El plan de impulso al sector del automóvil, anunciado este domingo por el presidente, Pedro Sánchez, y que se aprobará durante la próxima semana, movilizará unos 1.535 millones de euros desde este ejercicio y alrededor de 2.210 millones desde el año próximo.

Así se contempla en el borrador del plan al que ha tenido acceso Europa Press y que recoge medidas tanto a corto como a largo plazo que se articulan en cinco bloques diferentes como son la renovación del parque de vehículos por otro más eficiente, la inversiones y las reformas normativas para impulsar la competitividad, la I+D+i, la nueva fiscalidad y acciones en el marco de la formación y la cualificación profesional.

Los cinco ejes del plan, con un presupuesto de casi 3.750 millones, se articulan en 20 medidas diferentes que abarcan diversos ámbitos de actuación como el económico, así como el fiscal, los temas normativos, la logística, la formación o la competitividad, entre otros.

El monto total del plan incluye una inversión por unos 300 millones de euros en la renovación del parque público, así como para el despliegue de la infraestructura de recarga de coches eléctricos y para la adaptación de los núcleos urbanos a las nuevas formas de movilidad.

Además, se movilizarán 250 millones de euros, que vendrán acompañados de un esfuerzo similar por parte del sector, para la renovación el parque automovilístico por otro más eficiente, de forma que, bajo el criterio de neutralidad tecnológica, se subvencionará la adquisición de vehículos eficientes o de cero emisiones a cambio de achatarrar uno antiguo.

El documento al que tuvo acceso Europa Press, sujeto a cambios, también contempla una partida de 415 millones de euros para actividades de I+D+i que aumenten la competitividad y la flexibilidad del sector.

Estos 415 millones de euros se reparten en 25 millones de euros para innovación en el campo del hidrógeno, otros 30 millones para proyectos de innovación industrial en movilidad sostenible (Moves Singulares), así como en 260 millones para la mejora de la conectividad y otros 100 millones para la compra pública de innovación para infraestructuras de movilidad.

2.690 MILLONES EN COMPETITIVIDAD

El grueso del presupuesto del plan del Gobierno, con un total de 2.690 millones de euros, irá a parar a inversiones orientadas a impulsar la competitividad del sector de forma que la industria se adapte a las nuevas demandas por parte de los mercados y de los clientes.

De esta manera, 390 millones de euros se inyectarán en la flexibilización temporal de los préstamos del Plan Reindus, impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al tiempo que 500 millones recaerán en la Línea ICO para financiar vehículos comerciales e industriales profesionales.

Desde el año que viene se movilizarán otros 1.800 millones de euros para la optimización del programa de préstamos del Reindus y se mejorará la competitividad de la logística y del transporte en el sector, aunque no se conoce aún el importe de esta medida.

La última de las patas de la ofensiva del Ejecutivo para apoyar al sector del automóvil contempla inyectar 90 millones de euros en el ámbito de la formación, con 25 millones para un plan de actualización de las cualificaciones profesionales del sector y otros 15 millones para una campaña de acreditación de competencias profesionales.

También se destinarán 5 millones de euros desde el año que viene a fomentar la formación en nuevas tecnologías y 45 millones de euros hasta 2024 en un plan integral de formación en diferentes habilidades vinculadas con el sector. 800.000 VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS ‘MADE IN SPAIN’ EN 2030

Por su parte, en el marco del despliegue de este plan, los fabricantes de vehículos y de componentes se han comprometido a avanzar en la descarbonización del parque automovilístico español, con el objetivo de que las plantas nacionales fabriquen entre 700.000 y 800.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables para 2030.

Así, los fabricantes trabajarán para la adjudicación de nuevos modelos electrificados en las plantas españolas, al tiempo que se impulsará la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, con la intención de alcanzar 340.000 puntos de recarga en el territorio nacional para 2030 y 830.000 puntos de cara a 2040.

También se impulsarán los servicios de ‘car sharing’ de vehículos eléctricos, al tiempo que se aumentará la eficiencia industrial (Industria 4.0), se apostará por la innovación en el sector y se pondrán en marcha programas de atracción de talento.

Además, el sector apoyará que España se convierta en un ‘hub’ de pruebas piloto de conducción conectada y automatizada y también se compromete a complementar los apoyos que se tomen desde la Administración en función del tipo de vehículo.

La colaboración entre el sector y la Administración busca atraer la inversión que permita el desarrollo del conjunto del ecosistema de la movilidad y que este contabilice unos ingresos de 310.000 millones de euros para el ejercicio 2040.

Para lograr dicho ecosistema de la movilidad serán necesarias inversiones por importe de 54.000 millones de euros hasta 2040, a lo que contribuirán tanto los fabricantes de vehículos y componentes, como el sector de la distribución, el de desarrollo de software, las infraestructuras TIC y la eléctrica.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado este domingo no haber recibido «ninguna» propuesta por parte del Gobierno central en relación al anunciado cierre de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo).

Por ello, ha pedido «dejar de perder mucho más tiempo y sentarse y hablar realmente» sobre el mantenimiento de esta fábrica «fundamental» no solo para la industria española, sino para la gallega y para A Mariña.

Este mismo domingo, coincidiendo con la concentración de miles de personas en Foz (Lugo) para reclamar una solución para Alcoa San Cibrao, se ha celebrado la décimo cuarta videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los líderes autonómicos, en la que Feijóo ha trasladado que «no se pueden cerrar empresas por la falta de una tarifa eléctrica» que haga viable la producción de aluminio y acero en España.

No obstante, según ha explicado el titular de la Xunta en la rueda de prensa posterior a este encuentro telemático, Sánchez no ha respondido sobre esta cuestión, «ni en la anterior conferencia de presidentes ni en esta». «Puedo entender que no responda a cuestiones que afectan a una única comunidad autónoma», ha apostillado.

«UNA TARIFA ESPECIAL»

En este sentido, ha abordado la importancia de que industrias electrointensivas, como Alcoa-San Cibrao, tengan «una tarifa especial» para poder «seguir produciendo en España», algo que lograron articular «todos los gobiernos que han precedido» al actual.

Sin embargo, «en el último planteamiento de interrumpibilidad» realizado por el Estado, «lo que ha ocurrido es que a las empresas que antes recibían más incentivos en esa tarifa, ahora han recibido menos, y unas empresas que antes no recibían nada ahora han recibido subvenciones». De esta forma, de acuerdo con cifras del presidente gallego, las compañías beneficiarias han pasado de 100 a 600.

En el caso concreto de la planta de San Cibrao, aunque no ha querido hablar «nominalmente» de Alcoa como compañía, Feijóo ha aseverado que se trata de «mantener la única fábrica de aluminio primario en España».

«Es fundamental que esa factoría no se cierre, mucho menos ahora que estamos para salvar empresas, no para condenar empresas», ha sentenciado.

El Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, que cuenta con un presupuesto total de 3.750 millones de euros, incorporará una partida de 450 millones de euros destinada a la renovación del parque automovilístico español y también el de la Administración por vehículos de energías alternativas y cero emisiones y turismos con motores de combustión eficientes que cuenten con las etiquetas A o B de la Dirección General de Tráfico (DGT) y emisiones de dióxido de carbono (CO2) de menos de 120 gramos por kilómetro.

Así recoge en un borrador del plan al que ha tenido acceso Europa Press que apunta que el dentro del documento general de impulso al automóvil se incluyen medidas a corto plazo a aplicar ya desde este mes de junio por importe de 450 millones de euros, que se dividen en 250 millones de euros para un programa de renovación del parque, 100 millones de euros para el nuevo Plan Moves y otros 100 millones para actualizar el parque de vehículos de la Administración por modelos sin emisiones.

El texto indica que el programa de renovación del parque general, con 250 millones de euros de presupuesto, tiene el objetivo de sustituir los vehículos más antiguos y contaminantes por otros más limpios y seguros a través de criterios medioambientales y bajo el concepto de «neutralidad tecnológica».

Esta partida forma parte del plan general de impulso al sector del automóvil, anunciado este domingo por Pedro Sánchez que tendrá un presupuesto de 3.750 millones de euros y que se aprobará durante la próxima semana, después de ser presentado el lunes a los representantes del sector.

Así, estos 250 millones de euros se destinarán a incentivar la adquisición de turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos industriales pesados y autobuses y estará vinculado, al igual que planes anteriores como el PIVE o el Renove, a achatarrar un vehículo antiguo por cada uno que se adquiera nuevo.

Para poder solicitar las ayudas de este plan, los turismos adquiridos no podrán tener un precio de más de 35.000 euros y de 45.000 euros en el caso de personas con movilidad reducida o de vehículos con etiqueta ‘Cero’.

EL SECTOR APORTARÁ LA MISMA CANTIDAD QUE EL GOBIERNO

El borrador al que ha tenido acceso Europa Press y que puede estar sujeto a cambios recoge, a su vez, que el programa de renovación del parque está vinculado a un compromiso del sector a aportar un descuento igual al que aplique el Gobierno a través de las ayudas públicas.

Los solicitantes de las ayudas deberán, en el caso de los turismos, dar de baja un vehículo de al menos diez años y el modelo nuevo tendrá que tener unas emisiones de CO2 por debajo de 120 gramos por kilómetro recorrido y contar con las etiquetas A o B de la DGT.

Las subvenciones públicas se distribuirán de forma diferente en función de las emisiones del vehículo adquirido y se aplicará un apoyo extra al achatarramiento de vehículos con una antigüedad de más de 20 años, así como a las personas con movilidad reducida y a los hogares con ingresos mensuales de menos de 1.500 euros.

Las previsiones del Ejecutivo son que este plan de renovación se experimente por cada millón de euros inyectado una reducción anual de emisiones de 716.000 toneladas de CO2, así como de 4.600 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) y de 400 toneladas de partículas.

MAYOR DOTACIÓN PARA EL MOVES

Además, el Gobierno también pondrá en marcha desde junio de este año la segunda edición del Programa de impulso a la movilidad eléctrica y sostenible (Plan Moves) que contará con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros, frente a los 65 millones de euros previstos inicialmente.

Esta medida apoyará la adquisición de vehículos de energías alternativas, entre los que se incluyen vehículos eléctricos y también los de transporte pesado impulsados con gas natural, así como la expansión de la infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos, además de los sistemas de bicicletas eléctricas compartidas y también impulsará acciones para lograr una movilidad eficiente a los centros de trabajo.

El Ejecutivo contempla que por cada millón de euros gastado en esta herramienta, gestionada por las comunidades autónomas, se generen hasta 4,1 millones de euros adicionales a la economía del país y también un incremento de los ingresos fiscales.

Además, el Gobierno inyectará otros 100 millones de euros entre 2020 y 2021 para renovar la flota de vehículos de la Administración por modelos con la etiqueta ‘Cero’ de la DGT, salvo que dichos modelos no puedan satisfacer las necesidades exigidas.

ACTUALIZACIÓN DE LOS DISTINTIVOS DE LA DGT

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico también valorará una actualización, a través de un acuerdo con el sector y el resto de agentes, de las etiquetas medioambientales de los vehículos, con el objetivo de tener una propuesta en seis meses.

Este cambio responde a la evolución tecnológica que han experimentado los vehículos y busca catalogar de una forma más adecuada las innovaciones experimentadas en el marco actual, aunque existe la posibilidad de añadir nuevos distintivos.

Otra medida contemplada a corto plazo en el plan del Ejecutivo para el sector del automóvil es poner en marcha las adaptaciones normativas necesarias para alcanzar el objetivo de contar con 50.000 puntos de recarga de coches eléctricos en España para 2023

Iberdrola ha lanzado una nueva iniciativa internacional dirigida a ‘startups’, en esta ocasión con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras para minimizar el impacto de las líneas eléctricas en el medio ambiente, especialmente en avifauna.

La energética pone así en marcha, a través de su Programa internacional de ‘startups’ Perseo, un nuevo ‘StartUp Challenge’, tras las iniciativas anteriores para encontrar soluciones para la limpieza de paneles fotovoltaicos, para combatir el impacto de las catástrofes naturales sobre el servicio eléctrico o para impulsar las cargas colaborativas de vehículos eléctricos.

En concreto, el concurso busca soluciones técnicas que eviten la electrocución y colisión de aves con materiales duraderos y que faciliten la operación y mantenimiento de las líneas, así como soluciones que permitan realizar una gestión más sostenible de la vegetación.

Las propuestas se analizarán, por un grupo de exportes en red MT y sostenibilidad de las distintas regiones, basándose en criterios de escalabilidad, diseño compatible con instalaciones eléctricas e idoneidad de los materiales. Además, el proyecto se desarrollará en colaboración con los técnicos especialistas del área de redes de Iberdrola.

El plazo para presentar las propuestas se prolongará hasta el próximo 13 de julio y está previsto, tras el análisis de las iniciativas presentadas, que entre el próximo mes de octubre y marzo del año que viene comience el proyecto piloto.

MÁS DE 1,1 MILLONES DE KILÓMETROS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN EL MUNDO.

La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán cuenta con más de 1,1 millones de kilómetros de líneas eléctricas de transporte y distribución de electricidad, distribuidas en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y España.

Conformando esta red hay más de 4.400 subestaciones de alta a media tensión y más de 1,5 millones de transformadores de distribución de media a baja tensión, todo ello construido y operado para suministrar un servicio de alta calidad y fiabilidad a un total de 31 millones de puntos de suministro de electricidad.

Además, el grupo es pionero en la digitalización de sus redes a través del desarrollo de ‘smart grids’, la integración de soluciones de almacenamiento y el despliegue de estaciones de recarga de vehículo eléctrico. Todo este trabajo se realiza en paralelo al esfuerzo por minimizar el impacto de estas instalaciones en el medio ambiente.

Por su estructura y localización, los apoyos eléctricos -elementos fundamentales para el transporte y distribución de la energía eléctrica- se convierten en oteaderos para las aves en busca de descanso y alimento, que al posarse en ellos, corren riesgo de electrocución.

Igualmente, los cables de las líneas aéreas en ocasiones se encuentran en la trayectoria de su vuelo. Todo ello puede provocar que se produzca una pérdida de biodiversidad y, en ocasiones, puede desencadenar riesgo de incendios.

Asimismo, la vegetación cercana de las zonas de servidumbre se retira para evitar la proximidad con las líneas y así prevenir posibles incidentes a terceros y a la red.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) defiende ante el Pleno del Congreso esta semana una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno atender las alegaciones planteadas por los gobiernos autonómicos de Cantabria, Asturias y Galicia al borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que recogen una mayor rebaja del precio de la electricidad para estas grandes industrias.

La iniciativa que defenderá su diputado José María Mazón también plantea al Ejecutivo revisar la retribución de la cogeneración para evitar nuevos cierres de empresas y negociar con la Unión Europea (UE) los fondos y procedimientos dirigidos a la descarbonización para que la cogeneración no quede fuera de estas ayudas.

En su exposición de motivos, Mazón recuerda cómo el pasado mes de febrero la empresa Sniace anunciaba el cierre de su fábrica en Torrelavega, un cierre que considera «directamente relacionado con la nueva regulación energética anunciada por el Gobierno» y que se une a la situación de otras grandes industrias, como Solvay, Ferroatlántica o Textil Santanderina.

El PRC remarca que los cambios normativos previstos en la cogeneración y las electrointensivas amenazan la competitividad de las plantas, frente al apoyo directo y mejores precios energéticos en países como Alemania, Francia o Polonia, destaca la industria como «pilar esencial» para el desarrollo de Cantabria y el norte del país y reclama «un compromiso político con este sector económico».

ACUERDO DE TRES GOBIERNOS AUTONÓMICOS

Entre las alegaciones pagadas por los gobiernos autonómicos de Cantabria, gobernada por el PRC, Asturias (PSOE) y Galicia (PP), está la de una mayor rebaja de la factura a las grandes industrias, con una categoría de consumidor altamente electrointensivo, más incentivos para la suscripción de contratos a largo plazo (PPA’s), elevar al máximo posible las ayudas por costes indirectos de CO2, y recuperar el formato anterior de las subastas de interrumpibilidad.

El estatuto electrointensivo, contemplado en un decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2018 en el que se fijaba un plazo de seis meses para su desarrollo, no fue aprobado antes de las elecciones generales del pasado año ante las objeciones de la CNMC, que alertaba de la posibilidad de incurrir en ayudas de estado.

Meses después, y con el Gobierno ya formado, el estatuto sigue sin salir a la luz. Este mismo martes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció que este mes el Gobierno aprobará el fondo de reservas para que las grandes industrias puedan suscribir PPAs, y que el anunciado estatuto estará listo antes de acabar el verano.