En 2008, la Comunidad de Madrid pidió al ayuntamiento de la capital la recalificación de los terrenos de los Juzgados de Plaza de Castilla. La intención que tenían era levantar en ellos un rascacielos de 30 plantas y 4 sótanos. Fue la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien planteó la posibilidad al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de recalificar los terrenos para así concentrar en una sola parcela de 3.000 m2 una edificabilidad de 43.145 m2 de superficie distribuidos en 34 plantas.
Ese proyecto quedó aparcado debido sobre todo a la crisis financiera de ese año y los siguientes, que hizo que todos los proyectos de construcción quedaran paralizados. Ahora, 14 años después, podría ponerse de nuevo en marcha. En foros de internet se ha lanzado esta idea que podría ver la luz debido al desarrollo de Madrid Nuevo Norte, y la predisposición de la nueva presidencia a hacer este tipo de proyectos.
Igualmente, las torres que coexisten en este espacio son de perfil similar a estas. La torre Caleido, que finalizó sus obras en julio del pasado año y levantado por la promotora Inmobiliaria Espacio y la división Emperador Properties, tiene 181 metros y 35 plantas. Las torres KIO, o Puerta de Europa, que fueron las primeras torres inclinadas del mundo, alcanzan los 115 metros con 24 plantas. Este nuevo edificio no difiere mucho de los que tiene alrededor y además añadiría otro rascacielos al skyline madrileño.
El desarrollo de Madrid Nuevo Norte ha venido a fundamentar esta idea. En aquel momento se retiró la idea por la mala relación entre ambas partes. A la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza no le sentó nada bien que el alcalde aireara sus planes, con los que daba a entender que pretendían dar un «pelotazo urbanístico», algo negado por la Comunidad. Ahora, la buena sintonía imperante entre Ayuso y Almeida podría dar alas a concretar este plan en algo más que simples ideas. La presidenta de la comunidad podría intentar un nuevo traslado, aunque se quedaría sin tiempo en esta legislatura para formalizar esta propuesta.
En aquel entonces, cuando comenzó a hablarse de la posibilidad de construir esta nueva torre el pensamiento del alcalde era dedicarla a un «aprovechamiento lucrativo de uso terciario». Esto es, y según adelantó Gallardón, dedicar esos 30 pisos de la nueva torre a oficinas. El entorno en sí mismo es ideal. Junto a las torres KIO y a poca distancia de las Cuatro Torres Business Area, zona empresarial por excelencia en la capital. Igualmente, en esta zona y al amparo del crecimiento de la capital, se levantarán cerca de 10 nuevas torres. De hecho, la promotora del Grupo Villar Mir, Inmobiliaria Espacio, ya tiene en mente desarrollar una o dos torres en Madrid Nuevo Norte.
En esta zona de la capital se levantarán cerca de 10 nuevas torres
NUEVA CIUDAD DE LA JUSTICIA
Este proyecto podría ser viable debido sobre todo a la decisión tomada por la Comunidad de Madrid de establecer en el desarrollo de Valdebebas la nueva Ciudad de la Justicia. Los Juzgados de Plaza Castilla se trasladarían a esta zona, así como la Audiencia Provincial, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía de Madrid. En total serían hasta 28 edificios judiciales que albergarán hasta 356 órganos judiciales cambiarán de sitio para concentrarse en Valdebebas en un plazo de 3 años.
Dispondrá de 18 edificios de entre 3 y 10 plantas, un aparcamiento con 4.000 plazas y diversas dotaciones para sus 31.000 usuarios diarios, desde restaurantes y sucursales bancarias hasta guarderías, escuelas y gimnasios. La infraestructura de edificios eficientes como los planificados inicialmente tendrá una superficie que superará los 375.000 metros cuadrados.
La fórmula elegida por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para su construcción ha sido la de la concesión. La empresa que gane el concurso público para la ejecución de las obras tendrá que aportar una inversión inicial de 507 millones de euros y encargarse de la conservación y el mantenimiento de las instalaciones durante un plazo máximo de 40 años.
A cambio, la adjudicataria recibirá un canon por parte del ejecutivo autonómico de unos 50 millones de euros anuales, una cuantía inferior al gasto de 72 millones de las arcas regionales que se destinan cada año para sufragar los costes de las actuales sedes judiciales.
