La industria española ha lanzado un mensaje contundente al Gobierno: la rebaja de los impuestos eléctricos que se aprobó durante la crisis energética de 2022 debe convertirse en permanente. De lo contrario, advierten, la factura seguirá siendo un lastre insalvable para competir en el mercado único europeo. Según los datos que maneja la patronal, la factura eléctrica de las empresas se ha disparado un 60% desde 2019, un incremento que deja a España en clara desventaja frente a sus vecinos.
El coste de la energía se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para los industriales. La escalada de precios, unida a una fiscalidad que consideran desproporcionada, ha llevado a que la competitividad de sectores como el siderúrgico, el químico o el papelero esté en juego. ‘No se trata de un lloro puntual ni de una petición de coyuntura’, señalan desde la CEOE, ‘es una cuestión de supervivencia para muchas plantas’.
Una factura eléctrica un 60% más cara desde 2019
Los números son tozudos. Desde 2019, el año previo a la pandemia, el recibo eléctrico de la industria se ha inflado un 60%, tal y como recogen los informes presentados por las asociaciones sectoriales. Ese incremento se explica solo en parte por el mayor coste de la materia prima energética: el peso de los impuestos y los cargos regulados ha pasado a ser uno de los componentes más asfixiantes de la factura.
La mayor parte de la carga impositiva recae sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), un tributo al 7% que grava la generación y que, pese a las sucesivas prórrogas de rebajas, sigue amenazando con regresar a su tipo máximo si el Gobierno no actúa. A esto se suma el impuesto especial sobre la electricidad, que durante la crisis se redujo del 5,1% al 0,5%, pero cuya vigencia temporal genera incertidumbre a medio plazo.
La patronal insiste en que, sin una reforma estructural, las empresas no pueden planificar inversiones a largo plazo. ‘No pedimos subvenciones, pedimos un marco fiscal estable y predecible’, repiten una y otra vez.
¿Qué pide exactamente la industria?
La petición se concreta en dos medidas principales. Por un lado, hacer estructural la rebaja del impuesto especial al 0,5% que se ha ido prorrogando trimestre a trimestre desde 2022. Por otro, revisar de forma integral el IVPEE para que deje de ser un impuesto sobre la producción y pase a gravar únicamente los beneficios extraordinarios o, directamente, se elimine. ‘No tiene sentido que se tribute por generar, por el simple hecho de producir electricidad’, argumentan.
Además, la industria reclama que se traslade a los hogares una mayor parte de la operación reforzada de Red Eléctrica de España, un ajuste que, según los cálculos del sector, elevaría la factura doméstica en torno a 20 euros al año. La idea es que no todo el sobrecoste del sistema eléctrico recaiga sobre las empresas, que ya soportan un diferencial de precios con respecto a Alemania, Francia o Italia que ronda los 15-20 euros por MWh.
La fiscalidad eléctrica en España ha sido tradicionalmente más onerosa para la industria que en el resto de Europa, un desfase que la crisis de precios agravó y que ahora amenaza con cronificarse si no se toman medidas definitivas.
Análisis: El talón de Aquiles de la competitividad industrial
Que la industria se ponga de acuerdo en bloques es noticia. Que lo haga para reclamar una rebaja fiscal que afecta a su cuenta de resultados de forma directa, casi una obligación. Pero lo que está en juego trasciende el simple ahorro en la factura de la luz. España tiene una oportunidad histórica para atraer inversión industrial, acelerada por los fondos europeos y la descarbonización, pero el riesgo de perderla por una fiscalidad desajustada es muy real.
El diferencial de costes energéticos con nuestros principales socios comerciales no es nuevo. En 2018, los precios industriales españoles ya eran entre un 5% y un 10% superiores a la media de la UE. Lo que ha cambiado es la magnitud: tras la invasión de Ucrania, la brecha se ensanchó hasta límites insoportables, y las medidas provisionales del Gobierno —que fueron correctas en aquel momento— no pueden convertirse en una muleta perpetua. Si el Ejecutivo deja que las rebajas caduquen sin una solución definitiva, el mensaje a los inversores será de inestabilidad.
Creo, sinceramente, que aquí ni siquiera hay un debate ideológico. Se trata de una cuestión de pura aritmética industrial. Alemania ha subvencionado directamente parte del coste energético de sus fábricas; Francia protege a su industria con una fiscalidad nuclear más baja; e Italia acaba de ampliar las bonificaciones a los sectores electrointensivos. España, con un mix de generación cada vez más renovable y barato, no puede permitirse el lujo de que sean los impuestos los que expulsen a las empresas del mercado.
La patronal ha puesto las cartas sobre la mesa. Ahora le toca al Ministerio para la Transición Ecológica mover ficha. La pregunta no es si se debe actuar, sino cuándo y con qué ambición. Y la respuesta, si no llega antes del verano, podría costar más que unos cuantos votos en la próxima campaña electoral.
