El Gobierno de la Comunidad de Madrid apuesta por la «profesionalización» del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas de movilidad como Uber y Cabify.
Así lo trasladó el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad, Ángel Garrido, en la reunión que mantuvo este viernes con las principales asociaciones de VTCs.
El objetivo del Ejecutivo regional es evitar el intrusismo y la competencia desleal y mejorar la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos, según detalló al término del encuentro Garrido, quien también subrayó la importancia de que se respete la normativa.
La Comunidad de Madrid mantiene así su postura de no articular medidas restrictivas de este servicio como las que han aprobado otros gobiernos regionales, como son los de Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco.
Al cierre de 2019, Madrid contaba con un total de 8.312 licencias de VTC, lo que suponía un crecimiento del 26,7%, esto es, 1.753 coches más, respecto al ejercicio anterior.
Este volumen arroja un ratio de uno de estos coches por alrededor de dos taxis, frente a la proporción de uno a treinta que establece la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) para conceder licencias.
Garrido calificó de «muy provechosa» la reunión con el sector, en la que han participado representantes de la Asociación empresarial de alquiler de vehículos con y sin conductor (Aseval), Unauto VTC- Madrid, así como de las plataformas Uber y Cabify.
«Tengo la impresión de que ellos son los primeros interesados en que el sector funcione bien y que sea profesionalizado, y que se dé el mejor servicio al usuario», ha señalado.
Por su parte, las asociaciones le han solicitado «seguridad jurídica», tal y como ha dicho el propio Garrido. El decreto Ábalos no deja de ser un decreto transitorio, provisional, y, por tanto, ellos quieren seguridad jurídica, cosa en lo que coincidimos», ha señalado en relación a la última normativa aprobada por el Gobierno central.
NORMATIVA ESTATAL
El consejero ha recordado que la Comunidad de Madrid considera que debe ser el Gobierno central quien tiene que establecer la normativa, a nivel estatal, sobre la actividad de las VTC, pero ha manifestado que cree que no lo va a hacer.
En este sentido, ha señalado que el decreto Ábalos consistía en «quitarles el problema de la mesa y plantárselo a las autonomía», y ha afirmado que «esa es la línea habitual del Gobierno central», en la que no cree que haya «ningún cambio».
«Nosotros vamos a regular en un tiempo prudencial, una vez que estemos seguros de que el nuevo Gobierno de la Nación no va a regular el sector», ha avanzado.
COEXISTENCIA DE LOS DOS SECTORES
Garrido ha reiterado que para el Gobierno regional «es bueno que coexistan los dos sectores, el del taxi, que es un sector anterior y muy querido en Madrid, pero también el de las VTC, que ha llegado después y que también es muy demandado por los madrileños, y buscar la mejor posibilidad de armonía entre los dos sectores que son imprescindibles hoy por hoy en la Comunidad de Madrid».
En este sentido, desde la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras se están analizando las necesidades del sector y la convivencia de las VTC con los demás modos de transporte, y el consejero se ha mostrado dispuesto a modificar también el decreto que regula el sector del taxi.
INSPECCIONES A LAS VTC
En la reunión, Garrido ha presentado a las asociaciones y operadores de servicios de VTC los datos de las inspecciones realizadas al sector el pasado año, cuando la Comunidad de Madrid realizó más de 12.300 inspecciones a vehículos de alquiler con conductor, un 12,8 por ciento más que en 2018.
A lo largo de este año, la Dirección General de Transportes y Movilidad va a realizar seis campañas específicas de inspección de VTC, de las cuales tres estarán dirigidas a controlar de forma especial la captación irregular de clientes. En 2019 esta infracción fue la segunda más habitual, después de la correspondiente a no rellenar correctamente la hoja de ruta de cada servicio.
En la primera de estas campañas específicas, que se ha realizado el pasado mes de enero, hubo casi medio millar de vehículos denunciados, del total de 1.430 inspeccionados. De ellos, el 51 por ciento (252 vehículos) fue sancionado por no haber cumplimentado adecuadamente la hoja de ruta y un tercio (160 vehículos), por captación irregular de clientes.
«Las campañas de vigilancia y control son fundamentales para asegurar que los distintos operadores cumplen con la normativa del sector y desarrollan su actividad con todas las garantías para los usuarios», ha insistido Garrido. Desde las asociaciones le han trasladado que los problemas con las hojas de ruta son «producto de que no se haya clarificado la normativa al respecto».
Por otro lado, el consejero ha apostado por vehículos VTC no contaminantes, y ha señalado que la mitad de las licencias se dan en Madrid, en torno a 8.000.
Cuando se cumple un año de la huelga del sector del taxi, el consejero se ha manifestado convencido de que «está mejor», gracias al decreto que «ha ayudado» y que «ha liberalizado» al sector.
A este respecto, ha asegurado que están «abiertos a liberalizar y flexibilizar aún más al sector del taxi», y ha dicho que les han planteado propuestas a las asociaciones.
«Si hay que modificar el decreto del taxi, lo modificamos, lo ampliamos, lo mejoramos con las propuestas que nos traigan», ha agregado.
«Están mejor que hace tiempo y creo que además pueden estar mejor», ha manifestado, al tiempo que ha abogado por la «competencia en un marco regulatorio justo».
