Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han fijado esta semana sus líneas rojas y ya están preparados para negociar las reglas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2023, con los ecoesquemas y la definición de agricultor genuino o activo como potenciales puntos de choque entre ambas partes.

Los ministros de Agricultora de los Veintisiete lograron pactar su posición negociadora la madrugada del miércoles tras 42 horas ininterrumpidas de debates, fruto de una importante división con respecto a los nuevos ecoesquemas que se introducirán para conseguir que la PAC sea más ‘verde’.

De su lado, la Eurocámara ha pasado la semana votando casi 2.000 enmiendas a los tres reglamentos que compondrán la futura PAC: el de planes estratégicos, el de la organización común de mercados y el ‘horizontal’.

Los informes han salido adelante en el Hemiciclo europeo gracias a los votos a favor de los grupos popular, socialdemócrata y liberal y han contado con la fuerte oposición de los ecologistas bajo el pretexto de que la reforma no incumple con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

En la misma línea, las organizaciones ecologistas WWF y SEO/BirdLife consideran que tanto la posición de los eurodiputados como la de los gobiernos «imposibilitan una futura PAC verde y justa y torpedean el cumplimiento de los compromisos ambientales» de la UE.

Por el contrario, la organización agraria europea Copa-Cogeca ha negado que la posición de la Eurocámara sea un «blanqueo ecológico» y ha defendido que los eurodiputados «han asumido una postura responsable»

En cualquier caso, una vez adoptada, la PAC contará con un presupuesto da casi 390.000 millones de euros, de los cuales 291.100 millones están previstos para los pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 95.500 millones para las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). España recibirá unos 47.700 millones de euros

ECOESQUEMAS Y VERDADEROS AGRICULTORES

Las posiciones negociadoras del Consejo de la UE (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo anticipan algunas de las dificultades con las que se encontrarán los negociadores de ambas instituciones una vez empiecen las conversaciones en las próximas semanas.

Así, el principal punto de desencuentro entre ambas será, previsiblemente, el umbral mínimo que tendrá que destinarse a los regímenes en favor del clima y el medio ambiente (los ecoesquemas). Se trata de una ayuda adicional que los Estados miembros tendrán que pagar a los agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos ‘verdes’ obligatorios.

Los ministros de Agricultura acordaron, aunque no sin problemas por las diferentes de partida, que estos programas tuvieran reservado un 20% del presupuesto de pagos directos. Para sacar adelante este umbral, muchas capitales exigieron introducir cierta flexibilidad para no perder ese dinero en caso de que los agricultores y ganaderos no puedan o quieran acogerse a ellos.

Sin embargo, los eurodiputados son partidarios de que estos ecoesquemas cuenten con una dotación mínima del 30% de los pagos directos de la PAC. También han pedido que se pueda transferir un 5% de la dotación de desarrollo rural (pilar 2) al sobre de ayudas directas (hasta un 12% en los países con unos pagos por hectárea inferior a la media europea), pero este dinero debe dedicarse a financiar ecoesquemas.

Otro elemento que puede general fricciones en las negociaciones será la definición de los productores verdaderos que podrán tener acceso a las ayudas agrícolas europeas. Los Estados miembros quieren que el concepto de ‘agricultor genuino’ sea establecido a nivel nacional, con el único requisito europeo de que siga criterios «objetivos y no discriminatorios».

Pero la Eurocámara quiere blindar el presupuesto de la PAC y garantizar que sus pagos llegan únicamente a aquellos profesionales que desarrollen «al menos un nivel mínimo de actividad agraria». Para ello, defienden recuperar el concepto de agricultor ‘activo’ –en lugar de ‘genuino’– y piden que queden excluidos de las ayudas los gestores de aeropuertos, servicios ferroviarios o instalaciones deportivas y recreativas.

Un último aspecto importante de la futura PAC divide a Eurocámara y Consejo de la UE. La primera institución quiere que con carácter general sea obligatorio limitar a 100.000 euros los pagos directos, mientras que los Estados miembros quieren que cada país decida si imponer o no este umbral máximo de ayuda por explotación.

Los analistas de JP Morgan han mostrado sus dudas sobre la posibilidad de que se materialicen operaciones de consolidación en el sector español de las telecomunicaciones en el corto plazo, al mismo tiempo que consideran «oportunistas» las recientes inversiones de firmas de capital privado en compañías de la industria aprovechando el impacto de la crisis del Covid-19.

En un informe sobre el sector europeo de las telecomunicaciones, los analistas de JP Morgan Cazenove ven interesante el grado de especulación sobre posibles operaciones de fusión y adquisición (M&A, por sus siglas en inglés) que rodea actualmente a esta industria, aunque se muestran «escépticos» en cuanto a la credibilidad de muchas de las que se rumorea se están planteando.

En concreto, apunta que estas especulaciones se centran principalmente en una consolidación en España y en los países nórdicos, así como en diferentes maneras de monetizar las infraestructuras. En su opinión, si alguna de estas operaciones se materializa de forma razonable, podría generar esperanzas de que se produzcan otras operaciones similares en la industria.

«Si bien la visibilidad es baja, creemos que acuerdos en infraestructuras, la consolidación en Brasil y la consolidación en los países nórdicos son más creíbles, mientras que tenemos más dudas en cuanto a cualquier movimiento a corto plazo con respecto a la consolidación en España o en el sector de telecomunicaciones móviles de Reino Unido», indican los analistas.

En cuanto a la posibilidad de operaciones transfronterizas de fusión y adquisición en el Viejo Continente, la firma señala que ha sido un motivo recurrente de especulación en la última década, pero en la que apenas se han materializado movimientos.

Así, remarca que la preocupación general es que este tipo de acuerdos es poco probable que generen sinergias de costes reales o apoyen una recuperación material del mercado, así como que conllevarían la configuración de organizaciones mucho más complejas que elevarían significativamente los riesgos de ejecución.

Desde JP Morgan reconocen y simpatizan con este pensamiento, pero no están de acuerdo con la conclusión, ya que, en su opinión, si las operadoras de telecomunicaciones quieren competir en el ecosistema global del sector de las Telecomunicaciones, los Medios y la Tecnología (TMT) con los cada vez más grandes ‘gigantes’ tecnológicos, necesitan «con urgencia» una mayor escala.

CAPITAL PRIVADO

Por otro lado, el informe también apunta el interés mostrado recientemente por el capital privado en invertir en empresas del sector europeo de las telecomunicaciones aprovechando su situación en los mercados y considera que se trata de operaciones «oportunistas» con objetivos a «precios atractivos».

En concreto, apunta que en la mayoría de los casos la prima ofrecida por el comprador es «razonable», pero añade que si se compara con los niveles de cotización de principios de 2020, antes del inicio de la pandemia del Covid-19, las cifras de estas primas son «mucho más modestas».

«Con la probabilidad de que muchos de los impactos del Covid en el sector telco (roaming en la UE, ventas de dispositivos, eventos deportivos en directo, etc) sean de naturaleza temporal, esto parecería sugerir que tales fusiones y adquisiciones son de naturaleza muy oportunista», remarca.

En este sentido, la firma añade que, con un interés «muy limitado» a largo plazo por el sector, esto podría dejar a otras empresas de telecomunicaciones expuestas a ofertas de compra oportunistas o incluso a la presión de los activistas.

Los analistas de JP Morgan destacan que el valor de las empresas tradicionales de telecomunicaciones se ha reducido un 23% en lo que va de 2020 tras varios años de un comportamiento negativo en los mercados y remarcan que el sector continúa «decepcionando», después de mucho tiempo sin lograr generar un crecimiento real de los ingresos.

A este respecto, añaden que, «desafortunadamente», este problema se ha exacerbado con la crisis del Covid-19, que ha añadido nuevos vientos en contra al comportamiento del sector en el segundo trimestre, como la caída de los ingresos por roaming en la UE, las menores ventas de dispositivos, la suspensión de los eventos deportivos y la presiones en el sector empresarial.

«Creemos que alcanzar el tan esperado regreso del crecimiento es fundamental para respaldar cualquier recalificación sustancial de nuestra valoración del sector de las telecomunicaciones», inciden desde la firma de análisis.

Por otro lado, JP Morgan mantiene sus críticas a la política de dividendo y de gestión del balance de las empresas de telecomunicaciones, ya que ven «inapropiados» los elevados niveles de endeudamiento y las excesivas políticas de distribución de dividendo para un sector con altas necesidades de capital y ningún crecimiento real de los ingresos.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública quiere publicar la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) a principios del mes de diciembre, según han informado en fuentes sindicales.

Así se lo ha trasladado el Gobierno a los sindicatos del área pública durante la reunión mantenida este viernes para empezar a negociar el teletrabajo en la Administración General del Estado, después de que la regulación del teletrabajo para en torno a 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas españolas entrase en vigor el pasado 1 de octubre, con un plazo de adaptación de seis meses.

El área pública de CC.OO. ya había trasladado la negociación a la de la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y del Estatuto de los trabajadores, al considerar que esos deben ser los criterios generales que recoja esta regulación, adaptando a las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la AGE, y con una posterior concreción a cada organismo que permita responder a sus particularidades.

Desde CC.OO. han expresado alguna preocupación inicial, como que se garanticen la atención directa a la ciudadanía, los derechos laborales, la interlocución con la representación sindical y la igualdad y objetividad en el acceso al teletrabajo.

Han hecho especial incidencia en la prevención de riesgos laborales, ya que Función Pública pretende dejar solucionada con una declaración responsable de la persona trabajadora, en lugar de garantizarla con evaluación del servicio de prevención, tal y como recogen algunos de los convenios más avanzados en la materia, apuntan las mismas fuentes.

De igual forma, CC.OO. ha insistido en que el teletrabajo no es medida para la conciliación, aunque pueda tener implicaciones, sino de organización; y que se negocia la regulación ordinaria del teletrabajo, no la que pueda derivar de circunstancias excepcionales.

El Gobierno suscribió a finales de septiembre con los sindicatos de Función Pública (CSIF, UGT y CC.OO.) el acuerdo para la regulación del teletrabajo para 2,5 millones de empleados públicos de las administraciones públicas.

El nuevo artículo del Estatuto Básico del Empleado Público añadido por el real decreto-ley estableció que la prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser «expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial», si bien tendrá carácter voluntario y reversible «salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados».

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser «expresamente autorizada». También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.

CSIF respaldó el «novedoso» acuerdo, porque podrá acogerse el personal laboral y funcionario y mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos, así como UGT, al valorar que «garantiza un marco general básico, adecuado y garantista».

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha dado su visto bueno a la propuesta de fusión entre CaixaBank y Bankia, tras concluir su análisis que la operación mejorará el valor de su participación en Bankia y que será positiva de cara a la recuperación de las ayudas en futuras desinversiones.

Según ha informado este viernes, el FROB, primer accionista de Bankia con casi un 62% del capital, ha concluido su valoración sobre la fusión para fijar la posición y eventual voto de BFA en la junta general de accionistas, que se celebrará, previsiblemente, el próximo 3 de diciembre.

«Tras el estudio del proyecto de fusión, los trabajos de diferentes expertos y la recomendación favorable de Nomura como asesor del FROB, se ha concluido que la fusión mejoraría el valor de la participación indirecta en Bankia y tendría un efecto positivo sobre las perspectivas de recuperación de ayudas en futuras desinversiones», ha informado el fondo público en un comunicado.

El organismo también ha decidido proponer a Teresa Santero Quintillá para incorporarse al consejo de administración de la entidad fusionada en calidad de consejera dominical de BFA.

Santero es doctora en Economía por la Universidad de Illinois en Chicago (Estados Unidos) y en la actualidad ejerce como profesora en la Universidad Instituto de Empresa y consejera independiente del ICO.

El presidente del FROB, Jaime Ponce, ampliará la información sobre la valoración del proyecto de fusión el próximo martes, 27 de octubre, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

El precio del CO2 es una pieza «clave» para impulsar una mayor descarbonización de la Unión Europea, pero es necesario realizar «una reforma profunda» del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para que sea una herramienta «efectiva» con la que Europa pueda cumplir los objetivos de descarbonización de 2050, según un informe publicado por Fundación Naturgy y el Capítulo Español del Club de Roma.

El estudio señala que desde la creación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en 2005, el mercado de carbono ha intentado mantener una señal de precios que incentive las inversiones, aunque distintos factores «han contribuido a una excesiva variación del precio en el tiempo, impidiendo la necesaria estabilidad y predictibilidad para impulsar la reducción de emisiones de manera más intensa», indica la Fundación Naturgy.

En este escenario, el informe expone las posibles reformas del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para cumplir con el European Green Deal, que plantea aumentar del 40% al 55% la reducción de las emisiones para 2030.

En este sentido, aboga por ajustar el límite de emisiones a la realidad los valores actuales; así como incrementar el porcentaje de reducción de las emisiones permitidas anualmente.

EXTENDERLO A OTROS SECTORES.

Además, el estudio defiende extender el alcance del mercado de carbono a otros sectores, lo que podría duplicar el volumen de las emisiones cubiertas por el precio del CO2 y realizar reformas para dar señales de precio más predecible a futuro y apoyar así las inversiones (reformar el mecanismo de estabilidad, introducir un ‘suelo’ de precio o bonos verdes, entre otros).

Actualmente, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión opera en 31 países, limitando las emisiones de alrededor de 11.000 instalaciones, que representan alrededor del 45% de los gases de efecto invernadero (GEI) de la UE.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha agradecido al PP haber propiciado en el Pacto de Toledo que el sistema de cotización por ingresos reales de autónomos sea una meta y no una imposición.

Así lo ha señalado en su perfil de Twitter, donde ha señalado que el nuevo texto recogido en las recomendaciones de la Comisión señala que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones exige que el sistema de cotizaciones por ingresos reales se haga de manera gradual y «acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo».

También apunta que no se deben ver perjudicados los elementales principios de contributividad y de solidaridad «en los que se fundamenta el sistema».

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones, que someterá a votación el próximo martes 27 de octubre.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha advertido este viernes de que las actuaciones del Gobierno de la nación para incrementar el IVA a las bebidas azucaradas y los «mensajes alarmantes» sobre el consumo de azúcar desde el Ministerio de Alberto Garzón son un «despropósito».

Jesús Julio Carnero ha asegurado asimismo que las últimas noticias sobre la subida del IVA a las bebidas azucaradas que plantea el Gobierno han supuesto «un jarro de agua fría» para el sector.

«Se trata de un impuesto injusto, discriminatorio y creado con un afán recaudatorio», ha advertido el titular de Agricultura que ha hecho un llamamiento al Ministerio de Hacienda para que sea sensible, máxime ante la situación que vive el país, en general, y el sector de la hostelería, en particular, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El consejero ha recordado que tanto la remolacha como la industria azucarera son «sectores estratégicos» para el medio rural de Castilla y León tanto desde el punto de vista económico y del empleo como social ya que revitalizan las zonas y contribuyen a fijar población. Así, ha explicado que el sector genera 4.200 puestos de trabajo directos y otros muchos empleos indirectos y da empleo a más de 6.000 personas.

Según ha precisado, la importancia social del sector azucarero se refleja en el empleo generado por la industria ya que las dos empresas que operan en España (Acor y Azucarera) ocupan en torno a 1.200 empleos directos, 800 en Azucarera y unos 400 en Acor.

Jesús Julio Carnero ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita este viernes a las instalaciones de la cooperativa Acor en la localidad vallisoletana de Olmedo.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presidirá el próximo lunes, 26 de octubre, la inauguración del tramo Zamora-Pedralba de la Pradería, perteneciente a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia.

El ministro estará acompañado por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura; el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez Torrón, y los presidentes de Adif, Isabel Pardo de Vera, y de Renfe, Isaías Táboas, entre otras autoridades.

El tren partirá de la estación de Zamora y finalizará su recorrido en la nueva estación de Sanabria, donde se celebrará el acto de inauguración.

Unidas Podemos ha celebrado el acuerdo en materia de pensiones alcanzado este viernes en el Pacto de Toledo del Congreso pues considera que «supone la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013».

Fuentes de la coalición de izquierdas han asegurado que el objetivo principal de la formación era «que el nuevo texto garantizara certidumbre a los pensionistas» y aseguran que el texto final de las recomendaciones «recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición, de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible».

«Por ello, estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado que reivindica claramente el sostenimiento del sistema público, solidario, suficiente, intra e intergeneracional y seguiremos trabajando en el seno del Gobierno de Coalición en esta dirección», concluyen.

La Audiencia Nacional ha desestimado la demanda de impugnación interpuesta por Ryanair contra la resolución que revocaba el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor dictada por la Dirección General de Trabajo, según ha informado USO.

El sindicato señala que esta sentencia la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional determina que «Ryanair obró de forma fraudulenta para eludir el pago de unos salarios de tramitación a los que estaba condenada por sentencia», al anular el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por la aerolínea a los trabajadores de las bases de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Girona.

La sentencia del ERE de Ryanair declaraba nulo este despido colectivo y obligaba a la compañía a readmitir a los trabajadores de forma inmediata «en el trabajo efectivo de su empresa, en las mismas condiciones de trabajo en que venían desempeñando sus servicios antes del despido colectivo y con abono inmediato de los salarios dejados de percibir desde la extinción del contrato».

El pasado mes de mayo, tras conocer la nulidad del ERE aplicado, Ryanair presentó una solicitud para la autorización de incluir en el ERTE por fuerza mayor a un total de 206 trabajadores, de los que 12 de ellos no estaban incluidos en el ERE y tampoco en el ERTE solicitado anteriormente por Ryanair, con efectos desde el día 15 de marzo de 2020, dándose por aceptada la solicitud por silencio administrativo.

Uso señala que la compañía ocultó a los sindicatos la notificación expresa que realizó Trabajo en mayo y en la que confirmaba el silencio positivo.

Por su parte, los sindicatos de tripulantes de cabina (TCP) en Ryanair, USO y Sitcpla, interpusieron recurso de alzada contra la aceptación de la Administración por silencio positivo, que fue estimada por el Ministerio de Trabajo el 10 de agosto.

Al estimarse este recurso de alzada, Trabajo anulaba el ERTE de Ryanair para los despedidos readmitidos de Canarias y Girona por fraude, al considerar que la aerolínea pretendía que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonara las prestaciones derivadas de la sentencia del ERE nulo.

Por tanto, la Audiencia Nacional confirma ahora la resolución de Trabajo y declara la nulidad del ERTE que afectaba a los trabajadores afectados por el ERE en Canarias y Girona y a otros trabajadores que «olvidó» incluir en el ERTE anterior.

La plataforma ‘Juntos con la Hostelería’, que está formada por Hostelería de España, la Federación española de industria de la alimentación y bebidas (FIAB) y la asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc), ha remitido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que solicita una reunión para conocer las razones que justifican las medidas adoptadas ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que provocarán más cierres y despidos en el sector.

En concreto, los hosteleros indican en su misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los «planes sin evidencia científica puestos en marcha hasta ahora, han provocado el derrumbe de la hostelería», sector en el que se estima que un total de 100.000 establecimientos cerrarán si se mantienen estas medidas «inconsistentes» y conllevará la pérdida de un millón de puestos de trabajo, que se suman a los 400.000 empleos que ya se han destruido durante la pandemia.

«Con las nuevas medidas anunciadas, los números previsiblemente no harán sino empeorar a futuro», recalcan en su carta, en la que recuerdan que en bares y restaurantes se produce menos del 3,5% de los casos de contagio de coronavirus en España.

Bares y restaurantes indican al ministro de Sanidad que, desde hace ya más de una semana, las medidas adoptadas contradicen los datos oficiales que demuestran la baja incidencia de los contagios en sus establecimientos.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó ayer un nuevo acuerdo por el que se restringe de nuevo la actividad hostelera, aprobando medidas como el cierre del interior de los establecimientos, o nuevas limitaciones horarias.

«Esto está derivando en la elaboración de medidas aún más restrictivas en las comunidades autónomas, que, de forma injustificada, aspiran a reducir el número de contagios a través de un sector que, en la última semana, representó 0,9% de los casos en España», subrayan desde la plataforma.

De esta forma, ‘Juntos con la Hostelería’ pide a Illa fijar un «encuentro a la mayor brevedad» para poder conocer en «mayor detalle» las razones que justifican las decisiones adoptadas en la reunión del Consejo Interterritorial.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha adjudicado 7,94 millones de euros en subvenciones dentro del Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) para el desarrollo de 96 proyectos presentados por 64 clústers.

Según informó en un comunicado el gabinete dirigido por Reyes Maroto, este volumen de ayudas movilizarán otros 4,7 millones de euros. Por sectores de actividad, el 29% de los proyectos apoyados pertenecen a al sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el 22% al de medioambiente y energía.

El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, consideró que este programa supone «la piedra angular de la política de clústers del Ministerio de Industria y refuerza el papel de estas agrupaciones como vector de crecimiento de la economía, a través de su participación en grandes proyectos de innovación y que cobra ahora más significación ante la difícil situación provocada por la pandemia de la Covid-19.

Por lo que respecta a la participación por comunidades autónomas, Cataluña, con 31 proyectos y 2,3 millones de euros; Aragón, con 24 proyectos y 1,8 millones de euros; y Andalucía, con 10 proyectos y 1,6 millones de euros, vuelven a liderar un año más el ranking de distribución regional de las ayudas ofrecidas a través del programa.

El programa contempla entre sus principales prioridades la incorporación de tecnologías digitales entre las Pymes que conforman estos clusters en consonancia con las directrices de la ‘Estrategia Industria Conectada 4.0’ lanzada por el Ministerio de Industria en 2015 y en el marco de su compromiso con el impulso de la transición de la industria española hacia un modelo circular, ecológico y digital.

España recibió en septiembre 942.722 pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, un 90,2% menos que en el mismo mes del año anterior como consecuencia de la crisis de la Covid-19, según los datos de Turespaña, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

«El mes de septiembre ha sido el séptimo mes consecutivo en el que se han manifestado las consecuencias de la crisis de la Covid-19 en las llegadas de vuelos internacionales con destino a España», ha explicado el organismo.

Del total de pasajeros, el 64,5% de estos eligió una compañía aérea de bajo coste para desplazarse, experimentando un descenso del 89%, mientras que los que viajaron en empresas tradicionales, el 35,5% restante, decrecieron un 91,9%.

Entre enero y septiembre, España recibió 18,3 millones de pasajeros internacionales, un 75,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. El tráfico de pasajeros internacionales de compañías de bajo coste registró una disminución interanual del 75,9%, mientras que las tradicionales experimentaron una menor reducción (-74,6%).

El 78,1% del total del flujo aéreo provino de la Unión Europea, contabilizando un descenso del 75,5%, mientras que del resto del mundo (21,9%) experimentó una disminución del 74,7%.

MERCADOS EMISORES

En septiembre, decrecieron todos los países emisores de pasajeros internacionales que mostraron en ese mes cifras significativas de tráfico, siendo Rumanía el que lo hizo en menor medida (-67,7%) y Estados Unidos el que más (97,9%).

Reino Unido generó el 19,1% del flujo total de pasajeros llegados a España en septiembre, registrando un retroceso interanual del 92,4% que afectó a todas las comunidades, pero especialmente a Baleares, en términos absolutos, y Comunidad Valenciana, en términos relativos.

Francia emitió el 14,9% del flujo total de pasajeros llegados a España en el mes pasado, experimentando una reducción del 79,3% que perjudicó a la mayoría de las comunidades, pero sobre todo a Cataluña y Comunidad de Madrid.

Desde Alemania llegó el 12,6% del flujo de pasajeros internacionales recibidos en septiembre, con una disminución interanual del 92,3%, que perjudicó a todas las comunidades, pero mayormente a Baleares.

La llegada de pasajeros internacionales desde Italia (10% del total) disminuyó un 88%, perjudicando a todas las comunidades, destacando Cataluña y la Comunidad de Madrid.

CAÍDAS EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En todas las comunidades autónomas se registraron descensos superiores al 85% en el número de llegadas, siendo la reducción en el conjunto de las seis comunidades con más llegadas del 90,2%. Si se contempla el tráfico de compañías de bajo coste se observan reducciones similares.

Madrid fue la comunidad con más llegadas (23,5% de cuota), mientras que Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias, con cuotas en el rango entre 10,5% y 19,7%, sumaron, en conjunto, el 74% del total de pasajeros aéreos llegados a España.

En cuanto al tráfico de compañías de bajo coste, Cataluña fue la comunidad con mayor cuota en llegadas (24,1%), mientras que el 73,1% del flujo total tuvo como destino la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y Baleares.