Dos fondos optaban a hacerse con las plantas de A Coruña y Avilés de la multinacional norteamericana Alcoa. El día D, y la hora H, estaban fijados para el 30 de junio. Si no se llegaba a un acuerdo, las plantas acabarían cerrando. Finalmente dicho acuerdo ha llegado. Será el fondo suizo Parter Capital quien acabe haciéndose con las plantas de la multinacional estadounidense del aluminio.
El montante de la operación no se conoce con exactitud, pero la oferta rondaría los 20 millones de euros para volver a arrancar cada una de las dos cubas de electrólisis (una en cada centro), según informan a MERCA2 fuentes del sector. Será este viernes cuando los representantes de Alcoa comuniquen a los trabajadores el acuerdo en una reunión que mantendrán con ellos a las 13.00h en un hotel de Madrid.
El acuerdo podría tener fecha de caducidad porque el fondo quiere que el precio de la electricidad baje hasta la mitad
Dicho acuerdo acabó firmándose este jueves también en un hotel de Madrid, en el que cinco representantes de la multinacional Alcoa se reunieron con los del fondo suizo. La idea del fondo es mantener los puestos de trabajo, así como seguir produciendo aluminio. También, como ha quedado reseñado, la pretensión es arrancar las cubas de electrolisis que llevan apagadas desde que la multinacional comunicó hace unos meses que no seguiría con las plantas de A Coruña y Avilés.
El perdedor de esta carrera ha sido el fondo alemán Quantum Capital Partners que ya poseía inversiones en España. De hecho, es el propietario de Vauste, una planta de amortiguadores en Gijón (anteriormente conocida como Tenneco).
ALCOA Y EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
Como ya ha quedado reseñado, los nuevos propietarios de Alcoa, el fondo suizo Parter, mantendrá (en principio) los 700 empleos directos de ambas factorías, en A Coruña y Avilés. El otro ‘perdedor’ de este conflicto ha sido el Gobierno de España, que pretendía que fuera una empresa española la que acabará haciéndose con las plantas. El ejemplo que pretendía seguir era el de Vestas, la empresa situada en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, que acabó finalmente en manos de la también española Network Steel.
No es la única desilusión que puede llevarse el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez. En su ideario estaba la reducción de la factura a este tipo de industria para, de esta forma, hacerla más viable económicamente. De hecho, su paquete de medidas quedó paralizado tras el dictamen negativo de la Comisión Nacional de Competencia ya que consideró que podían acabar siendo consideradas como ayudas públicas por parte de la Unión Europea (UE).
El precio de la electricidad parece ser uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa en las negociaciones entre Alcoa y el fondo Parter. En la actualidad, dicho precio en el mercado mayorista está sobre los 60 euros megavatio hora para la industria electrointensiva. Fuentes del sector reconocen a MERCA2 que para que las instalaciones de Alcoa en A Coruña y Avilés sean rentables, el precio de la electricidad debería situarse en el entorno de los 30 euros, y el que el Ejecutivo podría hacerlo descender hasta los 50 euros, no más, lo que sería insuficiente para la continuidad de las fábricas. Otro dato: el coste laboral viene a ser de unos 45.000 euros por persona y año.
Han sido ocho meses en los que los trabajadores han luchado por que no cerraran sus puestos de trabajo. Ahora esperan conocer en profundidad el proyecto presentado. Tantos ellos, como el Gobierno, podrían encontrarse en un periodo no superior a dos años, que las plantas acabaran cerrándose por el alto precio de la electricidad. No es la primera vez que Alcoa vende una empresa a un fondo para que sea éste quien la acabe cerrando. Ya ocurrió en 2012, cuando vendió la fábrica de Sabiñánigo a un fondo por el precio simbólico de un euro. No había pasado ni un año y medio cuando quebró.
En su momento, las firmas que conforman la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), se quejaron del borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo porque la factura sólo se rebajaría en 112 millones de euros. Según sus estimaciones, y atendiendo a la normativa europea, dicha cantidad se podría duplicar.
