Un macrocontrato de 345,5 millones de euros, cuatro empresas de seguridad –Ilunion, Segurisa, Trablisa e ICTS– denunciadas por no cumplir con sus trabajadores y una huelga convocada del 24 de agosto al 3 de septiembre en Barajas que amenaza con extenderse a otros aeropuertos como el de Santander-Seve Ballesteros o El Prat. Así es como se presenta el panorama en algunos aeródromos españoles en los que Aena y el Ministerio de Fomento están llamados a mediar antes de que otro caos perjudique a cientos de pasajeros.
La historia se repite. La sombra de los contratos low cost en seguridad privada vuelve de nuevo a protagonizar paros en los aeropuertos. El año pasado los vigilantes contratados por Eulen en El Prat provocaron el colapso en el aeródromo al denunciar las condiciones precarias a las que la compañía les sometió.
Ahora le toca el turno a Ilunion, que cuenta con entre 900 y 1.000 empleados en Barajas. La reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) entre Alternativa Sindical y la empresa el pasado viernes terminó sin acuerdo. El colectivo sindical –que representa al 20% de los trabajadores– mantiene la huelga en los filtros de control en Barajas y amenaza con extenderse a El Prat, donde Trablisa, Segurisa e Ilunion se reparten los distintos servicios de seguridad.
Detrás de esta nueva huelga se esconde los problemas de los contratos a la baja de Aena. En diciembre, el gestor aeroportuario lanzó el concurso para el servicio de seguridad privada en los aeropuertos españoles por importe de 370,3 millones de euros. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO detectó ciertas irregularidades en los pliegos, por lo que se interpuso un recurso. Y Aena se vio obligada suspender el plazo de presentación de ofertas, que estaba previsto para el 2 de febrero.
NUEVO MACROCONTRATO
Una vez resueltos los escollos, finalmente fue en abril cuando se adjudicaron estos servicios por un importe total de 345.539.277,88 millones de euros por un periodo de dos años con posibilidad de prórroga durante dos más. Este importe se lo reparten entre Ilunion, Segurisa, Trablisa, ICTS y Eulen. Una cifra incluso por debajo de la inicial y que chocaba de lleno con la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el 9 de marzo. Esta ley, entre otras cosas, se centra en la calidad por delante de la oferta más ventajosa económicamente en los concursos públicos. Lo que pretende es evitar los contratos de bajas temerarias, es decir, contratos que están por debajo del precio inicial de licitación.
“Ilunion llegó a realizar una oferta más económica que la de Aena en los pliegos de licitación”, denuncia Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical. Un ahorro para el gestor que se traduce en peores condiciones laborales para los empleados de las empresas adjudicatarias.
El macrocontrato se seguridad tenía en cuenta los nuevos pluses para vigilantes de aeropuertos vinculados al desarrollo de determinadas actividades. Sin embargo, el sindicato denuncia que Ilunion no está cumpliendo con los pluses como los de radioscopia, rotación o productividad acordados con la patronal y Fomento en una mesa de trabajo en septiembre del año pasado, y que se respete lo acordado con la anterior empresa.
CONTRATOS DE 109 MILLONES PARA ILUNION
De los 345,5 millones del contrato, Ilunion acapara 109,1 millones de euros con tres contratos: inspección de pasajeros en Barajas, control de equipajes en El Prat y los servicios de seguridad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
El portavoz asegura que el resto de empresas actúan igual que Ilunion. Dentro del contrato, Trablisa se llevó 104,8 millones de euros por sus servicios en cinco aeropuertos; Segurisa consiguió contratos en cuatro aeropuertos por importe de 48,5 millones de euros; e ICTS en dos aeropuertos por 34,1 millones de euros.
Por su parte, Eulen se desmarca de los problemas que tiene Ilunion y asegura que está pagando los pluses. La empresa ganó dos contratos que ascienden a 48,7 millones de euros. Un laudo arbitral el pasado año obligó a la compañía a pagar un incremento de 200 euros a sus trabajadores para desconvocar los paros.
UN CONFLICTO QUE SE PUEDE EXTENDER
“No creo que ocurra lo mismo que con el aeropuerto de El Prat el año pasado. Fomento no lo permitirá”, aseguran desde Alternativa Sindical. Además, en principio el sindicato convocante es Barajas en minoritario.
No obstante, la huelga parece que puede extenderse de Madrid a Barcelona y Santander. En este último aeródromo esta semana los trabajadores decidirán en asamblea si respaldan o no la huelga. Además, si finalmente los trabajadores de Ilunion, Segurisa, Trablisa e ICTS en otros aeropuertos se suman los efectos serían mayores.
