El emergente fenómeno de las criptomonedas ha agravado exponencialmente el reto de la economía digital, tal y como han alertado las autoridades fiscales de Estados Unidos y diferentes países europeos.
Tanto es así que en sus planes estratégicos han priorizado las operaciones con criptoactivos entre sus objetivos para perseguir el fraude fiscal. De hecho, la agencia pública estadounidense FinCEN, encargada de detectar el blanqueo de dinero, ha recibido informes de actividad sospechosa de varias empresas financieras de San Francisco, epicentro del intercambio de criptomonedas del mundo.
Concretamente, recibió, en 2021, 206.527 informes de actividad sospechosa (Sas) procedentes de San Francisco, un 180% más que en 2020 y un 1.290% más con respecto a 2019, según datos de la consultora Dynamic Securities Analytics (DSA).
Esta misma semana, EEUU ha detenido a una pareja de empresarios acusados de blanquear hasta 3.100 millones de euros a través de una plataforma de criptodivisas, la mayor incautación hasta la fecha. Y Rusia, por su parte, ha anunciado su intención de que estos activos financieros sean regulados por el Estado con estrictas obligaciones, entre ellas, la de identificarse adecuadamente.
En Europa, la Comisión Europea en sus planes de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ya señaló la necesidad de un paquete de acciones necesarias -para mitigar los riesgos nuevos emergentes- entre los que se encuentra la ampliación de los requisitos de trazabilidad a los criptoactivos.
Y es que aspectos como la dificultad para identificar a los titulares o que haya plataformas de compra y venta situadas en países con jurisdicciones poco transparentes, complican hacer frente a este reto que, tal y como apunta el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020 – 2023, debe afrontarse por la comunidad internacional de la forma más coordinada posible.
Solamente en España se estima que hay en torno a 9 millones de personas que poseen criptomonedas. Una cifra que nada despreciable para las autoridades fiscales y que pone de manifiesto la importancia de hacer frente al fraude fiscal derivado del uso de criptoactivos, que según el IRS norteamericano, en Estados Unidos supuso una recaudación de 1.200 millones de dólares en 2020
De hecho, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 de la Agencia Tributaria, publicado en el BOE el pasado 31 de enero, pone el foco, entre otros aspectos, en las monedas virtuales, de cara a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias derivadas de las transacciones realizadas, así como el control de su correcta tributación.
En definitiva, el auge de un método de pago basado en la encriptación de sus usuarios, como es el caso de las criptodivisas, está favoreciendo el fraude fiscal y la economía sumergida muy por encima del dinero en efectivo que, en realidad, representa un aspecto marginal en relación a dicho fraude. Es más, las estadísticas en España muestran que el nivel de fraude fiscal se mantiene sostenido desde el 2006 y, por lo tanto, las medidas que limitaban el uso de efectivo a los 2.500 euros, aprobadas en 2012, no habrían demostrado resultados.
