La Comisión Europea ha aprobado este jueves 3.000 millones de euros en ayudas destinadas al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado, que será financiado por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF).
Las ayudas, según un comunicado del Ejecutivo comunitario, servirán para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), así como las medidas de protección del medio ambiente y de eficiencia energética de las empresas de la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados.
De la misma forma, acelerarán la transición hacia una movilidad más sostenible y conectada, «sin distorsionar indebidamente la competencia». El Perte del vehículo eléctrico y conectado, que se espera que su convocatoria sea publicada antes de fin de año, tiene una inversión prevista total de 24.000 millones para el periodo 2021-2023.
Así, contará con una contribución pública de 4.300 millones y el Gobierno prevé movilizar inversiones privadas por importe de 19.700 millones, con el objetivo crear el ecosistema necesario para la fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el ‘hub’ de Europa de electromovilidad.
Las ayudas, que se concederán mediante un proceso de selección competitivo y en forma de subvenciones directas y de préstamos preferentes en condiciones favorables, están abiertas a consorcios de empresas, establecidas tanto dentro como fuera de España. Cada consorcio incluirá empresas activas en distintos sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40% de los socios deberán ser pequeñas y medianas empresas (pymes).
«Este plan español de 3.000 millones de euros contribuirá a hacer posible una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo», comentó la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
Por último, España se ha comprometido a realizar una evaluación a posteriori para valorar cómo se han utilizado estas ayudas.
