El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) defiende ante el Pleno del Congreso esta semana una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno atender las alegaciones planteadas por los gobiernos autonómicos de Cantabria, Asturias y Galicia al borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que recogen una mayor rebaja del precio de la electricidad para estas grandes industrias.
La iniciativa que defenderá su diputado José María Mazón también plantea al Ejecutivo revisar la retribución de la cogeneración para evitar nuevos cierres de empresas y negociar con la Unión Europea (UE) los fondos y procedimientos dirigidos a la descarbonización para que la cogeneración no quede fuera de estas ayudas.
En su exposición de motivos, Mazón recuerda cómo el pasado mes de febrero la empresa Sniace anunciaba el cierre de su fábrica en Torrelavega, un cierre que considera «directamente relacionado con la nueva regulación energética anunciada por el Gobierno» y que se une a la situación de otras grandes industrias, como Solvay, Ferroatlántica o Textil Santanderina.
El PRC remarca que los cambios normativos previstos en la cogeneración y las electrointensivas amenazan la competitividad de las plantas, frente al apoyo directo y mejores precios energéticos en países como Alemania, Francia o Polonia, destaca la industria como «pilar esencial» para el desarrollo de Cantabria y el norte del país y reclama «un compromiso político con este sector económico».
ACUERDO DE TRES GOBIERNOS AUTONÓMICOS
Entre las alegaciones pagadas por los gobiernos autonómicos de Cantabria, gobernada por el PRC, Asturias (PSOE) y Galicia (PP), está la de una mayor rebaja de la factura a las grandes industrias, con una categoría de consumidor altamente electrointensivo, más incentivos para la suscripción de contratos a largo plazo (PPA’s), elevar al máximo posible las ayudas por costes indirectos de CO2, y recuperar el formato anterior de las subastas de interrumpibilidad.
El estatuto electrointensivo, contemplado en un decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2018 en el que se fijaba un plazo de seis meses para su desarrollo, no fue aprobado antes de las elecciones generales del pasado año ante las objeciones de la CNMC, que alertaba de la posibilidad de incurrir en ayudas de estado.
Meses después, y con el Gobierno ya formado, el estatuto sigue sin salir a la luz. Este mismo martes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció que este mes el Gobierno aprobará el fondo de reservas para que las grandes industrias puedan suscribir PPAs, y que el anunciado estatuto estará listo antes de acabar el verano.
