Las firmas arrendatarias de la superficie comercial gestionada por Aena no están dispuestas a aceptar la rebaja unitaleral del 50% del pago de la renta mínima garantizada de los operadores, que plantea el gestor aeroportuario. En una carta suscrita por más de un centenar de espacios arrendados denuncian condiciones abusivas y precios excesivos y piden la mediación del Gobierno.
La nueva y controvertida decisión de Aena representa unas condiciones sustancialmente peores que las alcanzadas en las conversaciones y preacuerdos que Aena había venido negociando antes de la aparición del RD 35/2020, al que se ha acogido para aplicar una reducción sin consensuarla con los afectados. De esta forma, la empresa se ha apoyado en una medida que ha aprobado de forma oportuna y conveniente el Gobierno para conseguir adaptarse a estos tiempos de crisis. Pero quienes están afectados por la norma aseguran que traerá despidos.
Precisamente por eso, según Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher Jausas y asesor de la Plataforma de Afectados de Centros Comerciales (PAC) “dada la ausencia de avances durante los nueve meses que dura la pandemia, la carta se dirige también a los ministros: Jose Luis Ábalos titular del Ministerio de Transportes y propietario del 51% de Aena; a Maria Reyes Maroto, ministra de Comercio y turismo, y Yolanda Díaz, responsable de la cartera de Trabajo.
Las firmas comerciales apelan a los mencionados miembros del Ejecutivo «para solicitarles que medien en el conflicto de forma que no se pongan en riesgo los más de 12.000 empleos de las empresas afectadas” y añaden “Aena tiene una posición de dominio reconocida por la propia CNMC, por lo que, si la negociación fracasa, los arrendatarios no tendrán más remedio que pedir el amparo de la propia CNMC o los tribunales”.
Por eso, en caso de que el gestor aeroportuario decida ejecutar sus decisiones, sin consenso con sus inquilinos, muchas de las empresas y cadenas de tiendas de retail y restauración, no podrán hacer frente al pago del alquiler pendiente y se verán obligadas a tomar decisiones que podrían implicar el despido de miles de trabajadores e incluso el cierre definitivo de los negocios arrendados en toda la red aeroportuaria.
Aena remitió una carta a todos sus arrendatarios el pasado 18 de enero dando un plazo de 5 días hábiles -hasta el 25 de enero- para aceptar el referido descuento en el alquiler, o, de lo contrario la empresa pública pasaría al cobro el 100% de la Renta Mínima Garantizada, dando lugar a causa de disolución y posible concurso de acreedores de muchos de ellos.
Un grupo de arrendatarios organizados en torno a la Asociación de Operadores Comerciales de Aeropuertos daban la réplica con otra misiva destinada al gestor aeroportuario poniendo de manifiesto que la disminución del tráfico en los aeropuertos ha producido una caída de las ventas en muchos casos del 90%, por lo que tratándose de alquileres mucho más altos que los de los centros comerciales, la propuesta de Aena es inasumible.
En este sentido, en la carta se menciona que el alquiler de Aena consiste en una Renta Variable (que puede alcanzar el 30% sobre las ventas en retail y hasta el 40% sobre las ventas en restauración), con un mínimo anual llamado Renta Mínima Garantizada Anual o “RMGA”.
Este mínimo anual parte de la previsión de ventas del arrendatario en una situación ordinaria y le aplica el 80%, lo que garantiza a Aena un alquiler mínimo ante errores de estimación de ventas del arrendatario, pero no está pensado para situaciones como la actual pandemia.
Por tanto, la propuesta de Aena de cobrar el 50% de este alquiler mínimo (que puede llegar a 3M€/año para restaurantes y 1,5M€/año para tiendas de conveniencia) resulta totalmente desproporcionada en el actual entorno de caídas de tráfico y ventas de hasta el 90%.
Los afectados de Aena manifiestan en su misiva que “este descalabro de ventas sin precedentes que venimos sufriendo, y sufriremos en años venideros, nos ocasiona perjuicios muy superiores a los que sufren los arrendatarios de centros comerciales o de calle«. Tan es así que «muchos locales se han visto obligados a cerrar, aun cuando la terminal estuviera abierta, porque las ventas alcanzadas no permitían pagar siquiera el salario de los trabajadores”, tal y como recoge el texto.
En esta carta, los arrendatarios denuncian la imposición de “unas condiciones abusivas que son contrarias a la normativa de Defensa de la Competencia” porque el gestor tiene posición de dominio e “impone condiciones comerciales o de servicio no equitativos y precios excesivos”.
Por este motivo, los afectados por el alquiler de espacios comerciales en los aeropuertos españoles solicitan que amplíe el plazo para negociar las condiciones dos meses más y que se avenga a negociar una renta equitativa. También piden que mientras se negocia la empresa no emita la factura de renta mínima garantizada que pondría en una situación de concurso a muchas compañías.
Por último, reclaman que cualquier acuerdo que alcancen no esté limitado al 8/9/21 ya que la propia Aena en sus cuentas anuales “reconoce que (los efectos de la pandemia) van a seguir más allá del 8/9/2021, e incluso, no se espera una recuperación hasta el periodo 2024-2027”.
Aena tiene cerca de 800 contratos en vigor con diferentes marcas de moda o complementos, restauración, empresas de Duty Free y otros operadores. Las cadenas de restauración y retail pagan la renta mínima garantizada y una variable según las ventas.
