La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha confirmado que la gran mayoría de las gasolineras en España están aplicando la rebaja fiscal en los carburantes, una medida de urgencia del Gobierno para contener el alza de precios derivada del conflicto en Irán. Sin embargo, el supervisor ha identificado unos 50 casos de incumplimiento que ya están siendo investigados.
El Ejecutivo redujo temporalmente el IVA de los combustibles de automoción a principios de mayo, en un contexto de fuerte presión sobre el precio del petróleo por la crisis geopolítica. La CNMC, como organismo encargado de velar por la competencia, ha intensificado su vigilancia sobre las principales cadenas de estaciones de servicio: Repsol, Moeve, BP, Galp y Disa.
Cumplimiento mayoritario, con 50 anomalías bajo investigación
Fuentes del regulador señalan que los más de 12.000 puntos de venta de carburante en España han reaccionado en su mayoría de forma positiva, trasladando la bajada del IVA al precio final de la gasolina y el diésel. ‘La inspección rutinaria ha permitido constatar que la práctica totalidad de los operadores han ajustado sus tarifas’, ha explicado la CNMC en un comunicado.
No obstante, esos alrededor de 50 casos anómalos —que representan menos del 0,4% del total— han activado las alertas. Podrían deberse a errores de actualización de los sistemas de precios, a falta de comunicación con las centrales de las compañías o, en los casos más graves, a una intención de aprovecharse de la coyuntura para incrementar márgenes. El regulador, no obstante, mantiene la prudencia.
Repsol, Moeve, BP, Galp y Disa, bajo la lupa de Competencia
La CNMC ha puesto el foco en las grandes petroleras, que concentran más del 60% de las estaciones de servicio. Sin embargo, los 50 casos detectados no se concentran en una sola compañía, sino que aparecen dispersos en distintas redes y en gasolineras independientes, lo que dificulta trazar un patrón. ‘No hay un incumplimiento sistémico’, ha asegurado una portavoz.
La guerra en Irán ha encarecido el crudo, y el Gobierno calcula que la rebaja fiscal evita que el litro de gasolina supere los 2 euros en el surtidor. Aun así, los consumidores de algunas regiones han denunciado disparidades de hasta 15 céntimos por litro entre estaciones de la misma zona, lo que revela que no todos los operadores están trasladando el ahorro con la misma rapidez.
Vigilar 12.000 gasolineras en tiempo real es un reto mayúsculo, y 50 fallos en un sistema de ajuste de precios eran casi esperables.
Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 60.000 euros para las infracciones leves y hasta 10 millones para las muy graves, según la Ley de Competencia. Pero el daño reputacional para una cadena es quizás mayor: los consumidores son cada vez más sensibles a las diferencias de precios y utilizan aplicaciones móviles para comparar. De momento, la CNMC no ha abierto expedientes sancionadores, sino que ha enviado requerimientos de información a las estaciones sospechosas.
Si se confirman malas prácticas, los primeros expedientes formales podrían llegar en junio. Aunque el número de casos es minúsculo, su mera existencia empaña la imagen de un sector que ya sufrió escrutinio público durante la crisis de precios de 2022.
Análisis: ¿Funcionan las rebajas fiscales en plena guerra energética?
La medida de reducción del IVA no es nueva: ya se aplicó durante la crisis energética de 2022, con resultados controvertidos. Entonces, un estudio del Banco de España concluyó que solo el 70% de la rebaja se trasladó efectivamente a los precios. Ahora, el escenario es diferente: la inflación subyacente es más moderada y la competencia entre gasolineras, más feroz, lo que debería favorecer una traslación más rápida.
Mi experiencia cubriendo el sector energético me dice que las gasolineras independientes suelen ser las más ágiles en trasladar las bajadas —y las subidas—, mientras que las grandes redes necesitan más tiempo para ajustar sus sistemas centralizados. Eso explica parte de los 50 casos: no siempre hay dolo, sino inercia operativa. Sin embargo, el contexto bélico exige un celo adicional: cada céntimo que no llega al consumidor erosiona la credibilidad del instrumento fiscal.
Pese al buen diagnóstico general, la CNMC se enfrenta a un dilema: si las sanciones son leves, el mensaje de tolerancia podría invitar a futuras inobservancias; si son muy duras, podría penalizar a pequeños empresarios por fallos técnicos. El regulador deberá afinar su respuesta en las próximas semanas. Lo que está en juego no es solo el bolsillo de los conductores, sino la credibilidad de un escudo social en tiempos de guerra. Con el Brent oscilando al son de los tambores en Oriente Medio, cada céntimo cuenta.
