El precio de la electricidad ha subido un 4,5% en agosto, encadenando cuatro meses de subidas continuas, hasta fijar durante el mes un precio medio de 36,2 euros por megavatio/hora (MWh), un 4,5% más que el pasado mes de julio, según los cálculos de la OCU.

Esta racha de subidas se produce tras las fuertes bajadas del precio de la electricidad acumuladas en el primer cuatrimestre del año.

En el mes de abril, el precio de la electricidad alcanzó el precio mínimo de 17,65 euros por MWh debido al impacto del coronavirus en la actividad económica. Desde entonces el precio de la electricidad ha ido aumentando todos los meses.

No obstante, todavía se mantiene un escenario de precios bajos, ya que a lo largo de este año el precio medio de la electricidad ha sido de 30,63 euros, mientras que 2019 cerró con un precio medio de 47,68 euros y en 2018 de 57,29 euros.

Con estos precios, un hogar que consuma de media 3.500 kWh al año y una potencia de 4,6 kW, y tenga contratada la tarifa regulada PVPC que aplica directamente el precio del mercado mayorista, ha pagado hasta el mes de agosto 438 euros, cuando en 2019, durante ese mismo mes pagó 509 euros, lo que supone una diferencia de 72 euros. De hecho, según la OCU, hasta el mes de agosto, en 2020 la factura eléctrica ha sido la más baja desde que en 2014, se creó la tarifa regulada PVPC.

Pese a esta tendencia de precios al alza, OCU recomienda a los usuarios revisar su contrato de electricidad, especialmente aquellos que se encuentran en el mercado liberalizado.

Muchos usuarios pagan todavía precios elevados ya que sus tarifas no han reflejado la fuerte bajada de precios que se han producido durante 2020, lo que debe animar a los hogares a contratar la tarifa regulada PVPC con alguna de las comercializadoras de referencia, ya que aunque es probable que haya subidas en los próximos meses, sus precios son siempre competitivos, destaca la OCU.

En su defecto, los usuarios pueden optar por alguna de las ofertas del mercado libre con precio fijo durante los próximos doce meses, protegiéndose del riesgo de que el precio de la electricidad suba en lo que queda de año.

Las compras netas de activos por parte del Banco Central Europeo (BCE) bajo su programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) se situaron la semana pasada en 14.012 millones de euros, lo que supone el segundo menos importe semanal adquirido por el instituto emisor durante el mes de agosto, según los datos de la entidad.

En los siete días anteriores, el BCE había realizado compras por importe de 15.050 millones de euros bajo este programa, que entró en vigor a finales del pasado mes de marzo para paliar el impacto de la pandemia en los mercados y mantener bajo control los diferenciales de la deuda de los países del euro. En las dos semanas anteriores, el BCE había invertido 14.979 millones de euros y 13.813 millones.

De este modo, el BCE ha empleado ya 497.911 millones de euros del total de 1,35 billones de la capacidad del programa, lo que representa el 36,9% del mismo, que estará en vigor hasta junio de 2021. Asimismo, el BCE se ha comprometido a reinvertir los vencimientos de los activos adquiridos bajo este programa hasta, como mínimo, finales de 2022.

En su última comparecencia en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del pasado mes de julio, la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, insistió en la disposición del BCE a emplear en su totalidad los 1,35 billones de euros del PEPP.

En este sentido, la banquera francesa afirmó que «si no se producen sorpresas muy positivas» el BCE continúa pensando que usará completamente el importe de este programa de emergencia con el fin de hacer frente al riesgo de fragmentación del mercado y relajar la posición monetaria en general.

Desde su lanzamiento a finales de marzo y hasta el pasado mes de julio, el BCE había destinado 46.111 millones de euros a la adquisición de deuda soberana española a través del PEPP. En concreto, en los meses de junio y julio las compras netas de bonos españoles sumaron 23.719 millones de euros, frente a los 22.392 millones adquiridos entre finales de marzo y mayo.

El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ha llamado a evitar «vetos cruzados» entre fuerzas políticas para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, y ha reivindicado que la cuestión «es el qué componen esos Presupuestos, y no tanto en con quién» salen adelante.

En declaraciones a los medios tras asistir a la conferencia ofrecida por el presidente Pedro Sánchez, bajo el título ‘España puede’, Sordo ha dicho que España «no está en un momento en el que necesita vetos cruzados entre distintas fuerzas políticas», sino «un proyecto de Presupuestos del Gobierno que se negocien con el conjunto del resto de fuerzas políticas».

Sordo ha asegurado que su sindicato está comprometido con la apelación a la unidad realizada por Sánchez en su discurso, pero ha dicho que la unidad «se tiene que concretar en políticas», tanto en reformas como en unos nuevos Presupuestos.

El Gobierno tendrá que poner encima de la mesa un proyecto de Presupuestos y negociar con el resto de fuerzas, y esperemos que en torno a ese proyecto se pueda generar una unidad, pero todo depende del contenido», ha declarado.

En este sentido, ha considerado «evidente» la «orientación» que tienen que tener esas cuentas, pues a su juicio deben pasar por un refuerzo de los servicios públicos de Sanidad, Educación y protección social y cuidados, así como por una reactivación de la economía través de la transformación digital y la transición ecológica.

Respecto a las políticas que deberá seguir el Gobierno, Sordo también ha aludido a la necesidad de abordar «reformas fiscales en profundidad», de cara a la «canalización» de todas las ayudas europeas, entre transferencias directas y créditos para afrontar la crisis.

APUESTA POR UNA RENOVACIÓN DE LOS ERTE

Por otro lado, Sordo también ha mencionado la negociación que reanudan esta semana Gobierno y agentes sociales sobre el sistema de protección al empleo a través de los ERTE, asegurando que su organización apuesta por su renovación, al considerar que «es el sistema que mejor ha funcionado para evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo».

«No conocemos las propuestas del Gobierno ni la posición de la CEOE, pero la voluntad es renovar un sistema que permite que los ERTE sean la palanca para evitar despidos en este país», ha dicho.

RECELA DE LAS PREVISIONES ECONÓMICAS

Respecto a la evolución de la economía y las previsiones de un rebote del crecimiento en la segunda mitad de año, ha apuntado que le parece «arriesgado» hacer predicciones, puesto que las variables macroeconómicas «están absolutamente mediatizadas por lógicas que no son económicas, sino que son los efectos de la pandemia».

«No nos engañemos demasiado. Va a ser un año complicado en términos de crecimiento, deuda, déficit y caída de recaudación fiscal», ha dicho Sordo, aludiendo que nadie conoce «a ciencia cierta» cómo afectará finalmente la pandemia en la economía.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha defendido que el sector público y el privado deben colaborar para salir de la crisis del coronavirus, pero ha advertido de que el aumento de los ingresos no puede lograrse perjudicando al empleo subiendo impuestos a empresas y autónomos «sin ton ni son», ni atacando a los trabajadores por cuenta ajena aumentando los impuestos indirectos, sino que el foco debe ponerse en la economía sumergida y en solventar ineficiencias que arrastra la Administración y que elevan el gasto público.

Durante su intervención en el curso ‘El sistema financiero y la crisis del Covid-19’ organizado por APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha asegurado que la salida de la crisis «costará más y se hará peor» si no colaboran el sector público y el sector privado, un planteamiento que «se puede defender independientemente de la ideología».

El presidente de Mapfre ha declarado que España no se puede permitir un segundo cierre total de su economía por el impacto que la crisis va a tener en el empleo. «Los ERTE no van a evitar un escenario de aumento acelerado del desempleo, incluso superando el pico que alcanzamos en la anterior crisis», ha alertado.

En este escenario, ha apuntado que la inyección de capital que vendrá de las ayudas europeas supone «una magnífica oportunidad» para construir modelos productivos y fortalecer la economía, acometiendo reformas estructurales que son las mismas que se necesitaban antes de la crisis necesaria.

En su opinión, hay que trabajar en medidas prioritarias para el crecimiento económico y el desempleo, la legislación laboral, la sociedad digital, los servicios sociales y la salud que fortalezcan la eficiencia, la competitividad, la equidad y la sostenibilidad de la economía española.

«Todas ellas precisan de alianzas, colaboraciones y partenariados público-privados. Hay que atajar la expulsión de los trabajadores por cientos de miles y millones cada vez que entramos en una crisis y hay que aumentar los ingresos, pero lo que no se puede hacer es vía impuestos, perjudicando al empleo, aumentando sin ton ni son estos impuestos o atacando a los trabajadores por cuenta ajena con determinados impactos de subidas de impuestos indirectos», ha sostenido el presidente de Mapfre.

Según ha asegurado el directivo, el foco debe ponerse en la economía sumergida, de la cual la sociedad en general «es cómplice», y que es «claramente insolidaria frente a las necesidades del país». También en la parte del gasto público, refiriéndose a las ineficiencias que se arrastran del pasado. En este sentido, ha incidido en que, mientras que la mayor parte del sector privado ha funcionado teletrabajando durante la pandemia, parte de la Administración Pública «no está preparada» y su digitalización «ayudaría sustancialmente si hay verdadera voluntad política».

«Les falta digitalización, hay que hacer una reforma profunda de ese sector público para digitalizarlo», ha pedido. De igual manera, el presidente de Mapfre ha lamentado que el sistema de colegios sigue, en muchos casos, «en el siglo XIX».

Huertas también ha advertido de que, si bien cree firmemente que hay que hacer transferencias directas del sector público y privado para ayudar a los más necesitados, no puede pretenderse que sean permanentes y que se condene a las generaciones futuras a ser menos competitivas que las del resto del continente. «Es un tema de eficiencia y de ser conscientes de que el dinero público siempre procede de fondos privados, de nuestros propios impuestos», ha advertido el presidente de Mapfre, quien confía en que el nuevo curso político «sea mejor que lo que ahora se ha visto».

IMPULSO AL AHORRO PRIVADO

El presidente de Mapfre también ha incidido en el ahorro privado, poniendo de manifiesto que España es casi el único país avanzado que ha abordado el ahorro-previsión solamente desde el pilar de lo público.

En este sentido, ha pedido a los integrantes del Pacto de Toledo, que reanudan sus trabajos en septiembre, «que amplíen su campo de visión y que propongan reformas, que además de garantizar pensiones públicas lo más generosas posible, permitan a los nuevos trabajadores ir generando ahorro complementario durante su vida activa para que vivan con holgura cuando se jubilen».

SOBRE EL CIBERATAQUE

Al mismo tiempo, el directivo también se ha referido durante su intervención al ciberataque que ha sufrido la compañía en España en las últimas dos semanas.

«El plan de negocio ha funcionado muy bien, hemos protegido los sistemas, las herramientas, el servicio a nuestros clientes y los puestos de trabajo para nuestros empleados. El lunes 31 de agosto los sistemas operativos de Mapfre están operando con plena normalidad», ha asegurado, al tiempo que ha recordado que a partir de mañana se compensará económicamente a los clientes que han recibido un servicio de menor calidad a causa del ciberataque.

El Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, marcará previsiblemente un nuevo mínimo histórico en el mes de agosto.

A falta de conocer el dato correspondiente a este lunes, último día del mes, el Euríbor se sitúa en agosto en el -0,358%, muy por debajo del -0,279% de julio, y su menor valor nunca registrado. Hasta ahora, el mínimo histórico se registró en agosto de 2019, un el -0,356%.

El indicador encandena tres meses de caídas que siguieron a otros tres meses de fuertes ascensos, coincidentes con los meses más duros de la crisis del coronavirus.

Esto supone que las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de Euríbor +1% a las que les toque revisión experimentarán abaratamiento de apenas 0,1 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado.

El director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, ha explicado que los hipotecados no han notado rebajas en sus cuotas, pero lo harán si el Euríbor sigue en esta tendencia en los próximos meses.

El indicador se mueve en función de las incertidumbres que se generan en torno a la economía europea. Tras la subida inicial por el Covid-19, la inyección de dinero del Banco Central Europeo (BCE) a los bancos ha empujado al indicador a nuevas caídas, una tendencia que iAhorro prevé que continúe en los próximos meses.

«No creo que haya cambios bruscos a corto plazo. De todas maneras, todo dependerá de la estrategia que siga el BCE. El Euríbor seguirá en negativo varios meses, pero no podemos vaticinar si serán dos, seis o veinticuatro meses», ha apuntado Colombelli.

En este escenario, los bancos están apostando por las hipotecas fijas y la mayoría ha bajado su oferta fija ante la «poca claridad» con lo que va a pasar con el Euríbor. «Prefieren asegurarse un tipo fijo, aunque sea muy bajo», ha explicado el experto, quien solo aconsejería préstamos variables para la compra de una segunda vivienda o en el caso de préstamos de duración muy corta, «como diez años», para la compra de primera vivienda.

De su lado, el comparador financiero HelpMyCash.com ha apuntado que este récord negativo «reabrirá el debate de si los bancos deben pagar a aquellos hipotecados a los que se les aplique un interés negativo».

En este sentido, ha recordado que, aunque el interés de los préstamos a tipo variable actuales no suele bajar del Euríbor más 0,79%, el que se ofrecía hace unos años, especialmente cuando el índice cotizaba por encima del 3% o el 4%, podía ser incluso menor al Euríbor más 0,35%. Cuando marcó un mínimo histórico en agosto de 2019 la mayoría de los bancos aseguraron que aplicarían en estos casos un interés del 0%, pero desde HelpMyCash.com afirman que, si esa limitación no aparece en el contrato, sí debería aplicarse un tipo negativo.

«Esos clientes podrían reclamar a sus entidades que descontaran de las cuotas la parte de los intereses negativos, aunque serían sumas bajas de dinero. En cambio, no podría aplicarse un interés negativo en aquellas hipotecas variables que sí incluyan un tipo mínimo incorporado con transparencia por parte del banco. Por ley, además, tampoco pueden tener un interés de menos del 0% los préstamos firmados a partir del 16 de junio de 2019, cuando se promulgó una nueva regulación que así lo estipula», ha explicado el comparador financiero.

Por su parte, las últimas previsiones del Departamento de Análisis de Bankinter apuntan que la cotización del Euríbor a finales de 2020 será del -0,20%, en 2021 será del -0,22% y en 2022 será del -0,18%.

La inversión en ‘retail’ superó en España en el primer semestre los 970 millones de euros, cifra que es un 75% superior a la registrada hace un año, cuando se situó en los 550 millones, según se desprende del último informe sobre el sector elaborado por Knight Frank.

No obstante, la consultora apunta que, pese a ser «un buen dato», la inversión se ha visto condicionada por los meses de confinamiento. Aún así, ha alcanzado los 200 millones de euros entre abril y junio.

Según la responsable del ‘retail’ de Knight Frank, Elaine Beachill, «a pesar de la situación actual, se está viendo una demanda continua de activos apuntalada por el sector de alimentación, parques comerciales y oportunidades ventajistas en buenas ubicaciones».

Durante este segundo trimestre de 2020, los supermercados fueron los que mostraron cierta fortaleza y mantuvieron el atractivo para los inversores, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que el fondo norteamericano LCN invirtió 180 millones de euros en la compra de 27 tiendas Mercadona bajo la fórmula ‘sale & leaseback’ o Mahou, que adquirió un local comercial de 3.300 metros cuadrados en el nuevo Mahou-Calderón, «terrenos en los que Carrefour abrirá una de sus tiendas más emblemáticas».

La consultora apunta que, tras los supermercados, durante el segundo trimestre, el ‘high street’ fue el segmento que obtuvo «mayor relevancia, constatándose «que la actividad durante estos tres meses no se ha frenado, registrándose firmas de alquileres de locales comerciales, fundamentalmente en las principales vías de las grandes ciudades».

Así, en Madrid, durante el periodo de confinamiento, destacaron las aperturas de una nueva macrotienda de 900 metros cuadrados del grupo de perfumería Druni en el barrio de Salamanca, un local de 620 metros cuadrados del gigante chino de la restauración Haidilao en Gran Vía y un nuevo punto de venta de 130 metros cuadrados de la firma española de cosmética natural Freshly Cosmetics en la calle Fuencarral.

Las novedades en la Ciudad Condal se centraron en un establecimiento de GAP en la Calle Arcs con una superficie de 600 metros cuadrados, el nuevo ‘flagship’ de Orange en Paseo de Gracia y con 400 metros cuadrados, y la tienda 300 metros cuadrados que la firma de artículos para bebés Bey Nens acaba de inaugurar en Vila de Gràcia.

Por otro lado, la rentabilidad ‘prime’ de los centros y parques comerciales se ha mantenido estable durante este trimestre, situándose en el 5% y el 5,5%, respectivamente, mientras que el ‘high street’ creció moderadamente para alcanzar el 3,5%. «Cifras y comportamiento comparables a los registrados en los últimos meses en ciudades como Bruselas, Londres, Berlín, París o Dublín», apunta Knight Frank.

A la hora de analizar los datos de la inversión retail registrada durante los seis primeros meses del año, el informe de Knight Frank señala que los centros comerciales representaron casi el 70% del total de inversión.

No obstante, los expertos de la consultora advierten cómo en los últimos tiempos se está produciendo un cambio en los hábitos de consumo que provoca el hecho de que los centros comerciales se estén moldeando para «convertirse en lugares de encuentro social».

«En este aspecto, hemos visto un incremento en la demanda de centros comerciales en ubicaciones estrategias que ofrecen una clara oportunidad de reposicionamiento para incluir usos mixtos a medio largo plazo», resalta Beachill.

El Consejo General de Economistas (CGE) matienen su previsión de caída del PIB para este año en el 11,2% y auguran una tasa de paro de entre el 20% y el 22% siempre que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantengan hasta finales de año. De lo contrario, el impacto de la crisis sanitaria sobre el desempleo será mayor.

Así lo refleja su último Observatorio Financiero, en el que los economistas también mantienen su previsión de déficit y deuda pública para este año en horquillas que van del 12% al 15% del PIB en el primer caso, y de entre el 120% y el 125% en el segundo.

El CGE subraya que la moderada reactivación económica iniciada tras la finalización del estado de alarma «no está siendo suficiente» para compensar las pérdidas que sufrieron sectores como el turismo, el ocio, la cultura y el comercio durante el confinamiento.

«La recuperación esperada a partir del tercer trimestre se está viendo amenazada por los rebrotes de la pandemia, que están surgiendo en todo el país, y que podrían acelerarse en septiembre con el comienzo del curso escolar y con la falta de medidas homogéneas en las distintas comunidades autónomas», advierten.

A ello se suma que los ERTE ligados a la pandemia finalizan su vigencia el próximo 30 de septiembre, a falta de que logre pactar una prórroga, por lo que si no se extienden, la tasa de paro subirá más de lo previsto.

Así, el CGE recomienda prorrogar más allá de finales de año algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia sobre la economía, entre ellas los ERTE, y recuerda que Alemania ya ha decidido extenderlos hasta finales de 2021.

NUEVOS PRESUPUESTOS

Al mismo tiempo, los economistas piden unos nuevos Presupuestos, consensuados con la mayoría de los partidos políticos, que se amolden a la situación actual, pues los vigentes datan de 2018 y la situación actual es «radicalmente distinta».

«La importante reducción de ingresos (se estima que la recaudación del IVA ha descendido el 50% en el segundo trimestre) y un aumento considerable del gasto, fundamentalmente para sufragar el gasto sanitario producido por la pandemia, así como el generado por las medidas adoptadas para paliar los efectos económicos en determinados colectivos, hace que sea indispensable y urgente la aprobación de unos nuevos presupuestos adaptados a esta situación», defienden.

El CGE cree que las cuentas públicas de 2021 deberían incorporar el destino de las ayudas europeas, asignándose a proyectos concretos, para lo que ve fundamental contar con la colaboración del sector privado, así como establecer medidas para favorecer los sectores de I+D+i que potencien la productividad y la formación, sobre todo en nuevas tecnologías.

En este sentido, los economistas consideran que sería un buen momento para abordar la redimensión de la estructura funcionarial del Estado para adaptarla a los nuevos retos de la digitalización y del medio ambiente.

También abogan por establecer, al menos a corto plazo y mientras se estabiliza la situación, incentivos a la contratación laboral, con flexibilidad con respecto a la misma, e incentivos fiscales a las empresas, así como por establecer medidas para impulsar la inversión, ya sea extranjera o nacional, «actualmente casi nula.

Las certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca cayeron un 65,2% en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, hasta las 2.792, lo que supone un nuevo mínimo histórico, según los datos de la Estadística Registral Inmobiliaria.

Por comunidades autónomas, el mayor volumen de ejecuciones hipotecarias correspondió a la Comunidad Valenciana, con 788 certificaciones, seguida de Andalucía, con 479, y de Cataluña, con 472.

Por detrás se sitúan Murcia, con 274 certificaciones, Castilla-La Mancha, con 202, Cantabria, con 134 y Madrid, con 108. El resto de comunidades está por debajo del centenar de ejecuciones hipotecarias.

De su lado, las daciones en pago alcanzaron las 690 durante el segundo trimestre del año, alcanzando el mínimo de la serie histórica, de forma similar a las certificaciones anteriores. Con relación al mismo trimestre de 2019 presentaron un descenso del 53%.