El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

La norma suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Asimismo, introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

Estas medidas, acordadas con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya fueron aprobadas como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio.

Ahora, la previsión es que el primer Consejo de Ministros tras el parón estival apruebe estas medidas como proyecto de ley para iniciar su tramitación en las Cortes, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

FACTOR DE EQUIDAD 

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Gobierno ya ha avanzado su intención de ampliarla con más medidas durante su tramitación parlamentaria.

Es el caso, por ejemplo, del nuevo factor de equidad intergeneracional, para el cual Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. Este nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027, se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda de los grupos que respaldan al Ejecutivo.

En caso de no alcanzarse un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.

JUBILACIONES ANTICIPADAS

Entre las medidas dirigidas a retrasar la edad de jubilación, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes reductores de la pensión pasen a ser mensuales, no trimestrales, y solamente haya períodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas.

En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes a cambio de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses.

Los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.

Por otro lado, en los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se pasarán a aplicar en determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el que había hasta ahora.

Respecto a las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, se modifica el procedimiento de solicitud y se precisan más detalles de la peligrosidad y penosidad.

INCENTIVOS PARA DEMORAR

Asimismo, se establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.

En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a la misma al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses.

Con el fin de favorecer la permanencia en el mercado laboral de trabajadores de más edad, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.

JUBILACIÓN FORZOSA

También se prohíben cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la reforma. En los convenios suscritos con anterioridad, estas cláusulas podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el convenio.

Además, si se establecen estas cláusulas en los convenios, las empresas tendrán que contratar como mínimo a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada jubilado forzoso.

Excepcionalmente, el límite de edad establecido (menos de 68 años) podrá rebajarse hasta la edad legal ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en las actividades económicas del ámbito funcional del convenio sea inferior al 15% de las personas ocupadas y siempre que se cumplan varios requisitos, entre ellos la contratación simultánea de al menos una mujer de manera indefinida y a tiempo completo.

GASTOS IMPROPIOS

El texto también recoge la culminación del proceso de separación de fuentes de la Seguridad Social a lo largo de la legislatura.

Sobre los autónomos, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales se incluirá en una norma intermedia, aunque el compromiso es que esté aprobado antes del segundo trimestre de 2022.

El texto prevé la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Social en un plazo de seis meses y abordar la revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a las de los matrimonios.

Además, la cláusula de salvaguarda se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido y, en un máximo de tres meses, se desarrollará un reglamento para la inclusión en la Seguridad Social de los becarios, aunque no tengan remuneración.

La histórica asignación de 650.000 millones de dólares (553.000 millones de euros) en derechos especiales de giro (DEG), el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha entrado en vigor este lunes, según ha confirmado la directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva.

La distribución de los DEG se realiza en función de la cuota de participación de cada uno de los 190 países miembros del FMI, por lo que a España, con una cuota del 2%, le corresponden 13.000 millones de dólares (11.111 millones de euros) en derechos asignados.

De este modo, alrededor de 375.000 millones de dólares (320.521 millones de euros) corresponden a las economías avanzadas y otros 275.000 millones de dólares (234.130 millones de euros) se destinarán a los países emergentes y en desarrollo, de los cuales los países de bajos ingresos recibirán alrededor de 21.000 millones de dólares (17.879 millones de euros), lo que equivale a un 6% del PIB en algunos casos.

La institución internacional ha destacado que los miembros disfrutan de un alto grado de libertad para gestionar los DEG asignados y ha expresado su confianza en que la asignación tenga importantes beneficios macroeconómicos para la economía global y para los países miembros, ya que se trata de un instrumento único que apoya a todos los países miembros del FMI, aumenta las reservas, ayuda a generar confianza y envía una poderosa señal de cooperación frente a la crisis de la Covid-19.

«Los países pueden utilizar el espacio proporcionado por la asignación de DEG para apoyar sus economías e intensificar su lucha contra la crisis», ha señalado Georgieva.

«Para maximizar los beneficios de esta asignación, el FMI impulsa la canalización voluntaria de algunos DEG desde países con posiciones externas sólidas hacia otros más necesitados», ha añadido la directora del FMI.

En este sentido, la economista búlgara ha recordado que algunos miembros ya se han comprometido a prestar 24.000 millones de dólares (20.433 millones de euros), incluidos 15.000 millones de sus DEG existentes (12.770 millones de euros), al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza del FMI, que ofrece préstamos en condiciones favorables a países de bajos ingresos.

«El FMI también está colaborando con sus países miembros sobre la posibilidad de un nuevo Fondo Fiduciario de Resiliencia y Sostenibilidad, que podría utilizar DEG canalizados para ayudar a los países más vulnerables con la transformación estructural, incluso enfrentando desafíos relacionados con el clima», ha apuntado Georgieva, para quien otra posibilidad podría ser canalizar los DEG para respaldar los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo.

La junta de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado 3 de agosto la asignación de DEG, la primera desde agosto de 2009.

El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros y que se puede intercambiar por monedas de libre uso. En marzo de 2016 se habían creado y asignado a los países miembros 204.100 millones en DEG (equivalentes a unos 241.000 millones de euros).

Su valor se calcula en función de una cesta de cinco monedas (dólar de Estados Unidos, euro, yuan, yen y libra esterlina).

Dos de cada tres jóvenes que están buscando casa prefieren adquirirla en régimen de cooperativa, según Lacooop, que indica que de media en España se destina un 38% de los ingresos mensuales para pagar un inmueble en propiedad, de ahí que los bajos salarios y la falta de ahorro dificulten el acceso de aquellas personas que desean emanciparse.

Según datos recogidos por LacooopEstudios, el área de análisis de la demanda del portal ‘lamadredelascooperativas’, un 27% de sus usuarios registrados son menores de 35 años, la mayoría compra junto a su pareja y buscan principalmente pisos situados a las afueras de los grandes núcleos urbanos, con 2 o 3 habitaciones, y cerca del transporte público y zonas verdes.

El valor de una vivienda puede variar según se compre en una provincia u otra, ya que depende del precio de la construcción y del precio del suelo, pero desde Lacooop subrayan la importancia de informarse sobre las ayudas públicas que existen para los jóvenes. Estas ayudas están contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021, en concreto en su Programa de Ayuda a los Jóvenes.

En cuanto a los requisitos, la ayuda sólo se puede solicitar cuando la vivienda esté ubicada en un municipio inferior a los 5.000 habitantes. La cuantía de esta ayuda es de hasta 10.800 euros no pudiendo superar el 20% del precio de adquisición de la vivienda, el cual no puede ser superior a 100.000 euros.

También es obligatorio ser mayor de edad, pero tener menos de 35 años en el momento de solicitarla, destinar la vivienda a ser la habitual y permanente, no tener otra casa en propiedad y que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen tres veces el Iprem.

Según Mónica Abril, responsable de LacooopEstudios, «las cooperativas de viviendas son en la mayoría de los casos la solución para aquellos jóvenes que quieren comprar por el importante ahorro económico que supone, en torno al 20%».

Las asociaciones bancarias AEB y CECA han propuesto una deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades de préstamo que concedan financiación para proyectos o compras sostenibles.

Así consta en las sugerencias y comentarios que ambas asociaciones han realizado sobre la reforma del sistema tributario español que prepara el Gobierno y que fueron remitidos al Ministerio de Hacienda en julio.

En concreto, proponen la introducción de una deducción en el Impuesto sobre Sociedades para aquellos prestamistas que concedan financiación para la adquisición de activos o realización de proyectos o actividades empresariales sostenibles.

Además, la AEB cree que para que las deducciones tengan «el efecto deseado», en caso de que se impusiese un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades a nivel nacional, se debería especificar que este tipo de deducciones, junto a aquellas destinadas a incentivar actividades de I+D+i, «pueden absorber íntegramente la cuota».

En cuanto al prestatario, proponen incrementar el límite de deducibilidad de gastos financieros de un millón a tres millones de euros respecto de aquellas financiaciones certificadas como sostenibles.

Al respecto, los comentarios de la CECA señala que España se ha fijado unos objetivos climáticos «muy ambiciosos» para el periodo 2030-2050 y que para impulsarlos y alcanzarlos «se necesita una fiscalidad medioambiental que evite la dispersión y fragmentación actual».

Además, considera que el establecimiento de incentivos fiscales puede ayudar tanto a empresas como a particulares que quieran invertir de forma sostenible, «mediante la transformación de sus estrategias de negocio e inversión, reduciendo así los costes de transición ecológica que ello supone.

Con respecto a las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las asociaciones proponen establecer una deducción en la adquisición de participaciones en fondos de inversión que inviertan en activos o proyectos sostenibles –con etiqueta ‘ecolabel’– y bonos verdes.

Por otro lado, proponen una deducción en el IRPF por inversiones directas sostenibles que permitan una mayor eficiencia y que podría estar condicionada al mantenimiento de la inversión durante un plazo determinado y la posibilidad de exigir una certificación energética.

TRIBUTACIÓN MÍNIMA

Las asociaciones han solicitado, con respecto al Impuesto sobre Sociedades, que se evite establecer una tributación mínima a nivel nacional, sino que la aplicación de este tipo mínimo se mantenga de forma coordinada y simultánea con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Cabe recordar que la OCDE realizó recientemente una declaración conjunta de 130 países y jurisdicciones en la que se comprometía a modificar las reglas de tributación internacional y que incluye el establecimiento de un tipo mínimo global de, al menos, el 15% a fin de evitar «el traslado artificial de beneficios hacia jurisdicciones con tipos impositivos más reducidos.

Si, en cambio, el Gobierno decide aplicar un tipo mínimo antes de que se configure el acordado en la OCDE, las asociaciones bancarias señalan que se utilicen para su cálculo la base imponible previa a la aplicación del tipo impositivo «y no así el resultado contable», y que se suprima el sistema de pago fraccionado mínimo.

Además, solicitan que se adopten medidas para evitar o corregir una posible «doble o múltiple imposición sobre una misma renta», que se puede derivar de la aplicación de varias medidas en diferentes ámbitos.

AYUDAS POR TELETRABAJO

En cuanto a la fiscalidad del teletrabajo, AEB y CECA proponen la introducción de ciertas medidas en el IRPF. En concreto, y con el objetivo de evitar litigiosidad, las asociaciones consideran que se debería aclarar que la disposición a los empleados de los materiales para realizar su actividad laboral fuera del centro de trabajo «no constituye, en ningún caso, retribución en especie, resultando irrelevante a estos efectos el número de días en los que esto sucede y, en consecuencia, si existe o no acuerdo para trabajar a distancia».

Además, y con el objetivo de favorecer la transición hacia el teletrabajo, AEB y CECA señalan que se debería introducir una nueva exención para que la compensación prevista en el artículo 7 de la Ley de trabajo a distancia «quede exenta de tributación por este impuesto [IRPF], ya que su finalidad es sufragar los gastos en los que ha incurrido previamente el trabajador».

Por otro lado, proponen eliminar la no deducibilidad del gasto registrado por el prestamista por el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) devengado en la constitución de préstamos con garantía hipotecaria, al considerar que se trata de un gasto «claramente correlacionado con la obtención de los ingresos y necesario para el ejercicio de la actividad económica».

Además, recuerdan que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 establecieron un límite en la aplicación de la exención de dividendos y plusvalías que se contempla para el Impuesto sobre Sociedades, pasando de ser del 100% al 95%.

Por último, piden que las entregas de edificaciones que nunca han sido ocupadas queden sujetas y no exentas a IVA y, en consecuencia, no sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Asimismo, proponen aprovechar la reforma del sistema tributario para reducir los costes de cumplimiento asociados a la normativa tributaria y, en particular, los derivados de la existencia de modelos de autoliquidación específicos en cada comunidad autónoma o corporación local.

Además, CECA propone revisar los incentivos fiscales asociados a la financiación de las entidades sin ánimo de lucro, así como de los destinados a fomentar los productos de ahorro, siguiendo para ellos «las principales pautas de los países de nuestro entorno» con el objetivo de que el ahorro privado «contribuya a la recuperación económica».

El Banco de España quiere conocer la opinión que los ciudadanos españoles tienen del organismo supervisor, por lo que ha abierto un proceso de licitación por el que pagará unos 110.000 euros a la empresa que realice dicho estudio.

El objetivo del Banco de España es diseñar las acciones de comunicación externa más adecuadas para mejorar la realización de las funciones que tiene atribuidas.

Según recoge el pliego de contratación consultado por Europa Press, el proveedor externo especializado que resulte seleccionado deberá elaborar un estudio de opinión pública mixto, de carácter cuantitativo y cualitativo, para lo que dispondrá de un tiempo máximo de dos años y medio.

Los estudios cualitativos se realizarán en dos bloques, en los que se desarrollarán seis grupos de discusión de entre seis y ocho participantes, mientras que habrá dos oleadas cuantitativas de encuestas telefónicas a 2.500 ciudadanos españoles.

El Banco de España, que ha autorizado un gasto máximo de 110.000 euros para la realización del citado estudio de opinión pública, mantendrá abierto el plazo para la presentación de ofertas de las empresas interesadas en adjudicarse el contrato hasta el próximo 13 de septiembre.

Hostelería #PorElClima, plataforma creada en 2017 por Coca-Cola y la comunidad #PorElClima –con el apoyo de Hostelería de España–, ha realizado más de 9.000 acciones para ayudar al sector a minimizar su impacto ambiental en energía, agua, vidrio, cadena de suministro y papel y cartón.

El objetivo de esta iniciativa es ayudar a los establecimientos hosteleros a emprender acciones para ser espacios más sostenibles, reducir su huella ambiental y contribuir a frenar el cambio climático.

En concreto, en materia de energía, más de la mitad de los establecimientos adheridos a Hostelería #PorElClima utiliza bombillas LED, con alta eficiencia energética, sobre todo si cuentan, al menos, con la etiqueta energética A+, lo que supone un ahorro de hasta el 90% de energía consumida frente a las bombillas incandescentes y con la misma calidad de luz.

A su vez, subraya que un 30% del consumo eléctrico de los restaurantes corresponde a la iluminación o a sistemas de detección de presencia. Cada vez más los establecimientos de hostelería utilizan dispositivos para reducir el consumo eléctrico y las emisiones de CO2 asociadas hasta en un 50%. Las luces se apagan y se encienden en función de cuando se detecta presencia humana, lo que permite un ahorro sustancial en la factura de electricidad. Un bar o restaurante consume de media 240 KWh/m 2 de electricidad, de los cuales la iluminación llega a suponer la mitad.

En agua, se hace hincapié en el los sistemas para evitar el goteo de agua, con 422 establecimientos que realizan de forma regular procesos de mantenimiento para evitar goteos de agua tanto en los grifos como en los inodoros. El ahorro es notable, ya que un grifo goteando llega a suponer el desperdicio de 30 litros de agua al día, es decir, casi 11.000 litros al año, mientras que un inodoro con fuga puede perder hasta 200.000 litros de agua cada año.

En vidrio, la reutilización de estos envases de vidrio es una práctica que llevan a cabo casi la mitad de los establecimientos adheridos a Hostelería #PorElClima (498). Muchos lo hacen a través de un sistema de retorno del vidrio: siempre y cuando el transporte generado por su retorno no supere los 200 kilómetros, el impacto ambiental de una botella reutilizada es menor que el de su paso a residuo, como botella sometida a un proceso de reciclaje.

De esta forma, además, se disminuyen el peso y el volumen de los residuos de vidrio destinados a reciclaje, por lo que se disminuyen las emisiones de CO2 generadas por su traslado. Por otro lado, en reciclaje de papel y cartón, el sector de la hostelería recoge para reciclar el 78% del papel que utiliza, lo que supone un ahorro anual de espacio en vertederos de 2 millones de m2 de papel y cartón.

Por último, la asociación con proveedores locales implica una reducción de las emisiones de CO2 que se generan por el transporte de los productos. De esta forma, también se evita la manipulación y el empaquetado del producto, lo que contribuye a preservar el medio ambiente. El consumo de productos locales es algo muy bien valorado por los clientes de hostelería, además de favorecer la economía local y el desarrollo sostenible, como señala la plataforma.

Hostelería #PorElClima enumera algunos de los casos de éxito surgidos a raíz de este proyecto, protagonizados por diversos tipos de establecimientos en diferentes puntos del país: K&Co Sustainable Kitchen Bar (Madrid), Restaurante Lienzo (Monforte de Lemos, Lugo), Restaurante Poketxu (Bilbao), Restaurante La Garganta (Álora, Málaga), Casa Elena (Toledo) y La Barraca (L’Ampolla, Tarragona), entre otros.

Este año, Hostelería #PorElClima ofrece a los establecimientos adheridos la posibilidad de calcular de forma gratuita su huella de carbono, es decir, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que producen. Estos establecimientos realizan la compensación de su huella de carbono, asumida por Coca-Cola y gestionada por Ecodes, a través del Mercado Voluntario de Carbono.

En paralelo, durante 2021, se han estrenado también los ciclos ‘@biertos al cambio’, para tratar en ‘webinars’ diversos temas críticos para la sostenibilidad de la hostelería.

El mercado residencial a nivel global se ha mantenido durante el primer semestre de 2021, según la última actualización del Índice Prime Residential World Cities de Savills Aguirre Newman, que indica que en las 30 ciudades del mundo analizadas, los valores han crecido una media del 3,9% en el primer semestre, el crecimiento más rápido desde diciembre de 2016.

Los tipos de interés bajos, la recuperación de la confianza de los compradores, el aumento de las transacciones en la franja de precios más altos y las medidas de estímulo económico han contribuido al fuerte incremento de los precios inmobiliarios, según Savills. Este crecimiento ha sido precedido por un período más moderado, ya que los valores entre junio de 2018 y diciembre de 2020 solo crecieron un promedio de 0,7% como resultado de la incertidumbre global y los cambios fiscales y políticos en muchas ciudades.

No obstante, más del 70% de las ubicaciones experimentaron un crecimiento positivo, mientras que el resto tiene una gran dependencia de los compradores internacionales y se han visto perjudicadas por las restricciones para viajar.

LEVE AUMENTO DEL ALQUILER

En cuanto al alquiler, tras la bajada en el último semestre de 2020 del 1,8% en los precios de alquiler prime a causa de las restricciones globales para viajar, la menor demanda para ‘relocations’ de empleados y la entrada de apartamentos turísticos en el mercado de larga duración en muchas ciudades, las rentas han registrado un aumento del 0,5% en el primer semestre de 2021.

Según el Savills Prime World Cities, el 39% de las ciudades han experimentado un incremento de rentas en los seis primeros meses de 2021, frente al 25% durante el mismo periodo de 2020. Las localizaciones que se vieron menos afectadas por los confinamientos y las ubicaciones suburbanas han experimentado un incremento del alquiler más fuerte.

La rentabilidad media en las 30 ciudades del índice ha sido del 2,9% de enero a junio de 2021, mientras que en el mismo periodo de 2020 se situaba en el 3,1%. Esta es la rentabilidad más ajustada desde que Savills comenzó a registrar estos datos en 2005.

La digitalización permite que los agricultores obtengan un mejor margen para sus productos, según ha explicado el cofundador y consejero delegado de Consentio, Vincent Rosso, ante la actual guerra de precios que sufre el sector agrícola.

Rosso ha recordado que en la actualidad los precios de los productos fluctúan constantemente, lo que puede deberse en gran medida a que los agricultores «no cuentan con herramientas avanzadas para responder con agilidad a la demanda y para conocer el precio del mercado».

Esta situación se podría solucionar, según Rosso, con la ayuda de plataformas digitales: «Un factor clave del aumento de la competitividad que ofrece el mercado digital es una mayor trazabilidad de los productos, aspecto cada vez más demandado por los consumidores».

Estas herramientas permiten, además «que sus productos se posicionen y que, a su vez, obtengan información del mercado y cuenten con nuevos canales para impulsar y administrar su negocio».

En este sentido, los agricultores pueden, a través de la plataforma hortofrutícola Consentio, decidir quién puede ver sus precios, ver el histórico de sus ventas, gestionar sus pedidos y comunicaciones en línea sin necesidad de tener conocimientos digitales, además de compartir ofertas de último minuto.

Con estas herramientas, el agricultor «ahorra tiempo y evita que las cosechas se desperdicien», según el cofundador de Consentio.

El objetivo de esta plataforma es aportar a los agricultores una solución digital para mejorar y diversificar sus canales de ventas, así como las relaciones comerciales con sus clientes. «Todo esto mejora la eficiencia de la negociación entre proveedor y compradores», ha destacado.

AUMENTO DE PRECIOS DURANTE LA PANDEMIA

La Asociación Europea de Productos Frescos calcula que la llegada de la pandemia ha aumentado los costes de producción en 0,05 euros por kilo. Rosso ha señalado que si se tiene en cuenta que mensualmente se cosechan y comercializan hasta siete millones de toneladas en Europa «el coste total mensual añadido para la primera capa de la cadena es, por tanto, cercano a los 350 millones de euros.

Entre las causas de este incremento durante el Covid-19, el cofundador ha destacado el mayor coste en mano de obra, el aumento de los gastos de transporte en el comercio intracomunitario y en el traslado de los trabajadores a los huertos, la necesidad de establecer alojamientos adicionales debido al distanciamiento social y «una demanda poco fiable que provocó pérdidas por sobreproducción».

Además, a largo plazo intervinieron otros factores como «la demanda de frutas y hortalizas envasadas, lo que supuso un coste extra de empaque y coberturas de seguros».

Para compensar estos gastos, el consejero delegado de Consentio ha apostado por que los agricultores, ante las complicaciones de movilidad, «optimicen las gestiones administrativas y el registro de pedidos a través de una plataforma digital».

También ha afirmado que «unir fuerzas entre productores, compartiendo la mano de obra y la conectividad» ayudaría a «reducir costes» y ha señalado la necesidad de estar actualizados de lo que sucede en el mercado «para proyectar mejor la cosecha y los precios de venta al público».