La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya está preparada para poner en marcha la modalidad de salida a Bolsa SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) en España, un vehículo por el que una compañía instrumental -sin activos- recauda capital para posteriormente realizar una fusión o adquisición con otra.

Este tipo de vehículos, bien conocidos en Wall Street, son vistos «con buenos ojos» por el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, quien ha asegurado que el organismo lleva meses analizando y trabajando en ellos. «Son una alternativa a la salida a Bolsa tradicional», ha indicado durante la presentación del Plan de Actividades.

Buenaventura ha explicado que la CNMV tiene interacción con entidades financieras, promotores, despachos de abogados, administradores y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital desde el pasado mes de agosto sobre esta cuestión.

En esta línea, el supervisor de los mercados habría analizado ya lo suficiente la normativa actual y las características del producto. «Si bien sería ideal realizar algunos retoques de la normativa para facilitar aún más su encaje, hoy por hoy, con la normativa española, las SPAC son posibles», ha asegurado.

«La CNMV está dispuesta y preparada para comenzar a tramitar y analizar los proyectos ultimados que nos puedan presentar en las próximas semanas», ha añadido Buenaventura, al tiempo que ha dicho que el organismo ha establecido unos criterios en este ámbito para responder de forma «ágil» a las peticiones.

En esta línea, ha admitido que la CNMV ya ha asistido a algunas presentaciones de proyectos para desarrollar las SPAC, pero ninguno en un estado lo suficientemente maduro como para tramitarlo. «Hemos estado en contacto con promotores y asistido a reuniones», ha revelado.

EL GOBIERNO ANALIZA MEJORAR LA NORMA

Aunque según la normativa actual las SPAC encajarían en España, Buenaventura ha precisado que convendría realizar algunos ajustes en la normativa para lograr un «mayor abundamiento y claridad».

Los ajustes que se plantean estarían relacionados con el derecho de separación de los socios cuando la SPAC encuentra una compañía para fusionarse y salir luego a Bolsa, o con cómo aplicar la normativa de OPAs en caso de que un accionista adquiera la mayoría de la SPAC con motivo de la fusión, no por la fusión.

Tenemos mecanismos para abordar estos ajustes normativos y me consta que el Gobierno está analizando esta cuestión para facilitar el flujo de capitales», ha aseverado.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido «en torno a 45 expresiones» de interés para ser administrador concursal de Abengoa, una cifra «récord», según indicó este miércoles el presidente del supervisor bursátil, Rodrigo Buenaventura.

En la presentación del plan de actividades de la CNMV 2021/2022, Buenaventura afirmó que el organismo está ahora «en proceso de analizar» estas propuestas y que, en cuanto disponga de «mayor claridad» sobre ellas, propondrá al juez «una terna de compañías».

«El sistema ha cambiado. La CNMV proponía antes a un administrador. Ahora, al ser cotizada, propone una terna de posibles administradores al juez y este es quién decide. En los próximos días esperamos enviar al juez la terna de posibles administradores, en la mayor brevedad, para no demorar», dijo.

A finales del pasado mes de febrero, la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada de la solicitud de concurso voluntario de acreedores formalizada por la multinacional sevillana Abengoa tras no aceptar sus acreedores financieros extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración, declaró en concurso a la entidad.

En un auto, el tribunal determinaba que Abengoa conservaría las facultades de administración y disposición de su patrimonio, «aunque sometida en su ejercicio a la intervención de la administración concursal», cuya designación derivará «de la consulta previa y propuesta resultante por la CNMV, al tratarse de una empresa cotizada en Bolsa.

DECLARACIÓN DE CONCURSO

Abengoa solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores tras no lograr que los acreedores financieros le otorgaran los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración.

El pasado 6 de agosto, el grupo había alcanzado un acuerdo para que Abengoa Abenewco 1, que según el plan -denominado ‘Vellocino’- estaba previsto que pasará a ser sociedad cabecera de todos los negocios de la empresa, suscribiera un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que solicitó la garantía del ICO al amparo del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19.

Al préstamo de 230 millones sumaba Abengoa una línea de avales ‘revolving’ a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, calificada como nueva línea de avales.

El cierre de la operación estaba pendiente de la contribución de la Junta de Andalucía a ese rescate en unos 20 millones de euros adicionales que no se terminó nunca de concretar y que, así, vio este lunes como se ponía fin a las prórrogas que venía ganando en su carrera por un nuevo salvamento.

La deuda financiera a cierre de 2019 de Abengoa, último ejercicio con datos reportados por la compañía -que lo hizo hace apenas una semana con casi un año de retraso- ascendía a 4.783 millones de euros, aunque se elevaba hasta casi 6.000 millones si se tenían en cuenta 1.165 millones de euros correspondientes a deuda de proyectos en venta.

El grupo ya esquivó en 2017 el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros.

A cierre de 2019, la plantilla de la compañía en el Mundo superaba los 14.000 empleados, con en torno al 18% de ellos, unos 2.578 trabajadores, en España.

Los directivos y primeros ejecutivos de las empresas del Ibex 35 ganan entre 23 y 118 veces más que el salario medio de sus plantillas, según la quinta edición del estudio ‘Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex-35’ realizado por CCOO.

El informe, presentado hoy en rueda de prensa por el secretario de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, y por Luis de la Fuente y Alicia Martínez, de la Fundación 1º de Mayo, revela que el salario medio por trabajador de las empresas del Ibex fue en 2019 de 39.798 euros anuales, un 2,7% más que en 2018.

Esta cifra es 118 veces inferior a la remuneración media percibida por los primeros ejecutivos de estas empresas (4,7 millones de euros por persona, un 4,6% más que en 2018), proporción que se ha incrementado respecto a 2018, cuando la diferencia era de 116 veces.

Además, el sueldo medio de las plantillas del Ibex es 23 veces inferior a la remuneración media de los altos directivos (933.653 euros, un 8% menos que en 2018), y 18 veces inferior al sueldo medio de los consejeros (726.277 euros, un 1,3% más). De la Fuente ha explicado que las diferencias retributivas dentro de las propias empresas del Ibex son «abismales».

Así, por ejemplo, la persona mejor pagada de Repsol cobra 387 veces el salario medio de esa empresa, en Inditex esta ratio es de 298 veces; en Ferrovial, de 238 veces, y en el Santander, de 222 veces. En el lado opuesto se sitúan AENA (4 veces) y Red Eléctrica (8 veces).

Según el informe, el primer ejecutivo de Repsol ganó casi 20 millones de euros en 2019, frente a los 148.000 euros percibidos por el mismo cargo en AENA. De la Fuente ha precisado que las variaciones en las retribuciones de los primeros ejecutivos están motivadas principalmente por las indemnizaciones por cese.

En el caso de los altos directivos, la horquilla dentro de las empresas del selectivo también es elevada y va desde los casi 3,4 millones de euros en promedio que cobra un alto directivo del Banco Santander a los 119.000 euros que percibe uno de AENA.

BRECHAS SALARIALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Por sexos, y utilizando datos agregados de 24 empresas, CCOO constata que el salario medio percibido por los hombres en las compañías del Ibex se situó en 2019 en 51.000 euros anuales, por encima de los 43.000 euros de media cobrados por las mujeres.

Banco Santander, Bankinter y MásMóvil son, según el sindicato, las empresas donde esta brecha salarial es mayor, al cobrar los varones de estas empresas en promedio 15.000 euros más que las mujeres. En el lado opuesto se sitúan Iberdrola, Siemens Gamesa o ArcelorMittal, donde las mujeres tienen, de media, salarios superiores a los de los hombres.

Sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración, su presencia alcanzó al finalizar 2019 el 27,5% del total de consejeros, por lo que no se ha alcanzado el 30% marcado por el Código de Buen Gobierno para 2020 y se está lejos del objetivo del 40% fijado para 2022. «Aunque se está avanzando, el camino es irritantemente lento», ha denunciado Bravo al respecto.

SÓLO EL 23% DEL PERSONAL ES MAYOR DE 50

El conjunto de plantillas de los grupos empresariales de las empresas que componen el Ibex alcanzó los 1,3 millones de personas a finales de 2019, prácticamente la misma cifra que en 2018.

Las mujeres representan el 47% del total de las plantillas, lo que implica un leve incremento respecto al año anterior. En 2019, diez empresas del selectivo presentaban una proporción de mujeres mayor que la de hombres, destacando Inditex (76%), Inmobiliaria Colonial (61%), Grifols (60%) y Bankia y Sabadell (56%).

Por el contrario, con las menores proporciones de mujeres entre sus plantillas se encuentran ArcelorMittal España, Acerinox, CIE Automotive, Ferrovial y Siemens Gamesa, con porcentajes inferiores al 20%.

La mitad del personal empleado en las empresas del Ibex tiene entre 30 y 50 años, mientras que sólo el 23% supera los 50 años y el 26% es menor de 30 años. Las plantillas más jóvenes las tienen empresas como Inditex y Viscofan, frente a Bankia, ArcelorMittal España y Endesa, donde el personal joven está por debajo del 4%.

Las plantillas más ‘envejecidas’, donde el personal mayor de 50 años representa más del 30% de su plantilla, son las de Ferrovial, Banco Sabadell, ACS y Mediaset.

En 2019 el 12,7% de la plantilla total de las empresas del Ibex 35 tenía contrato temporal, cifra 2,4 puntos inferior a la tasa de temporalidad del año anterior.

No obstante, CCOO advierte de que hay empresas cuya temporalidad está muy por encima de la media, como ACS, que tiene a más de un tercio de su plantilla de ACS con contrato temporal. Pese a ello, la tasa de temporalidad en ACS se redujo 8,3 puntos respecto a 2018.

Por el contrario, Bankia no tiene ningún contrato temporal y Merlin Properties, Banco Sabadell y Acerinox no llegan al 0,8%.

En 2019, la tasa de parcialidad global de las empresas del Ibex 35 era de 16,8%, dos puntos más que en 2018. En este aspecto destaca, según CCOO, Inditex, donde más de la mitad de su plantilla tienen un contrato a tiempo parcial, así como ACS e IAG, con una tasa de parcialidad superior al 25%.

Según el sindicato, uno de cada cuatro trabajadores del Ibex 35 no está protegido adecuadamente por la negociación colectiva. Sólo cuatro empresas afirman tener el 100% de su plantilla bajo la cobertura de la negociación colectiva: Acciona, Acerinox, Caixabank y MásMóvil.

En el caso de datos referidos únicamente a España, el número de empresas con la totalidad de la plantilla cubierta por la negociación colectiva es mayor: Acciona, Acerinox, Amadeus, Banco Sabadell, Bankia, BBVA, Indra, Mapfre, MásMóvil y Repsol.

El Banco de España contratará a una empresa para que digitalice los documentos que recibe cada día durante un total de 18 meses, un trabajo por el que pagará unos 204.000 euros, según el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El objeto de la contratación es la gestión y ejecución de los trabajos de digitalización necesarios para transformar a electrónico la documentación en papel recibida por el Banco de España en el ejercicio de sus funciones, así como su correcta identificación, clasificación, ordenación e inclusión en las aplicaciones informáticas oportunas y su transferencia al archivo, cuando proceda.

Será objeto de digitalización la documentación registrada diariamente por el Registro Central de Madrid. El flujo de documentación a tratar variará constantemente, aunque el número de registros medio realizados al año es de 60.000, con una media de tres documentos por registro (180.000 documentos al año) y un total medio de siete páginas por documento (1,26 millones de páginas al año).

El Banco de España estima que, para realizar este trabajo, serán necesarias unas 8.500 horas anuales, que ascienden a un total de 12.750 euros en los 18 meses que durará el contrato.

En octubre de 2019 el organismo adjudicó un contrato similar a la empresa Informática Abana por un importe de 202.100,25 euros.

La reducción del número de empresas en el sector de la hostelería y en las actividades artísticas y recreativas ha superado el 8% desde el inicio de la pandemia, según datos del Banco de España, que recoge la estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social.

De acuerdo con estos datos, el número de empresas activas en la Seguridad Social había disminuido en febrero de 2021 en casi 50.000 con respecto al nivel de febrero de 2020, lo que, en términos porcentuales, supone un descenso del 3,6%.

La mayor caída desde el inicio de la crisis, de casi un 8%, se observó en abril, según apunta el Banco de España en un documento titulado ‘La creación y destrucción de empresas desde el inicio de la pandemia’, en el que indica que en los meses posteriores a abril del pasado año tuvo lugar una «moderación significativa» en el retroceso del número de empresas, al compás de la desescalada.

Sin embargo, en consonancia con la evolución de la actividad, ese comportamiento relativamente más favorable perdió empuje a partir de los meses de verano, estabilizándose los descensos en sus niveles actuales.

Por ramas de actividad, los descensos «más acusados» se han observado en los servicios más directamente perjudicados por las diferentes medidas de contención de la pandemia. En concreto, la reducción del número de empresas con respecto al nivel precrisis supera actualmente el 8% en la hostelería y en las actividades artísticas y recreativas.

Asimismo, se observan también pautas «muy dispares» por comunidades autónomas, con una disminución del número de empresas mucho mayor en determinadas regiones, como las insulares, con caídas del 6,7% y del 6,6% en las Islas Baleares y en Canarias, respectivamente, en consonancia con el mayor peso en su estructura productiva de las actividades de servicios más afectadas.

LA MENOR DESTRUCCIÓN, EN LAS EMPRESAS DE MENOS DE 10 EMPLEADOS

En cuanto al impacto de la destrucción de empresas según el tamaño de las mismas, al contrario de lo que podría pensarse, la menor destrucción de empresas se habría producido en las más pequeñas de todas, las de menos de 10 trabajadores, y sería solamente a partir de ese umbral cuando se observa una relación inversa entre el tamaño de las empresas y su tasa de desaparición desde el inicio de la pandemia.

En concreto, el número de empresas activas de entre 10 y 49 trabajadores ha descendido hasta febrero casi un 6,7%, frente al 3,6% en el caso de las que tienen 250 o más trabajadores.

Además, el Banco de España destaca que una parte de esa brecha tiene que ver con el hecho de que el tamaño medio de las empresas sea mayor en el caso de las que operan en las ramas cuya actividad se ha visto menos dañada por la crisis. Así, la presencia de empresas de mayor dimensión es más frecuente en las manufacturas o en el sector energético, menos golpeadas por la crisis.

En términos de las tasas medias correspondientes a años naturales, el descenso porcentual observado en el número de empresas en 2020 fue inferior al de los dos primeros años de la crisis anterior (2008 y 2009) y comparable al de 2012, a pesar de que la caída de la actividad fue mucho mayor el pasado año.

IMPACTO POSITIVO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Esta diferencia podría estar reflejando, según la autoridad monetaria, la distinta naturaleza de ambas crisis en dos dimensiones relacionadas entre sí: su origen, asociado a la acumulación de desequilibrios en la recesión anterior y exógeno en la actual, y su grado de persistencia, que en principio debería ser menor en esta ocasión.

«En suma, el considerable retroceso en los indicadores del flujo de destrucción de empresas desde el inicio de la pandemia resulta un tanto contraintuitivo, frente a lo que cabría esperar en un período recesivo», subraya.

A la vista de estos datos, el Banco de España asegura que este menor impacto en la desaparición de empresas del que cabría esperar podría explicarse por los efectos de las medidas de apoyo adoptadas por el Gobierno, por lo que asegura que dichas medidas habrían sido «efectivas para preservar el tejido productivo.

MANTENER LAS AYUDAS Y ENFOCARLAS HACIA EMPRESAS VIABLES

No obstante, advierte, por un lado, de que la prolongación de la crisis sugiere la conveniencia de «extender las medidas en el tiempo» en el caso de las empresas viables, reorientándolas además desde la liquidez a la solvencia, en línea con las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno, que incluyen una línea de ayudas directas por importe de 7.000 millones de euros, y hacia empresas de los sectores más afectados por la crisis que, aunque viables económicamente, presentan problemas de solvencia.

Por otro lado, el Banco de España pide a las autoridades que permanezcan «vigilantes» para evitar que las actuaciones de política económica «dificulten» el proceso de transferencia de los recursos de la economía hacia sus usos más eficientes, «como ocurriría si las medidas contribuyeran a retrasar la salida del mercado de las empresas que no son viables.

En este sentido, indica que la transposición de la directiva comunitaria sobre insolvencias al ordenamiento jurídico español debería ser aprovechada para fomentar las vías preconcursales y evitar la congestión de los juzgados competentes, una vez expire la moratoria concursal, así como con el fin de implementar mecanismos para la liquidación ágil y eficiente de las empresas inviables.

La demanda global de petróleo no recuperará los niveles observados antes de la pandemia hasta 2023, según las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ha advertido de la posibilidad de que el mercado del crudo «nunca regrese a la normalidad» ante el impacto de los nuevos hábitos de trabajo y transporte, la creciente adopción del coche eléctrico y la transición energética.

Según las nuevas proyecciones a medio plazo de la agencia con sede en París, la demanda global de petróleo se situará en 2020 en 96,5 millones de barriles al día (mb/d), frente a los 91 mb/d estimados para 2020, con un desplome de casi 9 mb/d respecto de los 99,7 mb/d de 2019, un nivel de consumo que no se superará hasta 2023, cuando la AIE prevé una demanda de 101,2 mb/d.

No obstante, en ausencia de una intervención política más intensa y de cambios más profundos en los comportamientos de consumo, los impulsores de crecimiento a más largo plazo continuarán empujando al alza la demanda de petróleo en los próximos años, por lo que para 2026 la AIE prevé que el consumo mundial de petróleo alcance los 104,1 mb/d, lo que representaría un aumento de 4,4 mb/d desde los niveles de 2019.

«Se espera que todo este crecimiento de la demanda en relación con 2019 provenga de las economías emergentes y en desarrollo, respaldado por el aumento de la población y los ingresos», subraya la AIE, destacando que la demanda asiática de crudo seguirá aumentando con fuerza, mientras que «no se prevé que la demanda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vuelva a los niveles anteriores a la crisis».

En concreto, en el caso de la OCDE, la agencia advierte de que es posible de que nunca se recupere el nivel de consumo de petróleo de 47,7 mb/d previo a la pandemia, ya que para 2023 estima que será de unos 46,2 mb/d y para 2026, horizonte de sus proyecciones, será de 45,8 mb/d.

«La crisis de la Covid-19 provocó una caída histórica en la demanda mundial de petróleo, pero no necesariamente duradera», indicó Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, para quien sin la introducción de importantes cambios en las políticas de los gobiernos, así como en los comportamientos de consumo «la demanda mundial de petróleo aumentará cada año hasta 2026».

«Para que la demanda mundial de petróleo tocase techo en el corto plazo, se necesita una acción significativa e inmediata para mejorar los estándares de eficiencia de combustible, impulsar las ventas de vehículos eléctricos y frenar el uso de petróleo en el sector energético», explicó al apuntar que estas acciones, combinadas con un mayor teletrabajo, un mayor reciclaje y una reducción de los viajes de negocios, podrían reducir el uso de petróleo hasta en 5,6 mb/d para 2026, «lo que significaría que la demanda mundial de petróleo nunca volvería donde estaba antes de la pandemia».

En cualquier caso, en cuanto al consumo de gasolina, la AIE sí considera poco probable que la demanda regrese a los niveles de 2019, ya que las ganancias de eficiencia y el cambio a los vehículos eléctricos eclipsan el sólido crecimiento de la movilidad en los países en desarrollo, mientras que se prevé que los combustibles de aviación, los más afectados por la crisis, regresen lentamente a los niveles de 2019, que recuperarían para 2024, aunque el auge de las reuniones ‘online’ podría alterar permanentemente las tendencias de los viajes de negocios.

Desde el lado de suministro, la agencia calcula que para satisfacer el crecimiento de la demanda de petróleo hasta 2026 estimado en sus previsiones la oferta debe aumentar en 10 mb/d hasta 2026. En este sentido, la AIE espera que Oriente Próximo, liderado por Arabia Saudita, sea responsable de la mitad de ese aumento de la producción.

A este respecto, advierte de que los planes gubernamentales para acelerar la transición energética hacia un futuro más sostenible han creado un alto grado de incertidumbre que está poniendo a prueba la industria petrolera y recuerda que sigue siendo crucial invertir en el sector ‘upstream’ (exploración y producción) incluso durante una transición rápida, puesto que llevaría años cambiar las flotas de transporte globales de los motores de combustión interna a los vehículos eléctricos y otras alternativas bajas en carbono y sectores, como la aviación, el transporte marítimo y la petroquímica, seguirán dependiendo del petróleo durante algún tiempo.

«Cualquiera que sea la ruta de transición, la industria del petróleo y el gas tiene un papel importante que desempeñar y ninguna empresa de energía quedará sin verse afectada», subraya en su informe, donde defiende que una transición eficaz y ordenada será fundamental, no solo para alcanzar los objetivos climáticos internacionales, sino también para evitar graves interrupciones del suministro y una volatilidad desestabilizadora de los precios.

UGT cree que es «imprescindible» derogar la reforma laboral y ha dejado claro que la recuperación requiere de empleos de calidad y de salarios «suficientes», según ha señalado en un comunicado tras conocerse este miércoles que el coste laboral total por trabajador y mes cayó una décima respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el conjunto de 2020, los costes laborales se redujeron un 2,2% y los salariales un 2,6%. El sindicato ha apuntado que son los mayores descensos de la serie homogénea de esta encuesta, que comienza en 2001, y que «refleja también en el ámbito salarial la enorme repercusión que ha tenido la pandemia».

La organización sindical ha afirmado que la actividad económica de muchas empresas continúa viéndose condicionada por las medidas sanitarias adoptadas y que la prolongación de la situación de excepcionalidad «está mermando su capacidad financiera de resistencia».

«Miles de personas trabajadoras han perdido su empleo y las que no lo han hecho, están perdiendo gran parte de sus ingresos, lo que está generando enormes dificultades para llegar a fin de mes», ha remarcado.

Por ello, ve «imprescindible» que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), «que tan importante papel están jugando para sostener el empleo, no se transformen en despidos».

No obstante, también considera fundamental que las ayudas directas recién aprobadas por el Gobierno se apliquen «con eficacia. Además, ha insistido en que cada vez es «más urgente» que se derogue la reforma laboral de 2012, «ya que ha determinado las condiciones propicias para facilitar los despidos, como se puso de manifiesto en la crisis anterior».

«La retirada de aquellos cambios que se impusieron de manera unilateral, debe ser el primer paso para construir un nuevo modelo de relaciones laborales más equilibrado, que permita que la reactivación económica se base en la generación de empleo de calidad, más productivo, seguro y bien remunerado», según UGT.

El sector del transporte llevaba semanas insistiendo en la necesidad de recibir una parte de los fondos europeos para lograr un segmento más sostenible y eficaz. Pues bien, el Gobierno ha anunciado un paquete de 3.600 millones de euros procedente de los fondos europeos para impulsar la transformación del sector del transporte en pro de la descarbonización, digitalización y mejora de la infraestructura, lo que redundará en un estímulo importante para el sector del autobús, uno de los grandes afectados por las restricciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria.

Así lo ha adelantado el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, durante la presentación de un informe elaborado por KPMG en colaboración con la Confederación Española de Transporte en autobús (Confebús), que aborda los retos, recomendaciones y la hoja de ruta del autobús para los próximos años.

Saura ha explicado que los 3.600 millones de euros se canalizarán a través de los ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas privadas para mejorar la infraestructura, por medio de la construcción de carriles VAO, nuevos intercambiadores o aparcamientos disuasorios, así como para contribuir a la digitalización y descarbonización del sector.

Respecto a este último objetivo, el secretario de Estado ha apuntado que el objetivo del Gobierno es reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte por carretera, actualmente en torno a 90.000 millones de toneladas, en un 37% antes de 2030, es decir a 57.000 millones en menos de 10 años.

DESPOBLACIÓN RURAL

Otro de los desafíos al que el Ejecutivo quiere que el sector del autobús contribuya en los próximos años es la «nueva desigualdad» que Saura cree que ha generado la concentración de la población en las grandes ciudades y ha ocasionado la despoblación rural, un problema que podría limitarse garantizando la movilidad en todo el país.

Saura ha recordado que entre el resto de medidas tomadas para garantizar la viabilidad del autobús se encuentran la inclusión del sector en el paquete de 11.000 millones de ayudas a empresas, un fondo destinado al transporte de 800 millones y transferido a las Comunidades, futuras subvenciones a ayuntamientos para compensar el déficit del transporte público generado por la pandemia, líneas de avales, los ERTE, la moratoria en el pago de préstamos o la restauración del equilibrio económico.

El secretario de Estado ha asegurado que la hoja de ruta del sector coincide con los objetivos del Gobierno y del Ministerio de Transportes, que este primer semestre del año presentará su anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.

ACTUALIZAR LAS CONCESIONES

El informe de KPMG, titulado ‘El autobús como elemento clave de la nueva movilidad’, aboga por replantear el mapa actual de concesiones, contar con un marco normativo de financiación del transporte público, impulsar la intermodalidad, alcanzar una mejor relación calidad-precio y contar con nuevas formas de contratación de servicios escolares y de uso especial.

Para abordar todos estos retos, concluye que las administraciones públicas tienen que estudiar la demanda actual del transporte, definir un nueva mapa concesional, aportar incentivos para mejorar el servicio público, mejorar las infraestructuras y adaptar el marco regulatorio.

Las empresas, por su parte, tienen que impulsar planes estratégicos internos centrados en el usuario que ofrezcan un mayor valor añadido, mientras que el conjunto del sector debe trabajar por la intermodalidad con una plataforma interfaz de venta común y colaborar en su posicionamiento e imagen de cara a los clientes.

«Este documento es una reflexión estratégica para abordar los nuevos retos y oportunidades en la movilidad, un sector esencial para la actividad económica y social, estrechamente ligado al turismo y al acceso de los servicios básicos. Más de la mitad de los desplazamientos en transporte colectivo se desarrollan en autobús, llegando donde no llega ningún otro medio de transporte y transportando 3.115 millones de viajeros anuales», ha concluido el presidente de Confebús, Rafael Barbadillo.