Un 53% de las iniciativas innovadoras desplegadas para luchar contra el coronavirus han recurrido al Big Data y a la Inteligencia Artificial (IA), lo que convierte a estas tecnologías en las que han realizado una mayor aportación hasta ahora a la batalla contra el Covid-19, según un análisis de Grant Thornton.

En el informe ‘Perspectiva del COVID-19: Tecnología e innovación contra el Coronavirus’, la firma de auditoria, consultoría y asesoramiento sitúa a la robótica como la segunda tecnología que más está contribuyendo a este fin, ya que está presente en un 22% de las iniciativas.

Por su parte, la ciberseguridad está presente en un 12% de los proyectos innovadores contra el coronavirus, mientras que el blockchain interviene en un 11%. Por último, el informe de Grant Thornton apunta que un 2% de las iniciativas que se han puesto en marcha emplean chatbots.

El socio director de Consultoría Tecnológica e Innovación de Grant Thornton, Luis Pastor, ha afirmado que en tiempos tan volátiles y con un alto grado de incertidumbre, el uso de las tecnologías más punteras es un «recurso clave y un factor distintivo fundamental para los negocios, porque permite aprovechar la información para ayudar a los más afectados y prevenir mayores consecuencias».

Por otro lado, el estudio analiza qué usos de una serie de tecnologías ya están contribuyendo a reducir los tiempos de toma de decisión, a mejorar las competencias de los trabajadores y a predecir y solucionar situaciones problemáticas tanto a los sectores público y privado en muchos países.

Por ejemplo, la tecnología Blockchain permite una mejor gestión del material sanitario al garantizar la trazabilidad de su cadena de suministro, «una función que habría reducido la incertidumbre y vuelto más transparente el proceso de abastecimiento de países como España, donde esta cuestión ha resultado especialmente polémica», o reducir la propagación de bulos, al permitir la trazabilidad del origen de las noticias.

Por su parte, la impresión 3D permite un abastecimiento rápido y asequible de los hospitales, como demuestra la producción de respiradores en solo tres horas por solo 100 euros, en contraste con su precio de mercado, que supera a menudo los 15.000 euros.

En esta línea, las aplicaciones móviles de telemedicina están utilizándose en muchos países para evitar el colapso de sus teléfonos de emergencias y la geolocalización puede ponerse al servicio de un mejor control de los infectados por el coronavirus y de sus respectivas cuarentenas, cumpliendo tanto una función de supervisión, como de recopilación de datos para predecir tendencias.

Por su parte, la IA tiene «múltiples usos» en la lucha contrael Covid-19, como en la detección temprana de infectados, el diagnóstico rápido o el seguimiento de tratamientos, mientras que los drones y robots permiten el control remoto de la población.

Las redes comerciales de las marcas del Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS Automobiles y Opel) han reanudado su actividad en España, después de que la crisis del coronavirus las obligase a cerrar a mediados del pasado mes de marzo.

Tal como ha indicado en un comunicado PSA, la prioridad del consorcio francés sigue siendo la de proteger la salud de sus empleados, proveedores y clientes, por lo que los concesionarios y talleres ya están listos para abrir con las garantías sanitarias y de higiene necesarias, y siempre con cita previa.

«Nuestros puntos de venta, reparación y mantenimiento de vehículos se están preparando con ilusión al nuevo contexto. Implantando los nuevos protocolos, modificando los procesos, planificando y acelerando la cita y venta ‘online’ y adaptando los entornos de trabajo, para continuar ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes de forma segura», ha indicado el director general de Comercio del Grupo PSA en España y Portugal, Christophe Prévost.

En este sentido, los concesionarios y servicios oficiales han implantado un «estricto» protocolo que incluye a todos los aspectos de la actividad de venta y posventa.

De esta manera, cada instalación posee un sistema de señalización de accesos, distancias de seguridad y dirección en la que se tienen que hacer los distintos desplazamientos. Además, dispone de elementos de protección individual tanto para los empleados como para los clientes, con mascarillas, guantes o líquidos hidroalcohólicos, así como un protocolo de limpieza e higiene.

Avalmadrid y CaixaBank han ampliado su acuerdo de colaboración con la firma de una línea de 100 millones de euros para avalar a emprendedores, pymes y autónomos madrileños y ayudarles a hacer frente a la crisis ocasionada por el Covid-19.

Según ha informado Avalmadrid, la ampliación del límite de riesgo a 100 millones de euros se activa para cubrir el ‘Plan Confianza Avalmadrid’, un conjunto de soluciones de financiación y liquidez diseñado para apoyar al tejido empresarial de la Comunidad y trata de suavizar las consecuencias de la crisis sociosanitaria y económica.

En este importe se incluyen las operaciones vigentes que están avaladas por Avalmadrid actualmente y la iniciativa contempla tres líneas de actuación.

A través la ‘Línea a tu lado’, las pymes y autónomos que ya trabajan con Avalmadrid se podrán beneficiar de carencias en sus operaciones con cuotas mensuales, renovación de líneas con vencimiento próximo y la posibilidad de solicitar nuevas líneas de crédito adicionales.

De su lado, la ‘Línea Madrid Liquidez Exprés’ está destinada a nuevas operaciones de socios o no de Avalmadrid y cubre hasta 50.000 euros para que los autónomos y pymes que se han visto afectados por una caída importante de su actividad o por el cierre de su negocio puedan hacer frente a sus gastos generales.

En cuanto a la ‘Línea Vitamina’, está diseñada para operaciones a medio y largo plazo y contempla actuaciones de financiación estructural para inversiones y tesorería, a través de avales, tanto para préstamos a cuatro años, con un año de carencia, como para operaciones de circulante a través de la concesión de pólizas de crédito de uno a tres años y líneas de factoring.

La compañía automovilística Citroën ofrecerá una carencia de hasta cuatro meses en sus productos de financiación y renting, para que sus clientes puedan disfrutar de un vehículo y no comenzar a pagar hasta después de varios meses de uso.

En un comunicado, la marca francesa ha señalado que la situación económica de muchas familias, empresas y autónomas se está resintiendo tras la crisis provocada por el coronavirus, por lo que Citroën pretende adaptarse a este contexto y facilitarles el pago.

La firma del Grupo PSA ha explicado que los plazos y servicios que se ofrecen en cada modalidad de financiación y renting se mantienen, así como la vigencia del contrato, mientras que las sumas se prorratean.

«Estar atenta a la situación y a las necesidades de personas y empresas es una de las señas de identidad de la marca Citroën. Una filosofía que puede comprobarse en el diseño y las prestaciones de sus vehículos y también en otros productos, como su oferta de financiación y renting», han subrayado desde la empresa.

Citroën también ha indicado que las empresas que ya hayan firmado un contrato de renting con Free2Move Lease pueden acogerse a un diferimiento del pago de hasta tres meses. A través de esta figura, pueden utilizar el vehículo durante el plazo del contrato, que se mantiene intacto, y pagar las mensualidades pendientes durante los tres meses posteriores al fin de su vigencia.

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha señalado la necesidad de que las compañías realicen «transformaciones estratégicas» para así sobrevivir a la pandemia mundial del coronavirus, que ha provocado una crisis en el sector automovilístico.

Esta es una de las conclusiones reflejadas en el informe ‘La nueva normalidad de la industria de automoción: Qué hacer para estar preparado. Recomendaciones para los fabricantes de componentes’, que ha sido elaborado por las consultoras Roland Berger y Alantra junto con Sernauto para apoyar a las compañías auxiliares ante la situación actual.

Así, el documento contiene medidas empresariales a corto, medio y largo plazo para garantizar la supervivencia de las empresas y su competitividad, además de asegurar el posicionamiento estratégico que ocupa a nivel mundial la automoción española.

«Estamos viviendo una situación muy compleja y llena de incertidumbre. Como asociación, y más en estos momentos, queremos apoyar a nuestras empresas asociadas para que puedan afrontarla de la mejor manera posible», ha indicado la directora de Relaciones Institucionales e Innovación de Sernauto, María Luisa Soria.

Tal como ha recordado la asociación, el sector de componentes supone casi el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) español, y soporta más de 370.000 empleos directos e indirectos.

«El objetivo que nos marcamos con la elaboración de este informe es ayudar a los proveedores de automoción a poner el foco en lo verdaderamente crítico y prioritario para que puedan seguir siendo competitivos en estas circunstancias de adversidad», ha subrayado Soria.

Por su parte, el socio de Roland Berger Cristóbal Colón ha destacado que la crisis del coronavirus «acelerará e intensificará» la transformación «inevitable» que ya se había iniciado en la industria de la automoción. En su opinión, uno de los principales efectos que puede provocar la pandemia es la «globalocalización» de las cadenas de valor, lo que va a obligar a la transformación de las cadenas de suministro.

«Las medidas para garantizar la supervivencia y competitividad dependerán de cada empresa, de los recursos disponibles y del impacto concreto que les provoque de acuerdo con su línea de negocio y rentabilidad», ha asegurado el socio de Alantra, Roberto León.

De esta manera, Sernauto ha destacado que las empresas disponen de diversas herramientas para mejorar su competitividad y fortaleza financiera en el medio y largo plazo. «La optimización de estructuras organizativas y modelos de trabajo y del portfolio de clientes, la definición de un posicionamiento claro y una propuesta de valor diferenciadora y la utilización de economías de escala, serán claves en estas etapas», ha indicado.

Los autores del informe recomiendan a las empresas adaptar sus costes y alcanzar un «alto» nivel de eficiencia en todas las áreas para impulsar las transformaciones estratégicas necesarias para sobrevivir.

El Center for Economic Policy & Political Economy de Esade (EsadeEcPol) propone en un estudio sobre las medidas para afrontar la crisis del coronavirus que se realice una transferencia de emergencia en efectivo («renta de pandemia») durante tres meses para todos los españoles de entre 18 y 65 años, que podría rondar los 1.000 euros, a fin de aliviar «el sufrimiento económico a las personas que no están cubiertas por ninguna de las prestaciones existentes».

Asimismo, entiende que podría servir «de crédito puente» para quienes todavía están esperando que se procesen sus solicitudes para obtener otras prestaciones. Posteriormente, las cantidades transferidas se recuperarían a través de un impuesto excepcional.

De acuerdo con este trabajo, la literatura sobre emergencias y desastres muestra que las transferencias temporales incondicionales «probablemente son mejores que otras alternativas». Según el Banco Mundial, existen actualmente 130 nuevas iniciativas de transferencia de efectivo que se han introducido como respuesta a la crisis de la Covid-19.

Sin embargo, el organismo dirigido por Toni Roldán señala que, dado el gran volumen de la población potencialmente afectada por la pérdida de empleo por la pandemia de la Covid-19, la aplicación de estas transferencias sin ningún tipo de fórmula para acotar su coste resultaría muy cara para los gobiernos.

EsadeEcPol expone en este estudio el planteamiento realizado por el eoconomista Gregory Mankiw, que sugiere el establecimiento de una transferencia temporal incondicional de efectivo a cualquier persona en edad de trabajar mientras dura la crisis. Al año siguiente (o a lo largo de varios años), se recaudaría un impuesto extraordinario proporcional a la pérdida total de ingresos sufrida en 2020, con respecto a 2019, limitándose dicho impuesto a la cantidad de la transferencia de efectivo recibida.

«Puesto que presumiblemente muchas personas reembolsarían gran parte del pago de la prestación recibida, los costes presupuestarios netos serían muy inferiores al coste inicial del programa. La ventaja de un programa de este tipo es que cubre a todas las personas potencialmente afectadas por la crisis y es fácil de gestionar desde el punto de vista administrativo, porque los criterios de elegibilidad son mínimos, y por tanto la transferencia de efectivo puede llegar a la gente que lo necesita en un breve plazo de tiempo», argumenta.

Para estimar el coste de un programa como éste, EsadeEcPol plantea como ejemplo una transferencia de 1.000 euros a todos los adultos de 18 a 65 años mientras las medidas de distanciamiento social obliguen a una gran parte de la población a reducir sus horas de trabajo o a dejar de trabajar.

Si estos pagos se realizaran durante 3 meses a un total de 30 millones de personas (aproximadamente, el número de personas de 18 a 65 años que hay en España), con un 25% de la población adulta en paro y otro 25% de la población activa ingresando la mitad de lo que percibía en 2019, el coste inicial de esta transferencia temporal de efectivo sería de 90.000 millones de euros, el 7% del PIB.

La población no afectada por la pérdida del empleo o de ingresos en 2020 reembolsaría totalmente el efectivo percibido y esta prestación habría sido, en realidad, como un préstamo a corto plazo.

En el caso de las personas afectadas por la pérdida de empleo en esos tres meses, el 75% de los pagos en efectivo que hubieran recibido se reembolsarían mediante el citado impuesto extraordinario, lo cual se traduciría en una transferencia neta de efectivo de 750 euros. Por su parte, las personas afectadas por una caída de los ingresos del 50% durante esos tres meses recibirían una prestación neta de 375 euros.

Los ingresos fiscales extraordinarios totales ascenderían a 81.500 millones de euros, de modo que el coste presupuestario neto de esta medida sería de 8.500 millones de euros, aproximadamente el 0,68% del PIB. Añadiendo una prestación de 150 euros por cada hijo menor de 18 años, el coste presupuestario neto podría ascender hasta el 0,71% del PIB (8.788 millones de euros).

En otro escenario, con un umbral de ingresos por debajo del cual las personas no tendrían que reembolsar la prestación, el coste ascendería a cerca del 2% del PIB (24.750 millones de euros).

LLEGARÍA A TODAS LAS PERSONAS

«Las ventajas de esta propuesta son que es simple, puede aplicarse de forma rápida y los costes presupuestarios que implica a lo largo de un período de dos años son similares a los de otros planes que ya se están aplicando en estos momentos, al tiempo que tiene el potencial de llegar a todas las personas afectadas por la pérdida de ingresos, sin implicar criterios de elegibilidad ex ante que probablemente dejarían fuera a muchas personas y llevarían demasiado tiempo», argumenta EsadeEcPol.

Asimismo, defiende que esta medida es compatible con otras existentes, como las prestaciones por desempleo, los ERTE y otras medidas extraordinarias. «Si estas prestaciones se incluyen en el cálculo de ingresos para 2020, se reduce la pérdida efectiva de renta que han sufrido las personas con respecto a 2019 y se incrementa la cantidad de la prestación que deberá reembolsarse», señala.

Para evitar que esta transferencia temporal desincentive el trabajo, EsadeEcPol plantea que se limite estrictamente a los meses en que se registren las mayores caídas de la actividad (en su propuesta plantea 3 meses) y mientras las medidas de distanciamiento social sean esenciales para frenar el avance de la epidemia.

En el caso de que no se pudiera recaudar el impuesto porque el beneficiario haya gastado todo el efectivo que le ha sido transferido y no perciba ingresos en 2020 (podría ser el caso de un estudiante a tiempo completo), EsadeEcPol propone que el Gobierno implemente un mecanismo para recuperar los ingresos, por ejemplo ampliando la carga tributaria en años futuros y haciéndola depender de los ingresos futuros.

Por último, precisa que esta «renta de pandemia» no supone solucionar el problema de la pobreza estructural en España, y por tanto no debería entenderse como un sustituto del sistema de renta mínima que quiere aprobar el Gobierno.

«Aunque consideramos que una renta mínima es importante para luchar contra la pobreza extrema en España, no pensamos que ésta sea una política efectiva en tiempos de emergencia porque esta crisis está afectando a muchas personas que no serían, normalmente, considerados vulnerables», apunta.