españolas han recurrido a estrategias similares. Por ejemplo, Repsol logró en 2014 un laudo del Ciadi contra Argentina por la expropiación de YPF, aunque su ejecución también fue compleja. En este contexto, la resolución del caso colombiano podría sentar un precedente valioso.
Para Telefónica, además, el éxito en la ejecución del laudo supondría un impulso reputacional y una señal de fortaleza en un momento en que el grupo, bajo la presidencia de Marc Murtra, ha redefinido su estrategia en Latinoamérica.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La decisión sobre la anulación del laudo, que podría conocerse en las próximas semanas, y la eventual reacción del tribunal estadounidense.
- Reacción del valor: El mercado descuenta un desenlace favorable; el éxito en la ejecución podría dar soporte adicional a la acción de Telefónica, que acumula una revalorización cercana al 5% en lo que va de año.
- Precedente sectorial: El caso de Repsol contra Argentina demuestra que estos procesos llevan años, pero un fallo firme en Estados Unidos aceleraría el cobro.
