El Tribunal de Cuentas ha reclamado a las entidades de la Seguridad Social adscritas a esta Secretaría de Estado una mayor precisión a la hora de justificar sus contratos y detallar en todos ellos una memoria económica que justifique el presupuesto de este expediente o se justifique su estimación.
Y es que este organismo ha detectado varias incidencias relativas a estos hechos en su ‘Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018’, recogido por Europa Press.
El informe fiscaliza un total de 102 contratos de los 799 que las entidades gestoras y la Intervención General de la Seguridad Social celebraron durante 2018, por un importe total de 57,5 millones de euros (el 64% del importe de todos los contratos formalizados).
En su análisis de los contratos, el Tribunal percibe falta de justificación de los mismos: en diez expedientes no se precisa de forma suficiente la necesidad de contratar, en otros 18 expedientes falta una memoria previa, y en 22 expedientes el Tribunal echa en falta una mayor justificación de por qué no se dividieron en lotes.
Además, en 16 expedientes adjudicados por procedimiento abierto no cree debidamente justificado la elección de criterios de adjudicación, mientras que en tres contratos se valoró indebidamente, a juicio del Tribunal, el precio como único criterio.
En el examen de la adjudicación, el Tribunal detecta deficiencias en 27 expedientes por la utilización de fórmulas valoración del criterio precio que no resultaron acordes con los principios de economía y eficiencia y dos expedientes con criterios de adjudicación que no guardan relación directa con el objeto del contrato.
Por otro lado, el órgano fiscalizador también recomienda a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina revisar fórmulas utilizadas para la valoración del criterio precio que puedan minimizar la ponderación de otros, apostando por fórmulas de valoración que atienden principalmente al del precio de licitación.
También pide que, como regla general, se establezcan penalidades específicas reservadas para casos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas, estableciendo controles precisos para llevar a cabo el seguimiento de su cumplimiento.
