Un trabajador que ha cotizado durante 40 años por la base máxima y se jubila a los 65 años se encuentra con una realidad desconcertante: no recupera ni la mitad de lo que aportó al sistema. Mientras, otro con apenas 15 años de empleo a tiempo parcial puede superar el 100% de su contribución gracias a los complementos a mínimos. El desajuste, confirmado por un análisis de funcionarios de la Seguridad Social, expone la paradoja contributiva de un modelo que prioriza la función asistencial sobre la proporcionalidad.
El techo de cristal de la base máxima: más cotización, menor proporción
La Orden PJC/297/2026 fijó para este año una base máxima de cotización de 5.101,20 euros al mes. La pensión máxima, en cambio, se queda en 3.359,60 euros. La brecha mensual entre lo que un asalariado de altos ingresos ingresa al sistema y lo que puede retirar se ensancha hasta los 1.742 euros.
Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario especializado en pensiones, ha ilustrado en un vídeo reciente por qué cotizar por el máximo no equivale a una pensión proporcional. El principio de contributividad –cuanto más se aporta, más se recibe– choca con los topes legales y los mecanismos de solidaridad que alteran la relación directa entre esfuerzo y retorno.
Tres perfiles que explican la desigualdad
Para medir la brecha real, el experto dibuja tres escenarios. El primero es el de un trabajador con carrera completa de 40 años, casi siempre cotizando por la base más alta. Su base reguladora teórica ronda los 5.000 euros mensuales, lo que le daría derecho al 100%. Pero la realidad administrativa lo limita a la pensión máxima: 3.359,60 euros.
El segundo perfil introduce matices. Si la trayectoria incluye lagunas, empleos parciales o periodos de subsidio, las aportaciones elevadas en los años buenos sí sirven para elevar la media y suavizar las penalizaciones. En esos casos, cotizar por el máximo amortigua el impacto de los baches y resulta una estrategia eficaz.
El sistema penaliza a quien más aporta: 40 años cotizando al máximo se traducen en una pensión final que no cubre ni la mitad del esfuerzo contributivo.
El tercer supuesto es el más extremo. Un cotizante con 40 años en la base máxima decide jubilarse a los 63 años, dos antes de la edad ordinaria. Sus 5.101 euros de base reguladora sufrirían una reducción del 19% por la anticipación, quedando en 4.132 euros. Al seguir por encima del tope de 3.359,60 euros, la penalización se aplica sobre la pensión máxima, dejándola en 2.721 euros brutos. Tras una retención de IRPF del 20,42%, la cuantía líquida mensual se reduce a 2.165,59 euros.
Frente a ese perfil, un trabajador con solo 15 años de cotización a tiempo parcial, con una base de 1.100 euros, generaría una pensión teórica de 550 euros. Al quedar por debajo del mínimo legal, el sistema activa los complementos a mínimos. El resultado final son 1.127 euros mensuales netos, exentos de IRPF. La comparación es demoledora: el que aportó mucho y mucho tiempo no recupera el 50% de sus cotizaciones; el que cotizó poco y tarde recibe más del 100%.
Análisis: la tensión entre solidaridad y esfuerzo contributivo
Muñoz Cuenca no se limita a exponer la paradoja. Del análisis extrae tres exigencias. Primero, insiste en que cotizar más y durante más tiempo sigue aumentando la pensión en términos absolutos. Segundo, reclama que el Ejecutivo refuerce la contributividad, evitando que las medidas de solidaridad castiguen de forma desproporcionada a los mayores contribuyentes. Y tercero, exige la implantación del ‘objetivo 40’, la moción aprobada en el Congreso a finales de 2025 para que quienes alcancen 40 años de cotización puedan jubilarse anticipadamente sin penalización alguna.
La demanda conecta con las reivindicaciones históricas de plataformas como ASJUBI40 y con una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto el sistema público debe igualar por abajo, aunque se desincentive el esfuerzo prolongado? La reforma de 2023 introdujo avances en solidaridad –el Mecanismo de Equidad Intergeneracional–, pero el análisis oficial revela que el equilibrio sigue roto.
La Seguridad Social protege con eficacia a las carreras más frágiles, algo irrenunciable. El problema es que lo hace a costa de de aplicar un peaje oculto sobre los salarios altos, que son quienes garantizan la viabilidad financiera del sistema. Un cotizante de máximo nivel paga cada mes casi 2.000 euros que nunca recuperará en forma de prestación. Esa asimetría genera una tensión creciente entre los contribuyentes de mayor renta y puede erosionar el apoyo social al modelo de reparto.
Resolverlo sin disparar el déficit es el reto. Algunos expertos plantean desvincular parcialmente la pensión máxima del tope de cotización, o introducir cuentas nocionales que reflejen de forma más transparente lo aportado. Pero cualquier solución choca con el coste fiscal. Mientras, los datos de 2026 dejan una evidencia poco confortable: quien más aporta no siempre recibe más, aunque sin él el sistema se desplomaría.
