El Banco de España (BdE) ha flexibilizado la aplicación de la normativa contable de las entidades de crédito para que las operaciones crediticias reestructuradas o refinanciadas no tengan que clasificarse forzosamente como riesgo normal en vigilancia especial si las entidades consideran que no se ha producido un incremento significativo del riesgo de crédito, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hasta ahora, la concesión de este tipo de operaciones conllevaba la presunción de que se producía siempre un incremento significativo del riesgo de crédito, presunción que ahora pretende eliminarse en el escenario de Covid-19.

Esta modificación de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros responde a las recientes recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ante la situación de emergencia generada por el Covid-19, para que las entidades continúen prestando apoyo financiero a las empresas y a los hogares afectados por la pandemia.

En concreto, la EBA reclamó «flexibilidad y pragmatismo» en la aplicación del marco prudencial, aclarando que, en el caso de una moratoria de deuda, no había clasificación automática de impago.

En consecuencia, el Banco de España ha modificado la citada circular de manera que las operaciones crediticias reestructuradas, refinanciadas o de refinanciación no tendrán que clasificarse forzosamente como riesgo normal en vigilancia especial cuando no corresponda su clasificación como riesgo dudoso.

Es decir, que dichas operaciones podrán continuar clasificadas como riesgo normal siempre que la entidad justifique no haber identificado un aumento significativo del riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial. De su lado, las operaciones de este tipo que estén en la categoría de riesgo normal en vigilancia especial podrán reclasificarse a riesgo normal siempre que se haya revertido el incremento significativo del riesgo de crédito.

Eso sí, estas operaciones deberán permanecer identificadas como reestructuradas, refinanciadas o de refinanciación hasta que concluya el período de prueba mínimo de dos años durante el que el titular debe «demostrar un buen comportamiento de pago».

El Banco de España ha aclarado que la circular no impone ninguna obligación adicional a las entidades sobre cómo clasificar sus operaciones crediticias, sino que flexibiliza la aplicación de la norma al permitirles ahora refutar la presunción de que determinadas operaciones crediticias se deben clasificar como riesgo normal en vigilancia especial. Las entidades pueden incluso mantener sus prácticas contables actuales si lo consideran apropiado.

Además, ha apuntado que las entidades podrán aplicar las modificaciones a sus operaciones crediticias como un cambio en las estimaciones contables desde el 31 de marzo de 2020, informando de este hecho en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

El organismo considera que, dada la situación de emergencia de salud pública y sus excepcionales efectos económicos, resulta necesaria la inmediata entrada en vigor de la norma para contribuir lo antes posible al mantenimiento de la financiación a la economía real, mitigando las perturbaciones que está experimentando. La circular entrará en vigor el día posterior de su publicación en el BOE, es decir, mañana.

EL BDE DIFUNDIRÁ INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por otro lado, el Banco de España ha aprobado una circular por la que se amplía la información que han de remitir las entidades sobre las exposiciones dudosas y restructuradas y sobre el colateral adjudicado, se complementa la información sobre gastos operativos y administrativos y se incorporan algunos cambios menores en la información disponible sobre arrendamientos, como consecuencia de la entrada en vigor de la NIIF 16.

Para cumplir con la recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre la eliminación de lagunas en los datos sobre bienes inmuebles, la nueva circular introduce modificaciones en la información requerida a las entidades de crédito relativa a préstamos sobre bienes inmuebles.

Además, con el objetivo de mejorar la transparencia, atribuye la difusión de los estados públicos al Banco de España, aunque podrá efectuarse también por las asociaciones de las entidades de crédito (AEB, CECA y UNACC), como hasta ahora. El Banco de España empezará a difundir la información de los estados públicos de las entidades de crédito con información referida al segundo trimestre de 2020.

Por último, la circular incorpora los últimos desarrollos en las normas internacionales de información financiera y otras normas adoptadas o aprobadas por la Unión Europea, simplifica alguno de los requerimientos de información a las entidades de crédito y aprovecha para actualizar la información que se solicita en distintos estados financieros.

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, ha reiterado este martes la importancia de que las medidas de apoyo al sector turístico «lleguen lo antes posible» para que las empresas puedan «defenderse» de cara a la temporada de verano y al próximo invierno.

Marichal, en la cumbre ‘Empresas españolas liderando el futuro’, organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha criticado que se hable de que el turismo «es uno de los sectores más afectados por la crisis cuando las medidas todavía no han llegado» y ha indicado que el sector está «cansado» de «gritar la necesidad de que esas medidas se pongan sobre la mesa».

El presidente de Cehat ha indicado que las primeras medidas fueron «acertadas», como las líneas de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que aliviaron el «embate inicial», al igual que la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, pero que con la llegada de la desescalada «son medidas que se tienen que cambiar» porque «no pueden ser las mismas para todos los sectores».

Por tanto, ha señalado como imprescindible que se flexibilicen los ERTE por fuerza mayor para que los empresarios puedan «ser valiente a la hora de contratar» para dar salida a la «escasa» demanda de los próximos meses. Sin embargo, en alusión a las informaciones sobre la negociación del Gobierno, ha señalado que los empresarios no van a «sacar a los trabajadores del ERTE» por las bonificaciones a la Seguridad Social, sino en función de la demanda.

En este sentido, ha indicado la necesidad de incentivar la demanda, con medidas como la desgravación del turismo a través del impuesto de la renta para que todos puedan beneficiarse de unas vacaciones a pesar de haber sufrido la crisis.

Marichal ha criticado que el turismo está «abandonado» y que «no es momento de inventos», señalando a la transformación digital o la sostenibilidad, porque el sector lleva «mucho tiempo trabajando» en ello, por lo que pide al Gobierno «que tome de una vez acción» con «medidas valientes».

El volumen de tasaciones de viviendas realizadas en el primer trimestre del año se situó en 246.000, cifra un 6,32% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

Este incremento se produce después de que en los dos últimos años consecutivos las cifras entre enero y marzo experimentaran descensos con respecto a las de un año antes (-4,6% en 2018 y -18,7% en 2019).

El importe agregado de tasación de estas valoraciones creció únicamente un 0,56%, lo que indica que, en promedio, «se han tasado bienes de menor valor».

Del total de tasaciones, las que estaban destinadas a valorar garantías de préstamos hipotecarios correspondieron a algo más de 150.000, lo que supone un incremento interanual del 11,2%. Además, el importe tasado de este conjunto también creció, a un ritmo del 9,35%.

Además, el volumen de tasaciones de activos bancarios con finalidades contables se mantuvo en cifras similares a las registradas hace un año (unas 66.000), al igual que lo ocurrido con las realizadas con múltiples finalidades, tales como el asesoramiento, expropiación, periciales o catastrales, que rondaron las 25.000 unidades.

El 60% del total de las tasaciones realizadas fueron a viviendas. En concreto, las que se realizaron con finalidad hipotecaria superaron las 100.000 tasaciones, casi un 8% más que en el primer trimestre de 2019.

El valor medio de las viviendas valoradas para hipotecas (obtenido como el importe total de tasación dividido entre el número de tasaciones realizadas) se elevó casi un 3% en tasa interanual, desde los 195.000 euros hasta los cerca de 200.000 euros por vivienda.

La AEV señala que se aprecia un «notable descenso» tanto en el volumen como en el importe tasado de los proyectos de obra nueva valorados con finalidad hipotecaria. En los tres primeros meses del año, se tasaron cerca de 1.100 proyectos para préstamo hipotecario, frente a los 1.576 del primer trimestre de 2019 (un 30,8% menos).

El importe total tasado por este concepto cayó de forma más suave, un -7%, «lo que quiere decir que los proyectos tasados, pese a ser menos en volumen, eran mayor valor cada uno» en promedio.

Por el contrario se mantuvo la tendencia al alza de la rehabilitación, según AEV, que apunta que estas tasaciones totalizaron en 142 proyectos tasados con la finalidad de préstamo hipotecario frente a las 120 del primer trimestre de 2019.

Respecto al mismo periodo del año pasado, también se registró un incremento del número de tasaciones intermedias de obras en curso (las que se realizan para que el banco vaya liberando el crédito para la construcción), que supusieron unas 200 más que en el primer trimestre del año pasado, hasta las 7.116.

El secretaria general de la AEV, Paloma Arnaiz, ha afirmado que se aprecia que los datos del primer trimestre no han capturado aún el descenso de la actividad que ha tenido lugar a raíz de la crisis provocada por la pandemia.

«La estela de las operaciones en marcha acumuladas en la primera mitad de marzo permitió cerrar el trimestre con una evolución interanual positiva, pese a la progresiva ralentización en la entrada de nuevos encargos que tuvo lugar a partir de la declaración del Estado de alarma», ha apuntado.

Asimismo, ha apuntado que, al igual que a las compraventas y las hipotecas, «el confinamiento ha afectado a los volúmenes de tasaciones realizadas, impacto que se podrá reconocer con más claridad al cierre del primer semestre».

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.570,32 euros en el primer trimestre, lo que supone un repunte interanual del 0,8%, su menor alza desde el segundo trimestre de 2018, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido la moderación en el ritmo de crecimiento del coste laboral a la suspensión temporal de diversas actividades económicas por la declaración del estado de alarma a mediados de marzo.

Estadística precisa que los trabajadores afectados por este cierre temporal acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) continúan perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no son remunerados con salarios, sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores están exoneradas en su mayor parte.

Con este aumento interanual en el primer trimestre de 2020, el coste laboral encadena once trimestres consecutivos en positivo. La subida del 0,8% registrada entre enero y marzo contrasta notablemente con los crecimientos trimestrales que se experimentaron en el ejercicio 2019, todos superiores al 2%.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subió un 0,7% respecto al primer trimestre de 2019, situándose en 1.889,78 euros por trabajador y mes.

Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron hasta marzo los 680,54 euros, con un alza interanual del 1%.

El coste laboral por hora creció en el primer trimestre un 4,8% interanual. Este incremento, superior al del coste por trabajador, se debe a la bajada del 3,8% en el número de horas efectivas de trabajo debido, fundamentalmente, a la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma, que afectó a las dos últimas semanas del mes de marzo Si se elimina el efecto estacional y el de calendario, el crecimiento estimado del coste por hora es del 4,2%.

El Comité del Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios su política monetaria en la reunión celebrada este martes, aunque ha incrementado hasta 110 billones de yenes (902.766 millones de euros) el importe de las diferentes facilidades de crédito y medidas de liquidez dirigidas a las empresas afectadas por la pandemia de Covid-19.

El volumen de las medidas de apoyo a las empresas representan un incremento del 46% respecto de los 75 billones de yenes (615.790 millones de euros) anunciados a finales del mes de mayo y el banco central nipón ha dejado abierta la posibilidad de que esta cifra de incremente en el futuro.

Dentro de estas medidas, el Banco de Japón ha mantenido en 20 billones de yenes (164.170 millones de euros) el límite máximo de sus compras de bonos y pagarés de empresas, además de otros 90 billones de yenes (738.596 millones de euros) en lo que la entidad denomina «operaciones especiales», entre las que se cuenta la nueva facilidad de crédito dirigida a pequeñas y medianas empresas para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus y el fondo especial de ayuda contra la Covid-19.

Este nuevo mecanismo, anunciado el pasado mes de mayo en una reunión extraordinaria del BoJ, permitirá a los bancos acceder a la liquidez del banco central al 0% de interés en un cantidad equivalente al volumen de préstamos a pequeñas y medianas empresas reportados y recompensará a las entidades con un tipo de interés del 0,1% sobre las cantidades prestadas a través de esta nueva línea de financiación.

Por otro lado, el Comité del Banco de Japón decidió continuar sin cambios con su actual política monetaria y el resto de medidas de alivio cuantitativo y cualitativo para mantener bajo control la curva de rendimientos de la deuda nipona.

De este modo, el máximo órgano de política monetaria del BoJ decidió por una mayoría de 8 votos contra 1 mantener una tasa de depósito del -0,1% y levar a cabo la compra de «la cantidad necesaria» de bonos del Gobierno de Japón sin establecer un límite máximo con el fin de que el rendimiento del bono japonés a 10 años se sitúe cerca del 0%.

La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de comprar bonos corporativos de forma directa en el mercado secundario como parte de su respuesta frente a la crisis de la Covid-19 y el aumento del volumen del plan de créditos para empresas del Banco de Japón han servido de impulso a los mercados asiáticos, que registraban fuertes subidas al cierre de la sesión de este martes, a pesar de la incertidumbre sobre un rebrote del virus en China.

De este modo, tras haber llegado a subir más de un 5% durante, el selectivo japonés Nikkei se anotaba al cierre un alza del 4,88% para cotizar en los 22.582,21 puntos.

Por su parte, en las postrimerías de la sesión el surcoreano Kospi de la Bolsa de Seúl subía más de un 5%, después de que durante la jornada la negociación fuera interrumpida brevemente por las fuertes subidas.

A su vez, en el último tramo de la jornada, las bolsas chinas también se anotaban subidas, con el índice selectivo de la Bolsa de Shanghai subiendo un 1,31%, hasta los 2.927,87 puntos, mientras el índice de referencia del mercado de Shenzen ganaba un 1,66%, hasta los 11.378,60 puntos y el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong se anotaba un repunte del 2,84%, hasta los 24.452 enteros.

La Fed de EEUU anunció este lunes que comprará bonos corporativos de forma directa en el mercado secundario como parte de su respuesta frente a la crisis generada por el Covid-19, según ha anunciado el instituto emisor este lunes en un comunicado.

La compra de bonos se realizará a través del instrumento que la Fed anunció hace semanas para facilitar el acceso al crédito de las empresas en el mercado secundario. Hasta ahora, la autoridad monetaria únicamente había indicado que compraría deuda corporativa a través de fondos cotizados.

La Fed también ha explicado que no comprará deuda de empresas que, aunque estén radicadas en Estados Unidos, cuenten con una participación mayoritaria o estén controladas por gobiernos extranjeros.

Por su parte, aunque el Banco de Japón decidió en su reunión de este martes mantener sin cambios su política monetaria, la institución acordó ampliar el alcance de sus planes de crédito dirigidos a las empresas, hasta un volumen de 110 billones de yenes (902.766 millones de euros).

El Tesoro Público regresa este martes a los mercados con una nueva emisión en la que ofrecerá a los inversores letras a 3 y 9 meses con la intención de captar entre 2.500 y 3.500 millones de euros en el marco de su estrategia de avanzar en la consecución del programa de financiación revisado al alza ante las mayores necesidades de financiación derivadas del Covid-19.

El organismo ha realizado con éxito las últimas emisiones celebradas, reduciendo, en la mayoría de los casos, los costes de emisión y dando buena acogida a los planes y medidas aprobados y propuestos por la Comisión Europea y el BCE para mitigar el impacto del Covid-19 y encarar la recuperación. De hecho, el coste de la deuda en circulación bajó en la última emisión del 1,98%, marcando mínimo histórico, según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Este martes emitirá letras a 3 y 9 meses teniendo como referencia unos tipos de interés marginal del -0,441% y del -0,300%, respectivamente, en ambos casos registrados en la subasta del pasado 12 de mayo.

El Tesoro volverá de nuevo a los mercados el próximo jueves, cuando ofrecerá a los inversores bonos del Estado a 3 años, con cupón del 0%; bonos a 5 años, con cupón del 0%; obligaciones del Estado con una vida residual de 6,1 años y cupón del 5,9% y obligaciones a 10 años con cupón del 1,25%. El objetivo de colocación con esta emisión es de entre 5.000 y 6.000 millones de euros.

Para determinar la evolución del coste de financiación, la referencia en los bonos a 3 años es el tipo de interés marginal del -0,192% y en los bonos a 5 años el marginal del -0,015%, en ambos casos registrados en la subasta del pasado 4 de junio.

Asimismo, la referencia en las obligaciones con vencimiento el 30 de julio de 2026 es el tipo del 0,087% registrado en la última emisión de características parecidas del pasado 4 de julio de 2019, mientras que en las obligaciones a 10 años el tipo de interés marginal de referencia es el 0,728% registrado en la emisión del 28 de mayo.

Con las dos emisiones de esta semana el Tesoro cierra el calendario del mes de junio, y por tanto de la primera mitad del año con un alto grado de ejecución, y no volverá a los mercados hasta el próximo 2 de julio.

El pasado martes el organismo efectuó su primera emisión sindicada de un bono a 20 años por importe de 12.000 millones de euros, con una demanda que llegó a superar los 78.300 millones de euros y a menores tipos de interés.

EL COSTE DE LA DEUDA MARCA MÍNIMO Y SU VIDA MÁXIMOS

Hasta la fecha, el Tesoro lleva cumplido un 67,3% del objetivo anual de emisión a medio y largo plazo que revisó el pasado 21 de mayo (185.969 millones de euros). Además, sigue reduciendo el coste medio de la deuda en circulación, que se sitúa en el mínimo histórico del 1,98%, al tiempo que aumenta la vida media de la deuda, que alcanza el máximo de 7,81 años.

El pasado 21 de mayo el Tesoro Público anunció una modificación de su programa de financiación para este año que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones la emisión bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros, como consecuencia de la mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos derivados del Covid-19.

No obstante, a la previsión de emisión neta se le podrían descontar en torno a 15.000 millones que podría recibir España del sistema de reaseguro de empleo (SURE), así como la parte que perciba del fondo de reconstrucción europeo.

En detalle, estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 a través de letras del Tesoro.

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes el reparto de 16.000 millones de euros entre las Comunidades Autónomas no reembolsables y destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus, con un primer fondo de 9.000 millones dedicado a cubrir el gasto sanitario.

El Ministerio de Hacienda ha tratado con las autonomías el reparto de este fondo y ha cambiado su distribución desde la primera propuesta que hizo precisamente a raíz de las conversaciones con los consejeros. La mayoría asegura que no está conforme del todo con el resultado lo que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la prueba de que el reparto «ha sido justo».

Uno de los debates suscitado entre las Comunidades ha sido el peso de la población como criterio de reparto del fondo para gasto sanitario, reivindicado por las autonomías más pobladas como la Valenciana. Hacienda planteó desde el principio este fondo como una manera de ayudar a los territorios más afectados por el coronavirus, por lo que los criterios de reparto no son los del sistema de financiación autonómica sino que los gastos sanitarios por UCIs, PCR realizadas y hospitalización pesan más.

Con el cambio anunciado la semana pasada, estos criterios siguen siendo los más importantes pero el de la población ha pasado a ser algo mayor, lo que ha suavizado las protestas de gobiernos como el andaluz o el gallego al menos en este aspecto. Mañana en cualquier caso se conocerán los porcentajes definitivos.

Inicialmente, el Gobierno planteó un fondo de 10.000 millones para gasto sanitario, otro de mil millones para asuntos sociales y 5.000 millones más para compensar la caída de ingresos. Finalmente, 9.000 millones se destinarán a esos gastos sanitarios, otros 2.000 millones se destinarán a un fondo de educación y se mantendrá el tercer paquete para compensar la recaudación hundida. De esta última parte, 800 millones irán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.

GASTO SANITARIO, 9.000 MILLONES

En cuanto al fondo para Sanidad, el Gobierno dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35 por ciento, cuando en la propuesta inicial era el 20. Este primer tramo se pagará en julio. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40 por ciento al 45 por ciento. El resto en ambos casos serán criterios sanitarios y este martes se conocerá su porcentaje definitivo tras el Consejo de Ministros de Ministros.

El fondo para educación será de 2.000 millones y surge de una reorganización de la propuesta inicial. Fuentes autonómicas han explicado que la población de 0-16 años pesará el 80% y el 20 por ciento restante, la de 16 a 24 años. Este fondo se pagará en septiembre y desde el Gobierno no se han precisado más criterios de reparto, salvo que responde a la necesidad de reforzar los centros educativos ante el nuevo curso para afrontarlo con seguridad.

En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. La decisión final el reparto de este fondo se tomará en el Consejo Superior para la Coordinación y Dirección de la Gestión Tributaria, compartido por el Gobierno y las CCAA, además de Ceuta y Melilla.

LAS CCAA, A LA ESPERA DE DATOS

Varias Comunidades han criticado que esta medida no se haya debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, censuraba este lunes en un encuentro digital de Europa Press que el Ministerio de Hacienda no haya convocado este órgano para afrontar el reparto con todas las autonomías, que están a la espera de conocer la cifra completa de lo que les corresponde por los tres fondos previstos.

Las críticas o consensos han procedido de gobiernos de distinto signo político. Los socialistas Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón) consideran «injusto» el último reparto anunciado, una crítica compartida por Castilla y León, comunidades que han tenido porcentualmente más impacto por el coronavirus y han tenido que «dejarse la piel» mucho más que otras regiones en gasto de material y personal, en palabras de Page.

«Creemos que es de justicia que se mantenga en el primer cupo de reparto como mínimo lo que estaba establecido en función del gasto. Otra cosa será ver el descenso de los ingresos, que será diferente», ha asegurado el dirigente castellano-manchego.