El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para suprimir el apartado del Código Penal que contempla penas de prisión para los ‘piquetes’ de huelga e impulsar una revisión de las sentencias firmes ya dictadas en el aplicación de ese precepto vigente desde 2015 y que fue aprobado por la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy. Su derogación es uno de los compromisos alcanzados por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

La proposición no de ley consta de un único artículo, la supresión del tercer apartado del artículo 315 de la Ley Orgánica del Código Penal, que se refiere a coacciones para iniciar o continuar una huelga y prevé penas de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o multas de dieciocho a veinticuatro meses.

En su iniciativa, el PSOE recoge además una disposición transitoria para la revisión de sentencias: «Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga», reza la disposición propuesta.

EL DELITO DE COACCIONES YA PROTEGE LA LIBERTAD

En su exposición de motivos, los socialistas critican que este artículo 315.3 del Código Penal «debe desaparecer» del ordenamiento punitivo «toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga.

Y es que, a su juicio, con la aplicación de forma agravada de las coacciones previstas, frente a una genérica más atenuada, «se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical».

«ENTRAMADO DE LEYES QUE ASFIXIAN LA CAPACIDAD DE PROTESTA»

La reforma de este artículo 315 se incluyó dentro de la conocida como ‘Ley Mordaza’, el paquete de reformas aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que entró en vigor en julio de 2015, y que el PSOE encuadra como parte del «proceso constante y sistemático de las libertadas» desarrollado por este Ejecutivo

Como la reforma laboral «no pareció suficiente», esgrime el PSOE, «se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exterioricen el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley de seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno».

El stock de hipotecas residenciales ligadas a un tipo de interés fijo continúa su tendencia al alza y sitúa su cuota en el 17,3% a cierre del primer semestre, frente al 82,7% firmadas a tipo variable, según los datos recopilados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

De este modo, la contratación a tipo de interés fijo «se consolida como alternativa a los tipos de interés variable, pese a que los préstamos referenciados a un índice externo siguen predominando en la cartera».

Según la asociación, esta proliferación se debe entender dentro del contexto europeo de baja inflación que ha llevado al Banco Central Europeo a adoptar una dirección en su política monetaria muy expansiva, de forma que este entorno de bajos tipos de interés ha propiciado un marco con ofertas en este campo «muy competitivas».

La cartera hipotecaria media, cuyo volumen representa el 85% del total de saldo vivo del sistema hipotecario español, ha experimentado una contracción interanual del 4%, lo que AHE atribuye al ‘shock’ en sanitario y económico que afecta a la capacidad de generar ingresos y las políticas monetarias y fiscales con un elevado grado de sesgo expansivo.

En paralelo al capital, el número de préstamos en vigor de la cartera ha pasado de situarse en 5,64 millones en el segundo semestre de 2019 a suponer 5,59 millones de préstamos en este semestre. Una disminución similar a la que ha experimentado el saldo vivo de la cartera, con una tasa de variación de un 1%.

Con todo, el capital medio de la cartera se sitúa en 82.543 euros, siendo algo inferior en el caso de la cartera residencial –que asciende hasta los 71.810 euros– y superior en el caso de la cartera respaldada por un inmueble no residencial, pues se sitúa en 205.171 euros.

LA FACILIDAD DE CRÉDITO NO IMPACTA EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

A pesar de los esfuerzos y facilidades de crédito de las autoridades, canalizadas por medio del sector financiero, el estudio destaca que estos estímulos «no se han visto reflejados en un incremento del peso de la cartera comercial, puesto que las citadas líneas de crédito principalmente han ido a cubrir las necesidades de circulante de las empresas, quedando, en gran medida, al margen los préstamos hipotecarios».

Si se atiende a la composición de la cartera en función de los tramos de capital vivo, aproximadamente un 69% del saldo en vigor se encuadraría bajo el tramo de préstamos cuyo capital pendiente es inferior a 200.000 euros, un 19% lo comprenderían los préstamos cuyo saldo va desde los 200.000 hasta el millón de euros, quedando el 13% restante comprometido bajo las operaciones hipotecarias cuyo importe supera el millón.

PORTFOLIO DE IMPAGADOS

El balance de las entidades que conforman la cartera hipotecaria muestra un «cierto deterioro» de la calidad de los activos de cobertura en el primer semestre de 2020, después de encadenar varios años de mejoras significativas, según este informe.

La ratio ponderada de NPL (Non-Perfoming Loans, por sus siglas en inglés), préstamos con impagos superiores a 90 días teniendo en cuenta el importe total del préstamo, se sitúa en el 4,2% en el primer semestre de 2020, tras ganar dos décimas en este último semestre.

Los préstamos residenciales que presentaban en el segundo semestre de 2019 una tasa de NPL de 3,2%, se anotan una ligera subida este semestre, hasta suponer el volumen de activos morosos el 3,3% del saldo residencial. En la cartera comercial la ratio de NPL ha pasado de situarse en el 7,3% del segundo semestre de 2019 a emplazarse en el 7,5% actual.

Esta evolución tiene fundamentalmente su origen en las medidas cautelares decretadas para paliar la propagación del virus a nivel nacional, que tuvieron una mayor repercusión durante los meses de confinamiento, provocando una importante caída en la actividad económica y, por ende, un deterioro de la situación laboral del mercado, contrarrestada en parte mediante los ERTEs y la aplicación de las moratorias.

MENOS ANTIGÜEDAD

En el primer semestre de 2020 se observa un desplazamiento de la cartera en la estructura porcentual por antigüedades. Las que se localizan en el intervalo de entre 12 meses y 60 meses (5 años) han pasado de representar un 25,5% a junio de 2019 o un 27,3% a diciembre de 2019 a suponer alrededor de un 29,2% en junio de 2020.

Los préstamos cuya antigüedad es inferior al año se han anotado una caída que va desde el 10,3% que registraban en junio de 2019 o el 9,9% de diciembre de 2019 hasta el 8,4% de este ejercicio.

«Esta evolución reflejaría el menor dinamismo que ha mantenido la nueva producción en los últimos meses a causa de las implicaciones económicas y restricciones de movilidad y de tránsito aéreo que ha causado la pandemia», ha destacado AHE.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que avala un mínimo exento en el IRPF de la indemnización por despido de altos directivos.

Así figura en un fallo de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Supremo, fechada el pasado 4 de septiembre, en la que aclara que en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el derecho a una «indemnización mínima obligatoria» de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades, y, por tanto, esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el IRPF, de acuerdo con la ley del impuesto.

La sentencia, que fija doctrina, rechaza así el recurso interpuesto por el abogado del Estado, en representación de la administración tributaria, en contra de una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 2019, que daba la razón al demandante.

El caso concreto al que se refiere la sentencia es el de un alto directivo de la empresa Nordkapp Inversiones que es despedido en 2012 y acuerda con la empresa una indemnización por despido, que ascendió a 559.057 euros, con una retención en el IRPF del 50,8%, decisión que el demandante recurrió en diversas instancias.

El abogado del Estado alegaba que la indemnización que cobró el alto directivo al ser despedido de la empresa fue fruto de un acuerdo al que llegó con ella y, por tanto, una indemnización pactada, por lo que no procede el supuesto de exención de las indemnizaciones obligatorias, sino que se trata de un supuesto distinto y por tanto es obligatoria la «tributación efectiva» de las indemnizaciones pactadas.

En cambio, el Supremo establece ahora que existe un mínimo exento en el IRPF de 7 días por año trabajado en las indemnizaciones por despido, aún cuando dicha indemnización sea fruto de un acuerdo entre las partes.

Un 20% de los fondos del nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible Moves II lanzado por el Gobierno continúa sin movilizar por las comunidades autónomas pese a que el plazo para hacerlo finalizó este jueves.

De esta manera, solo 11 de las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas españolas han puesto en marcha sus respectivos planes, aunque el límite para lanzarlo ya venció este jueves, 17 de septiembre, tres meses después de que el Gobierno permitiese activarlo.

Así, Islas Baleares, que dispone de 2,53 millones para las ayudas a coches ‘cero emisiones’, es una de las comunidades que aún no ha publicado en su boletín oficial este plan, al igual que Canarias (4,7 millones de euros), Cantabria (1,23 millones de euros), Castilla y León (5,12 millones de euros), Ceuta (180.729 euros), Extremadura (2,26 millones de euros), Melilla (180.431 euros) y Murcia (3,16 millones de euros).

En total, casi 20 millones de los 100 millones de los que dispone el plan todavía no han sido puestos en marcha. Otras comunidades, como es el caso de Andalucía (17,95 millones), Castilla-La Mancha (4,33 millones) y Navarra (1,38 millones) han esperado hasta el último momento para publicar en sus respectivos boletines oficiales la convocatoria.

Sin embargo fuentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) consultadas por Europa Press han afirmado que «lo importante» es que todas las comunidades autónomas publicarán el plan, a pesar de que algunas de ellas ya lo harán fuera de plazo.

«Lo importante es que todas las comunidades han aceptado las ayudas oficialmente y nos consta que todas ellas están realizando los trámites administrativos internos para sacar las convocatorias», han subrayado desde el IDAE.

Por ello, han asegurado que es probable que algunas regiones españoles se retrasen hasta finales de septiembre, por algún problema de tramitación a nivel interno.

En la misma línea ha hablado el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, quien ha asegurado a Europa Press que «todas las comunidades están trabajando en ello», por lo que si no han publicado ya sus planes es por algún «retraso administrativo».

AYUDAS YA CONCEDIDAS

Las ayudas recogidas en la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible lanzado por el Gobierno están disponibles desde el 17 de junio para los consumidores interesados en la compra de un modelo ‘cero emisiones.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del plan, los españoles pudieron acceder a las ayudas para agilizar la puesta en marcha del mercado, a pesar de que las comunidades tenían hasta tres meses para gestionar el plan y solicitar al Gobierno la partida de los 100 millones de euros totales que le corresponde por número de habitantes. Un plazo que finalizó este jueves.

De esta manera, se permitió a los particulares adquirir el coche que necesitaban y luego acceder al subsidio, ya que en el caso del Plan Moves del año pasado muchas administraciones autonómicas tardaron meses en poner en marcha las ayudas, lo que retrasó y mitigó el efecto del Moves.

El Plan Moves II cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible. Así, el Gobierno aportará hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo ‘cero emisiones’, mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.

En lo que se refiere a turismos, el modelo debe de tener un precio máximo de hasta 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para coches de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea una Administración o entidad sin ánimo de lucro.

Los hoteleros españoles exigen al Gobierno unos ERTEs específicos y una «sensibilidad especial» hacia la industria turística, una de las más dañadas por la pandemia del coronavirus, que aún mantiene el 80% de sus establecimientos cerrados con el consiguiente perjuicio económico y laboral que esto supone.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) exige al Ejecutivo una actuación «rápida y contundente» que permita la supervivencia de la industria turística y que contemple con urgencia la aprobación antes del 30 de septiembre de unos ERTEs específicos para el sector, con el fin de poder programar y evitar la definitiva destrucción de empleo.

En su opinión estos ERTEs deberán estar vigentes hasta Semana Santa de 2021, como mínimo, permitir la entrada y salida de trabajadores en función de la coyuntura turística y contar con una bonificación de la Seguridad Social de los trabajadores afectados.

SECTOR CASTIGADO POR LA CRISIS SANITARIA

La pandemia generada por la COVID-19 ha situado a la industria turística ante la peor situación económica y social de su historia. El sector que más aportó en 2019 a la economía española, llegando a representar el 14,3% de su PIB, según el World Travel & Tourism Council (WTTC), es hoy es el más castigado por la crisis.

Por ello desde la asociación hotelera española se alerta que esta situación pone en riesgo la supervivencia de numerosas empresas turísticas que generan 2,8 millones de puestos de empleo en España.

Uno de los principales agravantes ha sido el desplome del turismo internacional en España que, durante los últimos meses, ha sufrido caídas históricas. Las cifras de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), registraban un descenso del 72% de la llegada de visitantes internacionales al país durante los siete primeros meses de 2020 y una caída de los paquetes turísticos cercana al 90%, con un impacto notable en el alojamiento hotelero.

Desde Cehat se explica que la evolución de la industria turística y, por ende, de una de sus piedras angulares, la actividad hotelera, «se ha visto aún más afectada por el desplome de ingresos, las restricciones y cuarentenas impuestas a los viajeros y por la implantación de medidas que dañan gravemente al conjunto de la oferta turística española, tales como las limitaciones a los aforos en la hostelería o las restricciones relativas a la movilidad y las reuniones de empresas, entre otras».

En su opinión estos factores, sumados a la falta de soluciones contundentes para el sector, han dado lugar a que en la actualidad permanezcan aún cerrados más del 80% de los hoteles y a que se esperen nuevos cierres próximamente en zonas vacacionales.

Sabemos que en la actual mesa de negociación se está planteando esa sensibilidad especial con el turismo y que el Gobierno tiene datos suficientes, entre los que se encuentran los relativos a la Seguridad Social, el IVA y otros tantos parámetros, para poder evaluar la afectación en determinadas zonas y actividades. Muchos establecimientos están sufriendo como consecuencia de la crisis y no tenemos perspectivas de recuperación a corto plazo», se lamenta el presidente de Cehat Jorge Marichal.

En línea con ello, a nivel laboral, Cehat recalca que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi el 19% de los trabajadores del país que continúan en ERTE pertenecen al sector alojativo, que se recupera a una velocidad notablemente inferior a la del resto de la economía del país. «Esto pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector ante la pandemia», concluye.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que «en días verán la luz» los reglamentos de igualdad, la ley del trabajo a distancia o la regulación del trabajo en las plataformas de distribución, los conocidos como ‘riders’.

Así lo ha señalado durante su intervención en unas jornadas organizadas por Foment del Treball en Cataluña, donde ha hecho hincapié en que España no puede resignarse a ser el Estado de la Unión Europea con «más desempleo y temporalidad».

«Necesitamos un nuevo marco laboral en el que el trabajo decente y el empleo estable y con derechos se sitúe en el centro», ha apostillado la titular del Ministerio, tras resaltar que también son necesarios contratos indefinidos y buenos salarios.

Díaz ha apostillado que «la precariedad es mala para quienes la padecen pero también para empresas y para el país». «Si la mitad de nuestra ciudadanía vive en situación inestable y con miedo, el conjunto del país es mucho más precario», ha añadido.

La ministra ha resaltado que España tiene «grandes retos» y que el momento es crítico, pero que el mandato europeo es «un gran momento para las empresas, pero también para el país». «Es una oportunidad histórica y no podemos perder el tiempo en la modernización del país que queremos», ha dicho la ministra.

No obstante, considera que también es el momento de avanzar «en la urgente transformación del modelo de relaciones laborales y el modelo productivo».

También ha aprovechado para decir que el país necesita a las pymes, a los autónomos, pero también a Cataluña. De hecho, ha resaltado que España no quiere renunciar al papel de Cataluña, porque «siempre fue vanguardia y tiene que volver a serlo». «Los problemas políticos se resuelven con política en mayúsculas», ha añadido.

PGE Y MANTENIMIENTO DE LOS ERTE

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, la ministra ha afirmado que está segura de que las cuentas públicas saldrán adelante, porque es «el empeño del Gobierno, una necesidad imperiosa y una garantía de futuro, pero también es un horizonte de legislatura.

«Pido que hagan un esfuerzo más. Vamos a mantener las herramientas diseñadas siempre que sea necesario», ha reiterado la ministra a los asistentes, refiriéndose a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). No tiene sentido despegar estos recursos para que en el momento más delicado de la economía, dejarlos caer. Vengo a dar certezas y tranquilidad a las empresas», ha subrayado.

El PP ha acusado este viernes al Gobierno de «tacañería» y de «falta de sensibilidad con los problemas en el mundo real» a la hora de negociar con sindicatos y patronal la prórroga de los ERTE.

Así lo ha manifestado su vicesecretaria de Sectorial, la diputada Elvira Rodríguez, que en un mensaje en su cuenta de Twitter ha tildado de «abandono» la posibilidad de que el Gobierno deje fuera de este mecanismo a sectores como la hostelería.

«Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. La tacañería y del Gobierno con los ERTE no solo va a perjudicar a muchos, sino que muestra una total falta de sensibilidad con los problemas en el mundo real. El abandono a la hostelería es el mejor ejemplo», ha afirmado.

En estos momentos, el Ministerio de Trabajo negocia con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme la prórroga del sistema de protección al empleo de los ERTE desarrollado durante la pandemia de Covid-19 para contener la destrucción de puestos de trabajo.

Tras varias prórrogas, el actual sistema tiene vigencia hasta el 30 de septiembre y la partes buscan acordar las condiciones de prórroga para llevar este sistema de protección más allá del 30 de septiembre, previsiblemente hasta finales de enero.

A la espera de recibir un nuevo borrador de Trabajo sobre el cual negociar, UGT explicó este jueves que las conversaciones habían encallado ante la intención del Ejecutivo de delimitar los ERTE a determinados sectores económicos, y de exonerar en mayor medida las cotizaciones empresariales por trabajadores que salen del ERTE, y no de los que no se reincorporan por la «cerrazón» del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, criticaba la «intromisión» en las negociaciones de los ministerios de Asuntos Económicos e Industria, Comercio y Turismo.

Por el momento, los sindicatos han logrado mantener la cláusula de salvaguarda para impedir despidos seis meses desde la reincoporación del primer trabajador que estaba en el ERTE, así como el llamado ‘contador a cero’ para nuevos ERTE y que así no comience a computar desempleo.

UGT ha reclamado este viernes la aprobación urgente de un subsidio extraordinario de 430 euros mensuales para los cerca de 550.000 parados que agotaron su prestación durante la crisis sanitaria o que, habiéndose quedado en el desempleo, no tenían derecho a prestación.

El sindicato estima que este subsidio debería tener una duración mínima de seis meses, prolongándose a partir del 30 de septiembre con la posible prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

La organización fundamenta su petición en evitar un «agravio comparativo» con respecto a los derechos reconocidos a los trabajadores que estaban en ERTE, a quienes no se les han exigido requisitos previos para el cobro de la prestación.

Además, UGT pide al Gobierno que regularice las prestaciones de aquellos trabajadores en ERTE con varios contratos a tiempo parcial y abone la compensación comprometida para esta situación, que afectaría a 150.000 personas.

En opinión del sindicato, se debe abordar cuanto antes la negociación que prometió el Gobierno para reformar el sistema de protección por desempleo y dar una respuesta «inmediata» al conjunto de parados que no tienen protección y que antes de decretarse el estado de alarma rondaban los 1,6 millones.

El 41% de las ‘startups’ españolas cuentan con una mujer en el equipo fundador, por encima del resto de Europa, Asia y Latinoamérica, y con mayor presencia en las industrias de tecnología financiera, salud y educación, según el informe ‘Mapa del Emprendimiento 2020’ de Spain Startup South Summit.

Este estudio analiza la tendencia de años anteriores respecto al ‘gender gap’ en los equipos fundadores de startup. A nivel global, solo un 18% de mujeres toma la decisión de liderar un proyecto emprendedor.

Las ‘startups’ españolas fundadas exclusivamente por mujeres se encuentran en fases más avanzadas, convirtiendo así a España en el único país con startups fundadas por mujeres en la categoría de negocio consolidado.

Según los datos analizados, los equipos formados solo por hombres tienden a captar más financiación que aquellos que incluyen mujeres total o parcialmente.

ALTA CUALIFICACIÓN

En España, solo un 1% de emprendedores estaba en desempleo antes de crear su proyecto, con lo que «no se emprende por necesidad», según destaca el informe. La mitad de los actuales emprendedores trabajaba por cuenta ajena en otra empresa y un 7% eran autónomos anteriormente.

Además, la ‘startup’ ha comenzado a ser también una escuela de emprendedores, ya que un 5% era empleado en una startup y tres de cada diez ya eran fundadores de una y, tras conocer el ecosistema, decidieron poner en marcha su propio proyecto.

34 AÑOS DE MEDIA

La edad media de los emprendedores se mantiene en los 34 años. La mayoría cuenta con titulación universitaria y de postgrado, pricipalmente en áreas técnicas. Un 14% de los emprendedores en España cuenta con la máxima formación, un doctorado.

Este perfil se decanta por la creación de proyectos innovadores, gracias a la aplicación de tecnologías líderes como IA y ‘machine learning’, en áreas clave, como salud (40%), proyectos ‘b2b’ y de digitalización (15%), energía (9%) y transporte o logística (9%).

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES

Un 76% de las ‘startups’ cuenta con entre dos y diez empleados. La contratación laboral se presenta en clave positiva para 2021, con un 66% de proyectos que quiere contratar a nuevos profesionales en sus equipos, gracias a las nuevas necesidades de empleo digital que demanda el mercado actual.

De hecho, los emprendedores españoles creen en la fuerza del equipo para la creación de una ‘startup’, que de media tiene tres fundadores en España, lo que permite una mayor complementariedad de perfiles.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que el Ministerio de Hacienda aún no ha autorizado la subida salarial comprometida para 2020 a los más de 80.000 trabajadores de empresas públicas.

El sindicato ha recordado en un comunicado que en marzo de 2018 se acordó para 2020 una subida salarial del 2% más fondos adicionales (0,25%) que todavía no se ha aplicado en empresas estatales como las de Correos, Aena o Paradores.

La organización que lidera Miguel Borra ha advertido de que esta circunstancia supone una discriminación para las plantillas de las empresas estatales, que en muchos casos fueron declaradas como esenciales durante el estado de alarma.

CSIF ha denunciado además que los empleados de las empresas públicas «arrastran» una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010. «De ahí, la importancia de materializar la subida salarial firmada para este año con carácter retroactivo desde el 1 de enero», ha insistido.

La organización sindical ha pedido a Hacienda que cumpla con este compromiso y también que agilice las ofertas de empleo público, dado que en las empresas estatales la tasa de temporalidad en algunos casos se acerca al 30%.