El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha defendido los mecanismos de reestructuración de deuda empresarial, las quitas y el concurso de acreedores, el cual requiere de un análisis «riguroso y rápido» de su funcionamiento estructural, para evitar que un problema de liquidez se convierta en uno de solvencia.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la Convención Anual Financiera organizada por la Asociación de Mercados Financieros (AMF), donde ha pedido también que se extiendan las moratorias concursales para evitar el efecto precipicio de las empresas.

En su opinión, si no se resuelve el funcionamiento del procedimiento concursal, que actualmente lleva a la disolución empresarial prácticamente de forma automática a quien lo solicita, y se eliminan completamente las moratorias, muchas empresas entrarían en dificultades al día siguiente.

Por ello, pide combinar la extensión de estas ayudas y realizar un análisis rápido del mecanismo concursal que permita reestructurar la deuda de las empresas viables o concederles quitas y, al contrario, que desaparezcan las que no lo son, dejando ‘morir’ a las que van a sufrir un shock estructural, con el fin de contar con una asignación eficiente de los recursos.

En otro orden de cosas, el gobernador del Banco de España se ha referido a los tipos de interés negativos que están llevando a muchas entidades financieras a cobrar por los depósitos a clientes mayoristas o a grandes clientes.

«El sector bancario primero era reacio a aplicar depósitos negativos, pero las entidades se han ido animando porque les permite minimizar el efecto que tiene esta política sobre el margen de intereses», ha dicho.

En esta línea, ha añadido que el porcentaje de clientes sometido a tipos negativos a nivel europeo sigue una tendencia claramente creciente. «Si los tipos se mantienen en negativo, es probable que esta práctica siga extendiéndose de forma progresiva», ha apostillado.

No obstante, ha reconocido que las entidades han ido aplicando este cargo de forma muy cauta porque temen perder clientes ante el elevado nivel de competencia. «Han ido dando pasos poco a poco viendo cómo se comporta el resto por miedo a perder clientes», ha añadido el gobernador del Banco de España, apuntando también al incremento de comisiones de forma indirecta para compensar la reducción de márgenes.

Respecto a la posibilidad de una fusión transfronteriza, Hernández de Cos ha subrayado que sería una noticia «muy importante» ante la sobrecapacidad del sector y porque sería un elemento de aportación muy fuerte a la Unión Bancaria.

En cualquier caso, ha reconocido que la principal motivación para llevar a cabo este tipo de operaciones son las sinergias y la reducción de costes, que claramente son inferiores cuando dos entidades no operan en el mismo país.

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá hasta un máximo de 10 millones de euros en seis fondos de capital riesgo privados con la finalidad de impulsar las empresas emergentes innovadoras de la ciudad y «preservar la competitividad del ecosistema emprendedor y digital» frente al Covid-19.

Uno de los objetivos de esta medida es triplicar, como mínimo, estos 10 millones a través de los fondos o sociedades de capital riesgo con inversiones destinadas a empresas emergentes del área metropolitana de Barcelona para «generar riqueza y empleo».

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto al director general de Barcelona Activa, Félix Ortega, en la que han dicho que la medida se enmarca en la prioridad municipal ‘Barcelona Capital Digital y Emprendedora’.

Estos fondos se comprometen a invertir al menos tres veces el importe comprometido por el Ayuntamiento en empresas del entorno de la ciudad, que formen parte de unos de los sectores estratégicos del ‘Barcelona Green Deal’ y que una cantidad equivalente a la invertida vaya a empresas lideradas por mujeres.

Esta iniciativa, gestionada por Barcelona Activa, recibe el nombre de ‘Barcelona Accelera’, y destaca el sector de las empresas emergentes como motor de innovación, de atracción de talento, de inversión extranjera y de internacionalización de la ciudad.

SELECCIÓN DE LOS FONDOS

En relación a la selección de los fondos o sociedades de capital riesgo, se seleccionarán un total de seis: el fondo con mejor puntuación recibirá tres millones de euros; los dos fondos sucesivos tendrán dos millones, mientras que los tres restantes obtendrán un millón de euros.

«Se invertirán un total de 10 millones de euros con carácter plurianual, prorrogables hasta 12», ha dicho Ortega, y ha añadido que el Ayuntamiento no debe ser el inversor principal y que quieren impulsar preferentemente aquellas empresas fundadas por mujeres o con presencia de mujeres en el equipo directivo.

En relación a los sectores estratégicos a los que se dirige esta iniciativa, se priorizarán las empresas emergentes de economía digital, industrias creativas, economía verde, industria 4.0, salud y bio, deporte y tecnología del deporte, alimentación y tecnología alimentaria y economía azul.

CAPITAL DIGITAL

Collboni ha destacado que esta medida se enmarca dentro de la estrategia de reforzar Barcelona como capital digital del sur de Europa y consta de tres pilares a través de los cuales el Ayuntamiento potencia la colaboración público-privada: financiación, espacios y talento.

Los fondos ‘Barcelona Accelera’ pertenecen al pilar de la financiación, que acompaña a los otros dos: en el caso de los espacios, destaca el edificio de Correos, que acogerá un ‘hub’ de innovación, mientras que, en el talento, se prevé formar a 3.000 programadores en los próximos años.

Las empresas emergentes son unos de los objetivos prioritarios de la Agenda Económica de Barcelona (Barcelona Green Deal) y Collboni ha recordado que en Cataluña ha recordado que hay más de 1.500 empresas emergentes, y que el 77,5% se localizan en el entorno de Barcelona.

El Tesoro Público espera colocar esta semana entre 2.000 y 4.000 millones de euros con dos nuevas emisiones de deuda, una primera de letras a 3 y 9 meses el martes y una segunda de deuda a largo plazo el jueves, en un contexto de mínimos históricos en los tipos de las últimas subastas y de optimismo en los mercados por las novedades sobre los avances de la vacuna de Pfizer.

Los inversores mantienen, pese a la crisis y las revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento de España por distintos organismos, su confianza en los títulos españoles tal y como demuestran los resultados de las últimas subastas.

En la última, del pasado martes, captó 2.452,39 millones de euros en letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto y cobrando un poco más a los inversores en ambas referencias, que volvieron a colocarse en los mínimos históricos que ya marcaron en septiembre de 2019.

Esta semana, el Tesoro ofrecerá el martes letras a 3 y 9 meses a los inversores, con las que espera captar entre 500 y 1.500 millones de euros. Ya el jueves emitirá bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0%, y obligaciones del Estado a 7 años (vencimiento 30 de julio de 2027), con cupón del 0,80%. Con esta emisión espera captar entre 1.500 y 2.500 millones de euros.

Para determinar la evolución del coste de financiación, la referencia en las letras a tres meses es el tipo de interés marginal del -0,671% del pasado 13 de octubre, y en las letras a nueve meses el tipo marginal del -0,581% registrado ese mismo día.

En el caso de la deuda a largo plazo, la referencia para el bono a 5 años que se subastará el jueves es el tipo marginal del -0,325% de la emisión del pasado 15 de octubre, y en las obligaciones a 7 años el interés de referencia es el interés del -0,033% registrado en la emisión del pasado 17 de septiembre.

Con estas dos emisiones el organismo cerrará el calendario de noviembre y no volverá a los mercados hasta el 1 de diciembre, para encarar el último mes de un ejercicio marcado por la pandemia del Covid-19, que ha obligado a revisar en dos ocasiones la estrategia de financiación del Reino de España.

REVISIÓN DEL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN

Concretamente, fue revisado en mayo al alza en 100.000 millones como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19, pero que se varió de nuevo en octubre para reducirse en 15.000 millones.

El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, explicó que el coste de emisión de la deuda pública se situará a final de año en el 0,20%, por debajo del 0,22% actual, al tiempo que la carga de los intereses de la deuda superará este año el 2% del PIB, aunque posteriormente recuperará la senda descendente.

Tras la última revisión del programa, las emisiones netas quedan en 115.000 millones y las brutas en 282.137 millones. Tras esta reducción, las necesidades de financiación bruta hasta final de año pasan de los 47.000 millones a los 32.000 millones.

De esta cantidad, el organismo prevé que aproximadamente 10.000 millones se cubran con el nuevo instrumento europeo de ayuda al desempleo SURE en 2020, una vez que la Comisión Europea ha anunciado el comienzo de su programa de emisión.

Estos fondos se destinarán a atender los gastos de los distintos programas puestos en marcha para reducir el impacto sobre el empleo del Covid-19. El resto de fondos asignados a España, hasta completar los 21.325 millones aprobados, se recibirá en 2021.

Del total de 282.137 millones de emisión bruta previstos para 2020, la mayoría (188.469 millones) será a través de emisiones de deuda a medio y largo plazo y el resto de letras (93.668 millones).

El Banco Central Europeo (BCE) podría lanzar el euro digital como vehículo a través del cual mantener la opción de que los ciudadanos tengan acceso a dinero seguro y evitar los riesgos de la dependencia total a los medios de pago privados en caso de que el descenso en el uso de los cajeros automáticos se convierta en un fenómeno permanente y no puntual.

Así lo ha puesto de manifiesto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante si intervención en la Convención Anual Financiera organizada por la Asociación de Mercados Financieros (AMF).

En caso de que la caída en el volumen de retiradas de dinero en los cajeros españoles mantenga esta tendencia, Hernández de Cos considera que se podría dejar de contar con la alternativa pública que ofrece el efectivo a los medios de pago privados.

El Consejo de Gobierno del BCE estableció un grupo de alto nivel para profundizar en el análisis y ampliar el conocimiento del Eurosistema respecto a euro digital. Los resultados de este trabajo se recogen en un informe que refleja no solo sus conclusiones preliminares, sino que además esboza una hoja de ruta para el futuro.

Concretamente, la principal aportación del informe al debate actual ha sido la de identificar los escenarios que, de materializarse, podrían justificar el lanzamiento del euro digital como una de las posibles actuaciones que se han de considerar.

«Hemos tratado de dilucidar cuándo un euro digital podría ser un buen aliado que nos permita seguir cumpliendo con el mandato y los objetivos del Eurosistema», ha indicado el gobernador del Banco de España.

«Nuestro papel nos obliga a estar preparados técnicamente por si se produjesen en algún momento desarrollos que aconsejaran ponerlo en circulación», ha añadido Hernández de Cos.

En cualquier caso, ha reconocido que la introducción de un instrumento de esta naturaleza entraña una «enorme complejidad y trascendencia», por lo que, más allá del estimulante debate intelectual que se abre en torno a sus posibilidades en el futuro, requiere un análisis profundo de sus distintas implicaciones y sus posibles configuraciones.

Además, se deberá minimizar el impacto negativo sobre la estabilidad financiera que tendría una posible desintermediación bancaria o los posibles efectos del euro digital en situaciones de inestabilidad.

REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL BCE

En los últimos años, varios bancos centrales han iniciado procesos para revisar sus estrategias de política monetaria. El BCE anunció en enero de este año el inicio de la revisión de su estrategia de política monetaria.

La irrupción del Covid-19 ha supuesto un retraso en este proceso, que se espera que se extienda durante parte del próximo año. Dado que es un proceso en curso, no se sabe aún cuáles serán sus conclusiones, pero sí ha adelantado que es un proceso abierto.

«Tanto el BCE como los bancos centrales nacionales del Eurosistema estamos realizando una gran cantidad de análisis y pidiendo su opinión a la sociedad civil, los economistas académicos y otros colectivos profesionales y sociales», ha indicado Hernández de Cos.

Uno de los temas clave de esta revisión será el relativo a la definición misma del objetivo de estabilidad de precios del BCE. El objetivo de inflación actual, consistente en una tasa inferior, pero cercana, al 2%, es susceptible de ser reformulado, ha añadido el gobernador del Banco de España.

Por un lado, considera que puede ser necesario clarificar el nivel concreto de inflación que se pretende alcanzar, para facilitar su comprensión a los agentes económicos. Por otro, cabría la posibilidad de dotar al objetivo de una naturaleza más simétrica, que deje claro que el grado de tolerancia hacia desviaciones de la inflación por encima del objetivo será el mismo que cuando las desviaciones se produzcan por debajo.

Igualmente, otro de los elementos a tener en cuenta es que los programas de compra de activos o las operaciones de provisión de liquidez a los bancos han pasado a formar parte de la «caja de herramientas» normal de los banqueros centrales.

«Es conveniente que nos dotemos de forma permanente de instrumentos lo bastante flexibles para evitar la reaparición de dinámicas de fragmentación que comprometan la correcta transmisión de la política monetaria en toda el área del euro», ha explicado.

LA FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA

Así, Hernández de Cos ha subrayado que las herramientas del nuevo marco estratégico deberían heredar los elementos de flexibilidad que han caracterizado el PEPP, el programa de compras de emergencia frente a la pandemia.

«Tanto en el ámbito de la política monetaria como en el de los sistemas de pago exige que nuestras actuaciones vayan siempre precedidas de análisis rigurosos y profundos, y que cuenten con el más amplio consenso», ha indicado.

En su opinión, «cohonestar el rigor de sus decisiones en ámbitos de innegable calado para toda la sociedad con la flexibilidad y rapidez de respuesta que demanda una economía en acelerada transformación es un reto cuya resolución debe basarse en su capacidad de anticipar estas situaciones para así poder analizarlas con tiempo en toda suprofundidad.

El Círculo de Empresarios ve «poco realistas» y «desfasadas» las previsiones del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 ante la segunda ola, con una estimación de ingresos «inflada» y una «infraestimación» y falta de evaluación de la eficiencia en el aumento del gasto, al tiempo que rechaza su «carga ideológica» con una subida de impuestos que «afectará a todas las clases» y ve una «pena» los apoyos a las nuevas cuentas públicas de la «izquierda radical y nacionalistas».

También ha cuestionado la idoneidad del incremento de gasto que implica compromisos estructurales, como el alza de los salarios a los funcionarios, y se muestra «totalmente contrario» a una eventual nueva subida del Salario Mínimo a 1.000 euros y limitar el precio de los alquileres, porque en el primer caso dañará a las empresas y en el segundo «no ha funcionado en ningún sitio» y aumenta la economía sumergida. En cambio, ve «positiva» la creación de un fondo público de pensiones y la «prioridad» de la Sanidad.

Así lo ha señalado el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, en la rueda de prensa telemática para analizar los Presupuestos de 2021, que ya han pasado la fase de enmiendas a la totalidad en el Congreso y que la organización cree que comporta «un déficit estructural que compromete la recuperación».

De Zulueta, que ha criticado los «errores» en la gestión de la pandemia, ha cargado contra los apoyos de los grupos que respaldaron la investidura del Gobierno al verlos «una pena», porque «reflejan la fragilidad de los apoyos» y un Gobierno «sin apoyo sólido, dependiendo de fuerzas de la izquierda radical y nacionalistas», en un momento en el que «no se puede fallar con los PGE porque la economía está absolutamente hundida en este momento.

En este sentido, ha dicho esperar que se modifiquen algunos contenidos de los PGE en la fase «crítica» de las enmiendas parciales, porque algunas medidas recogidas «pueden perjudicar la recuperación de la economía y el empleo a corto y medio plazo».

En cuanto al cuadro macroeconómico sobre el que se sustentan los PGE, De Zulueta y el director de Economía del Círculo, Juan María Nin, lo ven «tan optimista que no es real», y en general consideran «optimistas» y «poco realistas» todas las previsiones recogidas en las nuevas cuentas públicas.

CRITICA LA SUBIDA DE IMPUESTOS «GENERALIZADA»

Por el lado de los ingresos, De Zulueta ve la estimación del Gobierno «sobredimensionada e inflada», coincidiendo con la sobrestimación de 2.000 millones calculada por la AIReF, y ha criticado la «carga ideológica» de los PGE al recoger una subida de impuestos a los ricos, que en la práctica «afectará a las empresas y a todas las clases, como la trabajadora y la baja.

Desde el Círculo han avisado de que los cambios impositivos pueden contener «elevados costes» en términos de seguridad jurídica y atracción de inversión extranjera directa, así como perjudicar «seriamente» la productividad y la competitividad de la economía española, además de que «bascula sobre familias y empresas.

En este sentido, han cuestionado que se incremente la presión fiscal en España cuando el resto de socios europeos están optando por bajar los impuestos, ya que se trata de una situación excepcional y subirlos es «contraproducente» para el consumo, la inversión y la seguridad jurídica. «No es el momento de llevar la contraria», ha apostillado Nin.

Por el lado del gasto, el incremento del gasto en 2021 podría resultar infraestimado ante la evolución actual de la pandemia», advierten, situando el desfase entre el gasto presupuestado y el real en 15.000 millones de euros.

En cuanto al gasto público, el Círculo respalda su aumento en las partidas sociales que permitan «temporalmente» afrontar las dificultades de las familias, los autónomos y las empresas, pero cree que estaría «infraestimado» ante la evolución actual de la pandemia con la segunda ola, rondando el desfase unos 15.000 millones entre el gasto presupuestado y el real, y cuestiona que se eleven otros gastos que implican adquirir compromisos de carácter estructural, como la indexación de pensiones al IPC y el incremento generalizado del salario de los empleados públicos.

De Zulueta ha lamentado que no se haya realizado una correcta evaluación de la eficiencia del gasto, al tiempo que Nin ha reclamado que se acompañe esos aumentos de gasto con propuestas de corrección del déficit estructural, recordando que la capacidad de mejora del gasto público en la Administración central y las CC.AA. es de «miles de millones».

AVISAN DE AUMENTO DE LA PRIMA DE RIESGO DESDE 2022

El director de Economía del Círculo ha alertado del «handicap» de un déficit estructural que rondará los 75.000 millones de euros (6% del PIB) porque «compromete la recuperación» y debe conducir a que los analistas y administradores tengan en cuenta que desde 2022 se empezarán a registrar aumentos de la prima de riesgo.

Según Nin, actualmente España destina un 6,9% del PIB pago de intereses de la deuda, un porcentaje «soportable» porque los tipos de interés son bajos, pero alerta de que será «insoportable» cuando los tipos de interés empiecen a subir.

En cuanto a los fondos europeos, que en los PGE se recoge un adelanto de 27.000 millones, Nin ha pedido «mucha cautela» respecto a su efectos multiplicador y ha defendido que habría suficientes proyectos para su ejecución pero si se hace «bien o no será responsabilidad de todos», reclamando la participación activa del sector privado en la ejecución y asignación.

EN CONTRA DE ELEVAR SMI Y LIMITAR LOS ALQUILERES

Preguntados sobre el límite de los precios de alquiler que impulsa Podemos, De Zulueta ha criticado que se trata de una «intromisión en el mercado privado», de cuyos ingresos «depende la gente«, porque «el 90% de pisos y casa está en manos privadas, no en los fondos buitre», por lo que ha alertado de que la medida «puede hacer mucho daño» y elevar la economía sumergida más allá del 22% del PIB estimado en la actualidad.

«No es una buena estrategia porque detrae la oferta y se necesita más oferta para bajar el precio; la idea de controlar los precios no funciona ni ha funcionado en ningún sitio», ha apostillado citando los ejemplos de Barcelona o Berlín. «Ni la historia ni la racionalidad económica explica, justifica o brinda un solo argumento para el capado de los precios», ha añadido Nin al respecto.

A su vez, De Zulueta se ha mostrado «totalmente en contra» de una eventual subida del Salario Mínimo a 1.000 euros como proponen los sindicatos, porque los incrementos de los dos ejercicios previos hasta los 950 euros «dificultó a muchísimas empresas», especialmente al sector textil y agrícola.

Ha recordado que los países nórdicos funcionan «estupendamente» sin SMI y presentan un salario medio superior al de España, por lo que ha rechazado un nuevo alza para evitar dañar a «muchísimas empresas» en situación complicada por la pandemia y para no aumentar la economía sumergida.

Como recomendaciones, el Círculo pide unas previsiones macroeconómicas «más realistas» para estimar la recaudación, unos PGE «expansivos» que respondan a «criterios técnicos, no a cuestiones ideológicas o políticas»; reconsiderar el incremento de la presión fiscal y acometer a medio plazo una reforma fiscal integral.

También reclama incrementar los recursos para aflorar la economía sumergida, mejorar la eficiencia del gasto, acometer reformas estructurales y una necesaria estrategia de «transición gradual» de consolidación presupuestaria.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que en el Gobierno están «abiertos» a ampliar la vigente suspensión de los desahucios a aquellos casos de vulnerabilidad existentes antes de la pandemia de Covid-19, tal y como exigen las plataformas en defensa del derecho a la vivienda y varios grupos parlamentarios, entre ellos su socio de coalición en el Ejecutivo, Unidas Podemos.

«Podemos plantearnos qué pasa con las personas que antes del estado de alarma ya estaban en situación de vulnerabilidad. Estamos abiertos con tal de evitar estos dramas de los desahucios«, ha asegurado el ministro en la rueda de prensa en la sede del PSOE en Madrid, tras la reunión de su Ejecutiva, de la que es portavoz.

Sin embargo, Ábalos ha aclarado que ese refuerzo de la protección «debe de estar coordinado con la Administración de Justicia y con las comunidades autónomas», recordando que estas últimas administraciones «son las competentes también de esta materia y emplean los fondos del Plan Estatal de Vivienda, que les debe permitir dar alternativas habitacionales«.

«Además del respeto a las competencias, queremos equilibrarlo también con la seguridad jurídica. En todas las tramitaciones tenemos que ver si hay un título justo para la posesión y para la ocupación de la vivienda», ha apostillado el ministro.

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley estima que el producto interior bruto (PIB) de España se contraerá un 11,6% en 2020 y repuntará un 4,9% en 2021 y un 6,4% en 2022, de acuerdo con las perspectivas que ha publicado este lunes.

De esta forma, en lo referente al impacto para este año, la entidad se alinea con las previsiones del Gobierno, que espera una contracción del 11,2% para este año. Por otro lado, aunque el Fondo Monetario Internacional pronostica una caída del 12,8%, la semana pasada la institución aseguró que sus estimaciones eran demasiado pesimistas teniendo en cuenta los datos del tercer trimestre, por lo que la caída estará situada en torno al 11,5%.

«Estamos particularmente preocupados por España y Bélgica, que están por detrás de otros países, tienen gobiernos fragmentados y han sido más afectados por el Covid-19. Sin embargo, esperamos que cierren la brecha durante al recuperación, con España siendo apoyada por los fondos europeos y el reinicio del turismo y Bélgica por el sólido crecimiento de sus vecinos», han afirmado los analistas de la entidad.

Para 2021, Morgan Stanley es menos optimista y considera que el PIB únicamente crecerá un 4,9%, frente al 7,2% estimado por el FMI y el 9,8% calculado por el Gobierno tras el impacto de los fondos europeos.

No obstante, el banco ha indicado el incremento del 4,9% es su previsión central. Su escenario pesimista considera un alza del 2,6% el año que viene y del 5,4% el siguiente, mientras que la más optimista contempla una subida del 6,8% tanto en 2021 como en 2022.

Por detrás de España, la mayor caída de la economía en la zona euro según los pronósticos de Morgan Stanley es la de Francia, con un 8,9%, seguida de Italia, con un 8,8%. Con respecto al resto de grandes economías europeas, Alemania experimentará un descenso del 5,6% este año y Países Bajos, del 4,7%.

La recuperación en 2021 estará liderada por Francia, cuyo PIB crecerá un 6,5%, por delante de Italia, que registrará un alza del 5,4%. Alemania crecerá un 4,1% y Países Bajos experimentará un incremento del 3,2%.

Morgan Stanley calcula estas cifras asumiendo que en invierno tendrá lugar un nuevo descenso de la economía al ser necesaria una nueva oleada de confinamientos en el Viejo Continente. «En primavera de 2021, considerado una amplia disponibilidad de una vacuna efectiva, vemos que la demanda acumulada y los elevados ahorros alimenten un repunte sólido, en línea con el del tercer trimestre de 2020», han explicado los analistas del banco.

Pese a la recuperación durante 2021, Morgan Stanley estima que el paro en España no comenzará a descender hasta 2022. Así, mientras que el país cerrará este año con un 15,8% de desempleo, en 2021 se elevará hasta el 17,5%, para descender hasta el 16,4% en 2022.

En lo que respecta al equilibrio de las cuentas, la firma considera que el déficit este año alcanzará el 11,5% del PIB, mientras que en 2021 será del 7,9% y en 2022 se situará en el 6,7%. La deuda pública se situará en torno al 117% y el 118% del PIB durante los próximos tres años.