El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que la propuesta de sistema de cotización de ingresos reales solo beneficiará a 1,5 millones de autónomos y dejará fuera a la mitad de los más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en la actualidad.

Así lo ha señalado tras el encuentro que ha mantenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con las organizaciones de autónomos para abordar cómo será el sistema de cotización por ingresos reales que el Gobierno pretende aprobar.

Según Amor, el sistema que ha presentado el ministro se aplicará dependiendo del sistema de cotización que utilicen los autónomos. «El millón de autónomos en sociedades quedan fuera, los colaboradores también y a los autónomos de módulos se les aplicará el rendimiento neto que marca Hacienda anualmente», ha señalado.

El presidente de ATA ha apuntado que lo que se plantea es un sistema de tramos, «aunque todavía esos tramos no están acordados». Amor ha trasladado a Escrivá que «con la que está cayendo» no es el momento para que a 700.000 autónomos se les suba la cotización.

En esta línea, ha explicado que se han presentado los rendimientos netos de los autónomos de 2016, 2017 y 2018 y que hay unos 700.000 autónomos que declararon unos rendimientos superiores a 25.000 euros y por lo tanto «a estos 700.000 autónomos, prácticamente el 50%, se les subiría la cotización» si se aprueba este sistema planteado por el Gobierno.

«Le hemos dicho a Escrivá que no apoyamos un sistema como este. Para nosotros no es un sistema justo, porque, por ejemplo, podemos encontrar un autónomo societario que gane más dinero que un autónomo persona física que esté en estimación directa y puede ser que el societario tenga una cotización inferior», ha añadido.

Amor ha dejado claro que sigue apostando por que los autónomos puedan adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos. «Nos congratula que se nos dé la razón cuando se plantea un sistema exclusivamente para la mitad de los autónomos que son persona física que cotizan por estimación directa, ya que para los demás es muy difícil saber cuáles son sus ingresos», ha dejado claro Amor.

UATAE VALORA POSITIVAMENTE LA REUNIÓN

De su lado, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha valorado positivamente la reunión y cree que se ha presentado una idea de régimen especial de autónomos «verdaderamente justo, contributivo en función de los ingresos que tienen los autónomos, que no ahoga a los que menos tienen y con el que los que tengan más puedan contribuir un poco más.

«La idea final es que todo el colectivo esté más protegido y que entremos en el Estado de bienestar teniendo en cuenta que la mayoría de los autónomos con este nuevo sistema van a pagar menos o igual», ha dicho.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado este miércoles su primera propuesta de oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) para este año que reduce en un 37,6% el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019, según ha informado CSIF, y ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión este martes para concluir la negociación el próximo lunes y aprobar la oferta vía real decreto el martes 27 de octubre.

Los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF rechazan la primera propuesta al considerar que se pone en peligro la «viabilidad» de la AGE ya de por sí en una situación «crítica» y podría suponer el «colapso» del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social, y reclaman igualar al menos el número de plazas de la oferta del año pasado, mejorar la distribución y agilizar las incorporaciones de opositores aprobados.

El Gobierno volverá a reunirse con los sindicatos este jueves en la comisión técnica y ha establecido el próximo lunes como la fecha límite para concluir la negociación con la oferta de empleo público definitiva, haya o no acuerdo, con la intención de convocar a continuación la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas y poder aprobar la nueva oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre, según han informado fuentes de la negociación.

En concreto, la oferta de empleo público que ha puesto Función Pública encima de la mesa contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 contempladas, respectivamente, en 2019, según los datos facilitados por CSIF. Así, se pasaría de la oferta de empleo público de 19.688 plazas del año pasado a 13.313 plazas en la nueva oferta de este año.

CSIF ha trasladado al Ministerio que la oferta es «insuficiente» porque representa un 37,6% menos respecto a las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año pasado y un 32,3% menos en el global de las plazas (acceso libre y promoción interna).

Además, señala que la oferta de empleo público no cubre el cien por cien de la tasa de reposición, puesto que el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.

El sindicato advierte de que la oferta de empleo público presentada por el Gobierno pone en peligro la «viabilidad» de esta Administración, teniendo en cuenta los «graves problemas» por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital.

En este sentido, recuerda que la Administración General del Estado ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 12 empleados públicos al día.

«La Administración Pública se está desangrando», alerta CSIF, que añade que a estas cifras se suma que el 19,2% ciento de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación.

Por ello, CSIF considera que los 800.000 nuevos empleos anunciados por el presidente del Gobierno también deben ir destinados a reforzar los servicios públicos y entiende que este plan debe de ir acompañado de un análisis sobre los recursos humanos, que siempre ha demandado el sindicato para reforzar ámbitos que con la pandemia se encuentran «seriamente comprometidos», como son Sanidad, Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como la Educación, la Justicia, Agencia Tributaria o los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

SINDICATOS PIDEN MEJOR DISTRIBUCIÓN Y AGILIDAD EN LA INCORPORACIÓN

El secretario de Empleo del sector estatal de la Administración General del Estado de FSC-CC.OO., Javier Martínez, ha lamentado que la oferta planteada supone una nueva destrucción de empleo público, ya que las bajas en 2019 fueron de 8.706 efectivos, y la propuesta conlleva una incorporación de 7.066 puestos, con una pérdida de 1.700 puestos.

Aunque desde la Administración defienden que la ley de Presupuestos de 2018 en vigor establece que las altas por reincorporación (650 en 2019) no computan a la hora del cálculo de la tasa de reposición, Martínez ha indicado que aun así daría como resultado una incorporación de solo 7.650 puestos, 600 por debajo.

De esta forma, ha defendido que no haya destrucción de empleo y que «como mínimo» se apruebe una recuperación de la tasa de reposición más el 5% adicional que permite la ley de PGE para destinarlo a los ámbitos donde se han establecido nuevos servicios públicos, como para atender el ingreso mínimo vital, los subsidios domésticos o los museos programas de investigación.

Además, ha recordado que la propia ministra de Función Pública, Carolina Darias, ya señaló que en diez años se jubilaría el 50% del personal de la AGE, por lo que Martínez ha denunciado la situación «crítica» ya que la nueva oferta de este año se desarrollará entre 2022 y 2023, cuando ya se haya producido una jubilación de en torno al 25% del personal público de la AGE.

Por ello, además de la tasa de reposición del 100% y el 5% adicional reclama ofertas de empleo extraordinarias para organismos con necesidades especiales, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en donde pide cumplir con las plazas de estabilización dado que el próximo 5 de noviembre vencen 105 puestos.

Igualmente, ha cuestionado la distribución de los efectivos planteada, ya que en los cuerpos superiores encargados de la gestión, se ofrece para A1 incorporar 1.400 plazas, tras perder 700 puestos, y en A2 incorporar 1.700 tras perder 800, mientras que en el resto de puestos, relativos a auxiliares, administrativos, recogida de solicitudes o atención al cliente, se ofrece para el cuerpo auxiliar solo 480 plazas, frente a una pérdida de 1.800, a pesar de que en servicios como el SEPE o Seguridad Social no hay personal suficiente. Además, para el personal laboral se ofrecen 972 plazas, frente a una pérdida de 26.000 puestos.

«Es un disparate, con esta distribución se está deteriorando el servicio público», ha denunciado Martínez, quien explica que hay una necesidad en las escalas no superiores y que en el personal laboral podrían continuar los planes para privatizar por ejemplo la vigilancia de las salas de museos, la gestión de prestaciones o los subsidios a través de Tragsa.

Junto a un aumento del volumen de la nueva oferta de empleo público y una mejor distribución, Martínez ha pedido agilizar las convocatorias, ya que hay más de 4.000 personas que han aprobado procesos referidos a las ofertas de 2017, 2018 y 2019 y sin embargo son parados de larga duración mientras la Administración «privatiza o contrata personal externo» en vez de incorporar a los opositores aprobados.

Por su parte, desde UGT han explicado que se ha producido un «intercambio de papeles» para dar inicio a las negociaciones, con una nueva reunión de la comisión técnica este jueves y previsiblemente otra el próximo lunes.

Por ello, consideran que no hay que dar por hecho los datos iniciales, que plantean las tasas de reposición vigentes del acuerdo de 2018. El sindicato pide un plan a varios años, con la eliminación de la tasa de reposición para poder adecuar las plantillas a las necesidades actuales y rejuvenecer las plantillas.

El déficit de liquidez global del sistema empresarial español entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020 alcanzaría unos 230.000 millones de euros, según ha señalado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien se ha mostrado partidario de extender las ayudas públicas, aunque enfocándolas a los sectores más afectados por la crisis y a aquellas empresas con proyectos viables.

«Se estima que el déficit de liquidez global del sector empresarial entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020 ascenderá a unos 230.000 millones de euros», ha indicado De cos durante una presentación en una conferencia telemática organizada por SUERF.

A este respecto, el banquero español ha destacado que, al ignorar las necesidades de liquidez asociadas con la inversión en activos fijos, que son menos relevantes para los riesgos de liquidez, «se estima que el déficit de liquidez durante el mismo período es de unos 25.000 millones de euros mayor que en un escenario hipotético sin pandemia».

De esta manera, ya que más de la mitad de estas necesidades de liquidez no se pudieron cubrir mediante el uso de los activos líquidos y el recurso a líneas de crédito disponibles por parte de las empresas, los resultados sugieren que el brote de la pandemia generó importantes riesgos de liquidez para las empresas españolas, ha añadido.

AYUDAS SELECTIVAS

En este sentido, De Cos, considera que la actual fase de la crisis, caracterizada por una recuperación económica incompleta y desigual, justifica el mantenimiento del apoyo público a las empresas, aunque apuesta por un ajuste que permita concentrarse en los sectores más afectados por la crisis y en proyectos viables, así como dar prioridad al apoyo en forma de subvenciones o inyecciones temporales de capital para evitar un excesivo endedudamiento de las compañías.

«En la fase actual de la crisis, en la que los problemas están más concentrados en sectores específicos, las políticas de apoyo a las empresas deben ajustarse dirigiéndolas a las más afectadas por el shock», ha señalado, reclamando un enfoque más selectivo «que dé prioridad al apoyo a proyectos empresariales viables».

En este sentido, el gobernador ha apuntado que en el caso particular de los programas de garantía de préstamos puede ser necesario ampliar dichas facilidades en el futuro, pero ha recomendado ajustar algunos de sus parámetros para incentivar los préstamos de los bancos a las empresas viables.

«La política económica no puede sostener indefinidamente un sector que está destinado a sufrir una reducción estructural en su nivel de actividad», ha afirmado, defendiendo que, en cambio, debe apuntar a promover y apoyar la adaptación del sistema productivo a las nuevas realidades y la reasignación eficiente de recursos entre industrias y empresas.

Asimismo, el gobernador del Banco de España ha destacado el éxito inicial de las medidas fiscales dirigidas a impedir la materialización de los riesgos de liquidez corporativos, aunque ha advertido de que, como resultado, las firmas han acumulado más deuda y esta «podría resultar insostenible para las empresas con un alto nivel de endeudamiento».

«La forma en que manejemos este deterioro de sus balances tendrá importantes implicaciones para el panorama macroeconómico tanto en el corto como en el mediano plazo», ha apuntado De Cos, señalando que, en casos extremos, las vulnerabilidades del sector empresarial podrían llevar al cierre de empresas, lo que impactaría negativamente en el crecimiento económico por la posible destrucción de parte del sistema productivo y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

De este modo, De Cos ha defendido que el apoyo público en forma de inyecciones temporales de capital, especialmente en el caso de grandes empresas, «podría ser una opción a explorar», destacando la creación por parte del Gobierno de un fondo público que puede destinarse a tal fin, mientras que para otras empresas, el gobernador del Banco de España señala que podrían considerarse subvenciones directas.

Por otro lado, ha señalado la importancia de mejorar la eficiencia de los mecanismos de reestructuración de la deuda con el objetivo de resolver rápidamente los problemas de insolvencia que atraviesan algunas empresas, así como incentivar los acuerdos extrajudiciales para evitar la congestión de los tribunales.

Santander Investment ha mejorado su recomendación sobre Fluidra desde mantener a comprar, al considerar que los resultados del tercer trimestre van a continuar mostrando la fortaleza demostrada en los meses anteriores, según el informe de analistas.

Fluidra presentará sus cuentas correspondientes al periodo entre julio y septiembre el 28 de octubre y los analistas de la entidad esperan que recojan el buen dinamismo en el segmento de piscina residencial, ante el efecto de ‘quedarse en casa’ de la pandemia de coronavirus.

La inercia conseguida por la compañía en beneficios y flujo de caja disipa incertidumbres y allana el camino para alcanzar los objetivos marcados de cara al 2022, resaltan los analistas.

La continua expansión del margen ligado a la consecución de sinergias tras la fusión con Zodiac, así como posibles movimientos en el área de fusiones y adquisiciones que podrían funcionar como catalizador para el valor, entre algunas de las condiciones resaltadas.

Santander Investment incrementa sus estimaciones de medio plazo para Fluidra, acorde con el sólido momento que atraviesa la compañía, en un 3% de media en la previsión de ventas y Ebitda para el periodo 2020-22.

Espera una significativa reducción de la deuda financiera neta en el tercer trimestre, hasta 687 millones de euros.

Los analistas del banco elevan el precio objetivo para la compañía líder en equipamiento de piscinas y wellness en un 14% hasta 16,25 euros, desde los 14,25 euros anteriores.

En el primer semestre de 2020, Fluidra registró un beneficio neto de 54,9 millones de euros frente a los 28,8 del mismo periodo de 2019 (un 90,6% más), un incremento del Ebitda del 10%, hasta los 169,4 millones de euros, y un aumento del 2,4% en ventas, hasta 771,3 millones.

Inspección de Trabajo ha dado de alta de oficio a casi 3.000 repartidores de Amazon Flex tras una denuncia interpuesta hace un año por UGT, según ha informado el sindicato en un comunicado.

En concreto, el sindicato denunció la forma de reparto de Amazon a través de repartidores autónomos que utilizan su propio vehículo para el reparto de paquetes a través de lo que la plataforma denomina ‘Amazon Flex’.

De esta forma y según datos de UGT, en Madrid se han contabilizado 2.116 personas, lo que supone 3 millones de euros sobre el coste de cuotas no satisfechas al Régimen General de la Seguridad Social, además de la multa por este modelo que se ha demostrado como fraudulento, mientras que en Barcelona se ha dado de alta a 805 personas y el acta de liquidación asciende a 905.000 euros.

En total, en las dos provincias, se ha dado de alta a 2.921 personas, casi cuatro millones de euros de ingreso en las arcas de la Seguridad Social, aunque el sindicato ha precisado que aún quedan provincias en las que se debe terminar la actuación de la Inspección de Trabajo.

UGT ha señalado que este proceso iniciado tras su denuncia depara un futuro de nuevos procesos judiciales, con la diferencia de que esta vez se cuenta con el precedente de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Glovo.

La Fundación Vodafone España anuncia el inicio del programa DigiCraft para el curso académico 2020/2021 y confirma el crecimiento de esta iniciativa, pionera en España, con la incorporación de las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid y el aumento de la participación en Galicia, para llegar a 400 centros escolares y más de 32.000 alumnas y alumnos.

Además, debido a la especial preocupación que muestra DigiCraft por la infancia vulnerable y la creciente brecha digital en este ámbito, el programa incrementará su colaboración con Cruz Roja y Save The Children, pasando de 71 aulas de refuerzo a 116 distribuidas por todo el territorio nacional, llegando así a más de 2.600 niñas y niños.

Esta nueva edición consolida el primer programa educativo creado en España para potenciar el desarrollo de las competencias digitales en la infancia y confirma el esfuerzo de la Fundación Vodafone para favorecer la inclusión y ayudar a la sociedad para que nadie quede excluido de las ventajas de la digitalización en un contexto marcado por el coronavirus.

El curso 2020/2021 cuenta con la incorporación de 200 nuevos centros escolares de educación primaria de Galicia, que se sumarán a los 50 que ya participaron en esta región el pasado año (gracias al acuerdo de colaboración firmado con la Xunta de Galicia) y que seguirán desarrollando el programa. Además, por primera vez, se contará con la participación de 100 colegios de Andalucía y 50 colegios de Madrid gracias a los nuevos convenios que se firmarán en las próximas semanas.

“En Fundación Vodafone somos conscientes que la tecnología abre un mundo de posibilidades ilimitadas y aquellos que no tienen acceso a ella están perdiendo parte de sus derechos. El derecho a estudiar, el derecho a seguir trabajando, el derecho a tener un futuro. Y en Fundación Vodafone trabajamos día a día para que todos tengamos las mismas oportunidades y nadie se quede atrás. Nos preocupamos de que todas las generaciones puedan mejorar sus habilidades digitales y tengan acceso a una educación digital de calidad”, comentó Remedios Orrantia, presidenta de la Fundación Vodafone España.

PROGRAMA PIONERO

DigiCraft pondrá a disposición de todas las niñas y niños de entre 6 y 12 años diferentes actividades educativas para aprender competencias digitales utilizando como vehículo la tecnología, desde Inteligencia Artificial, a realidad aumentada o diseño 3D de una forma fácil y divertida, combinando el mundo virtual y el físico. Todo ello articulado a través de una metodología de aprendizaje probada y basada en el juego y la experimentación, diseñada por la Fundación Vodafone España en colaboración con la Universidad de Salamanca.

Otro de los elementos diferenciadores del programa DigiCraft es la formación continua que ofrece la Fundación Vodafone al profesorado, asegurando su preparación para impartir los contenidos. Este año, y debido a las especiales circunstancias generadas por la crisis del Covid-19, la formación se realizará siguiendo un modelo mixto, presencial y online, adaptándose a los protocolos determinados por las diferentes CCAA y los criterios de competencia digital del profesorado publicados por el Ministerio de Educación. Y siempre impulsando la colaboración entre los profesores de cada centro, que es un aspecto fundamental para el programa.

Desde su lanzamiento, en septiembre de 2019, DigiCraft ha desarrollado multitud de iniciativas de formación presenciales, pero también ha reforzado su plataforma online con diferentes actividades educativas y una mayor rapidez para responder a las necesidades de este nuevo contexto provocado por la pandemia.

Así, la plataforma online de DigiCraft abierta para todas las niñas y niños y de acceso libre, cuenta ya con 80 actividades disponibles, que se podrán utilizar para desarrollar sus capacidades en el mundo digital, al mismo tiempo que conocen su entorno y potencian sus habilidades motrices, intelectuales y sociales.