Ciudadanos ha presionado al Gobierno para que explique en el Congreso las medidas que tiene previstas aplicar para combatir los efectos que supondrían en la economía española la salida de Reino Unido (Brexit), sin es que finalmente aboga por salir de la Unión Europea sin alcanzar un acuerdo con Bruselas.
De esta forma, la formación naranja ha registrado una batería de preguntas en las que expone su preocupación por los efectos en la economía de un ‘Brexit’ duro y la ausencia de medidas en el decreto ley aprobado por el Gobierno en marzo dirigidas a las especificidades de España en estos sectores.
Desde Ciudadanos también quieren saber si el Gobierno en funciones tiene previsto aprobar medidas de apoyo financiero a estos sectores económicos y si ha iniciado gestiones para buscar para los mismos mercados alternativos.
AUTOMOCIÓN Y AGROALIMENTARIO, SECTORES MÁS AFECTADOS
Es el caso del sector de la automoción, el más afectado ante la posibilidad de un ‘Brexit’ duro, señala Cs remitiéndose a un estudio que cifra en unos 886 millones el impacto que tendía esta salida abrupta, principalmente por un arancel del 10% sobre los vehículos, del 4,5% sobre piezas y accesorios y por retrasos en la entrada de mercancías.
El sector agroalimentario, apuntan, sufriría un impacto de 584 millones, habida cuenta que el Reino Unido concentra el 25% de sus exportaciones, por lo que la formación naranja propone alternativas para los productos de primera calidad y líneas de financiación adicionales.
Respecto a la pesca, Cs alerta de los posibles conflictos, por la imposibilidad de faenar en caladeros británicos tanto de las 80 embarcaciones con bandera española que hoy sí lo hacen, otras cien con bandera extranjera pero con capital español, y otras 21 de capital español y británico.
EL CASO DE IAG
Asimismo, Cs pregunta por las acciones que el Gobierno contempla para minimizar el riesgo de aislamiento de los archipiélagos canario y balear por los efectos que un ‘Brexit’ duro tendría en IAG, tras haber rechazado la Comisión las alegaciones de la aerolínea, que no cuenta con un mínimo del 51% capital comunitario como para poder operar vuelos intracomunitarios.
Pese a haber concedido una prórroga, en esta formación alertan de que «de no encontrar una forma de cumplir con la normativa se crearían graves interrupciones» en esas conexiones, por lo que exigen medidas para garantizar las conexiones permanentes, así como para evitar la previsible caída de llegada de turistas británicos y de otros países.
Por último, también plantean la necesidad de adoptar medidas para evitar el impacto negativo en el Campo de Gibraltar, asegurar la libertad de movimiento de sus trabajadores, evitar que el Peñón siga siendo un agujero negro en términos de fiscalidad y lucha contra el tráfico», y que sus autoridades «sigan violando la legalidad internacional y europea, así como la soberanía española sobre sus aguas territoriales.
