El Juzgado Central de Instrucción número 4 ha dado un paso sin precedentes en España: ordenar la incautación de las posibles tenencias de Bitcoin y otras criptomonedas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado José Luis Calama, que investiga la presunta trama de corrupción en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, citó al exmandatario a declarar como imputado el próximo 2 de junio.
La investigación, conocida como caso Plus Ultra, gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la compañía aérea. Según la resolución judicial, Zapatero habría liderado una red de tráfico de influencias que intermedió para favorecer a la aerolínea, percibiendo presuntamente comisiones irregulares cercanas a los 2 millones de euros.
El caso Plus Ultra y las presuntas comisiones millonarias
La sociedad Inteligencia Prospectiva, vinculada al entorno del expresidente, movió más de 2,6 millones de euros en cinco años; de ese flujo, el 44% fue a parar a Zapatero y a personas de su círculo próximo. La investigación del juez Calama sostiene que existía una estructura estable y jerarquizada para obtener beneficios económicos mediante intermediaciones, lo que podría constituir delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal.
La aparición de las criptomonedas en el sumario ha elevado la complejidad técnica del caso. El pasado 18 de mayo, Calama autorizó expresamente la incautación de Bitcoin, Litecoin y otros criptoactivos que pudieran hallarse en monederos virtuales de los investigados. La medida incluye bloqueos de cuentas bancarias, copia de dispositivos electrónicos y acceso a correos telemáticos.
La incautación de Bitcoin: cómo se ejecutará la orden judicial
La custodia técnica de esos criptoactivos recaerá en Prosegur Custodia de Activos Digitales, en virtud de un contrato de la Secretaría de Estado de Seguridad. Las operaciones deberán registrarse en redes descentralizadas para garantizar trazabilidad y la investigación cuenta con el apoyo de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, junto con colaboración de agencias estadounidenses.
Aunque todavía no se ha confirmado el hallazgo de monedas concretas, la sospecha de que Zapatero pudiera haber ocultado patrimonio en criptoactivos impulsa esta estrategia. España viene reforzando sus capacidades: al menos 30 agentes de élite se han formado en rastreo de criptomonedas durante el último año, anticipándose a investigaciones como esta.
El procedimiento es inédito por la condición de expresidente del investigado, pero también porque la justicia española pone a prueba sus herramientas frente a los activos digitales. La incautación de criptomonedas, que no dependen de intermediarios financieros tradicionales, plantea desafíos técnicos y de cooperación con plataformas extranjeras y agencias como Europol o el FBI.
Por primera vez, un juez español ordena rastrear y confiscar criptomonedas de un expresidente del Gobierno: un giro que combina política, finanzas y tecnología a las puertas de una declaración judicial de alto voltaje.
Si se confirman saldos relevantes, el caso podría escalar internacionalmente y servir de guía para futuras pesquisas de corrupción con criptoactivos en España. Las próximas semanas serán decisivas.
