El Gobierno ha calculado un coste provisional de ceros euros por el rescate de la autopista radial R-4, una de las nueve autopistas que quebró durante la crisis y que actualmente gestiona el Estado, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lo ha indicado así este lunes tras anunciar el trámite de audiencia de la liquidación provisional de la Responsabilidad Patrimonial Reconocida (RPA) en la autopista R-4, que supone la cuarta concesión para la que se inicia dicho trámite, después de que el Consejo de Ministros lo aprobase el 26 de abril de 2019, una vez cumplida la tramitación establecida en la legislación sobre contratos públicos.
El Ministerio ha explicado que dado que al importe de la RPA no hay que aportar ninguna cuantía y el importe de la primera resolución de determinación de la RPA de la R-4 es negativo (-201,94 millones de euros), «los tenedores del derecho de cobro no perciben ninguna cantidad, pues la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones supera con crecer las RPA reconocida».
En concreto, la cartera dirigida por José Luis Ábalos ha calculado que esta RPA es el resultado de la suma de la RPA por obras de 454,27 millones y la RPA por expropiaciones de otros 72,82 millones, a lo que hay que descontar 115,7 millones del valor de las inversiones necesarias para obtener en la fecha de la valoración, la «perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad», así como otros 237,31 millones que han de ser descontados por minorar las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración.
Además, sobre el importe de la RPA reconocida, y según el acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, se han de retener provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes (estimación de los importes por expropiaciones pendientes de pago, de las que pueda tener que hacerse cargo la Administración, incluyendo las indemnizaciones previsibles por la reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesión de aprovechamientos urbanísticos), que ascienden en este momento a 375,14 millones de euros.
Una vez concluido el trámite de audiencia, que tendrá una duración de 15 días, se analizarán las alegaciones recibidas en el mismo, y a partir de dicho análisis, se procederá a dictar la primera resolución de determinación de la RPA. Siguiendo lo indicado en el citado acuerdo de interpretación, se ha calculado que la RPA asciende a 174 millones de euros.
Sin embargo, el acuerdo de interpretación aprobado establece que un año después de que se dicte la primera solución de determinación de la RPA de la R-4 se procederá a determinar una nueva resolución, en este caso definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este periodo, como es el pago de expropiaciones.
En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros ese mes y que quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).
