La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha señalado que su organización está estudiando si hay «algún elemento adicional» que podría incorporarse en el anteproyecto de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para ajustar este organismo de nueva creación a las especificidades del sector asegurador y antes de que se produzca su tramitación parlamentaria.
En una entrevista, la presidenta de Unespa ha señalado como ejemplo el carácter vinculante de las resoluciones que tome la nueva autoridad, que en la actualidad depende del importe económico que se reclame.
«El seguro en muchos casos tiene reclamaciones sin importe económico que tienen que ver con aclaraciones sobre determinados elementos del contrato. Nosotros consideramos que si no hay importe económico no debería ser vinculante», ha explicado Del Valle, que el pasado mes de mayo fue nombrada presidenta de Unespa en sustitución de Pilar González de Frutos.
«Son cuestiones que tenemos que, de alguna forma, aclarar y clarificar en todo este proceso de diálogo e intentaremos también hacerlo antes de que llegue al trámite parlamentario», ha proseguido antes de indicar que, sin embargo, el texto actual del anteproyecto para aprobar la autoridad es «bastante mejor» que el primer borrador, cuya aprobación parlamentaria decayó el pasado mes de julio por la convocatoria anticipada de elecciones.
En este sentido, señala que el nuevo texto recoge cambios relevantes para el sector, como son el poder recurrir las resoluciones de la autoridad ante la jurisdicción civil o la exclusión de las reclamaciones que requieran de la opinión de un perito del ámbito de actuación del organismo.
La aprobación de esta autoridad es una de las cuestiones que el sector asegurador, junto con la banca, tiene sobre la mesa en su diálogo con el Gobierno. A este respecto, Del Valle ha trasladado que Unespa ha hecho un trabajo «importante» para que se tenga en cuenta la especialidad propia de la actividad aseguradora dentro del ámbito financiero.
«Tenemos productos de ahorro que pueden tener, en algunos casos, características similares con otros productos financieros, pero también fuertes diferencias, porque incorporan coberturas de riesgos biométricos. Y tenemos el elenco de los seguros de no vida basados en prestación de servicios que tienen su propia idiosincrasia. Hemos tenido que poner encima de la mesa propuestas que en muchos casos están directamente llamadas a resolver una situación que solo se plantea en el sector asegurador», ha expuesto Mirenchu del Valle.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyo anteproyecto está actualmente siendo analizado por el Consejo Económico Social (CES), es un organismo que el Gobierno pretende aprobar para centralizar los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Podrán presentar reclamaciones ante la autoridad las personas, físicas o jurídicas, clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o en su caso, hayan sido inscritas con tal carácter en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
REUNIÓN CON ECONOMÍA Y SEGURIDAD SOCIAL
En cuanto a su interlocución con el Gobierno, la presidenta de la patronal de los seguros ha señalado que tras felicitar a Carlos Cuerpo por su nombramiento como nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, ya han solicitado reunirse con él para abordar estas cuestiones específicas del mundo de los seguros, como ya han hecho los presidentes de los principales bancos en España.
«Hemos pedido una reunión, como todos los sectores económicos que dependen del Ministerio, para generar un primer contacto y ofrecerle una interlocución leal con el objeto de mejorar, de alguna forma, los aspectos que se refieren al desarrollo de la actividad aseguradora, ya sea legislación o en el ámbito de la colaboración público-privada», ha expuesto, antes de indicar que el sector de los seguros supuso en 2023 el 5,3% del PIB.
También se ha mostrado dispuesta al diálogo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya titular es Elma Saiz, para abordar el debate de las pensiones, especialmente el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, o segundo pilar, para plantear propuestas que mejoren la situación de aquellos sectores que no cuentan con planes de pensión simplificado.
«Estamos solicitándoles una reunión para poder hacer un estado de situación y que ellos conozcan cuál es el planteamiento de la industria y nosotros podamos conocer cuáles son los planes del Ministerio en esta materia», ha señalado del Valle.
En general, la patronal Unespa ha expresado la intención del sector de abordar la importancia de constituir masas de ahorro «relevantes» tanto en el segundo como en el tercer pilar como complemento de la pensión pública y disponer así de unos recursos «adecuados» en el momento de jubilación. «Este es un tema que incorporaremos en la agenda y en las conversaciones con ambos ministerios», ha apostillado.
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
Sobre cambios que el sector asegurador podría plantear al Gobierno con respecto al Consorcio de Compensación de Seguros y la mayor incidencia de eventos climáticos adversos, Mirenchu del Valle ha puesto en valor la existencia de este organismo, que nace de la colaboración público-privada y que no se encuentra en otros países.
Sin embargo, ha planteado «verificar» si el elenco o listado de eventos climatológicos extraordinarios que tiene la normativa española responde al comportamiento actual del clima.
«Es un ejercicio que estamos desarrollando internamente con nuestras entidades, partiendo de las evidencias que tenemos por la siniestralidad provocada por estos eventos en los últimos años. También estamos generando un diálogo sobre esta materia con el Consorcio, que indemniza actualmente vientos por encima de 120 kilómetros por hora e inundaciones», ha explicado Del Valle.
Otros eventos, como lluvias extraordinarias, vientos por debajo de 120 kilómetros por hora y fenómenos como grandes nevadas, pedrisco o granizo, son cubiertos por las aseguradoras. En 2022, de hecho, el Consorcio cubrió el 30% de indemnizaciones por eventos climatológicos extraordinarios, mientras que el sector privado cubrió el 70%.
«La idea es pensar en el contexto actual y en la previsible evolución futura de cuál debería ser esa relación de riesgos que cubre el Consorcio de Compensación de Seguros a través de los recargos que se aplican a todas las pólizas suscritas por los ciudadanos españoles, por multirriesgo de hogar o multirriesgo industrial o de comercio», ha proseguido.
SISTEMA DE RESOLUCIÓN
Por último, la presidenta de Unespa ha abordado en la entrevista los cambios que se pueden producir en el sistema de resolución de aseguradoras tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de la Unión Europea a mediados de diciembre de 2023.
Del Valle ha explicado que, al contrario que en España, donde ya existe un sistema que «funciona adecuadamente» a través del Consorcio de Compensación de Seguros, otros países europeos no cuentan con uno, por lo que la reforma pretende generar una «base común» en toda la Unión Europea.
«España tiene la ventaja de disponer de un sistema, pero tendremos que ver si hay que incorporar, como consecuencia de la transposición, algún cambio en el sistema de funcionamiento», ha agregado.
