El Ministerio de Hacienda, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha asignado a las autonomías un total de 1.563,14 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, con el objetivo de satisfacer las necesidades derivadas de su déficit para 2020. Para ello, se toma como referencia una tasa del 0,2%, aunque el Ejecutivo también cubrirá cualquier desviación que supere este umbral.

Esta financiación se produce por la necesidad de las CCAA de cubrir su déficit del 0,2% que estaba previsto en la senda de estabilidad anterior a la pandemia y que algunas comunidades han incluido en sus presupuestos regionales.

Aunque el Ejecutivo ha suspendido las reglas fiscales, es necesario cubrir el déficit que han incluido las comunidades en sus cuentas. De todos modos, si se produjera una desviación de esa tasa de referencia, el Gobierno cubriría el desfase mediante ‘Extra FLA’ o ‘Extra Facilidad Financiera.

En concreto, en este acuerdo se destinan 1.000,6 millones de euros al compartimento Facilidad Financiera (FF) y el restante, 557,54 millones de euros, al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Lo habitual es que esta asignación se produzca de manera trimestral, pero en esta ocasión el reparto del tramo III del Fondo de Financiación, correspondiente al déficit, no se había distribuido en ningún trimestre de este año. Así, este es un acuerdo adicional a los repartos habituales que se hacen cada trimestre.

Para ello, se aplicará la tasa de referencia del déficit del 0,2% que comunidad a los gobiernos autonómicos la pasada semana por el Ministerio de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

REPARTO POR COMUNIDADES

Así, las comunidades autónomas que están adheridas al Fondo de Financiación y que más dinero recibirán serán Cataluña (420,08 millones), Andalucía (294,69 millones), Comunidad Valenciana (204,87 millones) y Galicia (115,10 millones).

Por su parte, las otras autonomías adheridas al fondo anteriormente citado son Castilla y León (105,56 millones), Canarias (83,78 millones), Castilla-La Mancha (75,52 millones), Aragón (68,13 millones), Baleares (59,83 millones), Murcia (57,98 millones), Extremadura (36,65 millones), Cantabria (25,36 millones) y La Rioja (15,59 millones).

Asturias solicitó su adhesión al mecanismo extraordinario de financiación a tipo cero en el compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 2020, para compensar el déficit generado en 2019 con origen en el impago de una mensualidad de IVA y el Ministerio de María Jesús Montero aceptó su solicitud.

Por el contrario, la Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra no han solicitado financiación con cargo al Fondo de Financiación 2020.

En el conjunto de 2020, el reparto efectuado a través de los fondos de financiación de las CCAA asciende a 33.220,11 millones de euros.

CC.OO. y UGT han pedido que se cree la prestación extraordinaria por desempleo que se recogía en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo para quienes consumieron sus prestaciones por paro durante el estado de alarma, según han señalado en un comunicado conjunto.

En concreto, la propuesta sindical pasa por que se reconozca un periodo de reposición de prestaciones a todas las personas que habían percibido y consumido prestaciones por desempleo durante el estado de alarma.

No obstante, el Gobierno rechazó esta idea por su coste (1.500 millones repartidos entre 2020 y 2022, según sindicatos) y ofreció la creación de un subsidio extraordinario para quienes hubiesen agotado sus prestaciones o subsidios por desempleo durante la pandemia (230.000 personas), que no fue aceptado por los agentes sociales.

Finalmente, se alcanzó un acuerdo que debía dar cobertura, al menos, a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones hasta el 30 de septiembre, además de contemplarse la posibilidad de que se prorrogaran estas prestaciones con la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Según señalan CC.OO. y UGT en el comunicado, también solicitaron en septiembre la apertura de la mesa de diálogo social para la reforma de la protección por desempleo para dar respuesta a los 1,6 millones de desempleados que ya no tenían prestación antes del estado de alarma.

«El Gobierno ha demorado la concreción escrita del resultado de negociación», han apuntado ambos sindicatos, que han puesto de relieve lo urgente que es esta situación.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha trasladado que se está trabajando en la agenda para convocar en los próximos días a los agentes sociales y hablar de este tema.

Tanto para CC.OO. como para UGT, «esta es una cuestión prioritaria que extiende la cobertura de protección más allá de los ERTE dirigidos a mantener y preservar el empleo y las empresas, donde el esfuerzo realizado por la sociedad española es innegable».

Los sindicatos ven «inaceptable la falta de sensibilidad» que el Gobierno está mostrando con los miles de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo y que han consumido protección por desempleo.

Asimismo, han dejado claro que «no van a caer en el error» de identificar la responsabilidad en cuestión de un ministerio o de otro. «Emplazamos al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir con los reiterados compromisos y anuncios que en este sentido ha realizado. No hay razón económica, social y, desde luego, política, que justifique no resolver esta cuestión urgentemente», han remarcado.

También han hecho hincapié en que es necesario también abordar «cuanto antes» la negociación de la reforma de la protección por desempleo para dar una respuesta «inmediata» al conjunto de parados que carecen de protección.

«La intención es no dejar a nadie atrás, eliminar los vacíos de cobertura en la protección por desempleo y que España no pague la factura aumentando las desigualdades tal y como sucedió en la anterior crisis económica», han incidido.

La propuesta presentada por el empresario asturiano Blas Herrero que pretende garantizar la viabilidad de Duro Felguera «no es legal ni viable», según ha explicado la compañía.

CC.OO. informó este viernes de que Blas Herrero les había remitido una carta sobre su proyecto, que también habría hecho llegar a los integrantes del consejo de administración.

«Hasta el momento, no existe más plan que el aprobado por el consejo y que se ha presentado ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)», han dicho desde la compañía.

Recuerdan que ya el pasado 11 de octubre, desde la empresa se mostró disposición a una reunión siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que pasarían por firmar un acuerdo de confidencialidad, que Herrero confirme las supuestas aprobaciones de terceros que sugiere su propuesta y que indique su proyecto industrial estrategia para la compañía.

A Duro Felguera, además, no le consta que la propuesta de Blas Herrero tenga la aprobación de ninguno de los bancos.

La producción de aceite de oliva en Andalucía para la campaña 2020-2021 será de 1.348.200 toneladas, lo que supone un aumento del 50,2% respecto a la anterior y del 22,5% a la media de las cinco últimas campañas, según el aforo de cosecha elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Este incremento en la producción se da en todas las provincias andaluzas, excepto en Almería donde baja un 22%. En el caso de Jaén como primera provincia productora se estima una subida del 69% frente a la campaña anterior, hasta las 670.000 toneladas, y del 34,2% sobre la media del último lustro.

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha sido la encargada de presentar el aforo, fruto del análisis «muy riguroso» que realizan los técnicos y que se confirma en la «poca variabilidad» que tradicionalmente hay entre las previsiones y la producción final. Eso sí, ha hecho hincapié en que se trata de una «estimación» y la cosecha dependerá, sobre todo, de la evolución climatológica de los próximos meses y de las lluvias que se esperan a partir de la próxima semana.

«Tenemos muy claro desde esta Consejería que para nosotros el aceite es el producto estrella andaluz y que tenemos que darle el tratamiento que se merece desde todos los ámbitos», ha dicho Crespo, al tiempo que ha subrayado la importancia de un sector que se traduce en Andalucía en 851 almazaras activas para la presente campaña, de las que 321 se encuentran en la provincia de Jaén.

Nicolás Correa ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el próximo 23 de octubre pagará un dividendo de 0,17 euros brutos por cada acción con derecho a dividendo de la sociedad, con cargo al resultado del ejercicio de 2019.

El total a pagar alcanzará aproximadamente los 2,07 millones de euros, con efecto sobre los 12,31 millones de acciones de la compañía.

El año pasado, la sociedad pagó 1,84 millones de euros en concepto de dividendos por importe de 0,15 euros por acción con cargo al ejercicio de 2018, dos céntimos menos que este año.

El grupo se anotó un beneficio de 8,02 millones de euros en 2019, un 6,8% más con respecto al ejercicio anterior.

Conforme a lo aprobado el pasado 15 de octubre, el último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el martes 20 de octubre.

Las acciones de la sociedad cotizarán ya exdividendo el miércoles 21 de octubre, y con fecha de 22 de octubre se determinarán los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que la normativa europea impide rebajar el IVA de las mascarillas, y que la subida del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas que el Gobierno aprobará en 2021 «no tiene afán recaudatorio», sino que busca «combatir la obesidad infantil», y ha avanzado que se retocarán otras figuras fiscales en la misma dirección.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en una jornada organizada por ‘El País’, ‘Cinco Días’ y la Cadena Ser, en las que ha rehusado concretar los cambios en materia de imposición directa e indirecta que recoge el Plan Presupuestario de 2021 remitido ayer por el Gobierno a Bruselas.

Montero ha explicado que, tal y como se contemplaba en el acuerdo programático del Gobierno de coalición, se revisarán figuras fiscales para conseguir un sistema fiscal «más justo, eficiente y sin desigualdades entre los contribuyentes», si bien ha indicado que se va a acometer «a lo lago de la legislatura, pero no ahora, no justamente este año» porque «no es el momento para eso».

En todo caso, sí ha confirmado que verán la luz «ajustes fiscales» que se anunciarán cuando se lleve primero el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros, previsiblemente el martes 27 de octubre.

En este sentido, ha marcado la importancia de la «discreción» en las negociaciones sobre las nuevas cuentas públicas para que no se «venga abajo», y ha aseverado que medidas como el alza del IVA del 10% al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas plasmado en el Plan Presupuestado no tienen «afán recaudatorio», sino que están orientadas a «combatir la obesidad infantil». «Seguiremos trabajando en esa dirección«, se ha limitado a decir sobre los nuevos ajustes fiscales.

Respecto a una posible bajada del IVA aplicado a la venta de las mascarillas, reclamado por partidos como el PP y CS y por varios colectivos, Montero ha indicado que todas las materias relativas al IVA están vinculadas al reglamento europeo, que «prohíbe que se pueda bajar» este impuesto a la venta de mascarillas. No es decisión del Gobierno de España, es una cuestión del reglamento europeo», ha aclarado.

PIDE APROBAR LOS PGE Y DICE QUE ESPAÑA SALDRÁ «FORTALECIDA» DE LA CRISIS

En el acto, tampoco ha hecho alusión a las subidas de impuestos previstas ni a los cambios tributarios, si bien ha hecho un llamamiento al conjunto de empresarios, sindicatos, partidos políticos y principales actores sociales a contribuir a la recuperación con el plan aprobado por el Gobierno, con el que se ejecutarán 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023 del total de 140.000 millones de fondos europeos que «recibirá España hasta 2026».

«O este proyecto es colectivo o será un proyecto que no podrá alcanzar los beneficios que estamos trabajando y diseñando», ha dicho Motero, quien ha apelado a la unidad, especialmente de los grupos políticos, para encarar la recuperación y aprobar los Presupuestos de 2021.

La portavoz del Gobierno ha dicho esperar que España recupere su crecimiento a una velocidad «razonable» y ha situado a España en el grupo de países que está saliendo y saldrá «reforzado» tras la pandemia en el marco de una «cierta alteración del orden económico internacional.

Eso sí, ha hecho especial hincapié en la importancia de aprobar los nuevos PGE, ya que ha avisado de que «si no hay un vehículo que permita canalizar esos proyectos (de los fondos europeos), no vamos a tener ni la capacidad ni la potencia de poder ejecutarlo».

En esta línea, ha insistido en que España no puede continuar con los Presupuestos prorrogados de 2018 del anterior Ejecutivo del PP porque «no se parecen en nada ala realidad actual y son un obstáculo para el desarrollo de la política y de la tarea».

Por ello, ha dicho que espera que en el Gobierno sean «capaces» de preservarse del «ruido exterior que algunos de forma interesada les gusta animar», y que la mayoría de fuerzas pueda sentarse a hablar del proyecto presupuestario antes de su presentación o durante el proceso de enmiendas se vean «reflejados».

ANIMA A PRESENTAR PROYECTOS PARA FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, ha detallado que el Gobierno prevé proyectar más de 27.000 millones adelantados de los fondos europeos de forma adicional a los Presupuestos, con un techo de gasto casi un 54% superior, de 196.000 millones, contando con las transferencias a las CCAA y Seguridad Social y los fondos europeos.

La ministra ha dicho que tienen que permitir crear las condiciones del tejido productivo, invirtiendo en desarrollo tecnológico, sostenibilidad ambiental y apostando por la innovación y la ciencia como formas de competitividad.

Así, ha animado a los empresarios a presentar «proyectos solventes, sostenibles y ejecutables» en el marco de los 4 ejes del Plan de Recuperación (transición ecológica, digitalización, igualdad de género y cohesión social y territorial), para aprovechar la inyección de los fondos en inversiones y aportar su «granito de arena».

Para la ejecución de los proyectos, ha explicado que los distintos ministerios irán lanzando convocatorias en distintos formatos que dependerán de los sectores y los temas, si bien ha adelantado que habrá «coordinación» para que haya una «ventanilla única» y «no haya ningún tipo de confusión respecto a las herramientas que el tejido empresarial puede disponer».

En paralelo, ha adelantado que el Gobierno seguirá adoptando medidas en materia de desigualdad, como el ingreso mínimo vital o incorporando a los jóvenes con mecanismos laborales, ya que el elevado desempleo y la temporalidad son «farolillos rojos».

La Comisión Europea tiene previsto adoptar el 18 de noviembre sus evaluaciones sobre los proyectos presupuestarios para 2021 de todos los Estados miembros, incluido el enviado este jueves por la noche por el Gobierno de España, en un ejercicio que este año está marcado por la suspensión de las reglas fiscales comunitarias.

El llamado ‘paquete económico de otoño’ consta en el orden del día de la reunión de comisarios de ese día, aunque todavía puede ser objeto de modificaciones. Junto con las opiniones de los presupuestos, Bruselas pretende publicar otros informes anuales como la recomendación económica para el conjunto de la eurozona y una evaluación sobre el empleo en los países de la moneda común.

El Ejecutivo comunitario ya ha recibido el borrador remitido por España, que entre otras cuestiones incluye casi 7.000 millones de euros en nuevos ingresos y contempla un incremento de los ingresos públicos de 33.447 millones.

El hecho de que estén suspendidas las reglas fiscales europeas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como medida para contrarrestar el impacto económico de la Covid-19, hace que el ejercicio de evaluación de este año por parte de la Comisión Europea sea muy distinto al de otros años.

Así, Bruselas no tendrá en cuenta en sus análisis el cumplimiento de unos objetivos fiscales que hoy en día están suspendidos. En consecuencia, tampoco enviará las famosas cartas que remite a los gobiernos en las dos primeras semanas tras recibir el presupuesto si detecta un caso «grave» de desvío de los objetivos de déficit y deuda.

«La evaluación de la Comisión tendrá en cuenta la activación de la cláusula general de escape y la ausencia de recomendaciones fiscales específicas. En este contexto, no prevemos la posibilidad de detectar un caso de incumplimiento particularmente grave y, por tanto, una necesidad de iniciar consultas con un Estado miembro», ha explicado un portavoz comunitario.

La activación de la llamada ‘clausula de escape general’ busca precisamente que los Estados miembro utilicen sus recursos públicos para estimular la economía en un momento en el que la actividad se ha reducido al máximo como consecuencia de las restricciones impuestas para intentar cortar la propagación del virus.

Según consta en el documento presupuestario que el Ejecutivo español ha enviado a Bruselas, España registrará un déficit público este año equivalente al 11,3% del PIB y se reducirá hasta el 7,7% en 2021. A su vez, la deuda pública escalará este año hasta el 118%.

El consejero andaluz de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha afirmado que desde el Gobierno andaluz están viendo «otras opciones y posibilidades» para participar en el plan de rescate de la empresa Abengoa ya que, como ha reiterado, la Junta «no cuenta con herramientas financieras» para poder ayudar a la empresa.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa previa al acto de presentación este viernes de la nueva marca del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, donde ha señalado que «se siguen analizando todas las opciones posibles» ante la petición de la empresa de que la Junta de Andalucía colabore en su rescate con el apoyo financiero de 20 millones de euros.

El pasado 25 de septiembre, el grupo de ingeniería y energías renovables anunció que había logrado el respaldo de sus acreedores a su acuerdo de reestructuración, con lo que su rescate quedaba pendiente de la participación de la Junta de Andalucía, que debía confirmar su apoyo financiero de 20 millones de euros antes de finalizar el septiembre.

Ahora, Abengoa ha vuelto a ampliar este pasado jueves el plazo hasta el 23 de octubre, esperando ese apoyo financiero. En este sentido, el consejero ha reiterado que «seguimos trabajando» y ha trasladado su esperanza de que el problema de tesorería con el que cuenta la empresa «pueda resolverse y continuar con sus operaciones con normalidad».

Este rescate se suma a los que ha vivido la empresa en los últimos años, pues en 2016 ya esquivó el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros, el tercero tras los de 2017 y 2019.

Ciudadanos ha lamentado este viernes que el Gobierno esté «remoloneando» a la hora de negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2021, acusándole de «no cumplir con su responsabilidad»: «El Gobierno no nos llama, parece que llama a otros», ha lamentado Edmundo Bal, que ha exigido al Ejecutivo que elija «derecha o izquierda» para buscar sus apoyos.

«Tiene por delante un camino que se abre en dos y tiene que elegir el lado de la derecha o de la izquierda», ha afirmado Edmundo Bal, en una rueda de prensa convocada en el Congreso, en la que ha dejado claro que su formación sigue «con la mano tendida», pero «exigente» para negociar las nuevas cuentas.

Así se lo ha transmitido a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en «un par de reuniones» en el marco del seguimiento de los acuerdos alcanzados para la prórroga del estado de alarma: «Hemos hablado algo, pero con carácter genérico», ha dicho, insistiendo en que «el Gobierno no cumple con sus obligaciones».

En este sentido, ha criticado que antes de verano su formación pidió entablar negociaciones pero que el Gobierno «se fue de vacaciones» y que ahora «está llegando tarde. «Llevábamos pidiendo que, por favor, nos sentemos a hablar de los Presupuestos, que queremos participar en esa negociación y el Gobierno no nos llama, parece que está llamando a otros», ha lamentado.

Bal ha reiterado que, para sacar las cuentas, el Gobierno «tiene dos vías»: «O se va con ERC y Bildu, que quieren que a España le vaya mal y quieren una España débil, o con nosotros», ha afirmado, asegurando que con Cs habrá «unos Presupuestos moderados» y «pragmáticos».

En todo caso, ha dicho que a su formación lo que le «preocupa» es «la foto final» de esos Presupuestos y que no piensa «darle ninguna excusa para que el Gobierno diga que no le ha quedado más remedio» que buscar a ERC y Bildu.

APOYO A LA SUSPENSIÓN DE REGLAS FISCALES

Por otro lado, aun sin explicitarlo directamente, Bal ha dado a entender el apoyo de los diez diputados de Ciudadanos la próxima semana para avalar la suspensión de las reglas fiscales, una votación para la que el Gobierno requiere de la mayoría absoluta del Congreso.

Y es que el próximo martes el Ejecutivo defiende la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para este año y el siguiente por la situación de extraordinaria necesidad, provocada por la pandemia de Covid-19, una situación sobre la cual la Cámara debe pronunciarse favorablemente, en virtud de lo recogido en el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Bal ha recordado que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, «fue la primera que dijo en marzo que hacían falta unos Presupuestos de emergencia nacional» ante una «situación excepcional». «Es evidente lo que vamos a votar», ha dicho.