La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha cerrado la puerta a divulgar la cifra de fondos europeos que las familias y empresas han recibido hasta la fecha porque considera que “no es un buen indicador de ejecución” y «puede dar una impresión errónea», a pesar de que distintos organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han pedido conocer el dinero que ha llegado a la calle de forma efectiva.
Así lo afirmó en una entrevista concedida a Servimedia, en la que recordó que las órdenes de pago –la última fase de ejecución presupuestaria– no se materializan hasta que finaliza la inversión comprometida con la administración en el marco de los fondos europeos, lo que puede llevar años.
Hasta la fecha, el Gobierno ha dado cuenta de forma periódica de tres de las cuatro fases de ejecución presupuestaria: las autorizaciones (cuando se aprueba el gasto), los compromisos (cuando se adjudica el contrato) y el reconocimiento de la obligación.
En esta última etapa, la administración ya reconoce la deuda a favor de un tercero, pero con el principio de lo que se conoce como «servicio hecho», es decir, que el pago no se hará efectivo hasta que se produzca la prestación comprometida por el beneficiario en primera instancia. No obstante, aunque en esta fase todavía no se haya transferido ningún euro, Hacienda ya lo contabiliza como gasto presupuestario, por lo que tiene impacto sobre el déficit.
El círculo de la ejecución presupuestaria se cierra con las órdenes de pago o, como lo ha denominado la oposición, «la ejecución real». Sin embargo, hay inversiones que, por su idiosincrasia, requieren de un calendario amplio, por lo que este indicador puede tardar años en mostrar el reflejo de la marcha de los fondos europeos, a pesar de que ya se hayan computado como gasto presupuestario en las cuentas públicas.
«Los pagos no son un buen indicador de ejecución. Cuando uno contrata una obra, el pago no se produce en el momento en que se contrata a la empresa, se genera empleo y la administración pública tiene ya unas obligaciones , sino que se da en un calendario que se hace posteriormente en función de las instalaciones construidas», explicó Montero para Servimedia.
«Por eso, el dato de pago no nos permite monitorizar cómo se está produciendo esa ejecución, porque puede dar una impresión errónea. A uno no se le paga hasta que no termina la obra de su casa. Lo mismo ocurre en la administración pública, sin detrimento de que cuando se contrata la obra es cuando se contratan a las personas, cuando la economía se ve beneficiada de esa inyección de fondos europeos, y cuando uno genera la expectativa de ese pago», añadió.
VELOCIDAD DE CRUCERO
En este contexto, la última cifra actualizada de ejecución de fondos europeos que maneja el Gobierno eleva hasta los 58.028 millones de euros el gasto autorizado en los primeros tres años del Plan de Recuperación, aunque todavía se desconoce la evolución de las obligaciones comprometidas, que cerró 2022 cerca de los 40.000 millones.
Durante el primer trimestre de este año, los fondos autorizados alcanzaron los 10.757 millones –cifra actualizada a mediados de marzo–, casi un 40% de los presupuestado para todo 2023. Para Montero, esto revela que el despliegue del Plan de Recuperación avanza ya «a velocidad de crucero».
También andan a buen ritmo los desembolsos de fondos europeos. España se convirtió la semana pasada en el primer país que recibe el tercer pago por parte de la Comisión Europea y ya ha canalizado 37.036 millones de euros, el 53% de los 69.500 millones que se contemplan en el Plan de Recuperación. Además, ya ha anunciado que pedirá los 84.000 millones que le corresponde en préstamos en la Adenda al plan, que se presentará «pronto» ante Bruselas.
En estos momentos, el Gobierno trabaja en la solicitud del cuarto pago. Preguntada por si pedirán este desembolso antes de verano, Montero reconoció que todavía queda trabajo por hacer pero que «no estará muy alejado de esa fecha”.
