La Comisión Europea ha actualizado la lista de sectores a los que se considera «expuestos al riesgo de fuga de carbono» y que pueden recibir ayudas públicas en cada Estado miembro para compensar los mayores costes provocados por emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.

En particular, Bruselas ha adoptado este lunes las nuevas directrices sobre ayudas estatales vinculadas al régimen de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2021.

Estas orientaciones buscan reducir el riesgo de que algunas empresas trasladen su producción a países de fuera de la UE y con políticas medioambientales menos ambiciosas (la llamada ‘fuga de carbono’). Para ello, dan permiso a los gobiernos europeos para conceder ayudas a empresas de sectores en los que esto puede ocurrir, compensando a las firmas por los costes indirectos imputables a las emisiones de CO2 que elevan los precios de la electricidad.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que con las nuevas directrices, las ayudas públicas se centrarán «únicamente» en sectores que presentan riesgo de fuga de carbono y que cuentan con una «fuerte exposición» al comercio internacional.

Sobre la base de una metodología «objetiva», contemplan una lista de diez sectores y veinte subsectores a los que se pueden conceder dichas ayudas. En la lista anterior, vigente desde 2012, constaban un total de catorce sectores y siete subsectores.

Además, establecen un porcentaje de compensación «estable» del 75%, frente al 85% del periodo anterior, y excluyen la compensación por tecnologías no eficientes, con el objetivo de mantener los incentivos de las empresas para mejorar la eficiencia energética.

En tercer lugar, las nuevas orientaciones condicionan el acceso a las ayudas compensatorias a la realización de esfuerzos adicionales de descarbonización por parte de las empresas, como el cumplimiento de recomendaciones formuladas en sus auditorías.

Para la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, esta revisión de las directrices «permiten a los Estados miembros apoyar a aquellos sectores que corren mayor riesgo de fugas de carbono» y al mismo tiempo «contribuyen a lograr una descarbonización rentable de la economía, evitando una compensación excesiva y falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único.

«Para luchar de forma sostenible contra el cambio climático y alcanzar los objetivos del Pacto Verde, tenemos que poner un precio a las emisiones de carbono, evitando al mismo tiempo las fugas de carbono. Las directrices revisadas sobre las ayudas estatales vinculadas al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que hoy se adoptan constituyen un elemento importante de este proyecto», ha apuntado la danesa.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este lunes que la Generalitat recomienda a los catalanes no viajar a la Comunidad de Madrid si no se trata de un caso excepcional, y ha mostrado su solidaridad y apoyo ante la situación «crítica».

En su intervención en el acto de balance de la campaña de Cruz Roja para sensibilizar por Covid-19, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «medidas más drásticas» como que no se permita salir fuera de la comunidad si no se tiene la certeza de que no tiene síntomas de Covid.

Torra ha explicado también que se implantará un control de temperatura en los aeropuertos y estaciones de trenes catalanas, donde pueden llegar viajeros procedentes de Madrid, para lo que ya ha hablado con Aena y Renfe, pero ha pedido que sea la Comunidad de Madrid quien «tome las medidas necesarias» en origen para que esto no sea necesario.

«Pienso que son medidas de sentido común. Y la más importante es que desde la Comunidad de Madrid se tomen las medidas que se tienen que tomar para evitar que cualquier persona que pueda tener síntomas de covid-19 pueda moverse por otras zonas», ha añadido.

El presidente catalán ha mostrado su preocupación máxima por la situación de Madrid, y ha dicho no entender «cómo no se han tomado medidas muchas más estrictas», y ha puesto a disposición todos los equipos técnicos por si es necesario.

«No es una carrera de nadie. Si se necesita la ayuda de quien sea, que se pida. Si Cataluña se ve obligada en algún momento a pedir la ayuda, la pedirá, sin duda. La salud y la vida va por delante de todo», ha subrayado.

Torra ha recordado que en el inicio de la pandemia reclamó el confinamiento de Cataluña porque consideraba que la comunidad era un factor de riesgo, momento en que también pidió el de la Comunidad de Madrid, pero que en este momento la situación de Madrid es «excepcional».

La distribución de alimentación prevé consolidar entre un 35% y un 45% del crecimiento que ha logrado en el canal ‘online’ durante el confinamiento tras el estado de alarma decretado para frenar la crisis del coronavirus.

En concreto, el ‘ecommerce’ en alimentación no superaba el 2% de cuota de mercado en 2019 para pasar al 3,5% tras el confinamiento, con más de un millón de hogares usuarios, según los datos presentados este lunes en el I Retail Day, organizado por el área de Retail Knowlegde de Aecoc.

«El confinamiento ha llevado al ‘ecommerce’ para Gran Consumo a cuotas previstas para dentro de cuatro años», ha afirmado el responsable de ‘retail knowledge’ de Aecoc, Pablo de la Rica, que ha avanzado que «el impulso logrado ha sido definitivo para el canal y se mantendrá».

Respecto a los usuarios, según los datos del barómetro de Aecoc Shopperview, el 32% de los compradores reconoce que durante el confinamiento empezó a comprar productos de alimentación ‘online’ y un 61% declara que utiliza este canal, ya sea de forma habitual u ocasional.

Del mismo modo, de todos los usuarios que se acercaron al ‘online’ de alimentación por primera vez durante el confinamiento, tan solo el 17,5% afirma que dejará de comprar a través del canal, por un 11,6% que asegura que hará la mayor parte de sus compras por Internet y un 70,9% que adquirirá algunos productos.

En este sentido, se estima que la cuota ‘online’ de alimentación en Europa pasará del 3,8% registrado en 2019 al 10% en 2025. El director de ‘e-commerce’ de Dia, Diego Sebastián, ha recordado que «en España se parte de una cuota de consumo ‘online’ para gran consumo baja, pero la cuota de mercado del canal para dentro de cinco años sí debería estar por encima del 5%.

De la Rica ha subrayado que la cuota del 3,5% lograda por el ‘ecommerce’ durante el confinamiento hace referencia al servicio que la distribución fue capaz de ofrecer durante el confinamiento, no a la demanda registrada, que llegó de forma inesperada.

Ante la avalancha de pedidos, la distribución lleva meses innovando en las estrategias para dar respuestas a los nuevos consumidores, con alianzas con compañías de ‘delivery’, apertura de almacenes provisionales y nuevas aplicaciones tecnológicas.

Sobre estas nuevas estrategias adoptadas por los distribuidores, el director general de Deliveroo, Álvaro Dexeus, ha destacado «el rol clave que tendrán las plataformas de ‘delivery’, que tiene una gran experiencia en la intermediación a gran velocidad». «La ultraconveniencia abrirá todo tipo de nuevas oportunidades para los distribuidores», ha avanzado.

El director de Deliveroo ha coincidido con el director comercial de Ulabox, David Campoy, al afirmar que «será el consumidor quien decida hacia dónde se dirige el canal ‘online’ en gran consumo». «La clave del éxito será anticiparnos a sus expectativas. La seguridad fue una nueva necesidad surgida durante el confinamiento que Internet podía ofrecer, muchos usuarios entraron al ‘ecommerce’ de alimentación por esta razón y ahora el canal es capaz de cubrir muchas más misiones de compra que antes», ha subrayado.

Sobre el futuro del canal ‘online’, Campoy ha indicado que el servicio de productos frescos será clave. «Existían prejuicios y miedos sobre la calidad de esta categoría de productos vendidos por Internet, ya que el usuario no tiene la opción de elegirlos, pero durante el confinamiento recibieron sus pedidos y vieron que mantenían la calidad. Esa es la mejor forma de retener al usuario y romper barreras mentales», ha señalado.

El Pleno del Congreso celebra este martes el debate de admisión a trámite de la proposición de ley de Junts per Catalunya para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, con sanciones de hasta un millón de euros para las infracciones más graves.

La proposición de ley contempla la creación de un Observatorio de la morosidad y sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves.

Asimismo, también incluye la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente, y modifica la regulación del IVA, para modificar la base imponible de las facturas no cobradas y reducir el plazo para considerar una factura incobrable.

PROPUESTA INCLUIDA COMO POLÍTICA DE RECONSTRUCCIÓN

La iniciativa, esgrime Junts, parte de los consensos alcanzados con los grupos hace dos legislaturas, cuando el Congreso y el Senado tramitaron sendas proposiciones de ley de Ciudadanos y del PDeCAT, predecesor de Junts.

Precisamente, hace apenas dos meses el PSOE y Junts pactaron la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad como parte de las políticas de reconstrucción económica frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, incluyendo esta recomendación en el dictamen elaborado por el Congreso.

UN 70% DE EMPRESAS TENDRÁ PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

Según el presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, la iniciativa tiene garantizado superar este primer trámite parlamentario, según los compromisos que le han venido dando durante estos días la práctica totalidad del arco parlamentario, según ha informado a Europa Press.

Un paso necesario para tratar de evitar que la situación de crisis rompa la cadena de pagos, pues desde su plataforma estiman que el 70% de las empresas, grandes y pequeñas, tendrá problemas de liquidez que encarará con el retraso de sus pagos.

«Romper la cadena de pago puede ser una catástrofe sin precedentes, necesitamos obligatoriamente actuar en los estados corrientes de las empresas», ha asegurado Cañete, que anticipa que, en el peor escenario económico proyectado por el Banco de España, con una caída de hasta el 15% del PIB, el conjunto de empresas requerirá de 238.000 millones de euros.

SEGUNDO INTENTO, TRAS EL VETO DEL GOBIERNO

Junts registró esta proposición de ley el pasado mes de mayo, tras el veto del Gobierno a una propuesta anterior, por suponer una pérdida de 9.639 millones de euros en los ingresos previstos por la recaudación de IVA en 2020.

Y es que la ley habilita a las empresas reducir de su base imponible el IVA anticipado por facturas que finalmente resulten total o parcialmente incobrables, y permite reducir el plazo actual de seis meses que ha de transcurrir para que una factura no abonada en fecha adquiera esa condición de incobrable.

Ante este veto, Junts decidió presentar de nuevo la misma iniciativa, pero retrasando la entrada en vigor de las modificaciones del IVA al 1 de enero del año siguiente al de su aprobación, y así sortear la prohibición de afectar los ingresos previstos para este ejercicio.

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.

RECHAZO DEL GOBIERNO A MODIFICAR LAS BASES IMPONIBLES

En su veto, el Ejecutivo también rechazaba eliminar el plazo de tres meses para modificar la base imponible y exigir la comunicación a la Agencia Tributaria, lo que provocaría, esgrime Hacienda, un «descontrol» de estas reducciones, imposibilitaría las comprobaciones y causaría «indefensión» en la AEAT, por no saber a quién reclamar el impago de cuotas.

«La eliminación de esta obligación, insistimos, supone un riesgo inasumible para la Hacienda Pública, ya que sería imposible controlar que las minoraciones en la base imponible tienen su correspondiente regularización en la contraparte», argumenta el Gobierno, que considera «bastante probable» que aumenten estas reducciones, lo que «puede provocar una imposibilidad práctica de control» sobre estas autoliquidaciones.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Unidas Podemos que llama al Gobierno a reformar el régimen de infracciones y sanciones de los vehículos con conductor VTC y garantizar que los cuerpos de inspección y de policía local pueden sancionar adecuadamente los incumplimientos de estos servicios.

Unidas Podemos, que comparte Gobierno con el PSOE, recuerda al titular de Transportes, José Luis Ábalos, que, más de un año y medio después de la entrada en vigor del decreto ley que aprobó en 2018, aún no ha llevado a las Cortes una propuesta legislativa para modificar este régimen, cuando la norma le obligaba a hacerlo en un plazo de seis meses.

Esta norma, aprobada por el hoy ministro de Transportes en septiembre de 2018, delegó a las comunidades autónomas la competencia para modificar las condiciones de explotación previstas en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ante la «competencia desleal» de estos servicios, según critica Unidas Podemos, al sector del taxi.

¿HACEN FALTA SANCIONES MÁS DURAS?

Sin embargo, para Unidas Podemos la ausencia de un régimen sancionador adecuado «ha limitado seriamente las facultades de las administraciones públicas» pues, aseguran, sus cuerpos de inspección «han reiterado en múltiples ocasiones la falta de medios e instrumentos legales para sancionar las malas prácticas y el peligro a la seguridad que suponen las actuaciones de los propietarios de VTC y las plataformas digitales que los auspician».

En este sentido, en el grupo confederal recuerdan que la Audiencia Nacional declaró el pasado mes de enero válida la orden que obliga a llevar a bordo del vehículo VTC su hoja de ruta, habilitando la imposición de sanciones administrativas a aquellos que no dispongan de la misma.

Además, piden analizar las últimas sentencias que derivan de este decreto para elevar la calificación de grave a muy grave de determinadas infracciones y tipificar nuevas ante el incumplimiento de otras condiciones del servicio.

POSIBLE INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO O REVOCAR LA LICENCIA

Asimismo, llama a estudiar la posible inmovilización del vehículo hasta el pago de sanciones muy graves, e incluso revocar la autorización VTC por la comisión de infracciones de naturaleza muy grave en un año.

Por último, Unidas Podemos exige a Transportes garantizar que los cuerpos de inspección y de policía locales de las administraciones competentes «puedan sancionar adecuadamente» posibles incumplimientos de estos vehículos VTC.

Concretamente, citan incumplimientos sobre hoja de ruta, el retorno a la base, la restricción de circulación, su pre-contratación, la captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios, y especificaciones técnicas del vehículo.

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras (Anesco) ha anunciado que recurrirá por la vía judicial la sanción de 68.000 euros interpuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que interpondrá un recurso ante la Audiencia Nacional para solicitar su anulación.

Anesco fue la entidad más afectada por esta serie de multas interpuestas por Competencia, frente a los 1.000. 2.000 y 4.000 euros que interpuso a las fuerzas sindicales, al entender que el acuerdo que firmaron todas ellas en 2017 restringía la competencia.

La organización argumenta en un comunicado que el único objetivo perseguido al suscribir este acuerdo, propuesto por el Ministerio de Fomento en marzo de 2017 dentro del desarrollo del cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, fue garantizar el empleo en aras de preservar la estabilidad laboral en los puertos.

Por ello, considera que la resolución de la CNMC no se ajusta a derecho y señala que continuará trabajando en la mejora del sector portuario, desde el diálogo con administraciones públicas y organizaciones sindicales, con el máximo respeto a la legalidad vigente, «con el objetivo de mejorar la competitividad del sector y mantener su estabilidad».

Por su parte, Competencia cree que las conductas analizadas impidieron una competencia efectiva en este mercado, al imponer una limitación injustificada de la libertad de organización de la empresa estibadora que optase por separarse de la SAGEP, mediante condiciones de subrogación obligatoria de trabajadores de la SAGEP que no cumplen las exigencias de transparencia, objetividad y equidad, generando en última instancia un desincentivo para todas las demás empresas accionistas de SAGEP.

El Gobierno y las principales organizaciones sindicales del sector público han firmado la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger la regulación básica del teletrabajo en la función pública.

Tras el encuentro, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha puesto en valor el acuerdo y que se haya hablado de teletrabajo en las administraciones.

«Creo que hablar de teletrabjo en administraciones públicas, de todas las administraciones públicas en un texto, que es legislación básica; hablar de voluntariedad, reversibilidad, de cómo podemos seguir siendo pioneros y punta de lanza en las administraciones públicas es muy importante», ha apostillado.

El pasado 11 de junio, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público.

Este acuerdo supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, del tal manera que el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, «salvo en supuestos excepcionales».

El texto que se incorporará en el Estatuto Básico regula con carácter general la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, como una modalidad organizativa, «fomentando así el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la administración digital».

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. También establece que será requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

Por otro lado, dice que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabjo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta, sino que será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad.

El texto apunta que se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse fuera de las dependencias de la Administración y se establece expresamente que, en todo caso, esta modalidad deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser «expresamente autorizada».

Los funcionarios que teletrabajen tendrán los mismos deberes y derechos que el resto y la Administración deberá proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.

Por último, el texto señala que el desempeño del teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, «siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito», y que las administraciones públicas que lo requieran podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

El acuerdo se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre, según fuentes sindicales, aunque inicialmente se barajaba la fecha de mañana.

VALORACIÓN POSITIVA DE LOS SINDICATOS

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), su presidente, Miguel Borra, ha subrayado que se trata de un acuerdo «novedoso», que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos.

«Este acuerdo supone introducir por primera vez el derecho al teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleo Público, y por tanto se podrán acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las administraciones públicas», ha destacado Borra, que se ha mostrado convencido de que esta modalidad laboral «también revertirá en una mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía».

Una vez conseguido el acuerdo sobre teletrabajo, CSIF ha pedido que se abra cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social, como consecuencia de la pandemia.

Por su parte, el responsable federal de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha explicado que el sindicato ha dado su respaldo al texto porque deja claros «elementos básicos como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las administraciones.

Además, ha incidido en que introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, lo que concede al teletrabajo un carácter «lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía».

Este acuerdo servirá de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y deberá desarrollarse sectorial y territorialmente a través de la negociación colectiva. Por ello, el sindicato ha instado a las administraciones a abrir sin demora las mesas de negociación en los diferentes ámbitos, y específicamente en la AGE «de manera inmediata».

En la misma línea, CCOO ha pedido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre el teletrabajo en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, ha reclamado a la ministra Darias la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y un III Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, comprometido por el Gobierno.

En su opinión, dicho acuerdo debe priorizar políticas que eliminen la precariedad en el sector público, asegurar el aumento y la estabilidad de las plantillas, eliminar la limitación que supone la tasa de reposición, abordar la carrera y la clasificación profesional, mejorar los derechos laborales y avanzar en la recuperación del poder adquisitivo.