El futuro ha llegado antes de lo previsto. El carbón en España ha pasado a mejor vida, incluso antes de los esperado, pasando de una importancia relativa en el mix a un par de reductos que garanticen la sostenibilidad del sistema. Ello, supone una gran noticia para el medioambiente, aunque no lo es tanto para el tejido laboral español. Un efecto que se acentuará en las zonas mineras de la península. De hecho, las previsiones del sector de las energías renovables en materia de empleo de cara a la próxima década, no cubrirá ni la mitad de los puestos que ha ido perdiendo el carbón desde sus momentos álgidos.
En los próximos años, se espera que las inversiones en energías renovables se disparen por encima de los 236.124 millones de euros hasta 2030, según los datos ofrecidos por el estudio ‘Los efectos socioeconómicos de la energía eólica en el contexto de la transición energética’, elaborado por KPMG por encargo de Siemens Gamesa. Pese al importante volumen de dinero que acaparará el sector, se trata de un 25% del PIB de España, la generación de empleo no será tan boyante. De hecho, dicho estudio señala que el desarrollo de la energía eólica para dicho año, que llevaría su peso hasta el 34% del mix, fomentaría 30.000 empleos. La cifra es cerca de la mitad, de los más de 50.000 personas que en 1985 trabajaban en el sector del carbón en España.
Aunque las cifras son preocupantes por sí mismas, lo son más cuando se pone la lupa sobre ellas. El informe elaborado por la consultora habla de «empleos directos e indirectos», por lo que entonces la diferencia es más abultada. De hecho, hace algunas décadas Hunosa, una de las grandes empresas (pública) del carbón español, mantenía en nómina ella sola más trabajadores que todos los que ahora emplea de forma directa el sector eólico. A la que se añadían otras 15 grandes firmas, de las que apenas ya quedan menos de un puñado, que acumulaban más trabajadores de los que ahora emplea en el país un gigante como Inditex. Todo ello hacía a que entre 250.000 y 300.000 personas se beneficiasen de dicho sector económico, muy lejos de los 150.000 empleos que “fomentarían las energías renovables (directos e indirectos)” en el 2030, según el citado informe.
Pese a la importancia de las cifras en número de empleos tanto directos como indirectos, la realidad es que solo se mantenían a flote por la benevolencia política. Se podrían traducir lo anterior por un a costa de todos los españoles. Pero claro, aquello que solo se mantiene por motivos políticos corre el riesgo desaparecer cuando a los votantes les deja de parecer bien. Una situación que se ha dado en España a lo largo de los últimos años, ya que no se puede entender la muerte del carbón (cuidado, tampoco que se haya alargado de manera artificial) sin una vinculación claramente política.
La defunción (política) del sector carbonífero ha sido un proceso tan largo como costoso para todos los involucrados. El primer paso, se dio en 2014 cuando el Gobierno que por aquel entonces presidía Mariano Rajoy decidió eliminar las ayudas a la producción de carbón nacional de manera gradual. En aquel momento, se asesto el golpe a las minas y el empleo español, aunque no a las centrales que funcionaban con dicha materia. El siguiente ataque fue directo a la generación ‘sucia’ de electricidad: en junio de 2018, se eliminó el pago por capacidad específica para las térmicas. Un par de meses después, también corto los pagos que recibían del denominado céntimo verde, una posición que llevó a muchos productores a presentar el cierre de plantas. De hecho, desde Bloomberg explicaban que la medida iba «claramente dirigida a hacer que las plantas de carbón fueran menos competitivas en el mercado, ya que aumentaba su coste en 5 euros por MWh».
NO SE CUMPLIRÁN CON LOS PLAZOS PARA EL AÑO QUE VIENE
El 2020 es la primera gran meta volante que se había impuesto Europa de cara a la transición energética. Un objetivo al que llegará Europa, pero no España. En 2016 y 2017 el Gobierno del PP lanzó distintas subastas, que permitían instalar una capacidad muy importante de MW, con la idea de llegar al año que viene con una participación de las renovables del 20% (Objetivo 20/20). La aspiración sin embargo ha chocado con dos muros importantes: por un lado, el cuello de botella actual en la tramitación de los puntos de conexión para llevar a cabo los proyectos por el volumen de los mismos. Por otro, el tiempo excesivo necesario para poner en marcha los parques, en especial aquellos que se refieren al proceso legal.
Aun así, el sector se siente confiado de poder alcanzar los (ambiciosos) objetivos marcados en la Agenda 20/30. «El despliegue de las energías renovables tiene un papel crucial en la consecución del escenario sostenible», apuntan en el informe elaborado por KPMG. Para ello, las voces de dicha área económica piden una mayor visibilidad (la palabra más repetida en el evento organizado por la consultora) y seguridad jurídica. Dicha claridad en los objetivos es crucial, porque debe ser la base en las que se sustente las fuertes inversiones futuras. De hecho, de los 236.000 millones que se necesitan un 80% vendrían del ámbito privado. Aunque para ello, se necesita Gobierno alertan los expertos.
