Empecemos por la conclusión: España es un gran país. Así evitamos que esto parezca un ataque furibundo al españolismo de algunos. Se vive bien, se come de maravilla, el clima permite ser feliz, hay bastante gente maja… a trazo grueso, la península ibérica y sus islas son un lugar que merece la pena. Aunque en esta bonita historia hay un “pero”. Tiene que ver con el marco legislativo y regulatorio que vigila los sectores empresariales. Cambiante, inestable y atropellado. Una maravilla para atraer capital, sin duda.
De esta situación no se puede responsabilizar al PSOE y el actual Gobierno, aunque esté acelerando este viaje hacia la inseguridad económica. La responsabilidad es compartida, difundida y parodiada por la clase política en general. Entre todos, y con la suma agentes legales y reguladores (además de corporaciones locales y regionales), han convertido a España en el país perfecto para no invertir más de lo necesario.
Basta cualquier día para darse cuenta de la situación. Incluso teniendo encendida las alarmas antilloros de las empresas, que siempre reclaman lo suyo, en general tienen razón.
Uno de los últimos casos lo hemos vivido la semana pasada. El Ejectuvo aprobó la denominada “Tasa Google”, que grava con un impuesto del 3% ciertos servicios relacionados con la economía digital, pero sin aclarar del todo sobre quién recae esta carga. Es decir, las características estaban claras en cuanto a la facturación y demás, pero se olvidaron de precisar si esto recae, también, sobre las compañías de teléfono que operan en España y que comparten algunas de esas actividades.
No estaría mal que pasaran por el aro si no fuera porque ya cargan con bastantes impuestos y tasas a sus espaldas. La cuestión es que en el momento de la aprobación nadie les había aclarado la situación, según reconocen algunas empresas del sector. Además, en rueda de prensa posterior al consejo de ministras, la responsable de Hacienda fue preguntada por las telecos en concreto y no quiso responder. ¡Viva la trasparencia y la concreción!
El problema, en este caso anecdótico pese a que puede ser otro palo a sus cuentas, es que incide de manera directa en los planes de inversión que deben hacer estas compañías para desplegar nueva tecnología y redes de fibra. Si no saben cuando les va a llover un “impuestazo” del cielo, todo se complica.
ESPAÑA, ¿UN PAÍS INSEGURO?
Un par de empresas puede ser oportunismo. Algunos sectores, casualidad. Pero cuando el conjunto empresarial español se queja de la inseguridad jurídica y una regulación improvisada… es que algo falla.
También la semana pasada en Madrid hubo quejas al unísono en el sector de las energías renovables. Durante su congreso anual, diferentes empresas y organismos clamaban por un marco jurídico estable, sobre todo cuando en Bruselas exigen a España unos mínimos para cumplir con los acuerdos climáticos.
Por eso, para que la inversión sea efectiva, se necesita seguridad. Seguridad de que no habrá leyes retroactivas como el caso de las primas a renovables, impuestos como al autoconsumo que paralicen la dinámica inversora durante años… y así, un largo etcétera de malas decisiones que perjudican al tejido empresarial.
Y los ejemplos se extienden a otros muchos sectores. Sobre ruedas, ahora mismo está la “guerra del taxi” a la espera de un real decreto que se ha lanzado a las Comunidades Autónomas para que organicen, cada una como quiera, el transporte urbano en sus ciudades. Así, compañías como Uber o Cabify no sabrán a qué atenerse, puesto que puede haber dobles regulaciones dependiendo de la ciudad.
También, relacionado con el motor, el Gobierno lleva enredando con el diésel desde hace meses. Y, como añadido, también será cada ciudad la que determine protocolos anticontaminación que permitan que se puedan usar unos vehículos y no otros. Eso, lógicamente, impacta sobre las opciones de compra de la ciudadanía y, por lo tanto, afecta a las empresas que pueden ver a España como un país hostil con determinadas tipos de coches en base a su tecnología de motor.
Por si fuera poco, el sector financiero no se queda fuera con su impuesto a la banca, que, ahora se pone, ahora se quita, ahora se suma… incluyendo, en este sector, el despropósito (en este caso judicial) también vivido la semana pasada con respecto al impuesto hipotecario. Millones de euros que volaron y volvieron en Bolsa en un solo día con un acto irresponsable por parte del Tribunal Supremo. Del mismo modo, en el contexto bursátil, DIA ha protagonizado una pérdida de casi la mitad de su valor en su solo día mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está a verlas venir.
Y ahora volvemos a la conclusión: España es un país maravilloso, pero cada vez lo es menos para invertir a nivel empresarial.
