Lo afirmó el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en la presentación de los resultados del primer semestre del banco. “Al final han sido concretamente 2.023 las afectadas por este acuerdo laboral voluntario que van a salir en su práctica totalidad el 31 de julio, por tanto, dentro de unos pocos días”, explicó.
Un mes después, estas 2.023 personas son pasado en CaixaBank. La entidad ha cumplido con precisión el plazo previsto y la plantilla se ha visto reducida en más de un 5% (5,39% para ser exactos). De esta manera, el banco con sede en Valencia ha pasado a tener algo menos de 35.500 empleados.
CaixaBank pasó de contar con una plantilla de 32.408 empleados en diciembre de 2016 a 37.638 en marzo de 2017, según los informes financieros de la entidad. Este aumento representa la incorporación de los empleados de BPI tras la integración de la entidad lusa en la española. No obstante, en el folleto de la opa presentada en enero de 2017 el banco presidido por Jordi Gual ya preveía ajustar 900 empleos tres años y cerrar 52 oficinas del banco luso ese mismo año.
CAIXABANK Y EL AJUSTE QUE ACABÓ “BIEN”
El banco presentó su Plan Estratégico 2019-2021 en Londres el pasado 27 de noviembre de 2018. Entre los grandes números y objetivos, reducir su red de sucursales. En concreto, cerrar “más de 800”. La idea de la dirección del banco es la consolidación del modelo de oficina urbana Store (con un mínimo de 600 sucursales en 2021 que luego amplió) y la apuesta por mantener el modelo de AgroBank en el ámbito rural (más de 1.000 oficinas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes).
El crecimiento de las oficinas Store conlleva el cierre otras más pequeñas o cercanas y el consiguiente exceso de capital humano en la red comercial. En enero, la entidad comunicó a los sindicatos que preveía reducir su plantilla en toda España en 2.157 personas. En ese momento comenzó una negociación entre representantes de los trabajadores y la dirección del banco. Hubo hasta conatos de movilizaciones, pero finalmente alcanzaron un acuerdo en mayo, tal y como había anticipado Gonzalo Gortázar en la presentación de los resultados del primer trimestre. Al final el número de salidas quedó fijado en 2.023 personas.
El plazo de adhesión al ERE comenzó a finales del mes de mayo y finalizó a mediados de junio. Los voluntarios superaron las estimaciones de la dirección. Casi 3.000 empleados solicitaron formar parte del plan de ajuste. Sin embargo, solo 1.900 de ellos cumplían estrictamente con los criterios provinciales fijados por la entidad. Oficialmente no había números.
CaixaBank estimó en un primer momento que un 60% de las personas que se sumaran al programa saldrían de la entidad en la segunda mitad de 2019. El resto, en el segundo semestre de 2020. Los plazos fueron reduciéndose hasta que a finales de julio Gonzalo Gortázar anunció que las salidas se harían en su “práctica totalidad” el 31 de ese mes.
“Hemos llegado a un acuerdo, después de lógicamente las negociaciones, que siempre tienen su dificultad”, explicó el consejero delegado de CaixaBank. “Lo importante es que acaben bien, han acabado bien”, ahondó. El acuerdo permitirá a la entidad “ser más eficientes”. Al mismo tiempo, insistió Gortázar, “por ser un acuerdo voluntario nos permite mantener ese compromiso que tenemos con nuestra plantilla, con nuestros empleados y empleadas de tener una relación de largo plazo y de tratar, como es lógico, bien a las personas”.
Dicho y hecho. El plan de ajuste ha supuesto un gasto de 978 millones (685 millones netos) que han quedado registrados en los resultados del primer semestre. Los empleados no están en las oficinas ni en el balance de CaixaBank. La vida sigue.
