El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a varios miembros de su consejo de administración, dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con multas que ascienden a los 316.550 euros.

En concreto, el supervisor ha ampliado las multas difundidas en los días previos con dos sanciones firmes en vía administrativa a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, en calidad de consejera de Avalmadrid por importe de 47.500 euros, y al consejero de Avalmadrid José María Rotellar García, con 18.000 euros.

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como «graves» al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo..

El organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción «grave», tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción «grave». Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Asimismo, han sido sancionados con multas firmes en vía administrativa Jorge Morán, que fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones «graves».

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press.

TAMBIÉN AL BANCO SANTANDER, POR POPULAR

También ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.

Las asociaciones de Hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa, junto con otros sectores como repartidores y transportistas, han llevado a cabo este viernes sendas manifestaciones en Bilbao y San Sebastián para pedir su «rescate» y no «limosnas ni parches» para el sector hostelero vasco afectado por la crisis derivada de la pandemia de covid-19.

Asimismo han reclamado un plan integral en forma de ayudas o indemnizaciones y la reapertura de los locales «a la mayor brevedad» en condiciones que hagan los negocios «mínimamente rentables» para que las empresas pueden cubrir los costes de funcionamiento.

Las marchas han sido convocadas «para hacerse ver y oír como sector económico y social» y han transcurrido tras una pancarta con el lema «Sin ayudas, todos desaparecemos, salvemos la hostelería». Los manifestantes portaban carteles que recogían sus principales demandas o denunciaban la culpabilización del sector de la actual situación, como «Arruinado, perdonen las molestias»; «Si fuésemos el problema, los hospitales estarían llenos de camareros»; «Urkullu, queremos trabajar, no limosnas»; «SOS, Ostalariza» o «Aburto, tus ayudas llegan más lentas que los coches en Bilbao a 30 por hora».

Mientras en Bilbao la marcha ha recorrido la Gran Vía para concluir en la plaza del Arriaga, en San Sebastián, los hosteleros han llevado a cabo un acto simbólico frente a la Diputación foral de Gipuzkoa entregando las llaves de sus establecimientos cerrados para que la institución foral los «gestione y pague sus impuestos».

La manifestación ha partido pasadas las 12 del mediodía del Boulevard donostiarra encabezada por una caravana de camiones de suministradores de los establecimientos hosteleros y una gran pancarta en la que se podía leer ‘Sin rescate, todo desaparecemos’ y que portaban, entre otros, el presidente de la asociación Hostelería Gipuzkoa, Mikel Ubarrechena.

Durante la marcha los participantes, que lucían carteles con lemas como ‘limosnas no, rescate sí’ o ‘ahí están, ellos son, los que arruinarán el sector’ y pancartas con otros como ‘259 noches cerrados ¡indemnizaciones ya!’ se han coreado lemas como ‘Urkullu, atento, no estamos solos’, en castellano y euskera.

Tras recorrer el centro de la ciudad los manifestantes han pasado por delante del Palacio foral donde había colocada una urna de madera con un cartel dirigido al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, cuya dimisión han reclamado, y el diputado foral de Promoción Económica, Jabier Larrañaga, donde han depositado llaves de sus establecimientos cerrados.

En el texto denunciaban que «sin rescate» muchos de los más de 4.000 establecimientos hosteleros de Gipuzkoa «cerrarán pronto» y pedían a Olano y Larrañaga que si quieren cojan las llaves y los abran y gestionen «para poder pagar sus impuestos». La marcha ha finalizado en el Boulevard con la lectura de un manifiesto conjunto de las asociaciones de hostelería.

Previamente a la manifestación de Bilbao, el presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Boni García, ha comparecido ante la prensa, junto al gerente de la asociación, Héctor Sánchez, para trasladar el documento consensuado con Gipuzkoa donde se recogen las principales demandas del sector.

SIN PARCHES

Las asociaciones han criticado, en primer lugar, que «lo único que han recibido hasta ahora han sido parches, cuando no menosprecios en sede parlamentaria por parte de quienes deben liderar la recuperación de este país, tras haber pedido al sector hostelero vasco un nuevo esfuerzo, el enésimo ya, cerrando nuestros establecimientos, sin que el mismo venga acompañado de un plan integral de ayudas o indemnizaciones por parte de quien solicita este esfuerzo».

Por ese motivo, piden en primer lugar a los responsables políticos que se permita la reapertura de los locales de hostelería a la mayor brevedad en condiciones que permitan trabajar adecuadamente y hacer los negocios mínimamente rentables porque no vale cualquier tipo de apertura, tiene que garantizar que las empresas pueden cubrir sus costes de funcionamiento.

Desde su punto de vista, «la hostelería no es la culpable de la situación sanitaria, porque se ha preocupado de cumplir los protocolos y recomendaciones y, por el contrario, es el único sector económico que está cerrado en su práctica totalidad».

En segundo lugar, los hosteleros piden la eliminación, o al menos flexibilización, de las limitaciones de movilidad para que de esta manera el subsector de alojamiento y el resto de empresas vinculadas más directamente al turismo puedan volver a funcionar dentro de unos parámetros aceptables.

Por último, «pero no menos importante», han exigido que el plan de rescate, plan de ayudas o indemnizaciones de la hostelería vasca, se incorpore al debate de los presupuestos de ejercicio 2021 que deberá contar, además con el apoyo económico y político de todas las instituciones: Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos, aunque hayan sido estos quienes más sensibilidad y cercanía han demostrado con el sector.

«DRAMA»

En este sentido, Boni García ha calificado de «drama» la situación actual del sector y ha pedido que las ayudas anunciadas sean «inmediatas porque necesitamos oxigeno y el agujero en nuestras economías cada día se va haciendo más grande».

García ha afirmado que su futuro es «incierto para todos porque es posible que se vaya en Euskadi a una apertura con muchas restricciones, lo que demostraría que la actual situación de la hostelería no ha terminado porque, a nuestro pesar, nos hemos convertido al parecer en el problema y parece que en el enemigo a batir».

El presidente de los hosteleros vizcaínos ha calificado las ayudas previstas de «insuficientes» y, aunque ha reiterado que «la solución no la tenemos ninguno, si la hostelería fuera el problema nos habríamos extinguido porque estamos todo el día, de la mañana a la noche con personas y hubiéramos tenido casos graves que no se han dado. Comprendo que nos exijan, pero necesitamos oxígeno económico», ha puntualizado.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Por su parte, Héctor Sánchez ha señalado que la posible apertura antes de Navidad, «es nuestro deseo pero también se necesita la colaboración de la ciudadanía para que todos cumplamos con las recomendaciones y con las restricciones sanitarias impuestas a todos, porque esto es un tema de todos que atañe a todos».

En este punto ha pedido que «no se repita lo del último día antes del cierre de finales de octubre y la gente se comporte de una manera responsable», porque cree que «se puede compatibilizar el consumo en hostelería con el cuidado de la salud» y no quieren que «se repitan los mismos errores que se han cometido.

Finalmente, ha pedido al Gobierno Vasco que consulte con el sector afectado antes de aplicar nuevas medidas, para «evitar conflictos y malas interpretaciones, sobre todo cuando suponen limitar de una forma tan importante a una actividad, ya que lo último que necesita un sector como la hostelería es más incertidumbre».

Entre sus demandas, los hosteleros reclaman la exoneración al 100% de los costes de la Seguridad Social mientras duren los ERTE, ayudas directas a fondo perdido, una reducción proporcional del pago de los alquileres durante los periodos de cierre de franjas horarias o limitación de usos y de la actividad y medidas que supongan la reducción de la presión fiscal para empresas y autónomos.

Asimismo, piden la revisión y flexibilización de las normativas municipales de terrazas y la moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales de los créditos e hipotecas, durante todo el tiempo que perduren el estado de alarma o la declaración de pandemia.

El delegado del área de gobierno de Circulación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado que la capital pondrá en marcha un plan de renovación del parque de vehículos dotado con 20 millones de euros de presupuesto.

Así lo ha señalado Carabante durante la 8ª Asamblea de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles (AMDA), a la que también han asistido, entre otros, el presidente de AMDA, Carlos Bustillo, que ha hecho referencia a las dificultades a las que se enfrentan los concesionarios debido a la pandemia.

«Los incentivos se van a incorporar en el Plan Estratégico de Subvenciones, que se aprobarán de manera inmediata. Y en las próximas semanas, se lanzará una convocatoria para buscar una entidad colaboradora que tramite de manera ágil, sencilla y transparente las solicitudes de los ciudadanos. La intención es que las ayudas se activen lo antes posible durante el primer trimestre de 2021», ha subrayado el concejal.

Estas subvenciones, según ha añadido Carabante, irán dirigidas a vehículos con etiqueta ‘Cero’, ‘ECO’ y ‘C’, con una mayor cantidad económica para los coches sin emisiones, y menores para el resto de tecnologías.

En todo caso, será obligatorio para la obtención de las cuantías que sean achatarrados los vehículos sin distintivo ambiental.

La Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto de innovación que busca aumentar la transparencia de las licitaciones públicas con fondos europeos mediante el uso de datos abiertos.

El proyecto se pone en marcha gracias a la colaboración de Bruselas con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) y la Asociación para la Contratación Abierta. La experiencia piloto comenzará en Polonia y Grecia y dará apoyo a las autoridades públicas para mejorar la digitalización de los trámites de licitación.

La idea es hacer los procesos públicos más abiertos de modo que aumenten las oportunidades para las compañías, especialmente para la empresa mediana y pequeña. Al mismo tiempo se busca aumentar la transparencia sobre la gestión de los fondos comunitarios, lo que puede estimular la participación ciudadana y el seguimiento de proyectos que tengan un impacto en una comunidad concreta.

En concreto, el proyecto en Grecia está destinado a consolidar e integrar bases de datos en un registro público único. Esto permitirá tener acceso online a estos datos y facilitar el uso de herramientas de análisis de datos para hacer seguimiento a la licitación.

En Polonia, la experiencia piloto se centra en la automatización, estandarización y consolidación de información por parte de las autoridades públicas sobre todos los candidatos en procesos públicos.

Para la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira, con el uso de nuevas tecnologías, las autoridades publicas podrán gestionar los fondos europeos de manera más efectiva y asegurar el mejor resultado posible para los ciudadanos y las empresas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes su «pleno convencimiento» de que si se cumplen las expectativas de vacunación contra la Covid-19 que la comunidad científica hace albergar, el 2021 será «uno de los mejores años para el turismo en España».

«Si en algún sector se va a producir con mayor fuerza un rebote de la actividad económica, ese va a ser el sector turístico», ha asegurado Sánchez durante su intervención en la clausura de la cumbre de innovación turística ‘Tourism Innovation Summit’ que se ha celebrado esta semana en Sevilla.

A corto plazo, Sánchez ha asegurado que si se sigue doblegando la curva en esta segunda ola, como está sucediendo durante estas últimas semanas, «el turismo comenzará a recuperar pronto su pujanza».

Para ello, Sánchez ha insistido en la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que se acometan las transformaciones dirigidas a que el sector turístico español siga siendo líder en la próxima década en competitividad, creando para ello valor añadido y empleo de calidad.

En este proyecto de Presupuestos el sector turístico seguirá siendo esencial, motivo por el que hemos incrementado en más de 1.300 millones la partida para comercio, turismo y pymes y la mayor inversión para el sector de toda la historia democrática», ha apuntado.

Sánchez ha apuntado que desde el Gobierno son conscientes de las consecuencias provocadas por la pandemia en el sector y ha recordado el «tratamiento especial» en la respuesta ante la crisis, con la puesta en marcha de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las líneas ICO, el plan de impulso del sector dotado con más de 4.200 millones de euros y la apuesta por el sector en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gracias a los fondos europeos.

Con el apoyo de Europa vamos a poner un plan de modernización y competitividad del sector turístico que va a suponer una inversión pública de 3.400 millones a lo largo de los próximos tres años», ha explicado.

En concreto, con el plan se pretende transformar la cadena de valor del sector y mantener el liderazgo del país en competitividad turística, atendiendo al impacto trasversal del turismo. «Tenemos los recursos necesarios para transformar al sector y darle ese impulso cualitativo definitivo», ha remarcado.

En el marco de este evento de innovación turística celebrado en Sevilla, Sánchez ha destacado que la tecnología y el turismo son sectores que tienen un «gran potencial» de crecimiento económico, de bienestar social y de creación de empleo, por lo que merecen «toda la atención» por parte del Gobierno y los poderes públicos.

El presidente ha ensalzado la celebración de este evento en Sevilla, asegurando que la ciudad «tiene la oportunidad de convertirse en la capital de la transformación económica e industrial del sector turístico. «Sevilla reúne toda la excelencia turística», ha remarcado.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , José Luis Ábalos, confía en poder llegar en dos semanas a un acuerdo con Unidas Podemos para alargar la prohibición de desahucios de población vulnerable, pues ya tiene una propuesta concreta que afina más el diagnóstico de los servicios sociales para acreditar ante el juez la necesidad de permanecer en la vivienda.

Además, ha avanzado que, de forma complementaria, van a prorrogar seis meses más las líneas de avales al arrendamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Covid-19, para ayudar así a pagar el alquiler a personas que ahora no disponen de recursos para ello.

En declaraciones a TVE, el ministro ha asegurado que el Gobierno tiene la «sensibilidad» y el «empeño» de enfrentar el «drama de los desahucios», pero debe hacerse desde el «rigor».

Por ello, su departamento ya trabaja en una propuesta concreta que va a someterse a debate con el Ministerio de Economía y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que pasa en principio por prorrogar un tiempo más la imposibilidad de desahucios por impago de arrendamiento de personas afectadas por el Covid-19, que ahora está vigente hasta enero del año que viene.

También buscan incorporar a todas las situaciones de desahucio previas a la pandemia y mejorar el diagnóstico de vulnerabilidad que el juez necesita previamente para evaluar la imposibilidad de lanzamiento, para lo cual requieren también la implicación de las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de vivienda, y los ayuntamientos.

Preguntado sobre si comparte las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que apuntaba a que el decreto estaría listo en un plazo de dos semanas, Ábalos ha respondido que «ojalá sea en 15 días» y que el Ministerio de Derechos Sociales ya tiene su propuesta. Por tanto cree que en breve podrán tener preparada la medida.

PRÓRROGA DE AYUDAS ICO

Finalmente, Ábalos ha desvelado que van a prorrogar el acceso a las ayudas ICO para arrendamiento, habilitadas por el Covid-19, durante seis meses más como medida complementaria, para que los beneficiarios puedan seguir en su vivienda pese a que aún no disponen de recursos suficientes.

En octubre, su Ministerio decidió prorrogar la ‘Línea de avales de arrendamiento Covid-19’ hasta el 30 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre la prórroga del plazo para su formalización, de acuerdo con la orden del BOE que ha entrado en vigor este jueves.

En el Real Decreto Ley de 31 de marzo por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia y que regulaba una serie de medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, se establecía la aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del virus.

En este artículo se autorizaba al Ministerio de Transportes Movilidad y a Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), desarrollase una línea de avales con total cobertura del Estado para que las entidades de crédito pudiesen ofrecer ayudas transitorias de financiación a los arrendatarios de vivienda habitual que se encontrasen en una situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables otros cuatro, y sin que «devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante».

Se estableció que podrían acceder a estas ayudas transitorias de financiación todos los arrendatarios que se encontrasen en una situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del Covid, de acuerdo con los criterios y requisitos que se definían a través de una orden del Ministerio publicada el pasado mes de mayo.

Posteriormente, el Ministerio y el ICO suscribieron un convenio para la gestión de los avales y la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento del coronavirus.

La Seguridad Social registró un déficit de 5.544,3 millones de euros en los diez primeros meses del año, el equivalente el 0,5% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra es la diferencia entre unos ingresos por valor de 135.743,5 millones de euros, que suben un 11,4% interanual, y unos gastos por importe de 141.017,9 millones, cifra un 10,3% superior a la del mismo periodo del año pasado.

Del volumen total de ingresos, el 89,5% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 10,5% restante, a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a los gastos, el 88,47% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 11,53%, por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 131.869,6 millones de euros hasta octubre, lo que representa un incremento del 11% interanual, debido en gran medida a las transferencias del Estado. Por su parte, los pagos arrojan un aumento del 10,3%, hasta un total de 140.933,7 millones de euros.

Los ingresos por cotizaciones bajaron casi un 4% en los diez primeros meses del año, hasta los 99.089,7 millones de euros, tras descender la recaudación por cotizaciones de los ocupados un 6,5% (con casi 6.300 millones de euros menos), frente al aumento del 37,3% de las cotizaciones de los desempleados.

Según el Ministerio, el descenso en la cotización de ocupados tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria.

Ambas medidas, que incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, han supuesto para la Seguridad Social una pérdida de ingresos de 3.630,8 millones de euros hasta octubre.

A ello hay que sumar la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia y las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos beneficiarios de la prestación por la situación provocada por la pandemia, que a 31 de octubre se cifran en casi 504 millones de euros de cuotas reintegradas.

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron hasta octubre 35.462,2 millones, lo que representa un incremento del 109,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de este apartado, la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 28.707,6 millones, lo que supone un aumento interanual del 110,5%.

Esto se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones de euros que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la Covid-19, aprobada el 26 de mayo.

MÁS GASTO EN PENSIONES

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 129.605,5 millones de euros, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 91,9% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 120.338,7 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual de casi el 8,7%.

En un análisis más detallado, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares aumentó casi un 3%, hasta los 103.575,3 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+0,05%), de la elevación de la pensión media (+2,2%) y de la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (+0,9%).

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto se elevó hasta los 2.461,6 millones, un 13,2% más, debido al aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

SE DISPARA EL GASTO EN IT POR EL COVID

Por su lado, el gasto total en incapacidad temporal (IT) se incrementó hasta octubre un 26,3%, hasta los 9.560,7 millones, debido a que el gasto en IT por contingencias profesionales registró un avance del 16,5%, hasta los 1.007,5 millones de euros, a causa de los procesos derivados de la Covid-19, que sumaron 750,1 millones de euros. El gasto en contingencias comunes fue de 7.802,2 millones de euros, un 17% más.

En cuanto a la prestación para autónomos, su importe alcanza los 4.290,3 millones de euros hasta octubre (3.701,7 millones para la prestación extraordinaria y 588,6 millones por el cese de actividad ordinario).

Por su parte, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron hasta octubre los 9.266,8 millones de euros, un 2,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destinan a pensiones no contributivas y complementos a mínimos 7.420,6 millones, y a subsidios y otras prestaciones, 1.846,1 millones, de los que 1.787,5 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los gastos de gestión, por su parte, retrocedieron entre enero y octubre un 1,1% interanual, con un aumento de los gastos de personal del 4,3% y descensos del 9,6% en los gastos corrientes de bienes y servicios y del 5,08% en los dedicados a inversiones.

El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

La caída de los ingresos y el aumento del gasto derivados de la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas a 75.417 millones de euros hasta septiembre, lo que equivale al 6,82% del PIB, por lo que casi se duplica respecto a los 19.682 millones del mismo periodo del año pasado, cuando suponía el 1,58% del PIB.

A su vez, el déficit del Estado se ha situado en el 5,22% del PIB hasta octubre, con 57.736 millones de euros, diez veces más que los 5.874 (0,47% del PIB) del año pasado.

Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario), la cifra del déficit del Estado desciende hasta el 3,54% del PIB.

Esta evolución obedece, por un lado, al descenso del 13,5% de los ingresos como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, y a un aumento de los gastos del 16%, hasta los 206.617 millones, debido al aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas.

Por su parte, las comunidades autónomas han registrado hasta septiembre un superávit de 2.597 millones, lo que supone el 0,23% del PIB, frente al déficit del 0,29% del PIB registrado hace un año, en tanto que los Fondos de la Seguridad Social registraron en los nueve primeros meses del año un déficit del 1,89% del PIB.

Dentro de los ingresos, los recursos impositivos, que representan el 82,9% del total, se sitúan en 123.365 millones hasta septiembre, lo que implica una disminución del 15,5%.

CAÍDAS DEL IVA, IRPF Y SOCIEDADES

Los datos reflejan un retroceso generalizado de las figuras tributarias. Así, se produce un descenso del 12,1% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 13,6%, hasta los 53.856 millones.

Hacienda explica que este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y por el impacto de las medidas adoptadas como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la Covid-19, pero subraya que el IVA sigue moderando su descenso.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 20,2%, con una caída del 16,3% en el Impuesto sobre Sociedades por el descenso de los pagos fraccionados (-31,3%) y del 22,8% en el caso del IRPF como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior y los menores dividendos repartidos, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

También descienden los impuestos sobre el capital un 53,6% y las cotizaciones sociales, un 0,8%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos del Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 37,9%, así como los intereses, que disminuyen un 13,4%.

MÁS GASTO POR LA CRISIS SANITARIA

Por el lado de los gastos del Estado, hasta octubre se incrementaron un 16%, hasta 206.617 millones, con los aumentos más destacados en las transferencias a las comunidades y a la Seguridad Social.

Asimismo, los consumos intermedios se incrementan en un 9,1%, crecimiento en el que inciden los 766 millones de gastos derivados de la Covid-19, mientras que la remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido a la subida salarial del 2%, así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 6,1%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 47,6%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). También esta rúbrica incluye un gasto relacionado con la pandemia de 96 millones por la compra de respiradores mecánicos.

Estos incrementos se ven compensados, en parte, por el descenso de un 11,1% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 867 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 16,6%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

En cuanto al desglose del déficit público hasta septiembre, se situó en 75.417 millones de euros, lo que equivale al 6,82% del PIB, un 283,2% más que en el mismo periodo del año anterior. La Administración Central ha registrado un déficit del 5,17% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 22,2 millones hasta septiembre.

SUPERÁVIT DE LAS COMUNIDADES DEL 0,23% DEL PIB

De su lado, las comunidades autónomas han registrado hasta septiembre un superávit de 2.597 millones, lo que supone el 0,23% del PIB, frente al déficit del 0,29% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, explica Hacienda, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades y dar respuesta a la emergencia provocada por la Covid-19.

Todas las comunidades (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta septiembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año, registrando superávits doce regiones: Andalucía (0,57% del PIB), Aragón (0,48%), Asturias (1,24%), Baleares (0,91%), Canarias (1,62%), Cantabria (0,67%), Castilla y León (0,44%), Cataluña (0,4%), Extremadura (0,54%), Galicia (0,69%), Comunidad de Madrid (0,31%) y La Rioja (1,65%), la autonomía con mayor superávit.

Por el contrario, presentaron déficits Castilla-La Mancha (-0,21%), Murcia (-0,42%), Navarra (-1,77%) Comunidad Valenciana (-0,19%) y País Vasco (-2,01%).

De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas, el impacto derivado de la Covid-19 alcanza hasta septiembre los 5.275 millones de impacto en las arcas públicas regionales por el mayor gasto sanitario, con Madrid (962 millones) y Cataluña (1.026 millones) a la cabeza.

Por último, los Fondos de la Seguridad Social registraron un déficit del 1,89% del PIB, debido a un alza de ingresos del 12,6% y un aumento del 23,1% de los gastos.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 24.281 millones, lo que representa el 2,2% del PIB, y supone un 80,5% de todo el incremento de gasto registrado hasta septiembre.