España importa la práctica totalidad del gas que consume. Una factura anual que supera los 30.000 millones de euros y que lastra la balanza comercial. El Ministerio para la Transición Ecológica quiere empezar a ponerle remedio: este 22 de mayo, el MITECO ha lanzado a audiencia pública un proyecto de real decreto que obligará a las comercializadoras a incluir un porcentaje creciente de biometano en sus ventas. El objetivo: que en 2035 al menos el 6% del gas natural utilizado en el país sea de origen renovable.
Calendario de cuotas hasta 2035
La propuesta, que inicia ahora su fase de consultas, establece una senda de penetración mínima del biometano en las ventas de gas natural —excluido el transporte— que arrancará en 2027 y escalará gradualmente hasta el 6% en 2035. El borrador no cifra los peldaños intermedios, pero fuentes del sector apuntan a escalones del entorno del 1% en 2028, 2% en 2030 y 4% en 2033. El real decreto aplicará a todos los comercializadores de gas que operen en España, y su incumplimiento acarreará sanciones aún por definir.
Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, ha subrayado esta mañana que el biometano es una pieza clave para la autonomía energética y la economía circular. «Queremos que los purines, los restos de poda o los residuos urbanos dejen de ser un problema y se conviertan en la fuente de energía renovable que la red gasista necesita», declaró en la presentación del proyecto de real decreto.
Biometano: una molécula circular y autóctona
El biometano no es más que biometano —gas metano— obtenido tras depurar el biogás que generan los residuos orgánicos. La diferencia con el gas fósil es que su carbono procede de la materia viva, no del subsuelo, por lo que su combustión no añade CO₂ neto a la atmósfera. En la práctica, se trata de una gota de gas renovable que se inyecta en la misma red por la que hoy circula el gas argelino o el GNL de Catar.
Las ventajas van mucho más allá: valoriza residuos que de otro modo generan metano —un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el CO₂— y crea empleo en zonas rurales. En la España vaciada, donde la ganadería y la agricultura generan millones de toneladas de subproductos, el biometano puede ser una oportunidad de negocio sin precedentes. Países como Dinamarca ya cubren el 40% de su consumo de gas con biometano, y Alemania supera los 200 TWh de producción anual.
España, sin embargo, apenas produce 0,2 TWh, una cifra que evidencia el enorme recorrido. La cuota del 6% exigiría multiplicar por más de diez la capacidad actual en menos de una década. El éxito dependerá, en buena medida, de que las plantas de producción se multipliquen y se reduzcan los costes de upgrading e inyección.
Una apuesta ambiciosa que necesita hechos
La iniciativa del MITECO es un paso necesario para que España deje de ser el tercer país europeo más dependiente del gas exterior —solo por detrás de Italia y Alemania—, pero su aterrizaje real está plagado de interrogantes. El primero es la trazabilidad: las comercializadoras podrán adquirir certificados de biometano producido en otros países de la UE. Si la medida se traduce en un mero trasvase de garantías de origen sin que la molécula real llegue a la red española, el impacto sobre la dependencia será nulo.
Otro problema es la disponibilidad de materia prima. Aunque el potencial teórico de España supera los 100 TWh, la mayor parte reside en residuos dispersos y de difícil recogida. Necesitamos un plan de logística inversa que hoy no existe, y una voluntad firme de las comunidades autónomas para agilizar los permisos. La burocracia puede, ahogar el despliegue si no se acelera la ventanilla única.
Yo creo que el objetivo es alcanzable, pero solo si el Gobierno ata los incentivos correctos. Un fondo de subastas para el biometano, similar al que funciona con las renovables eléctricas, podría movilizar la inversión privada. Hace falta, además, que el real decreto aclare cuánto se trasladará al precio de la tarifa regulada, porque el PVPC se verá inevitablemente afectado. Si la subida es de décimas de céntimo, el consumidor lo asumirá; si se dispara, la rebeldía regulatoria está garantizada.
La cuota del 6% apunta, en todo caso, en la dirección correcta. Supone un horizonte de certidumbre que permitirá a los inversores planificar plantas. Y, de rebote, puede dinamizar el desarrollo de tecnologías complementarias como la captura de metano en vertederos o la gasificación de biomasa. Pero el margen de error es muy estrecho: si en 2035 el biometano apenas alcanza un 2%, el fiasco dejará al regulador sin credibilidad para futuros mandatos verdes.
La audiencia pública se prolongará hasta finales de junio. Después, el Gobierno tendrá que negociar con las eléctricas, las gasistas y las asociaciones de residuos. Las alegaciones darán la medida de quién está dispuesto a comprar la apuesta y quién solo quiere ganar tiempo.
