La Seguridad Social registró un déficit de 5.544,3 millones de euros en los diez primeros meses del año, el equivalente el 0,5% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra es la diferencia entre unos ingresos por valor de 135.743,5 millones de euros, que suben un 11,4% interanual, y unos gastos por importe de 141.017,9 millones, cifra un 10,3% superior a la del mismo periodo del año pasado.

Del volumen total de ingresos, el 89,5% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 10,5% restante, a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a los gastos, el 88,47% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 11,53%, por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 131.869,6 millones de euros hasta octubre, lo que representa un incremento del 11% interanual, debido en gran medida a las transferencias del Estado. Por su parte, los pagos arrojan un aumento del 10,3%, hasta un total de 140.933,7 millones de euros.

Los ingresos por cotizaciones bajaron casi un 4% en los diez primeros meses del año, hasta los 99.089,7 millones de euros, tras descender la recaudación por cotizaciones de los ocupados un 6,5% (con casi 6.300 millones de euros menos), frente al aumento del 37,3% de las cotizaciones de los desempleados.

Según el Ministerio, el descenso en la cotización de ocupados tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria.

Ambas medidas, que incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, han supuesto para la Seguridad Social una pérdida de ingresos de 3.630,8 millones de euros hasta octubre.

A ello hay que sumar la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia y las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos beneficiarios de la prestación por la situación provocada por la pandemia, que a 31 de octubre se cifran en casi 504 millones de euros de cuotas reintegradas.

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron hasta octubre 35.462,2 millones, lo que representa un incremento del 109,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de este apartado, la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 28.707,6 millones, lo que supone un aumento interanual del 110,5%.

Esto se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones de euros que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la Covid-19, aprobada el 26 de mayo.

MÁS GASTO EN PENSIONES

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 129.605,5 millones de euros, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 91,9% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 120.338,7 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual de casi el 8,7%.

En un análisis más detallado, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares aumentó casi un 3%, hasta los 103.575,3 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+0,05%), de la elevación de la pensión media (+2,2%) y de la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (+0,9%).

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto se elevó hasta los 2.461,6 millones, un 13,2% más, debido al aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

SE DISPARA EL GASTO EN IT POR EL COVID

Por su lado, el gasto total en incapacidad temporal (IT) se incrementó hasta octubre un 26,3%, hasta los 9.560,7 millones, debido a que el gasto en IT por contingencias profesionales registró un avance del 16,5%, hasta los 1.007,5 millones de euros, a causa de los procesos derivados de la Covid-19, que sumaron 750,1 millones de euros. El gasto en contingencias comunes fue de 7.802,2 millones de euros, un 17% más.

En cuanto a la prestación para autónomos, su importe alcanza los 4.290,3 millones de euros hasta octubre (3.701,7 millones para la prestación extraordinaria y 588,6 millones por el cese de actividad ordinario).

Por su parte, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron hasta octubre los 9.266,8 millones de euros, un 2,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destinan a pensiones no contributivas y complementos a mínimos 7.420,6 millones, y a subsidios y otras prestaciones, 1.846,1 millones, de los que 1.787,5 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los gastos de gestión, por su parte, retrocedieron entre enero y octubre un 1,1% interanual, con un aumento de los gastos de personal del 4,3% y descensos del 9,6% en los gastos corrientes de bienes y servicios y del 5,08% en los dedicados a inversiones.

El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

La caída de los ingresos y el aumento del gasto derivados de la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas a 75.417 millones de euros hasta septiembre, lo que equivale al 6,82% del PIB, por lo que casi se duplica respecto a los 19.682 millones del mismo periodo del año pasado, cuando suponía el 1,58% del PIB.

A su vez, el déficit del Estado se ha situado en el 5,22% del PIB hasta octubre, con 57.736 millones de euros, diez veces más que los 5.874 (0,47% del PIB) del año pasado.

Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario), la cifra del déficit del Estado desciende hasta el 3,54% del PIB.

Esta evolución obedece, por un lado, al descenso del 13,5% de los ingresos como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, y a un aumento de los gastos del 16%, hasta los 206.617 millones, debido al aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas.

Por su parte, las comunidades autónomas han registrado hasta septiembre un superávit de 2.597 millones, lo que supone el 0,23% del PIB, frente al déficit del 0,29% del PIB registrado hace un año, en tanto que los Fondos de la Seguridad Social registraron en los nueve primeros meses del año un déficit del 1,89% del PIB.

Dentro de los ingresos, los recursos impositivos, que representan el 82,9% del total, se sitúan en 123.365 millones hasta septiembre, lo que implica una disminución del 15,5%.

CAÍDAS DEL IVA, IRPF Y SOCIEDADES

Los datos reflejan un retroceso generalizado de las figuras tributarias. Así, se produce un descenso del 12,1% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 13,6%, hasta los 53.856 millones.

Hacienda explica que este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y por el impacto de las medidas adoptadas como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la Covid-19, pero subraya que el IVA sigue moderando su descenso.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 20,2%, con una caída del 16,3% en el Impuesto sobre Sociedades por el descenso de los pagos fraccionados (-31,3%) y del 22,8% en el caso del IRPF como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior y los menores dividendos repartidos, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

También descienden los impuestos sobre el capital un 53,6% y las cotizaciones sociales, un 0,8%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos del Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 37,9%, así como los intereses, que disminuyen un 13,4%.

MÁS GASTO POR LA CRISIS SANITARIA

Por el lado de los gastos del Estado, hasta octubre se incrementaron un 16%, hasta 206.617 millones, con los aumentos más destacados en las transferencias a las comunidades y a la Seguridad Social.

Asimismo, los consumos intermedios se incrementan en un 9,1%, crecimiento en el que inciden los 766 millones de gastos derivados de la Covid-19, mientras que la remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido a la subida salarial del 2%, así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 6,1%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 47,6%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). También esta rúbrica incluye un gasto relacionado con la pandemia de 96 millones por la compra de respiradores mecánicos.

Estos incrementos se ven compensados, en parte, por el descenso de un 11,1% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 867 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 16,6%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

En cuanto al desglose del déficit público hasta septiembre, se situó en 75.417 millones de euros, lo que equivale al 6,82% del PIB, un 283,2% más que en el mismo periodo del año anterior. La Administración Central ha registrado un déficit del 5,17% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 22,2 millones hasta septiembre.

SUPERÁVIT DE LAS COMUNIDADES DEL 0,23% DEL PIB

De su lado, las comunidades autónomas han registrado hasta septiembre un superávit de 2.597 millones, lo que supone el 0,23% del PIB, frente al déficit del 0,29% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, explica Hacienda, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades y dar respuesta a la emergencia provocada por la Covid-19.

Todas las comunidades (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta septiembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año, registrando superávits doce regiones: Andalucía (0,57% del PIB), Aragón (0,48%), Asturias (1,24%), Baleares (0,91%), Canarias (1,62%), Cantabria (0,67%), Castilla y León (0,44%), Cataluña (0,4%), Extremadura (0,54%), Galicia (0,69%), Comunidad de Madrid (0,31%) y La Rioja (1,65%), la autonomía con mayor superávit.

Por el contrario, presentaron déficits Castilla-La Mancha (-0,21%), Murcia (-0,42%), Navarra (-1,77%) Comunidad Valenciana (-0,19%) y País Vasco (-2,01%).

De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas, el impacto derivado de la Covid-19 alcanza hasta septiembre los 5.275 millones de impacto en las arcas públicas regionales por el mayor gasto sanitario, con Madrid (962 millones) y Cataluña (1.026 millones) a la cabeza.

Por último, los Fondos de la Seguridad Social registraron un déficit del 1,89% del PIB, debido a un alza de ingresos del 12,6% y un aumento del 23,1% de los gastos.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 24.281 millones, lo que representa el 2,2% del PIB, y supone un 80,5% de todo el incremento de gasto registrado hasta septiembre.

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna ascendió a 15.572 millones de euros en 2019, lo que supuso un aumento del 4,2% respecto al año anterior, representando el 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,24% del año 2018.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), por sectores de ejecución, el sector Empresas representó el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D interna, con un 56,1% (lo que significó el 0,7% del PIB). Le siguió el sector Enseñanza Superior, con un 26,6% (el 0,33% del PIB).

Por su parte, el gasto en I+D interna del sector Administración Pública supuso el 17,0% del gasto nacional (el 0,21% del PIB). El 0,3% restante correspondió al sector Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL).

De este modo, el gasto en I+D aumentó un 3,5% respecto al año anterior en el sector Empresas, un 4,9% en Enseñanza Superior y un 5,3% en Administración Pública.

Respecto a la financiación de las actividades de I+D interna, el INE ha destacado que se financiaron en 2019, principalmente, por el sector Empresas (un 49,1% del total) y la Administración Pública (37,9%). Los fondos procedentes del Resto del mundo (8,2%), de la Enseñanza Superior (4,2%) y de las IPSFL (0,7%) completaron la financiación.

Por sectores de ejecución, el gasto en I+D interna de la Administración Pública y de la Enseñanza Superior fue financiado, principalmente, por la Administración Pública (en un 80,6% y un 70,5%, respectivamente). Por su parte, la financiación del gasto en I+D interna en el sector Empresas procedió en un 82,2% del propio sector.

En relación con el personal empleado, un total de 231.413 personas en equivalencia a jornada completa se dedicaron a actividades de I+D interna en 2019, lo que representó el 11,7 por mil de la población total ocupada y un aumento del 2,5% respecto al año anterior.

El colectivo de investigadores alcanzó la cifra de 143.974 personas en equivalencia a jornada completa, lo que supuso un 7,3 por mil de la población total ocupada y un aumento del 2,8% respecto a 2018.

Asimismo, el 40,6% del personal en I+D interna en equivalencia a jornada completa fueron mujeres. Los porcentajes más elevados de participación femenina se dieron en la Administración Pública (53,3% del empleo total) y en las IPSFL (53,3%). En la Enseñanza Superior este porcentaje se situó en el 45,5%, mientras que en el sector Empresas fue del 31,9%.

Las comunidades autónomas con las mayores tasas de crecimiento en gasto de I+D interna en 2019 fueron Castilla-La Mancha (15,5%), Extremadura (14,2%) y Comunidad Valenciana (7,6%). Por el contrario, La Rioja (-2,5%) fue la única comunidad donde descendió.

Las comunidades con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB fueron País Vasco (1,97% del PIB), Comunidad de Madrid (1,71%) y Comunidad Foral de Navarra (1,67%). Por el contrario, las que registraron los menores porcentajes fueron Baleares (0,40% del PIB), Canarias (0,47%) y Castilla-La Mancha (0,59%).

Las empresas del sector Servicios concentraron el 51,1% del gasto en I+D interna empresarial en el año 2019, mientras que las de Industria concentraron el 46,5%.

Finalmente, por ramas de actividad, destacaron Servicios de I+D (con un 21,8% del total del gasto), Farmacia (9,0%) y Programación, consultoría y otras actividades informáticas (8,9%).

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha puesto en marcha la primera fase de un programa de tratamiento «pionero» para los 2.000 presos que cumplen condena por delitos económicos, el 5,6% de la población reclusa. El objetivo es «reeducarles» a partir de 32 sesiones para dotar a los internos de las «herramientas para poder enfocar su vida en libertad con una actitud y conducta prosocial».

El Programa de Intervención en Delitos Económicos (PIDECO) es, según Instituciones Penitenciarias, «el primero a nivel mundial de tratamiento dirigido a personas condenadas por cometer este tipo de delitos». En su fase final incluye la Justicia Restaurativa con el fin de establecer encuentros con afectados por delitos económicos, ya sean víctimas directas o indirectas del hecho delictivo, y así propiciar la petición de perdón y la búsqueda de la reparación del daño causado.

«El objetivo de este programa es la reeducación del individuo en aquellos factores personales y situacionales que favorecieron la comisión del delito, así como facilitarle las herramientas para poder enfocar su vida en libertad con una actitud y conducta pro social», señala el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La administración penitenciaria ha creado este programa tras constatar un incremento de población reclusa penada por delitos económicos. Aquí incluyen los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (excluyendo los hurtos, robos o extorsiones), delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio y el medio ambiente.

EL 5,6% DE LA POBLACIÓN PENADA

En octubre del presente año, la Administración General del Estado custodiaba a 2.044 personas privadas de libertad por este tipo de delitos, lo que representa un 5,6% del total de la población penada. A ellos se dirige el programa, que tiene una duración de diez a once meses, y se compone de 32 sesiones a las que habrá que añadir las de Justicia Restaurativa.

Las primeras están dedicadas a motivar al participante, que solo puede serlo de manera voluntaria. A continuación se trabajará la identidad, el autoconcepto y la autoestima, según Prisiones, que señala que una investigación ha revelado que los niveles bajos de ambas se relacionan con la comisión de delitos.

Otro módulo terapéutico se encarga de profundizar en las habilidades sociales, narcisismo, egocentrismo, liderazgo, humildad o empatía. «Importantes, también, las unidades en la que se aborda la responsabilidad sobre la propia conducta delictiva y el sistema de valores», señala Instituciones Penitenciarias.

El programa se ha elaborado por un grupo de psicólogos de la institución penitenciaria con experiencia en la aplicación de programas de tratamiento. Los trabajos han durado en torno a dos años debido a la ausencia de referentes nacionales e internacionales sobre la materia, una dificultad que se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19. De hecho el PIDECO es el primer programa para abordar el tratamiento de los delitos económicos a nivel mundial.

Como colofón a las sesiones, se incluye la Justicia Restaurativa con el fin de establecer encuentros con afectados por delitos económicos, ya sean víctimas directas o victimas indirectas del hecho delictivo. «El objetivo es conseguir la responsabilización del penado, la petición de perdón y la búsqueda de fórmulas que procuren la reparación del daño causado a las víctimas, cuya participación también será voluntaria», añade Prisiones.

40 PSICÓLOGOS YA FORMADOS

La valoración de la eficacia de la aplicación del programa se realizará en colaboración con la Universidad de Comillas. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha clausurado este viernes el proceso formativo de los 40 psicólogos y psicólogas que impartirán el PIDECO, de momento, en 31 centros penitenciarios y nueve centros de inserción social (CIS).

Ortiz ha resaltado la obligatoriedad de la administración penitenciaria «de ofrecer una posibilidad de tratamiento para todas las personas privadas de libertad que custodia» y ha subrayado la importancia de que se haga desde el enfoque de la Justicia Restaurativa.

«En muchas ocasiones he escuchado que los condenados por delitos económicos no necesitan tratamiento ya que ellos se consideran plenamente reinsertados», ha señalado el secretario general, algo que rechaza por considerar «esencial devolver a la sociedad en mejores condiciones a estas personas que por su falta de honestidad, narcisismo o por un liderazgo mal entendido vulneraron la ley».

Tras esta primera fase formativa, los psicólogos y psicólogas se encargarán de seleccionar a los internos e internas interesados en participar en esta primera edición del PIDECO, que se espera esté ya en total funcionamiento a partir del próximo mes de enero.

Las empresas españolas cerraron el tercer trimestre de 2020 con un retraso medio en los pagos de 15,12 días, siendo mayor que la de Europa, aunque se acortó en 0,76 días, según el ‘Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas en Europa’ realizado por Informa D&B.

Así, el retraso medio de las empresas europeas durante el tercer trimestre de 2020 se situó en 14,36 días. Esta cifra está casi un día por encima de la del trimestre anterior y es la más elevada desde comienzos de 2016.

Como ha destacado Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, el retraso medio en Europa está mostrando los efectos de la crisis sanitaria por la Covid-19, y es que la diferencia respecto al primer trimestre es de más de un día, alejándose de la tendencia bajista que mantenía desde mitades de 2019.

PORTUGAL E ITALIA, LOS PAÍSES CON PEORES DATOS

Portugal es el peor país en el retraso de los pagos, ya que registró 27,03 días en el tercer trimestre de 2020, aunque presenta un descenso de un día respecto trimestre anterior. Le sigue Italia con 19,29 días, su cifra más alta desde el segundo trimestre de 2016.

Además, Francia superó por primera vez los 15 días de retraso medio, sobrepasando en ese trimestre la media europea y la española también. El Reino Unido también se incorporó a los países por encima de la media con 14,53 días de demora, un día más que hace un año.

El retraso en los pagos de los Países Bajos volvió a ser el menor de Europa, de 3,99 días, medio día por debajo del mismo periodo el pasado año. Alemania, tras cuatro trimestres consecutivos de descenso, alcanzó su cifra más baja del año con 6,53 días de demora.

El indicador de confianza económica (ESI) de la eurozona ha registrado en noviembre su primera caída desde el pasado mes de abril como consecuencia de los rebrotes de la pandemia y la reintroducción de restricciones para frenar los contagios, situándose en 87,6 puntos, frente a los 91,1 del mes anterior, según los datos publicados por la Comisión Europea.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el indicador ha bajado en noviembre hasta los 86,6 puntos desde los 90,2 enteros de octubre.

En ambos casos, la confianza del comercio minorista, los servicios y de los consumidores se desplomó en noviembre, mientras que en la industria y la construcción los descensos fueron más moderados.

«Tras la recuperación parcial de la confianza entre mayo y septiembre y el amplio movimiento lateral en octubre, la caída es la primera desde que el indicador cayó bruscamente en la primera ola de la Covid-19», indicó la Comisión.

Entra las mayores economías europeas, el indicador se confianza registró las bajadas más significativas en Italia y Francia, hasta los 81,5 puntos y los 86,9 puntos, respectivamente, mientras se observaron descensos más leves en Alemania, hasta 94,2 puntos, y España, con 87,5 enteros. En el caso de Países Bajos, se registró un aumento de la confianza económica, hasta los 90,7 puntos.

En España, el indicador se situó en noviembre en 87,5 puntos, frente a los 89,5 de octubre, cumpliendo así dos meses seguidos a la baja. Todos los sectores registraron un deterioro de la confianza, aunque las mayores caídas correspondieron al comercio minorista, hasta -26,8 desde -17,9; la construcción, con -15,7 desde -13; los consumidores, con -29 desde -26,7; los servicios, con -33 desde -30,8, mientras que en la industria el deterioro fue menos marcado, pasando de -10,8 puntos en octubre a -11,7 en noviembre.

Por otro lado, el indicador de expectativas de empleo registró su segunda bajada consecutiva tanto en la zona euro como en la UE, hasta los 86,6 puntos desde los 89,9 de octubre, y hasta los 87,2 desde los 90,5, respectivamente. En el caso de España, el indicador de expectativas de empleo retrocedió hasta los 86,8 puntos en noviembre desde los 91,8 del mes anterior.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este viernes que «tiene poco sentido» que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) finalicen el próximo 31 de enero cuando el estado de alarma en España está previsto que termine el 9 de mayo.

En su opinión, aunque éste decayera, «los ERTE tendrían que seguir», como se ha hecho en Alemania, que los ha extendido hasta finales de año. «Aunque se levante el estado de alarma en abril, por ejemplo, la Navidad y la Semana Santa ya se han perdido. ¿Quién va a contratar hoy por hoy un hotel en Semana Santa?», ha subrayado.

Garamendi, en declaraciones a TVE, ha recordado que los ingresos de las empresas y de los negocios autónomos muchas veces van por temporada y ha puesto como ejemplo los bares de los pueblos cuando hay fiestas o los de las empresas que fabrican fuegos artificiales, que normalmente aumentan su facturación en agosto.

Por ello, considera que los ERTE tendrán que seguir acompañando a aquellos sectores que tengan más dificultades para salir adelante por el impacto de la crisis sanitaria.

Dos de esos sectores son el comercio y la hostelería, que «están tocadísimos», ha señalado Garamendi, que ha reiterado su petición para que los ERTE en estos sectores contemplen una exención total de cotizaciones y los ayuntamientos les rebajen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Sobre la demanda de Bildu de cumplir con el compromiso al que llegó con el Gobierno de derogar la reforma laboral -que posteriormente el Ejecutivo matizó-, Garamendi ha denunciado que los ciudadanos están viviendo «una especie de indefinición permanente que no crea estabilidad.

En todo caso, el dirigente de la patronal no quiere hablar de derogación, sino de mejoras en algunos aspectos sobre los que sí cree que se debe hablar, como la dualidad del mercado laboral. «Hay cosas de las que hablar pero eso no significa volver a situaciones anteriores», ha advertido.