La Comisión Europea ha puesto este miércoles el IVA reducido de la hostelería en el centro de sus críticas fiscales. En el marco del paquete de primavera del Semestre Europeo, Bruselas ha instado a España a recortar los beneficios fiscales y a replantear el gravamen del 10 % que se aplica a restaurantes y servicios de alojamiento, por su alto impacto presupuestario y su limitado efecto redistributivo.
La recomendación, dirigida al Gobierno español, advierte de que el país mantiene una de las mayores brechas de política de IVA de la Unión Europea. El uso generalizado de tipos reducidos y exenciones lastra la recaudación y, según los cálculos de la Comisión, el 60 % de los beneficios fiscales en España proceden del IVA.
El elevado coste del IVA reducido en hostelería
Entre todas las categorías que disfrutan de un tipo impositivo por debajo del general del 21 %, Bruselas ha señalado específicamente los restaurantes y los hoteles. El coste presupuestario de estas ventajas es “muy considerable”, mientras que su capacidad para redistribuir renta es “muy limitada”, según el texto de la recomendación.
Este desajuste no es nuevo. El Tribunal de Cuentas Europeo ya había señalado en informes anteriores que los tipos reducidos del IVA beneficiaban más a los hogares de renta alta, que consumen más en hostelería, que a las familias con menos recursos. La Comisión se apoya en esa evidencia para pedir a España que “restringa” su uso y simplifique el sistema tributario.
El IVA reducido al 10 % para la hostelería se introdujo en su día para fomentar el empleo en un sector clave, pero la Comisión considera que ya no se justifica ante las necesidades de consolidación fiscal. Además, los ingresos por impuestos al consumo siguen por debajo de la media comunitaria, tanto en porcentaje del PIB como sobre la recaudación total.
El IVA reducido cuesta a España más de 20.000 millones al año y apenas beneficia a los hogares con menos renta.
España, uno de los países con mayor brecha del IVA en la UE
El análisis de la Comisión sitúa a España como uno de los Estados miembros con más peso de los tipos reducidos en su estructura fiscal. Solo en IVA, la brecha entre la recaudación potencial y la real alcanza miles de millones de euros cada año. Bruselas insiste en que una revisión de estos beneficios permitiría al Tesoro ingresar más sin necesidad de subir el IVA general.
Las fuentes comunitarias explican que la petición no es una exigencia inmediata de derogación, sino una recomendación dentro del ciclo del Semestre Europeo. Aun así, la presión es cada vez más directa. España arrastra un déficit estructural elevado y un nivel de deuda pública que ronda el 107 % del PIB. Las nuevas reglas fiscales europeas requieren ajustes creíbles, y la Comisión ve los beneficios fiscales como un área donde actuar con relativa rapidez.
Las hoteleras cotizadas, en el punto de mira
Más allá del debate macro, la advertencia de Bruselas tiene una lectura directa para las compañías turísticas que cotizan en la Bolsa española. Meliá Hotels International, NH Hotel Group y, en menor medida, cadenas como RIU —con fuerte peso en el mercado doméstico— se benefician de un IVA reducido que abarata sus servicios finales. Una eventual subida al tipo general del 21 % encarecería la oferta turística y podría restar competitividad, sobre todo en destinos vacacionales donde el precio es determinante.
Los analistas del sector llevan años incluyendo el riesgo fiscal en sus valoraciones. Aunque históricamente los distintos gobiernos han evitado tocar el IVA hotelero —por su sensibilidad electoral y por la fuerza del lobby turístico—, el contexto ha cambiado. La presión de Bruselas, sumada a un entorno de tipos de interés más altos que encarece la financiación pública, podría obligar a buscar fuentes de ingresos alternativas antes de lo previsto.
De momento, la reacciión del mercado ha sido casi imperceptible. Las acciones de Meliá cerraron el 3 de junio con un leve descenso del 0,2 %, mientras que NH, que cotiza bajo OPA de Minor, apenas registró movimiento. El sector descuenta que cualquier modificación de calado tendría que pasar por un trámite parlamentario que se antoja complejo en una legislatura fragmentada.
¿Un ajuste inevitable o una nueva llamada sin consecuencias?
A mi juicio, la recomendación de la Comisión Europea no es una novedad, pero sí un cambio de tono. Hasta ahora, Bruselas se había limitado a señalar la brecha recaudatoria sin poner nombres concretos. Ahora señala abiertamente a los hoteles y restaurantes, lo que facilita que futuras presiones se conviertan en exigencias más firmes si España incumple sus metas fiscales.
La experiencia de otros países muestra que los tipos reducidos del IVA rara vez se tocan de golpe, pero sí se erosionan con el tiempo. Alemania, por ejemplo, subió temporalmente el IVA a la hostelería durante la pandemia y luego lo mantuvo. España podría seguir una senda similar: avanzar hacia el tipo general de forma progresiva o crear escalones intermedios que diluyan el impacto en el consumidor.
No obstante, el coste político sería considerable. El turismo representa más del 12 % del PIB y emplea a más de dos millones y medio de trabajadores. Cualquier medida que eleve el precio de los servicios turísticos se enfrentará a una fuerte oposición sectorial. La pregunta no es tanto si Bruselas tiene razón en su diagnóstico, sino si el Gobierno español está en disposición de asumir ese desgaste antes de las próximas citas electorales.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: Las principales hoteleras españolas cerraron la sesión del 3 de junio sin apenas cambios. Meliá Hotels International retrocedió un 0,2 %, hasta los 8,50 euros, en una jornada de baja actividad para el sector turístico en el IBEX 35.
Clave técnica: La acción de Meliá se mueve en un rango lateral entre los 8 y los 9 euros desde principios de año. Una ruptura a la baja del soporte de los 8 euros, que podría acelerarse si la presión fiscal gana tracción, activaría una señal de venta técnica con objetivo en los 7,50 euros.
Apunte macro: La prima de riesgo española se mantenía en torno a los 72 puntos básicos al cierre del miércoles, sin reaccionar a las palabras de Bruselas. El mercado de deuda no ha descontado todavía un ajuste fiscal vía IVA, pero sí vigila la evolución del déficit público.
